Sentencia nº 331/1993 de Tribunal Constitucional, Pleno, 12 de Noviembre de 1993

Ponente:Don Julio Diego González Campos
Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 1993
Emisor:Tribunal Constitucional - Pleno
Número de Recurso:Recurso de Inconstitucionalidad nº 1.051/1987
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel RodrÝguez-Pi±ero y Bravo-Ferrer, Presidente; don Luis L¾pez Guerra, don Fernando GarcÝa-Mon y Gonzßlez-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio DÝaz Eimil, don Alvaro RodrÝguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don JosÚ Gabald¾n L¾pez, don Julio Diego Gonzßlez Campos, don Pedro Cruz Villal¾n y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

áááááEn el recurso de inconstitucionalidad n·m. 1.051/87, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Naci¾n, representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 32.1; 148.2; 165.3; 168.3 c) y 181 a) en relaci¾n con el art. 182 y 287.2 de la Ley del Parlamento de Catalu±a 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a, publicada en el ½Diario Oficial de la Generalidad de Catalu±a╗ n·m. 832, de 27 de abril de 1987. Han sido partes la Generalidad de Catalu±a, representada por el Abogado don Ram¾n Llevadot i Roig y el Presidente del Parlamento de Catalu±a, don Miguel C. i Alentorn. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego Gonzßlez Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

ááááá1. Por escrito presentado en este Tribunal el dÝa 29 de julio de 1987, el Abogado del Estado, en representaci¾n del Gobierno de la Naci¾n, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos referidos de la Ley del Parlamento de Catalu±a 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a, invocando expresamente, a los oportunos efectos, el art. 161.2 C.E.

ááááá2. En el escrito de formalizaci¾n del recurso se exponen las alegaciones que, en lo sustancial, a continuaci¾n se resumen:

áááááA) Comienza se±alando el Abogado del Estado que una vez dictada por el Estado la legislaci¾n bßsica, formal y material, en la materia de rÚgimen local (art. 149.1.18 C.E.), es absolutamente claro que la normativa auton¾mica de desarrollo, aunque no viene a ser un desarrollo similar al desarrollo reglamentario de la ley, debe respetar esa legislaci¾n bßsica, sin que pueda haber ninguna contradicci¾n, desviaci¾n, inconsistencia o apartamiento de la misma. Pues bien, en el presente supuesto, los artÝculos de la Ley auton¾mica impugnados incurren en contradicciones insalvables con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del RÚgimen Local (L.R.B.R.L.) y aun con otras normas estatales bßsicas, lo que ha de conducir a la declaraci¾n de inconstitucionalidad que se pretende.

áááááB) El art. 181, a), en conexi¾n con el art. 182.1 y 2, a pesar de lo establecido por el art. 178 de la misma Ley catalana, viene a regular una materia de competencia estatal, tal como se desprende de lo dispuesto en los arts. 149.1.14 y 18 C.E. y 5 E) L.R.B.R.L.

áááááEn concreto, los referidos preceptos auton¾micos, en relaci¾n a los criterios de distribuci¾n de las participaciones de los Municipios y Diputaciones en los ingresos del Estado, adoptan una regulaci¾n diferente a la establecida por la legislaci¾n estatal, contenida en los arts. 394.1, 2, 5 y 6 y 410 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de RÚgimen Local (T.R.R.L.). De este modo, esa regulaci¾n auton¾mica opuesta a los principios contenidos en esa legislaci¾n bßsica estatal se plasma en los tres siguientes principios: que las participaciones en los ingresos estatales de las Entidades Locales se destinan a integrar el Fondo de Cooperaci¾n Local de Catalu±a; que la legislaci¾n sobre finanzas locales de Catalu±a es la que regula los criterios de distribuci¾n y otras participaciones; y que dichas participaciones se concretarßn a travÚs de lo establecido anualmente por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut¾noma de Catalu±a.

áááááC) El art. 165.3 infringe, primero, directa y frontalmente lo prevenido en el art. 68.2 L.R.B.R.L., cuya condici¾n de norma bßsica es evidente, por ser norma de rÚgimen local, de procedimiento com·n administrativo y norma claramente procesal (arts. 149.1, 6 y 18 C.E.). La imposibilidad de interpretaci¾n conforme a la Constituci¾n Espa±ola del precepto impugnado y la existencia de la contradicci¾n, hace patente su inconstitucionalidad.

áááááD) El art. 32.1 permite excepcionar la exigencia resultante del art. 47.2 d) L.R.B.R.L. si se da el voto favorable de las dos terceras partes del n·mero de hecho de los miembros de las Corporaciones, de manera que lo que en la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local es acumulativo -"y, en todo caso"- en la Ley auton¾mica se convierte en alternativo. La contradicci¾n pues, resulta clara, proyectßndose, ademßs, en una cuesti¾n esencial para la vida municipal cual es la relativa a la alteraci¾n de la capitalidad del Municipio.

áááááE) El art. 148.2 se refiere a la declaraci¾n que ya estß prevista en el art. 75.5 L.R.B.R.L. Pero en Úste se establece que la declaraci¾n se formularß antes de la toma de posesi¾n, presentando un carßcter material bßsico dicha previsi¾n, pues en ella viene a garantizarse la imparcialidad de los miembros de la Corporaci¾n. La contradicci¾n, por tanto, aparece con suficiente claridad.

áááááF) El art. 168.3, c), al permitir que por Decreto se creen ¾rganos de coordinaci¾n para el ejercicio de funciones de asistencia y cooperaci¾n atribuidas a la Administraci¾n de la Generalidad por la legislaci¾n de rÚgimen local, desconoce la garantÝa que el art. 58 L.R.B.R.L. ha previsto mediante la reserva de ley para la creaci¾n de dichos ¾rganos. De nuevo la contradicci¾n es paladina, pidiÚndose la declaraci¾n de inconstitucionalidad.

áááááG) Finalmente, el art. 287.2 vulnera la legislaci¾n bßsica del Estado en materia de contrataci¾n administrativa. En efecto, las facultades a las que se refiere dicho precepto, en los arts. 102 y 109 de la Ley de Contratos del Estado (L.C.E.) estßn atribuidas al Ministerio de EconomÝa y Hacienda y al Gobierno, respectivamente. Por lo demßs, el art. 102 estß incluido en el Real Decreto legislativo 931/1986, siendo, por tanto, formalmente bßsico. Y el art. 109 lo es sin duda materialmente, pues atribuye una facultad de extensi¾n normativa que supone una alteraci¾n jurÝdica que afecta a una pieza bßsica del sistema de contrataci¾n administrativa, cual es la tipologÝa de los contratos administrativos, y dentro de ella el instrumento de la clasificaci¾n, que puede exigirse como requisito previo para concurrir, integrßndose en la definici¾n de la porci¾n jurÝdica bßsica de los contratistas frente a la Administraci¾n. Consideraci¾n Ústa que tambiÚn es extensible al art. 102. Dado pues, el carßcter bßsico de las referidas normas estatales y de las facultades que atribuyen, la norma auton¾mica que las contradice incurre en inconstitucionalidad.

áááááH) Concluye el Abogado del Estado suplicando de este Tribunal dicte Sentencia por la que declare la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. Mediante otrosÝ, al amparo del art. 161.2 C.E., suplica se acuerde la suspensi¾n de los preceptos objeto del recurso.

ááááá3. Por providencia de 1 de agosto de 1987, la Secci¾n de vacaciones de este Tribunal acord¾ admitir a trßmite el recurso de inconstitucionalidad, adoptar las medidas dispuestas en el art. 34.1 LOTC, tener por invocado el art. 161.2 C.E. y, consecuentemente, a tenor del art. 30 LOTC, por suspendida la vigencia y aplicaci¾n de los preceptos impugnados y publicar, asimismo, la incoaci¾n del recurso y la suspensi¾n en el ½BoletÝn Oficial del Estado╗ y en el ½Diario Oficial de la Generalidad de Catalu±a╗ para general conocimiento.

