ATC 371/2007, 12 de Septiembre de 2007

Con fecha 5 de septiembre de 2006, la Procuradora de los Tribunales

doña Lourdes Amasio Díaz, en nombre y representación

de don José ángel Ginoris Fernández, presentó en

el Juzgado de Guardia recurso de amparo —que tuvo entrada al día

siguiente en el registro general de este Tribunal— contra la Sentencia

de 14 de junio de 2006 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial

de Santa Cruz de Tenerife, dictada en recurso de apelación núm.

67-2006, interpuesto contra la Sentencia de 22 de febrero de 2006 del Juzgado

de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, recaída en autos

de juicio rápido núm. 2-2006, seguido contra el recurrente

por delito de amenazas y falta de vejaciones injustas.

Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:

1. La Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de

   Tenerife de 22 de febrero de 2006 (juicio rápido núm. 2-2006)

   condenó a don José ángel Ginoris Fernández,

   como autor de un delito de amenazas de carácter leve del art. 171.4

   del Código penal (CP), a la pena de 31 días de trabajos en

   beneficio de la comunidad a razón de cuatro horas diarias, así como

   a la privación del derecho a tener y portar armas durante un año

   y un día, y a la pena de prohibición de acercarse a la víctima

   y a su domicilio o lugar de trabajo en un radio de 500 metros durante quince

   meses. En los hechos probados de la Sentencia se hace constar que el recurrente,

   tras la ruptura de la relación sentimental que mantenía durante

   unos cinco años con su pareja, con la que había convivido

   de forma intermitente los últimos dos años, y al negarse la

   mujer a atender sus llamadas telefónicas, envió a ésta

   por teléfono móvil el día 26 de diciembre de 2005 tres

   mensajes de “sms”, dos de los cuales decían lo siguiente: “como

   no me cojas el teléfono mañana me presento en tu trabajo”;

   y: “mejor que cojas el teléfono si no quieres que me presente

   y se arme”.

   Los hechos constitutivos del delito de amenazas del art. 171.4 CP se consideran

   acreditados por las declaraciones del propio acusado y de la víctima,

   así como por la transcripción de los mensajes telefónicos.

   Por el contrario, el Juzgado de lo Penal absuelve a don José ángel

   Ginoris Fernández de la falta de vejaciones injustas de las que venía

   siendo acusado, al haber retirado el Ministerio Fiscal esta acusación

   en sus conclusiones definitivas.

2. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación don José ángel

   Ginoris Fernández, recurso que fue desestimado por Sentencia de 14

   de junio de 2006 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial

   de Santa Cruz de Tenerife (rollo de apelación núm. 67-2006),

   que confirmó íntegramente la recurrida.

El demandante de amparo alega en primer lugar la vulneración

de su derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso

pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), fundado en que la Sentencia

de la Audiencia Provincial desestima el motivo del recurso de apelación

relativo al error en la calificación jurídica de los hechos

partiendo de un elemento fáctico (el envío de un mensaje a

la víctima amenazando con presentarse en su trabajo y “armarla” si

no atendía sus llamadas telefónicas) que no consta acreditado

en la declaración de hechos probados de la Sentencia.

En segundo lugar alega el demandante que las Sentencias impugnadas han

lesionado su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE),

pues entiende el demandante que no existe prueba de cargo válida

y suficiente que acredite el elemento intencional del tipo del art. 171.4

CP por el que ha sido condenado; además alega que no se ha acreditado

tampoco el elemento del tipo consistente en la existencia de análoga

relación de afectividad a la marital, pues la relación que él

mantenía con la víctima no reunía esas características,

a lo que se añade que, en todo caso, esa relación era anterior

a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en materia de

violencia doméstica, por lo que el art. 171.4 CP en la redacción

resultante de dicha reforma legal no podía serle de aplicación

retroactivamente.

