ATC 164/2003, 19 de Mayo de 2003

1. El presente recurso de amparo se dirige frente a los Autos de 9 de junio y de 12 de noviembre de 1999, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección novena, denegatorios del recibimiento del pleito a prueba en el recurso núm. 1508/97, así como frente a la Sentencia de 17 de enero de 2002, en la que dicho órgano judicial desestima aquel recurso, interpuesto por los demandantes de amparo contra las Resoluciones de 6 de junio de 1997 del Subsecretario de Defensa (Ministerio de Defensa), "sobre reclamación de abono de diferencias salariales por el concepto de dedicación especial". En la demanda de amparo se denuncian diversas vulneraciones con relevancia constitucional, como son la del derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión y la del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24, apartados 1 y 2, CE), por un lado, y la del principio de igualdad, por el otro, alegación esta que los demandantes esgrimen con invocación del art. 14 CE y el art. 23 CE.

   El Ministerio Fiscal, por el contrario, interesa la inadmisión de la demanda de amparo, alegando su carencia de contenido constitucional (art. 50.1 c] LOTC).

2. Comenzaremos con el análisis de las quejas que los demandantes esgrimen con relación a la inadmisión del recibimiento del pleito a prueba, dirigidas tanto frente a los Autos impugnados como a la Sentencia con la que concluye el proceso. Como se ha dicho, con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión y el de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, los demandantes centran sus protestas de indefensión en la negativa del órgano judicial a que practicase en el proceso la prueba que habían solicitado, cuando por tales demandantes se trataba de acreditar una circunstancia negada por el Abogado del Estado: que ocupaban puestos de trabajo previamente determinados por el Ministerio de Defensa, en los que aquéllos realizaban funciones de guardia localizada que les hacían acreedores del complemento retributivo de "dedicación especial" cuya percepción venían propugnando. La falta de prueba conllevó, según afirman, la definitiva desestimación del recurso decidida en la Sentencia.

   Sin embargo, según el Ministerio Fiscal, la demanda de amparo no cumple en este punto con el requisito de argumentar de forma convincente que la resolución final del proceso a quo podría haber sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia.

   Este Tribunal tiene dicho que la lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del art. 24.2 CE y la indefensión proscrita en el art. 24.1 CE que esto provoca no son aspectos siempre disociables. Así ocurre en los supuestos de arbitrariedad que se producen cuando el órgano judicial, con su propia actitud, frustra la práctica de determinada prueba y, después, desestima la pretensión con el argumento de que no ha quedado probado precisamente lo que se pretendía acreditar con la prueba no practicada, pues es el órgano quien limita los derechos de defensa del demandante al frustrar los medios de prueba de los que se intenta hacer valer por causas que sólo al órgano judicial fueron imputables (SSTC 10/2000, de 17 de enero, FJ 2; 208/2001, de 22 de octubre, FJ 3; 81/2002, de 22 de abril, FJ 3). También hemos dicho en nuestra STC 35/2001, de 12 de febrero, FJ 5 -entre otras muchas-, que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) no protege frente a eventuales irregularidades u omisiones procesales en materia de prueba, sino frente a la efectiva y real indefensión que pueda sufrirse con ocasión de esas irregularidades u omisiones relativas a la propuesta, admisión y, en su caso, práctica de las pruebas solicitadas. Si la indefensión alegada es imputable a una de esas irregularidades u omisiones, la ubicación adecuada de la queja debe ser el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del art. 24.2 CE, y a su luz ha de examinarse su relevancia constitucional. En tanto que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el segundo de los Autos ahora impugnados, se reservó expresamente la posibilidad de practicar ulteriormente prueba, en principio denegada, como "diligencia de mejor proveer", y, en cuanto que sólo fue en el momento de la Sentencia cuando de forma manifiesta e indubitada los recurrentes conocieron que el órgano judicial había excluido definitivamente del proceso la prueba postulada (STC 135/2001, FJ 3), habrá que entender que es la Sentencia desestimatoria el acto judicial que causa la hipotética lesión del derecho fundamental invocado.

   Por tanto, para que la invocación del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes tenga éxito es necesario que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o, lo que es lo mismo, que sea decisiva en términos de defensa (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2, 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 2; 73/2001, de 26 de marzo; FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 5). A tal efecto recordamos que la tarea de verificar si tal prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2). La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de diciembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que sólo en tal supuesto, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28; 147/2002, de 15 de julio, FJ 2).

4. Tendremos que determinar, pues, si en el presente caso la negativa judicial a recibir el pleito a prueba conllevó indefensión para los actores, lesionando con ello su derecho a utilizar medios de prueba (art. 24.2 CE); o bien si, dados los razonamientos mediante los que el órgano judicial resolvió el litigio, la actividad probatoria interesada y denegada puede tenerse como irrelevante en tanto que no decisiva.