ááááá4. Mediante escrito de su Presidente, presentado el 11 de septiembre de 1987, el Congreso de los Diputados manifest¾ no hacer uso de las facultades de personaci¾n y formulaci¾n de alegaciones, poniendo a disposici¾n del Tribunal las actuaciones de la Cßmara que pudiera precisar.

áááááMediante escrito de su Presidente, presentado el 16 de septiembre de 1987, el Senado se person¾ en el procedimiento y ofreci¾ su colaboraci¾n a los efectos del art. 88.1 LOTC.

ááááá5. Con fecha 13 de septiembre de 1987 tuvo entrada el escrito de alegaciones del Abogado de la Generalidad de Catalu±a, en el que concluye suplicando sea dictada Sentencia desestimatoria del recurso, declarando que los preceptos de la Ley auton¾mica impugnados se ajustan a la Constituci¾n Espa±ola y al Estatuto de AutonomÝa de Catalu±a. Se fundamenta la oposici¾n al recurso en las siguientes consideraciones, resumidamente expuestas:

áááááA) Con carßcter previo, se puntualiza de una parte, que el legislador estatal no tiene libertad absoluta pues la competencia bßsica del Estado encuentra su lÝmite en la correlativa competencia auton¾mica de desarrollo. Y de otro lado, se a±ade que la competencia auton¾mica de desarrollo legislativo no tiene, en modo alguno, naturaleza reglamentaria, sino polÝtica, lo que constri±e la competencia bßsica estatal, ci±Úndola a la regulaci¾n de los aspectos nucleares o esenciales de la materia, ya que en otro caso se desconocerÝa la capacidad de elegir entre las diversas opciones legislativas que es consustancial a la competencia de desarrollo legislativo.

áááááAsimismo, considera el Abogado de la Generalidad que en la relaci¾n bases-desarrollo no existe una situaci¾n concurrencial al estilo de una doble titularidad simultßnea sobre una misma competencia, sino propiamente una divisi¾n de la potestad legislativa, con lo cual no puede decirse -tal como parece pretender hacerlo el Abogado del Estado- que cualquier situaci¾n de conflicto debe resolverse siempre a favor de la competencia bßsica del Estado. En todo caso, la clßusula de prevalencia del art. 149.3 C.E. no ha de ser utilizada por el Tribunal Constitucional, dado que es el ¾rgano que act·a vinculado exclusivamente por los parßmetros constitucionales y estatutarios en la interpretaci¾n de los diversos tÝtulos competenciales del Estado y de las Comunidades Aut¾nomas.

áááááB) La impugnaci¾n del art. 168.3 c) de la Ley auton¾mica no puede justificarse desde la consideraci¾n del art. 58 L.R.B.R.L. -tal como pretende el Abogado del Estado-, por cuanto el precepto auton¾mico en cuesti¾n, en su conjunto, contiene todos los elementos caracterÝsticos de la tÚcnica de coordinaci¾n prevista en el art. 59 de la referida L.R.B.R.L. Lo cierto, ademßs, es que no podÝa ser de otra forma, ya que el art. 36.2 a), in fine, de la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local dispone que las Comunidades Aut¾nomas han de establecer la coordinaci¾n de las funciones de asistencia y cooperaci¾n de las Diputaciones Provinciales pre cisamente ½de acuerdo con lo previsto en el art. 59 de esta Ley╗. Por lo demßs, la menci¾n que en el precepto impugnado se hace a la creaci¾n de ¾rganos de coordinaci¾n con participaci¾n de Entes locales, dentro del contexto general del precepto no supone sino la concreci¾n del derecho de participaci¾n que el art. 59 L.R.B.R.L. garantiza, o, visto desde otra perspectiva, uno de los lÝmites que se establecen para el ejercicio de las funciones de coordinaci¾n.

áááááEn cuanto a la reserva de Ley que establece la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local para la creaci¾n de ¾rganos de colaboraci¾n con los Entes locales, y dejando al margen la inaplicabilidad en el presente caso del art. 58 L.R.B.R.L., el hecho de considerar bßsico un elemento estrictamente formal, como es el establecimiento de una reserva de Ley, no se ajusta en nada a la noci¾n material de las bases, sin perjuicio de que con esa exigencia se estß interviniendo en el sistema de fuentes interno de la Comunidad Aut¾noma. Pero es que, ademßs, aun dando por vßlida esa reserva legal, no debe olvidarse el principio general de que la reserva legal admite normalmente la colaboraci¾n normativa del reglamento.

áááááC) En relaci¾n a la impugnaci¾n del art. 181 a), en conexi¾n con el art. 182, de la Ley auton¾mica, puntualiza el Abogado de la Generalidad que en la medida en que la asignaci¾n de recursos debe estar en relaci¾n de correspondencia con el contenido competencial atribuido a cada entidad, cualquier modificaci¾n del rÚgimen competencial habrß de tener su reflejo en los ingresos p·blicos, ya que no es posible disociar ambos aspectos. Por tanto, la potestad en materia de rÚgimen local y organizaci¾n territorial debe llevar inherente la capacidad de poder adecuar a la nueva situaci¾n legal e institucional el sistema de recursos econ¾micos, asÝ como tambiÚn, por ejemplo, el del personal o los medios naturales relativos a los servicios afectados. Pues bien, la Generalidad de Catalu±a ostenta la competencia exclusiva en materia de rÚgimen local (art. 9.8 E.A.C.), sin perjuicio de la reserva estatal que establece el art. 149.1.18 C.E., y dentro de la materia rÚgimen local se encuentra incluido el sistema de financiaci¾n local.

áááááDe otra parte, aunque es cierto que el Estado es, a su vez, competente en materia de Hacienda General (art. 149.1.14 C.E.), esa competencia no puede en modo alguno subsumir Ýntegramente todo el rÚgimen de la financiaci¾n local, privando asÝ a las Comunidades Aut¾nomas de la competencia de desarrollo legislativo. Consecuentemente, cuando se trata de establecer el rÚgimen general y permanente de la Hacienda Local, el Estado debe limitarse a regular los criterios bßsicos, permitiendo a la Generalidad su desarrollo, funci¾n en la que deben caber diferentes opciones, como es propio de la naturaleza legislativa de la competencia auton¾mica, sin que pueda oponerse a ello la Disposici¾n final sÚptima del Texto Refundido en materia de RÚgimen Local, pues la pretensi¾n de que todo el tÝtulo VIII de dicho Texto Refundido debe considerarse bßsico, es claramente inconstitucional.

áááááAsimismo, el art. 48, ·ltimo pßrrafo, del E.A.C. refuerza aun mßs si cabe la tesis que se mantiene, pues si se entendiera que los criterios legales los fija totalmente el Estado, no tendrÝa raz¾n de ser el mandato estatutario. El carßcter bifronte del rÚgimen local nos lleva tambiÚn a una interpretaci¾n del precepto estatutario en el sentido de garantizar una intervenci¾n material de la Generalidad en la distribuci¾n de los recursos. Por todo ello, los arts. 181 a) y 182 impugnados se ajustan plenamente al rÚgimen constitucional y estatutario de las competencias en materia de Hacienda Local. La Generalidad es la que ha de distribuir las participaciones en ingresos propios y del Estado (art. 48 E.A.C.) y es perfectamente posible que, a dicho efecto, cree un Fondo de Cooperaci¾n Local, si bien ese Fondo ha de distribuirse teniendo en cuenta los criterios bßsicos establecidos por el Estado sobre la distribuci¾n de las participaciones en sus ingresos destinados a los Entes locales de Catalu±a.

áááááD) El art. 287.2 de la Ley de Catalu±a impugnado no altera el rÚgimen legal de la clasificaci¾n de los contratistas. No se modifica, en efecto, la regulaci¾n bßsica estatal, sino que ·nicamente se engarza la misma con el sistema organizativo propio de las Corporaciones locales, en lÝnea, por lo demßs, con la propia modificaci¾n del Reglamento General de Contrataci¾n del Estado por el Real Decreto 2.528/1986, de 28 de noviembre (Disposici¾n final segunda).