Finalmente alega el demandante que las Sentencias recurridas en amparo

han vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE). Funda esta

queja en que la regulación que se le ha aplicado parte de una teórica

situación de inferioridad o mayor vulnerabilidad de la mujer (al

considerar el art. 171.4 CP como delito los casos de amenazas leves en los

que la víctima es una mujer), que en el presente caso no se ha acreditado

que concurra, existiendo, en cambio, indicios que indican lo contrario,

esto es, que la pareja del recurrente no era vulnerable y no merecía,

por tanto, ese plus de protección legal (independencia económica

y familiar y ausencia de móvil pasional en los mensajes enviados).

Además, no existe justificación para el diferente trato penal,

conforme al cual si el sujeto pasivo hubiera sido el varón los hechos

habrían sido calificados como falta, por lo que se postula de este

Tribunal el planteamiento de la autocuestión de inconstitucionalidad

respecto del art. 171.4 CP.

Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la

Sala Primera de este Tribunal de 1 de febrero de 2007 se requirió atentamente

a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

y al Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife para que

en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio

del rollo de apelación núm. 67-2006 y de los autos de juicio

rápido núm. 2-2006.

Recibidos los testimonios de actuaciones solicitados, mediante providencia

de la Sección Primera de este Tribunal de 3 de mayo de 2007 se acordó,

conforme a lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común

de diez días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para

que dentro de dicho término alegaran lo que estimasen conveniente

en relación con la posible existencia de un motivo de inadmisión

de la demanda de amparo, consistente en la carencia manifiesta de contenido

que justifique una decisión sobre su fondo por parte del Tribunal

Constitucional, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 c) LOTC.

El recurrente presentó su escrito de alegaciones el 23 de mayo

de 2007, ratificándose en los argumentos expuestos en la demanda

de amparo y solicitando su admisión a trámite y el otorgamiento

del amparo interesado, por vulneración de sus derechos a la tutela

judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión,

a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.

Por el Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado en este Tribunal

el día 11 de junio de 2007, se solicitó de este Tribunal la

inadmisión del presente recurso de amparo, en aplicación del

art. 50.1 c) LOTC.

Señala el Fiscal, en cuanto a la queja referida lesión del

derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que el alegato del

demandante de amparo carece de fundamento alguno, toda vez que la Audiencia

Provincial se limita a valorar el hecho declarado probado del envío

de mensajes por teléfono móvil de contenido amenazante.

Por lo que se refiere a la supuesta lesión del derecho a la presunción

de inocencia (art. 24.2 CE), afirma el Fiscal que se trata igualmente de

una queja infundada, pues las Sentencias impugnadas, partiendo de las pruebas

de cargo practicadas en el juicio oral, han motivado suficientemente la

apreciación de la finalidad intimidatoria perseguida por el acusado,

que constituye el elemento subjetivo del tipo discutido. Por lo que se refiere

a la concurrencia o no del elemento del tipo referido a la existencia de

análoga relación de afectividad, señala el Fiscal que

en este punto la queja del recurrente no guarda relación con el derecho

a la presunción de inocencia, sino con el derecho a la legalidad

penal, cuya supuesta lesión también ha de ser descartada,

pues las Sentencias impugnadas han llevado a cabo una subsunción

razonable de los hechos enjuiciados en la norma penal aplicable.

Finalmente, considera el Fiscal carente de fundamento la invocada vulneración

del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), como consecuencia de

la aplicación de la normativa penal introducida por la Ley Orgánica

1/2004. Y ello es así porque no sólo no se alega por el recurrente

un derecho propio a no ser discriminado, pretendidamente desconocido en

las Sentencias impugnadas (único supuesto que permitiría analizar

la hipotética vulneración), sino porque, además, lo

que se postula es una suerte de exigencia de diferenciación, pidiendo,

en definitiva, que al amparo del derecho a la igualdad y no discriminación

se resuelva lo contrario de lo que el derecho fundamental protege.