   Para ello debemos partir de los términos de la pretensión deducida en el proceso por los actores. Estos afirmaban en la demanda judicial que en su condición de médicos del Cuerpo de sanidad militar, ["....además de su servicio habitual, realizaron guardias médicas, en la siguiente forma y retribución en el concepto de dedicación especial..."]. Es decir, que venían siendo retribuidos en concepto de "dedicación especial" por la realización de guardias médicas; no obstante, pretendían que el órgano judicial les reconociera su derecho al abono de determinadas cantidades –"diferencias salariales" las denominan- hasta el montante que el personal médico estatutario del INSALUD percibía por concepto del "complemento de atención continuada": una equiparación a la que entendían tenían derecho, entre otras razones, por lo establecido en la disposición adicional segunda del Reglamento general de retribuciones del personal de las fuerzas armadas (Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre), según la cual "[e]l personal militar y sanitario que ocupe los puestos de trabajo en centros hospitalarios militares que determine el Ministerio de Defensa, además de las retribuciones complementarias establecidas en este Reglamento, percibirá a través del complemento de dedicación especial a que se refiere su art. 4.4, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, una cuantía idéntica a la establecida para el complemento de atención continuada a que se refiere el Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud en las mismas condiciones que este personal".

   En definitiva, querían los actores que su guardias, ya retribuidas como "dedicación especial", lo fueran hasta la cuantía del "complemento de atención continuada", propio de los médicos del INSALUD.

   Ya vimos que el órgano judicial desestimó la pretensión actora porque entendió "...que ha de ser el Ministerio de Defensa quien concrete los puestos que tienen asignado el citado complemento, y no se ha acreditado que (en) la actividad desarrollada por los recurrentes tengan asignados dichos complementos". Pero además dicho órgano razonó que la equiparación de cuantías con los médicos del INSALUD no cabía, pues el art. 25 c) de la Ley 39/1992 "...faculta al Ministro de Defensa para determinar la cuantía de este complemento de dedicación especial" (fundamento jurídico cuarto). Si los actores venían percibiendo o no el complemento de dedicación especial es una apreciación probatoria que no nos corresponde (art. 44.1 b] LOTC), ni tampoco podemos revisar la conclusión judicial de que sus puestos de trabajo no tenían asignado dicho complemento. Pero sí es necesario para nuestro examen constitucional constatar que lo pretendido por los actores en el proceso era propiamente, no tanto que se reconociera el derecho al complemento de "dedicación especial" –que según afirmaban ya venían percibiendo por la realización de las guardias-, cuanto que el montante del complemento fuera equiparado al satisfecho a los médicos del INSALUD por el complemento de atención continuada

   Esta pretensión equiparatoria fue rechazada en la Sentencia por un motivo que sí estaba conectado con el objeto de la prueba frustrada –que los destinos del los actores tuvieran asignado por el Ministerio de Defensa el complemento de dedicación especial-, pero lo cierto es que, aun en la hipótesis de que el órgano judicial hubiera tenido por probado esta circunstancia, considerada en la Sentencia como una condición necesaria para el éxito de la pretensión actora, sin embargo tal condición no sería suficiente a tal fin, cuando la Sala, en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 117.3 CE), consideró como ajustado a Derecho, en atención al art. 25 c] de la Ley 39/1992, que el Ministro de Defensa determinara -y con ello limitara- las cuantías del complemento de dedicación especial hasta el importe percibido y discutido por los actores. En tales circunstancias cabe pronosticar en este caso que el último razonamiento judicial conllevaría, por sí sólo, la íntegra desestimación del recurso contencioso-administrativo, con independencia de cualquiera que hubiera sido el resultado de la prueba omitida.

5. En esta situación, si bien no puede excluirse la pertinencia de la prueba denegada a los actores, entendida como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi (STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2), pues el propio el órgano judicial justificó la desestimación del recurso contencioso-administrativo en atención a que los recurrentes no acreditaron determinados extremos de hecho, sin embargo los demandantes de amparo no llegaron a sufrir una efectiva indefensión que dotara a aquella omisión de relevancia constitucional. Conclusión esta a la que llegamos una vez valorada en sede de amparo la trascendencia de la prueba excluida, pues ésta no puede tenerse por decisiva en términos de defensa, toda vez que el sentido del fallo judicial quedaría incólume aun en la hipótesis de que los hechos que en la Sentencia no se tuvieron por probados lo hubieran sido finalmente. De ahí que el motivo deducido en este apartado carezca de significación constitucional.

6. Los demandantes, con invocación de los arts. 14 CE y 23 CE, achacan a la Sentencia impugnada la vulneración del principio de igualdad, alegado en su demanda judicial en apoyo de sus pretensiones de equiparación retributiva con el personal estatutario médico del INSALUD. Este personal es al que proponen como término de comparación dada la equiparación legal que a efectos retributivos –según su opinión- deriva de la disposición adicional tercera de la Ley 17/1989 de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, en relación con la adicional segunda del Reglamento general de retribuciones del personal de las fuerzas armadas aprobado por Real Decreto 1494/191, de 11 de octubre. Por el contrario el Fiscal niega la trascendencia constitucional del motivo, pues "el que exista desigualdad en uno de los conceptos de las retribuciones complementarias de un Cuerpo en relación con otro concepto diferente de las retribuciones complementarias de otro Cuerpo distinto no afecta a al derecho a la igualdad".