áááááTodo ello, en fin, sin que pueda olvidarse que la reserva de funciones bßsicas en el ßmbito reglamentario y aun mßs en el ejecutivo, s¾lo puede justificarse en casos excepcionales, de manera que, en el presente supuesto, la potestad del Estado para establecer la regulaci¾n general en materia de clasificaci¾n de los contratos (a nivel legal y reglamentario) parece suficiente para asegurar el mÝnimo com·n denominador normativo que la competencia estatal debe asegurar.

áááááE) Por ·ltimo, los arts. 32.1, 148.2 y 165.3 de la Ley auton¾mica contienen ciertamente contradicciones con la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local, pero ello no se debe a la voluntad expresa de modificar la normativa bßsica, sino a errores terminol¾gicos que han pasado inadvertidos en la elaboraci¾n de la Ley. El caso del art. 32.1, por ejemplo, es bien ilustrativo de lo que se dice, ya que en el art. 112.2 d) de la misma Ley 8/1987 se trata esta cuesti¾n correctamente, estableciendo el sistema de votaci¾n reforzada que prevÚ la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local. En consecuencia, anuncia el Abogado de la Generalidad que es intenci¾n de Ústa proceder de inmediato a la subsanaci¾n de estos errores a travÚs del procedimiento que en cada caso corresponda, con lo cual el presente recurso quedarß sin objeto en lo que se refiere a la impugnaci¾n de estos tres preceptos.

ááááá6. El Presidente del Parlamento de Catalu±a, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 21 de septiembre de 1987, formul¾ las siguientes alegaciones, resumidamente expuestas ahora:

áááááA) La impugnaci¾n del art. 181 a), en conexi¾n con el art. 182, es la que mayor trascendencia prßctica presenta. Los arts. 149.1.14 y 18 C.E. no dan, sin embargo, apoyatura suficiente para impedir la competencia legislativa de la Comunidad Aut¾noma de Catalu±a en orden a fijar los criterios de distribuci¾n de las participaciones de los Entes locales en los ingresos estatales, pues dichos preceptos constitucionales reservan al Estado s¾lo la regulaci¾n principal de la materia, dejando abierta la posibilidad de que el desarrollo de la misma corresponde a las Comunidades Aut¾nomas.

áááááDe este modo, los criterios legales a los que alude el art. 48.2 del E.A.C. deben necesariamente encontrarse tanto en la legislaci¾n bßsica estatal como en la de desarrollo de la Generalidad, ya que, si no fuese asÝ, no tendrÝa raz¾n de ser el mandato claro y expreso de que los ingresos se perciban a travÚs de la Generalidad. Ademßs, el art. 48 E.A.C. se refiere a las subvenciones que califica de incondicionadas, agrupßndolas con las participaciones en impuestos y excluyendo a las subvenciones condicionadas, lo que quiere decir que el legislador era consciente de que estos ingresos podÝan ser redistribuidos por la Generalidad. Y, de otra parte, el referido precepto estatutario utiliza la expresi¾n ½criterios legales╗, sin distinguir si se trata de leyes estatales o auton¾micas, con lo que viene a admitirse que esas leyes puedan ser de la Generalidad. A±ade el Presidente del Parlamento de Catalu±a que el Real Decreto legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido en materia de RÚgimen Local desconoce las competencias de la Generalidad y amplÝa a exclusiva la competencia estatal, siendo la l¾gica de dicho Texto Refundido la que preside el recurso ahora planteado, a pesar de lo declarado en el art. 178 de la propia Ley auton¾mica impugnada.

áááááB) En relaci¾n con el art. 168.3 c), la tesis del Abogado del Estado es que no s¾lo existe en la materia a la que se refiere una reserva de ley, sino que esta reserva tiene carßcter de absoluta. Sin embargo, en materia de organizaci¾n administrativa, aunque rige el principio de la primacÝa de la Ley, la Ley no es el fundamento imprescindible, ni debe necesariamente contener los elementos arquitecturales bßsicos de la normativa (art. 103.2 C.E.). Es asÝ como debe interpretarse el art. 58 L.R.B.R.L., pues dicho precepto no pretende establecer una reserva absoluta de ley, la referencia aquÝ a la Ley es debida a la obligaci¾n de participar en el ¾rgano de otras Administraciones P·blicas, pero en todo lo demßs, la materia es interna y abierta al Reglamento. Por tanto, dada la habilitaci¾n legal contenida en el precepto impugnado, nada impide la remisi¾n al Reglamento. AsÝ lo evidencia, ademßs, el propio art. 58.1, pßrrafo 2., L.R.B.R.L., sin que haya motivo alguno para pensar que los ¾rganos de colaboraci¾n con los Entes locales creados por las Comunidades Aut¾nomas afecten mßs a la autonomÝa local que los creados por el Estado y que respecto a aquÚllas la reserva legal deba tener menos alcance. De ahÝ que sea correcta la utilizaci¾n por la norma impugnada de la misma tÚcnica empleada por la legislaci¾n estatal.

áááááA mayor abundamiento, hay que considerar que difÝcilmente puede resultar lesiva para la autonomÝa local la constituci¾n de unos ¾rganos en que participen los Entes locales, cuando su funci¾n, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local, es meramente consultiva y la decisi¾n corresponde al Gobierno de la Generalidad.

áááááC) En la impugnaci¾n del art. 287.2, el Abogado del Estado no distingue entre la regulaci¾n material que tiene carßcter bßsico y la atribuci¾n orgßnica de la competencia, que obviamente no la tiene, pues la aplicaci¾n de la legislaci¾n estatal de contratos no supone, en ning·n caso, que los ¾rganos estatales sean ¾rganos de contrataci¾n de las demßs Administraciones P·blicas. En este sentido, debe tenerse en cuenta, ademßs, que de lo dispuesto en las Disposiciones finales primera y segunda del Real Decreto 2.528/1986, de 28 de noviembre, que modifica el Reglamento de Contrataci¾n del Estado, se desprende una declaraci¾n formal en el sentido del carßcter no bßsico de la atribuci¾n de competencia a ¾rganos estatales. Por tanto, es correcta la soluci¾n adoptada por el artÝculo impugnado.

áááááD) Tras se±alar que el Parlamento de Catalu±a renuncia a formular alegaciones acerca de los demßs preceptos que han sido objeto de impugnaci¾n, concluy¾ suplicando de este Tribunal dicte Sentencia por la que, desestimando las peticiones contenidas en la demanda, se declare expresamente la constitucionalidad de los arts. 181 a); 168.3 c); y 287.2 de la Ley impugnada.

ááááá7. Con fecha 16 de diciembre de 1987, y tras el preceptivo trßmite de alegaciones, por Auto del Pleno de este Tribunal se acord¾ mantener la suspensi¾n de la vigencia de los arts. 32.1; 148.2; 165.3 y 287.2, y el levantamiento de la suspensi¾n de los arts. 168.3 c) y 181 a), de la Ley 8/1987, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a impugnada.

ááááá8. Por providencia de fecha 10 de noviembre de 1993, se se±al¾ el dÝa 12 del mismo mes y a±o para la deliberaci¾n y votaci¾n de esta Sentencia.

Fundamentos jurÝdicos

ááááá1. Se impugnan en este recurso de inconstitucionalidad determinados preceptos de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a. Siguiendo el orden establecido por el Abogado del Estado en su demanda, los preceptos impugnados son los siguientes: los arts. 181 a) y 182.1 y 2, relativos a los ingresos de los Entes locales consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas; el art. 32.1 concerniente al cambio de capitalidad del Municipio; el art. 148.2 sobre rÚgimen de incompatibilidades de los miembros de las Corporaciones locales; el art. 165.3 relativo al plazo para efectuar el requerimiento previo a la impugnaci¾n de los actos de un ente local por parte de la Comunidad Aut¾noma; el art. 168.3, c), sobre creaci¾n de ¾rganos de coordinaci¾n. Todos estos preceptos serÝan, seg·n el Abogado del Estado, contrarios a la legislaci¾n estatal bßsica en materia de rÚgimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RÚgimen Local). Se impugna tambiÚn el art. 287.2, referente a la clasificaci¾n de contratistas, por supuesta infracci¾n de la legislaci¾n bßsica estatal en materia de contrataci¾n administrativa.