La queja del recurrente referida a la pretendida vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en la Sentencia

de apelación, carece de fundamento alguno, pues el examen de dicha

resolución judicial evidencia que el órgano judicial ha dado

respuesta congruente, motivada y razonable a los motivos del recurso de

apelación, lo que satisface el contenido del referido derecho fundamental

(por todas, SSTC 90/1990, de 23 de mayo, FJ 4; 214/1999, de 29 de noviembre,

FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 226/2000, de 30 de octubre, FJ 3;

228/2001, de 26 de noviembre, FJ 5, y 52/2003, de 17 de marzo, FJ 4), sin

que pueda admitirse el torticero alegato del recurrente en el sentido de

que la Sentencia sustenta su convicción sobre la existencia de las

amenazas en un hecho que no consta acreditado, toda vez que, como señala

el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la Audiencia Provincial se ha limitado

a valorar el hecho declarado probado en la Sentencia de instancia (relato

de hechos probados aceptado por la Sentencia de apelación) del envío

por parte del recurrente de mensajes por teléfono móvil a

su ex pareja, de inequívoco contenido amenazante.

En cuanto a la pretendida vulneración del derecho a la presunción

de inocencia (art. 24.2 CE) es oportuno recordar que, conforme a reiterada

doctrina de este Tribunal, sólo cabrá constatar la vulneración

de este derecho fundamental cuando no haya pruebas de cargo válidas,

es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad

probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías,

o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente,

cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo

que conduce de la prueba al hecho probado (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre,

FJ 2; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3;

155/2002, de 22 de julio, FJ 7; 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3, y 163/2004,

de 4 de octubre, FJ 9, entre otras muchas).

La aplicación de la doctrina expuesta al presente caso conduce en

este trámite a acordar la inadmisión del recurso de amparo

conforme a lo previsto en el art. 50.1 c) LOTC, como postula el Ministerio

Fiscal, al no revestir relevancia constitucional la queja que se formula

por el recurrente bajo la invocación del derecho a la presunción

de inocencia. En efecto, la convicción de los órganos judiciales

sobre la autoría del recurrente en cuanto al delito de amenazas leves

del art. 171.4 CP por el que ha sido condenado se basa tanto en la declaración

del propio acusado (que reconoció haber mantenido una relación

con la víctima durante cinco años, con convivencia intermitente

durante dos, así como el envío a aquella de al menos un mensaje),

como en la declaración testifical de la víctima (sobre la

relación mantenida con el acusado y los mensajes que éste

le envió tras la ruptura), prestadas ambas declaraciones en el juicio

oral con plenas garantías de contradicción y defensa, a lo

que se añade la prueba documental consistente en la transcripción

de los mensajes de teléfono móvil.

Ahora bien, como acertadamente pone de relieve el Ministerio Fiscal

en sus alegaciones, el cauce de enjuiciamiento adecuado de la queja relativa

a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia

ha de ser el referido al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), pues

de lo que se duele el recurrente es que los hechos declarados probados han

sido indebidamente subsumidos en el precepto penal aplicado (art. 171.4

CP), pues considera el recurrente que no concurren en el presente caso ni

el elemento intencional de amenazar, ni la existencia de una relación

de afectividad análoga a la marital.

Sin embargo, también desde esta perspectiva la queja del recurrente

ha de ser rechazada, por manifiestamente infundada. En efecto, partiendo

de las pruebas de cargo aludidas, las Sentencias impugnadas han motivado

suficientemente la apreciación de la finalidad intimidatoria perseguida

por el acusado con sus mensajes telefónicos, así como la existencia

de una relación de afectividad análoga a la marital entre

el acusado y la víctima (relación que persistía, conforme

a la declaración de hechos probados, tras la entrada en vigor de

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, cuyo art. 38 da nueva

redacción al art. 171 CP), apreciando así que concurren los

elementos del tipo exigidos por el art. 171.4 CP. Esto excluye la pretendida

vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), pues,

en definitiva, la subsunción de la conducta del recurrente en el

tipo penal aplicado se ha realizado por la Sentencia condenatoria -ratificada

por la de apelación- de forma motivada, utilizando criterios

interpretativos lógicos y sustentándose dicha interpretación

en valores constitucionalmente aceptables, como exige nuestra reiterada

doctrina al respecto (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 151/1997, de

29 de septiembre, FJ 4; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 229/2003, de 18 de

diciembre, FJ 6, y 163/2004, de 4 de octubre, FJ 7, entre otras muchas).