   En efecto, tal y como alega el Ministerio Público, el motivo no puede ser asumido. Su éxito hubiera requerido, como primer paso, que los demandantes aportaran un término de comparación válido, pues sólo si se diversifica lo homogéneo es cuando puede decirse que la acción selectiva resulta susceptible de control constitucional dirigido a fiscalizar si la introducción de "factores diferenciales" –STC 42/1986, de 10 de abril- o de "elementos de diferenciación" –STC 162/1985, de 29 de noviembre- resulta o no debidamente fundamentada. Como apunta el Ministerio Fiscal, el complemento de dedicación especial a percibir por los médicos del Cuerpo de sanidad militar no se configura directamente en la norma, sino mediante una remisión de ésta con relación a otros conceptos o Cuerpos de funcionarios. Ello no obstante, y frente a lo alegado por los demandantes, la utilización de la técnica de remisión desde la invocada disposición adicional segunda del Real Decreto 1494/1991 a otra norma distinta, con el fin de que la primera integre o complete su contenido, no implica por sí sola que puedan tenerse como equiparables u homogéneas -es decir, como un término de comparación válido para el juicio relacional de igualdad (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6; 1/2001, de 15 de enero, FJ 3; 119/2002, de 20 de mayo, FJ 4)- las situaciones subjetivas de, por una parte, los médicos del Cuerpo de sanidad militar, y, por la otra, el personal estatutario médico del INSALUD.

   En efecto, desde la STC 7/1984, de 25 de enero, FJ 2, y posteriormente en SSTC 68/1989, de 19 de abril, FJ 2; 77/1990, de 26 de abril, FJ 3; 48/1992, de 2 de abril, FJ 2; 82/1994, de 14 de marzo, FJ 2; 236/1994, de 20 de julio, FJ 2 y 237/1994, de 20 de julio, FJ 2, este Tribunal ha venido sosteniendo que la igualdad o desigualdad entre estructuras que son –prescindiendo de su sustrato sociológico real- creación del Derecho, tales como los Cuerpos funcionariales, es el resultado de la definición que el legislador o la Administración haga de aquéllas, esto es, de su configuración jurídica, de modo que desde la perspectiva del principio de igualdad no es lícito equiparar situaciones que en origen no son equiparables por las normas jurídicas que las producen y crean. La discriminación entre tales estructuras resultará sólo del hecho de que la Administración aplique criterios de diferenciación que no resulten objetivos ni generales. De manera que la simple constatación de la diferencia retributiva entre funcionarios de dos Cuerpos o, en este caso, entre funcionarios y personal estatutario de la Seguridad social, que prestan sus servicios en distintos campos de las Administraciones públicas, no puede servir de fundamento suficiente para una demanda de amparo, sin necesidad de ulteriores razonamientos, ni, en definitiva, permite justificar una petición de equiparación de retribuciones en sede constitucional, fundada en exigencias pretendidamente derivadas del derecho fundamental a la igualdad ex art. 14 de la Constitución. Como también tenemos dicho que no basta con que las tareas asignadas a dos Cuerpos distintos sean reglamentariamente definidas en términos análogos o casi idénticos, ya que es obvio que esa definición se hará siempre por referencia a las estructuras administrativas en que dichos funcionarios se inserten, y éstas pueden ser muy diversas en su complejidad (STC 77/1990, FJ 3).

   En lo que aquí concierne interesa reseñar que las categorías a comparar revisten estructuras diferenciadas y definidas con características propias y con sistemas de acceso ciertamente diversos -de un lado, un Cuerpo militar de funcionarios; de otro, el colectivo de trabajadores por cuenta ajena ligados a la Administración sanitaria civil por la denominada relación "estatutaria" (STC 56/1988, de 24 de marzo)-; que dependen de diversos Ministerios; y que integran a facultativos que, si bien pueden ostentar la misma titulación básica, gozan de un estatuto funcionarial o de una relación profesional de contenido diverso (ATC 317/1996, de 29 de octubre). Estas circunstancias, todas objetivas y generales, revelan una diferencia material y sustantiva entre el régimen jurídico de los médicos militares y el propio del personal estatutario médico del INSALUD, lo que permite, desde la perspectiva de los arts. 14 y 23 CE, que la Administración pueda justificar una distinción retributiva como la que ahora discuten los demandantes. De ahí que las quejas contenidas en este apartado no adquieran relevancia constitucional.

7. En definitiva, como tampoco ha existido lesión alguna del principio de igualdad, el recurso de los demandantes amparo debe ser inadmitido en los términos del art. 50.1 c) LOTC.

   Por todo lo expuesto, la Sección

Inadmitir a trámite la presente demanda de amparo por concurrencia de la causa prevista en el art. 50.1.c) LOTC, en virtud de la manifiesta carencia de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte de este Tribunal Constitucional, con el archivo de las presentes actuaciones.

Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil tres.