ááááá2. La primera de las impugnaciones realizadas por el Gobierno de la Naci¾n contra la Ley Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a se refiere a los arts. 181 a) y 182.1 y 2 de la precitada Ley, preceptos que establecen la competencia de la legislaci¾n catalana sobre finanzas locales para fijar los criterios de distribuci¾n de los ingresos de los Entes locales consistentes en participaciones en ingresos estatales y de la Generalidad y en subvenciones incondicionadas [art. 181 a)]. Asimismo, establece la Ley catalana que el importe de dichas participaciones se destinarß a integrar el fondo de cooperaci¾n local de Catalu±a cuya distribuci¾n, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48.2 del Estatuto de AutonomÝa, corresponderß a la Generalidad, mediante la Ley anual de Presupuestos.

áááááA) Seg·n el Abogado del Estado, los preceptos impugnados, a pesar de lo establecido en el art. 178 de la misma Ley (½La Generalidad regularß las finanzas de los Entes locales de Catalu±a en el marco de lo establecido por la Legislaci¾n bßsica del Estado╗), regulan una materia de competencia estatal [arts. 149.1.14 y 18 C.E. y 5 E) de la L.R.B.R.L.]. En concreto, argumenta el Abogado del Estado, los preceptos auton¾micos impugnados adoptan una regulaci¾n diferente a la establecida por la legislaci¾n estatal en los arts. 394.1, 2, 5 y 6 y 410 del Real Decreto Legislativo 781/1986 (T.R.R.L.).

áááááFrente a ello, tanto la Generalidad como el Parlamento de Catalu±a defienden la constitucionalidad de los preceptos impugnados invocando la competencia de la Comunidad Aut¾noma en materia de rÚgimen local (arts. 9.8 y 48 E.A.C.), dentro de la que se incluye el sistema de financiaci¾n local. La Generalidad es la que ha de distribuir las participaciones de los Entes locales en ingresos propios y del Estado, si bien esa distribuci¾n, a travÚs del Fondo de Cooperaci¾n Local, ha de hacerse teniendo en cuenta los criterios bßsicos establecidos por el Estado sobre la distribuci¾n de las participaciones en sus ingresos destinados a los Entes locales de Catalu±a. A ello a±ade el Parlamento catalßn que el art. 48 E.A.C. se refiere a las subvenciones que califica de incondicionadas y excluye a las condicionadas, lo que quiere decir que el legislador era consciente de que estos ingresos podÝan ser redistribuidos por la Generalidad.

áááááB) Planteada en estos tÚrminos, la cuesti¾n que se suscita ha de ser resuelta teniendo presente la doctrina contenida en nuestras SSTC 96/1990 y 237/1992 acerca de las competencias del Estado sobre la regulaci¾n de los ingresos de los Entes locales consistentes en participaciones en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas.

áááááEn estas Sentencias, que declararon conformes con la Constituci¾n los preceptos de Leyes estatales de Presupuestos Generales que fijaban criterios para el reparto de los ingresos antes mencionados, que habÝan sido impugnados por las Comunidades Aut¾nomas de Catalu±a, Galicia y PaÝs Vasco en el caso de la STC 96/1990 y por el PaÝs Vasco y Galicia en la STC 237/1992, este Tribunal declar¾ la competencia del Estado para establecer dichos criterios. Al respecto, hemos dicho que la participaci¾n de las Corporaciones locales en los tributos del Estado prevista en el art. 142 C.E. constituye una de las fuentes de financiaci¾n constitucionalmente posible, a travÚs de la cual se pretende dotar al conjunto de Entes locales de la necesaria suficiencia de fondos para el cumplimiento de las funciones que legalmente les han sido encomendadas, esto es, para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomÝa local constitucionalmente reconocido (arts. 137, 140 y 141 C.E.). Es justamente el carßcter que reviste la participaci¾n de las entidades locales en los tributos del Estado, en cuanto garantÝa de su autonomÝa, lo que convierte a aquella participaci¾n en garante del funcionamiento de la Hacienda Local dentro del conjunto de la Hacienda General y, en consecuencia, lo que la constituye en elemento bßsico de Ústa. Por ello hemos declarado que es precisamente al legislador estatal a quien incumbe dar efectividad a los principios de suficiencia de las Haciendas Locales (art. 142 C.E.) y de solidaridad y equilibrio territorial (art. 138 C.E.), de ahÝ que le corresponda el se±alamiento de los criterios para el reparto de la participaci¾n que se les conceda en los ingresos estatales.

áááááDebemos concluir ahora -en el mismo sentido en que lo hicimos respecto del art. 49.2, ·ltimo pßrrafo, del Estatuto Auton¾mico de Galicia, de idÚntico contenido que el art. 48.2, ·ltimo pßrrafo del Estatuto catalßn- que en este ·ltimo precepto, que es el que ahora nos incumbe, aparece con claridad la existencia de una fuente -el Estado- y de un canal o cauce -la Comunidad Aut¾noma- con un marco normativo, la Ley, que ha de ser la Ley estatal (STC 237/1992, fundamento jurÝdico 6.). AsÝ, pues, es al Estado, y no a la Comunidad Aut¾noma de Catalu±a, como ha dispuesto el art. 181 a) de la Ley impugnada, extralimitßndose, por consiguiente, de la competencia que constitucional y estatutariamente tiene atribuida, a quien corresponde fijar los criterios de distribuci¾n de los ingresos de los Entes locales consistentes en participaciones en ingresos estatales.

áááááC) Lo dicho resulta aplicable tanto a los ingresos de los Entes locales consistentes en participaciones en los ingresos del Estado, como a las denominadas subvenciones incondicionadas. Como hemos tenido oportunidad de manifestar al respecto, se trata de subvenciones que no responden a una finalidad o acci¾n de fomento y que, si bien formalmente estßn caracterizadas como subvenciones, en realidad encubren meras dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades de financiaci¾n de un determinado ente, en este caso los Entes locales, o servicio p·blico y que s¾lo impropiamente o en una acepci¾n muy genÚrica pueden asimilarse a las subvenciones en sentido estricto, constituyendo en realidad transferencias presupuestarias para asegurar la suficiencia financiera del ente p·blico receptor (como es el caso de las subvenciones a las entidades locales destinadas a asegurar su equilibrio financiero), o sencillamente, una forma de financiaci¾n del mismo (STC 13/1992, fundamento jurÝdico 6.).

áááááEs claro, como dijimos en la Sentencia que se acaba de citar, que el Estado tiene competencia para otorgar a los Entes p·blicos territoriales subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales destinadas a cubrir su dÚficit real y a asegurar el equilibrio financiero de las Haciendas Territoriales. Competencia que encuentra su tÝtulo mßs apropiado en el de ½Hacienda General╗ del art. 149.1.14 C.E. cuando tal medida coyuntural tiene por objeto directo la relaci¾n entre la Hacienda estatal y las Haciendas Locales. Y es igualmente claro, como tambiÚn se dijo en la STC 179/1985 (fundamento jurÝdico 1.), que una medida de este gÚnero ha de incluir necesariamente todos los preceptos que se consideren necesarios para alcanzar el fin previsto, respecto del cual tienen un carßcter puramente ½instrumental╗. Pues bien, el hecho de que las denominadas subvenciones incondicionadas no tengan una vinculaci¾n o afectaci¾n a una acci¾n de fomento concreto no altera la competencia del Estado para fijar los criterios de reparto de las mismas entre sus destinatarios (Entes locales en el presente caso), pues ambos conceptos -vinculaci¾n de las subvenciones y reparto de las mismas entre los Entes locales- no son sin¾nimos ni estßn en una relaci¾n de reciprocidad. Quiere decirse con ello que las subvenciones del Estado a los Entes locales, con o sin vinculaci¾n especÝfica a una acci¾n de fomento concreta, no dejan de ser una fuente de financiaci¾n estatal a dichos Entes que, al igual que la participaci¾n en los ingresos del Estado, constituye una garantÝa de funcionamiento de la Hacienda Local dentro del conjunto de la Hacienda general, lo que en ·ltimo tÚrmino significa garantÝa del ejercicio de la autonomÝa constitucionalmente reconocido (arts. 137, 140 y 141 C.E.). Siendo Ústa la finalidad de dichas subvenciones, es claro que incumbe al Estado la determinaci¾n de unos criterios homogÚneos y uniformes de distribuci¾n de los mismos entre los distintos Entes locales, con independencia de cußl sea su destino material concreto.