En fin, por lo que se refiere a la pretendida vulneración del

derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), como consecuencia de la

aplicación de la normativa penal introducida por la Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre (en este caso el art. 171.4 CP), también

esta queja debe ser rechazada por no revestir contenido constitucional,

como pone de relieve el Ministerio Fiscal en sus alegaciones.

Ante todo debemos precisar que la naturaleza del recurso de amparo, que

se dirige únicamente a reparar o, en su caso, prevenir, lesiones

concretas y efectivas de derechos fundamentales (art. 41.2 LOTC), impide

que en este proceso constitucional se puedan efectuar juicios abstractos

de inconstitucionalidad de normas (por todas, SSTC 93/1995, de 19 de junio,

FJ 5; 78/1997, de 21 de abril, FJ 3; 215/2000, de 18 de septiembre, FJ 4,

y 49/2005, de 14 de marzo, FJ 2) o, en general, garantizar en abstracto

la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución

que recogen y garantizan derechos fundamentales (por todas, SSTC 78/1997,

de 21 de abril, FJ 4, y 83/2000, de 27 de marzo, FJ 2).

Siendo esto así, no procede que nos pronunciemos en este proceso

constitucional acerca de si la diferencia de trato que introduce en el Código

penal la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, castigando con

mayor sanción aquellos supuestos en los que las lesiones, malos tratos,

amenazas leves y coacciones leves se produzcan contra quien sea o haya sido

esposa del autor o mujer que esté o haya estado ligada a él

por una análoga relación de afectividad, resulta objetivamente

justificada y si las consecuencias jurídicas derivadas de tal diferencia

de trato normativa son o no proporcionadas a la finalidad perseguida, de

suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos, requisitos

ambos que este Tribunal viene exigiendo para que sea constitucionalmente

lícita la diferencia de tratamiento legal entre situaciones que puedan

considerarse iguales (entre otras muchas, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ

3; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6;

20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, y 200/2001,

de 4 de octubre, FJ 4).

De este modo el art. 171.4 CP (que castiga como delito las amenazas leves

cuando sean cometidas contra quien sea o haya sido esposa del autor o mujer

que esté o haya estado ligada a él por análoga relación

de afectividad, mientras que las amenazas leves cometidas por la mujer contra

el hombre en idéntica situación se castigan como falta, de

conformidad con el art. 620 CP) no puede constituirse en objeto del presente

recurso de amparo a través de la impugnación de las Sentencias

que lo han aplicado, condenando al recurrente como autor del delito tipificado

por el mismo.

Ello es así, en efecto, porque, de un lado, la tesis que se sostiene

en la demanda de amparo en cuanto a que el plus de protección penal

respecto de la mujer que comporta el art. 171.4 CP se basa en una teórica

situación de mayor vulnerabilidad, que ha de quedar acreditada en

el proceso (lo que no acontece en el presente caso, a juicio del recurrente),

constituye una cuestión de mera legalidad (apreciación de

la concurrencia de los requisitos exigibles para la aplicación del

tipo penal), por completo ajena al contenido del derecho fundamental a la

igualdad ante la ley.

Y, de otro lado, porque en el asunto analizado no existe siquiera un trato

diferenciado que las Sentencias impugnadas hayan dispensado al recurrente

al condenarle como autor del delito de amenazas leves previsto y penado

por el art. 171.4 CP, como acaso podría haber ocurrido en el supuesto

de que se hubieran enjuiciado en el proceso penal amenazas mutuas, por lo

que no cabe hablar de lesión real y efectiva del derecho a la igualdad

ante la ley y a no sufrir discriminación del recurrente en amparo.

Por todo lo expuesto, la Sección

A C U E R D A

La inadmisión de la demanda de amparo por su carencia manifiesta

de contenido que justifique una decisión sobre su fondo [art. 50.1

3. LOTC] y el archivo de las actuaciones.

Madrid, a doce de septiembre de dos mil siete.