áááááD) No puede decirse lo mismo, ni lo pretende tampoco el Abogado del Estado, respecto de la referencia que el art. 181 a) de la Ley impugnada hace a los ingresos de los Entes locales procedentes de las participaciones en ingresos de la Generalidad y de las subvenciones incondicionadas que Ústa les otorgue.

áááááEl poder de gasto de las Comunidades Aut¾nomas con cargo a su propio Presupuesto (SSTC 39/1982, fundamento jurÝdico 5., 14/1989, fundamento jurÝdico 2., y 13/1992, fundamento jurÝdico 6.), que es consecuencia de la vinculaci¾n de su autonomÝa financiera ½al desarrollo y ejecuci¾n de las competencias que, de acuerdo con la Constituci¾n, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos╗ (arts. 156.1 C.E. y 1.1 L.O.F.C.A.), de un lado, y la titularidad, con carßcter exclusivo -sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.18 C.E.- en materia de rÚgimen local (art. 9.8 E.A.C.), de otro, legitiman a la Comunidad Aut¾noma de Catalu±a para establecer los criterios de reparto de los ingresos que los Presupuestos de la Generalidad destinen a los Entes locales de Catalu±a. Raz¾n por la cual la tacha de inconstitucionalidad, que como ha quedado dicho, afecta al art. 181 a) de la Ley 8/1987, no alcanza a lo dispuesto en este precepto en relaci¾n con los ingresos consistentes en participaciones en ingresos de la Generalidad.

ááááá3. En conexi¾n con el art. 181 a) de la Ley catalana 8/1987 impugna el Abogado del Estado el art. 182, apartados 1 y 2 que considera igualmente contrario a la legislaci¾n bßsica estatal por crear un Fondo de Cooperaci¾n Local, nÝtidamente catalßn, que se nutrirß, entre otros ingresos, con los del Estado. Razona el Abogado del Estado que las condiciones de distribuci¾n de los ingresos que nos ocupan, establecidas para todo el Estado, resultarÝan alteradas con la incorporaci¾n de nuevos criterios de distribuci¾n que resulten de la especificaci¾n concreta que se aplica al hecho catalßn. A las alegaciones del Abogado del Estado se opone la Generalidad de Catalu±a argumentando que si Ústa es competente para distribuir las participaciones en ingresos propios y del Estado (art. 48 E.A.C.) es perfectamente posible que a dicho efecto cree un Fondo de Cooperaci¾n Local, alegaci¾n que debe ser acogida por las razones que inmediatamente se expresan.

áááááA) En efecto, como ha quedado dicho en nuestra STC 96/1990 (fundamento jurÝdico 7.), el art. 48.2 E.A.C. no atribuye a la Comunidad Aut¾noma la fijaci¾n de los criterios de distribuci¾n de la participaci¾n de los Entes locales en los tributos del Estado, porque dicha participaci¾n constituye un elemento bßsico de la Hacienda General que, como tal, incumbe regular al Estado en su condici¾n de titular de la doble competencia, convergente aquÝ, sobre la Hacienda General y para establecer las bases del rÚgimen jurÝdico de Administraciones P·blicas (arts. 149.1, 14 y 18 C.E.). Lo que sÝ se deriva, por el contrario, del mencionado art. 48.2 E.A.C. es la competencia de la Comunidad Aut¾noma para distribuir entre los Entes locales de su territorio la participaci¾n de Ústos en los tributos del Estado (SSTC 96/1990, fundamentos jurÝdicos 7. y 8. y 237/1992, fundamento jurÝdico 6.). AsÝ, pues, si, conforme a esta doctrina, la Comunidad Aut¾noma act·a como canal o cauce de distribuci¾n de estos ingresos (STC 237/1992, fundamento jurÝdico 6.) nada se opone, por cuanto no constituye un elemento bßsico de la Hacienda General, a que la Comunidad Aut¾noma de Catalu±a instrumente ese reparto a travÚs de un Fondo de Cooperaci¾n Local, siempre que, al efectuarlo, respete los criterios de distribuci¾n establecidos por el Estado en el ejercicio de una competencia que constitucionalmente le corresponde. En consecuencia ha de entenderse, por todo cuanto se ha dicho en relaci¾n con el apartado a) del art. 181 de la Ley impugnada, que el art. 182.1 y 2 de la citada Ley no es inconstitucional, siempre que se entienda que la alusi¾n a los ½criterios que legalmente se establezcan╗ que contiene el apartado 2 del citado precepto se refiere a la legislaci¾n estatal, relativa, a su vez, a la participaci¾n en ingresos del Estado.

áááááB) No es obstßculo para lo que acaba de mantenerse la alegaci¾n del Abogado del Estado en el sentido de que la distribuci¾n por medio de un Fondo de Cooperaci¾n Local nÝtidamente catalßn alterarÝa las condiciones de reparto establecidas para todo el Estado. Y no lo es porque no puede olvidarse el carßcter bifronte del rÚgimen local (SSTC 84/1982, fundamento jurÝdico 4., y 214/1989, fundamentos jurÝdicos 11, 12 y 20) que posibilita f¾rmulas e instrumentos de cooperaci¾n de las Comunidades Aut¾nomas con los Entes locales como el previsto en el precepto impugnado.

áááááJunto a la relaci¾n directa Estado-Corporaciones locales, existe tambiÚn una relaci¾n, incluso mßs natural e intensa, entre Ústas y las propias Comunidades Aut¾nomas (STC 214/1989, fundamento jurÝdico 29). Y en el aspecto concreto que ahora nos interesa, Catalu±a no s¾lo tiene competencia exclusiva en materia de rÚgimen local (sin perjuicio de lo establecido en el art. 149.1.18 C.E.), sino que al igual que el resto de las Comunidades Aut¾nomas estß obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realizaci¾n interna del principio de solidaridad (art. 2.2 L.O.F.C.A.). En tal sentido resulta indiscutible su competencia para crear un Fondo de Cooperaci¾n Local, integrado por las participaciones de los Entes locales en ingresos del Estado y de la Generalidad, que repartirß atendiendo a las peculiaridades especÝficas de los Entes locales de su territorio, en el ejercicio de la tutela financiera que sobre los mismos le corresponde en virtud de lo establecido en el art. 48.1 de su Estatuto de AutonomÝa. Todo ello sin perjuicio de que la distribuci¾n haya de hacerla respetando los criterios de reparto establecidos por el Estado, cuando se trate de ingresos estatales, y aplicando los criterios que la propia Comunidad Aut¾noma establezca cuando se trate de participaci¾n en ingresos propios.

ááááá4. En un segundo bloque de alegaciones se encuentran los arts. 32.1, 148.2 y 165.3 de la Ley 8/1987 que el Abogado del Estado impugna invocando su supuesta contradicci¾n con los arts. 47.2 d), 75.5 y 68.2, respectivamente, de la L.R.B.R.L., preceptos cuya condici¾n de norma bßsica es evidente, seg·n el Abogado del Estado.

áááááA) El art. 32.1 de la Ley 8/1987 establece que el cambio de capitalidad del Municipio deberß ser adoptado por su Ayuntamiento con el voto favorable de las dos terceras partes del n·mero de hecho o el de la mayorÝa absoluta del n·mero legal de miembros de la corporaci¾n. Por su parte, el art. 47.2 d) L.R.B.R.L. exige para la alteraci¾n de la capitalidad del Municipio el voto favorable de las dos terceras partes del n·mero de hecho y, en todo caso, de la mayorÝa absoluta del n·mero legal de miembros de la Corporaci¾n.

áááááLa contradicci¾n entre ambos preceptos es manifiesta por cuanto, como advierte el Abogado del Estado, lo que en la Ley estatal aparece como una regla acumulativa exigible en todo caso (la mayorÝa absoluta junto a las dos terceras partes del n·mero de hecho), en la Ley catalana aparece como una alternativa, de tal manera que el cambio de la capitalidad de los Municipios de esa Comunidad Aut¾noma puede efectuarse, seg·n el art. 32.1 de la Ley 8/1987, con el voto favorable de las dos terceras partes del n·mero de hecho o con el de la mayorÝa absoluta del n·mero legal de miembros de la Corporaci¾n.

áááááConstatada, asÝ, la patente contradicci¾n entre el precepto estatal y el auton¾mico, reconocida, por cierto, por la propia Generalidad, s¾lo nos resta determinar si la previsi¾n contenida en el art. 47.2 d) L.R.B.R.L. tiene o no el carßcter bßsico que le atribuye el Abogado del Estado y que la Comunidad Aut¾noma tampoco discute. A lo que ha de responderse que en efecto lo tiene, y asÝ lo declaramos en nuestra STC 33/1993 (fundamento jurÝdico 3.) a prop¾sito del art. 47 L.R.B.R.L. al decir que de los aspectos esenciales del modelo de autonomÝa local garantizado en todo el Estado ata±e al funcionamiento democrßtico de los ¾rganos de gobierno de las Corporaciones locales y, dentro de Úl, en concreto, a lo que afecta al qu¾rum y mayorIas necesarias para la adopci¾n de los acuerdos de los ¾rganos colegiados superiores, ya que los preceptos relativos a estas cuestiones definen precisamente un modelo de democracia local. Siendo ello asÝ, y constatada la contradicci¾n existente entre la norma bßsica del Estado y la norma auton¾mica que se impugna, debemos acoger la pretensi¾n del Abogado del Estado de declarar la inconstitucionalidad del art. 32.1 de la Ley 8/1987.

áááááEsta conclusi¾n no puede quedar enervada por la alegaci¾n hecha por la Generalidad de Catalu±a en el sentido de que la contradicci¾n, ciertamente existente, no se debe a la voluntad expresa de modificar las normas bßsicas, sino a errores terminol¾gicos que la Generalidad tiene intenci¾n de subsanar de inmediato. Prueba de ello, razona la Generalidad, es que el art. 112.2 d) de la Ley 8/1987 trata la cuesti¾n correctamente, estableciendo el sistema de votaci¾n reforzado que prevÚ la L.R.B.R.L. Pues bien, en contra de lo que sostiene la Generalidad, debemos concluir que el que se califica como error terminol¾gico no ha sido modificado o derogado por norma con rango de Ley posterior alguna, raz¾n por la cual el objeto del juicio de constitucionalidad no puede ser otro que el vigente art. 32.1 de la Ley 8/1987, con independencia de que otros preceptos de la Ley referidos al rÚgimen de adopci¾n de acuerdos hayan regulado la materia correctamente, esto es, respetando la legislaci¾n bßsica estatal.

áááááB) El art. 148.2 de la Ley catalana se refiere a la declaraci¾n de los bienes y actividades privadas por parte de todos los miembros de las Corporaciones locales. Pero cabe observar que esta exigencia tambiÚn se contiene en el apartado 1 de este precepto, donde se dispone que los miembros de las Corporaciones locales han de formular la mencionada declaraci¾n ½antes de tomar posesi¾n del cargo╗, lo que se acomoda con lo establecido en el art. 75.5 L.R.B.R.L. Mientras que el precepto impugnado, el art. 148.2, pese a referirse a la misma declaraci¾n, contiene una previsi¾n distinta respecto al momento en que ha de presentarse, al disponer que se formularß ½dentro del mes siguiente a la fecha de acceso pleno a la condici¾n de miembro de la corporaci¾n...╗. De manera que, con independencia de la contradicci¾n existente entre uno y otro apartado del art. 148 de la Ley catalana, es evidente la contradicci¾n entre la norma estatal y la auton¾mica como, por lo demßs, asÝ se admite por la Generalidad.

áááááAsÝ, pues, dada la evidente contradicci¾n del art. 148.2 de la Ley catalana con una norma estatal (art. 75.5 L.R.B.R.L.) de indiscutible carßcter bßsico, por cuanto ata±e al rÚgimen de incompatibilidades de los miembros de las Corporaciones locales (SSTC 49/1988, fundamento jurÝdico 21; 178/1989, fundamento jurÝdico 6. y 61/1993, fundamento jurÝdico 3.), el precepto impugnado ha de ser declarado inconstitucional, sin que las alegaciones de la Generalidad, idÚnticas a las formuladas para el art. 32.1 puedan enervar la anulaci¾n del precepto, por las razones que han quedado expuestas en el pßrrafo anterior.

áááááC) Finalmente, por lo que respecta al segundo bloque de impugnaciones efectuadas por el Abogado del Estado, el art. 165.3 de la Ley Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a establece un plazo de dos meses para formular el requerimiento que con carßcter facultativo puede preceder a la impugnaci¾n de los actos y Acuerdos de un ente local por parte de la Comunidad Aut¾noma. Frente a ello, el art. 65.2 L.R.B.R.L. -y no el art. 68.2 que inadvertidamente invoca el Abogado del Estado- establece que dicho plazo es de quince dÝas hßbiles a partir de la recepci¾n de la comunicaci¾n del acuerdo. La contradicci¾n es, una vez mßs, evidente, y asÝ lo admite, tambiÚn para este caso, la propia Generalidad de Catalu±a. Ello ha de llevarnos necesariamente a la conclusi¾n de que, siendo el art. 65.2 L.R.B.R.L. una norma de carßcter bßsico, por cuanto que regula un aspecto esencial del rÚgimen jurÝdico de las Administraciones locales (la impugnaci¾n de sus actos y Acuerdos por parte de la Administraci¾n del Estado y de las Comunidades Aut¾nomas), el art. 165.3 de la Ley Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a (L.M.R.L.C.) debe ser declarado inconstitucional.

áááááLa oposici¾n que la Generalidad formula a la pretensi¾n del Abogado del Estado -idÚntica a la de los arts. 32.1 y 148.2 L.M.R.L.C., antes examinados- debe ser rechazada por las razones que han quedado expuestas.

ááááá5. Se impugna tambiÚn en el presente recurso de inconstitucionalidad el art. 168.3 c) L.M.R.L.C., por considerar que, al permitir que por Decreto se creen ¾rganos de coordinaci¾n para el ejercicio de las funciones de asistencia y cooperaci¾n atribuidas a la Administraci¾n de la Generalidad por la legislaci¾n de rÚgimen local, desconoce la garantÝa que el art. 58 L.R.B.R.L. ha previsto, mediante la reserva de Ley, para la creaci¾n de dichos ¾rganos.

áááááLa Generalidad de Catalu±a, por su parte, en defensa de la constitucionalidad del precepto citado, alega que Úste se incardina en las previsiones del art. 59 L.R.B.R.L., y no en el art. 58 de la misma Ley, en contra de lo que sostiene el Abogado del Estado. Ademßs, considerar bßsico un elemento estrictamente formal, como es el establecimiento de una reserva de Ley, no se ajusta a la noci¾n material de las bases, sin perjuicio de que con esa exigencia se estß interviniendo en el sistema de fuentes interno de la Comunidad Aut¾noma. El Parlamento de Catalu±a, por su parte, alega que es correcta la utilizaci¾n que el precepto impugnado hace de la tÚcnica de remisi¾n al Reglamento; tÚcnica que, por lo demßs, utiliza el propio art. 58.1, pßrrafo segundo, de la L.R.B.R.L. para la creaci¾n de estos ¾rganos por parte del Estado.

áááááA) Lo primero que debemos determinar es si, por su contenido, el precepto impugnado [art. 168.3 c) L.M.R.C.L.] ha de considerarse desarrollo legislativo del art. 58 L.R.B.R.L. o, por el contrario, del art. 59 de la misma Ley, ya que el Abogado del Estado basa su impugnaci¾n en la deslegalizaci¾n que la Ley Auton¾mica habrÝa operado respecto de la reserva de Ley contenida en el apartado 1 del art. 58 L.R.B.R.L.; reserva que, sin embargo, no aparece en el art. 59 de la Ley bßsica estatal.

áááááAl respecto, procede se±alar, ante todo, que los arts. 58 y 59 L.R.B.R.L. no constituyen precisamente un ejemplo de buen cumplimiento de la exigencia de claridad y precisi¾n que, seg·n hemos dicho, al igual que de las normas bßsicas, resulta predicable de las normas coordinadoras (STC 182/1988, fundamento jurÝdico 5.). No obstante la referencia com·n por parte de ambos preceptos (arts. 58 y 59 L.R.B.R.L.) a la coordinaci¾n administrativa, este Tribunal ha distinguido entre coordinaci¾n y cooperaci¾n, declarando al respecto que la diferencia existente entre las tÚcnicas de cooperaci¾n y las de coordinaci¾n -voluntariedad en la primera frente a imposici¾n en la segunda- encuentra una adecuada expresi¾n en la Ley Reguladora de las Bases del RÚgimen Local, que junto a los arts. 57 y 58, en los que se expresan esas tÚcnicas cooperativas, en los arts. 10.2, 59 y 62, se concretan facultades de coordinaci¾n de las Administraciones P·blicas [STC 214/1989, fundamento jurÝdico 20 f)].

áááááB) Volviendo al precepto impugnado debemos poner de manifiesto ahora que los dos apartados primeros del art. 168 L.M.R.L.C. se refieren a la cooperaci¾n, mientras que el resto del precepto lo hace a tÚcnicas de coordinaci¾n. Es evidente, pues, que el precepto impugnado regula las facultades de coordinaci¾n que sobre los Entes locales corresponde ejercer a la Generalidad de Catalu±a, por lo que, en consecuencia,y de conformidad con la STC 214/1989 antes citada, el marco de legislaci¾n bßsica que limita esas previsiones legislativas contenidas en el precepto impugnado no puede ser el art. 58 L.R.B.R.L., que, seg·n hemos dicho, regula la cooperaci¾n, sino el art. 59 de la misma Ley, que es el que contempla las tÚcnicas de coordinaci¾n [STC 214/1989, fundamento jurÝdico 20 f)]. Prueba de ello es la referencia del precepto citado al art. 10.2 de la propia Ley.

áááááPues bien, una vez enmarcado el precepto impugnado dentro de las tÚcnicas de coordinaci¾n, es manifiesto que la legislaci¾n auton¾mica al facultar al Gobierno de la Generalidad para crear por Decreto los ¾rganos de coordinaci¾n pertinentes ha respetado la legislaci¾n bßsica del Estado que, al respecto, prevÚ la posibilidad de que las Leyes de las Comunidades Aut¾nomas atribuyan al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la actividad de la Administraci¾n Local. Eso es exactamente lo que ha hecho la Ley catalana 8/1987 al prever que corresponde al gobierno auton¾mico establecer los criterios de coordinaci¾n sobre los Entes locales, y, en concreto, crear por Decreto los ¾rganos de coordinaci¾n pertinentes. Todo lo cual ha de llevarnos a afirmar la constitucionalidad del art. 168.3 L.M.R.L.C.

áááááC) A la conclusi¾n anterior llegarÝamos incluso si, como pretende el Abogado del Estado, aplicßsemos, como parßmetro de nuestro juicio de constitucionalidad, el art. 58 y no el 59 L.R.B.R.L. En tal hip¾tesis, que podrÝa encontrar alg·n apoyo en el argumento de que el precepto impugnado en realidad mezcla tÚcnicas de coordinaci¾n con tÚcnicas de cooperaci¾n (..."criterios de coordinaci¾n en el ejercicio de las funciones de... cooperaci¾n...), la conclusi¾n,como acabamos de decir, serÝa la misma por cuanto, por las razones que inmediatamente se expresan, no puede considerarse como un elemento bßsico la reserva de Ley que hace el art. 58.1 L.R.B.R.L.

áááááEn efecto, como declaramos en nuestra STC 214/1989 [fundamento jurÝdico 20 f)], es constitucionalmente legÝtimo que el Estado haya previsto con carßcter general la creaci¾n e instituci¾n de estos ¾rganos de colaboraci¾n. Tal previsi¾n genÚrica es plenamente constitucional, pues constituye una manifestaci¾n orgßnica del principio de colaboraci¾n al que la propia estructura territorial del Estado necesariamente aboca [STC 214/1989, fundamento jurÝdico 20 e)].

áááááAhora bien, es de observar que el Abogado del Estado no ofrece argumento alguno sobre la naturaleza bßsica de la reserva de Ley contenida en el art. 58.1 L.R.B.R.L. Y no se justifica, ni se alcanza a saber por quÚ ha de ser bßsico que los ¾rganos que las Comunidades Aut¾nomas instrumenten para la coordinaci¾n de los Entes locales sean creados por Ley. Antes, al contrario, por la finalidad que persiguen [flexibilizar y prevenir disfunciones derivadas del propio sistema de distribuci¾n de competencias, seg·n la STC 214/1989, fundamento jurÝdico 20 f)] los instrumentos de coordinaci¾n han de ser flexibles, lo que se compadece mal con la rigidez que es consustancial a la Ley. Baste pensar que el propio art. 58.1 de la L.R.B.R.L., en el pßrrafo siguiente a aquÚl que contiene la reserva de Ley, habilita al Gobierno para crear en cada Comunidad Aut¾noma una Comisi¾n Territorial de Administraci¾n Local. Por todo ello debemos desestimar la pretensi¾n del Abogado del Estado de declarar inconstitucional el art. 168.3 c) de la L.M.R.L.C.

ááááá6. Finalmente, se impugna el art. 287.2 de la Ley catalana 8/1987. Dicho precepto otorga al pleno de la Corporaci¾n local las competencias que, sobre suspensi¾n de la clasificaci¾n de contratistas y extensi¾n de las normas de clasificaci¾n del contrato de obras al contrato de suministro, otorgan los arts. 102 y 109, respectivamente, de la Ley de Contratos del Estado (L.C.E.) a ¾rganos estatales. En este caso, evidentemente, la inconstitucionalidad del precepto en cuesti¾n vendrÝa determinada por la infracci¾n de la legislaci¾n estatal bßsica en materia de contrataci¾n administrativa.

áááááA) En apoyo de su pretensi¾n de declaraci¾n de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado argumenta que el art. 102 L.C.E. estß incluido en el Real Decreto Legislativo 931/1986, siendo, por tanto, formalmente bßsico. El art. 109 L.C.E., argumenta el Abogado del Estado, lo es materialmente por cuanto atribuye una facultad de extensi¾n normativa que supone una alteraci¾n jurÝdica que afecta a una pieza bßsica del sistema de contrataci¾n administrativa cual es la tipologÝa de los contratos. A ello se opone la Generalidad de Catalu±a alegando que el precepto impugnado no modifica la regulaci¾n bßsica estatal, sino que la engarza con el sistema organizativo propio de las Corporaciones locales, en lÝnea con la propia modificaci¾n del Reglamento General de Contrataci¾n del Estado por el Real Decreto 2.528/1986 (Disposici¾n final segunda). El Parlamento de Catalu±a, por su parte, sostiene que el Abogado del Estado no distingue entre la regulaci¾n material, que tiene carßcter bßsico, y la atribuci¾n orgßnica de la competencia que, obviamente, no lo tiene; pues la aplicaci¾n de la legislaci¾n estatal de contratos no supone que los ¾rganos estatales sean ¾rganos de contrataci¾n de las demßs Administraciones P·blicas.

áááááB) Importa destacar, ante todo, que el precepto impugnado (art. 287.2 L.M.R.L.C.) parte de que los criterios de clasificaci¾n de los contratistas serßn los establecidos, con carßcter general, por la Ley de Contratos del Estado. Nada hay que objetar, y nada objeta, por lo demßs, el Abogado del Estado a la disposici¾n que acaba de mencionarse. La impugnaci¾n que ante nosotros se hace se refiere, por ello, al pßrrafo del precepto que a continuaci¾n a±ade que en cualquier caso las competencias otorgadas a ¾rganos estatales por los arts. 102 y 109 de dicha Ley (L.C.E.) corresponderßn al pleno de la Corporaci¾n. Se trata, pues, de la atribuci¾n a un ¾rgano local de unas potestades que la legislaci¾n del Estado atribuye al Ministro de Hacienda y al Gobierno.

áááááEstas dos normas estatales (arts. 102 y 109 L.C.E.) contienen una regulaci¾n distinta que exige, por ello, un anßlisis diferenciado, a fin de determinar si la atribuci¾n de facultades realizada por la Ley catalana al pleno de las Corporaciones locales excede o no en cada caso de la competencia de la Comunidad Aut¾noma. El art. 102 L.C.E. regula las causas de suspensi¾n de las clasificaciones de los contratistas de obras (arts. 98 y ss. L.C.E.), atribuyendo la competencia para acordar la suspensi¾n al Ministro de EconomÝa y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci¾n Administrativa. Pues bien, el carßcter bßsico del citado precepto es evidente, por cuanto la clasificaci¾n de los contratistas es un medio de acreditaci¾n ante el ¾rgano de contrataci¾n correspondiente de la capacidad financiera, econ¾mica y tÚcnica del contratista. Y, lo que es mßs importante, constituye un requisito de obligado cumplimiento para contratar con la Administraci¾n la ejecuci¾n de obras de determinado presupuesto (art. 98 L.C.E.). A su vez, la presentaci¾n del certificado de clasificaci¾n expedido por el Registro Oficial de Contratistas exime a los empresarios, en todas las licitaciones de obras de la Administraci¾n, de presentar los documentos probatorios de su personalidad y capacidad jurÝdica, tÚcnica, financiera y econ¾mica (art. 312 R.C.E.).

áááááLo dicho es ilustrativo de que las normas reguladoras de la clasificaci¾n de los contratistas afectan a los intereses de Ústos y, mßs en general, a las condiciones de la contrataci¾n administrativa y al desarrollo de las actividades econ¾micas privadas en rÚgimen de libre competencia. Son normas que tienen por objeto garantizar la igualdad y la seguridad jurÝdica en la contrataci¾n p·blica, asegurando a los ciudadanos un tratamiento com·n por parte de todas las Administraciones, lo que las convierte en un elemento bßsico de la legislaci¾n sobre contratos (art. 149.1.18 C.E.). La finalidad perseguida por esas normas en general (garantÝa de la igualdad y la seguridad jurÝdica en la contrataci¾n) estß, sin duda, presente en el art. 102 que regula las causas de suspensi¾n, temporal o indefinida, de las clasificaciones acordadas por la Junta Consultiva de Contrataci¾n Administrativa, y ello justifica la decisi¾n del legislador de otorgar la facultad de suspensi¾n a un ¾rgano estatal (Ministerio de Hacienda) como medio de garantizar un tratamiento com·n de todos los contratistas frente a las distintas Administraciones.

áááááC) Es cierto, como argumenta la Generalidad de Catalu±a, que el Real Decreto 2.528/1986 (Disposici¾n final segunda) declara que siempre que en el texto de los artÝculos comprendidos en el Real Decreto (entre los cuales se incluye el art. 316 que reproduce, a su vez, el art. 102 L.C.E.) se mencione a ¾rganos de la Administraci¾n del Estado el concepto se entenderß referido al ¾rgano de la Comunidad Aut¾noma o entidad local que, en su caso, fuere competente para adoptar el acuerdo. Pero no es menos cierto que esta Disposici¾n no opera una traslaci¾n automßtica y en bloque de la atribuci¾n orgßnica de competencias del Estado a las Comunidades Aut¾nomas y entidades locales. Baste notar que la Disposici¾n final segunda del Real Decreto mencionado dice que la competencia serß del ¾rgano auton¾mico o local ½que, en su caso, fuere competente para adoptar el acuerdo╗, lo que significa que la citada Disposici¾n no atribuye competencias distintas ni al margen de las que correspondan a las Comunidades Aut¾nomas y a las Corporaciones locales en virtud del bloque de constitucionalidad.

áááááQuiere decirse con ello que existen competencias que, por su naturaleza, desbordan las que son propias e inherentes al ¾rgano contratante. Esto es lo que sucede con las facultades de suspensi¾n de las clasificaciones de los contratistas. El hecho de ser facultades que afectan a los intereses de los contratistas y, mßs genÚricamente, a las condiciones generales de contrataci¾n administrativa y al desarrollo de las actividades econ¾micas privadas en rÚgimen de libre competencia hace que sea constitucionalmente legÝtima la decisi¾n del legislador de atribuir su ejercicio a un ¾rgano estatal, como medio de garantizar un tratamiento jurÝdico igualitario a todos los ciudadanos en la contrataci¾n p·blica. AsÝ, pues, por cuanto acaba de decirse debemos acoger la pretensi¾n del Abogado del Estado y declarar inconstitucional el art. 287.2 de la Ley 8/1987, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a.

áááááD) Por las mismas razones que han quedado expuestas debemos declarar la inconstitucionalidad del art. 287.2 L.M.R.L.C. por lo que se refiere tambiÚn a las competencias que el art. 109 L.C.E. atribuye al Gobierno. Se trata de una norma, sin duda bßsica, por cuanto supone la decisi¾n del legislador de facultar al Gobierno para extender a los contratos de suministros la aplicaci¾n de las normas de clasificaci¾n del CapÝtulo Primero del TÝtulo I del Libro II de la L.C.E., referidas a los contratos de obra. La decisi¾n de aplicar a los contratos de suministros las normas de clasificaci¾n de los contratos de obras, incluida la posibilidad de exigir dicha clasificaci¾n para determinado tipo de aquÚllos, es, sin duda, un elemento bßsico de la legislaci¾n de contratos ya que constituye un medio que tiende a proporcionar las garantÝas de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurÝdica, necesarias para asegurar a los ciudadanos un tratamiento com·n por parte de todas las Administraciones P·blicas (STC 141/1993, fundamento jurÝdico 5.).

FALLO

En atenci¾n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÐOLA,

Ha decidido

áááááEstimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Naci¾n y, en su virtud,

ááááá1. Declarar inconstitucionales y, en consecuencia, nulos los arts. 32.1, 148.2, 165.3, 181 a), excepto la referencia a las participaciones en ingresos de la Generalidad, y 287.2 de la Ley 8/1987, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a.

ááááá2. Declarar que el art. 182.2 de la Ley 8/1987, Municipal y de RÚgimen Local de Catalu±a, es conforme a la Constituci¾n, siempre que se interprete en el sentido expresado en el fundamento jurÝdico 3. A) de esta Sentencia, y

ááááá3. Desestimar el recurso en todo lo demßs.

áááááPublÝquese esta Sentencia en el ½BoletÝn Oficial del Estado╗.

áááááDada en Madrid, a doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres.