ATC 183/2007, 12 de Marzo de 2007

Por escrito que fue presentado en este Tribunal el 2 de septiembre de

2004, se interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de 15 de junio

de 2004 de la Sección Décima de la Audiencia Provincial Madrid,

recaída en recurso de apelación núm. 273-2003, interpuesto

contra Sentencia de 22 de octubre de 2002 del Juzgado de Primera Instancia

núm. 1 de Majadahonda.

Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis,

los siguientes:

1. La Asociación de propietarios de chalets y parcelas de Molino

   de la Hoz (a partir de ahora la Asociación) instó, contra

   el recurrente en amparo y su conyuge y a través de procedimiento

   monitorio, reclamación de deuda documentada por el impago de los

   recibos de gastos generales dejados de satisfacer desde septiembre de 1999

   a julio de 2001. Correspondió su conocimiento al Juzgado de Primera

   Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda, planteándose

   por los demandados oposición al procedimiento, fundada —según

   se deduce de la Sentencia— en que el 24 de agosto de 1999 habían

   enviado una carta a la Asociación donde se comunicaba su decisión

   de cesar el pago de las cuotas.

2. En dicha carta, los demandantes esgrimen sus argumentos para justificar

   el impago de las cuotas. En primer término, afirman que nunca fueron

   miembros de la Asociación actora, si bien habían venido pagando

   voluntariamente las cuotas, en la creencia de que se empleaban, exclusivamente,

   en la conservación de los elementos comunes de la urbanización,

   que no eran susceptibles de individualización. Explican que su decisión

   de cesar en el pago de las cuotas se debe a que, a su juicio, lo recaudado

   por la Asociación se empleaba principalmente en un club social —que

   consideran elemento no común—; en una línea de transporte

   privado de la Urbanización —que consideran innecesaria—;

   y en otras tareas como asfaltado o recogida de podas —que entienden

   debería hacer el Ayuntamiento—, así como a festejos

   de la Urbanización —también claramente innecesarios,

   a juicio de los entonces demandados—.

   Se manifiestan partidarios de la creación de una Entidad urbanística

   colaboradora de mantenimiento como vía mas adecuada para integrar

   a todos los propietarios y hacerse cargo de la gestión de los elementos

   comunes de la urbanización. No obstante, admiten la posibilidad de

   que, mientras se crea esa entidad colaboradora, sea la Asociación

   la que se haga cargo de tal gestión y conservación. En ese

   contexto, afirman que ellos sí contribuirían a los gastos

   de los elementos comunes, siempre que en el seno de la Asociación

   se elabore un presupuesto riguroso que abarque solo y exclusivamente esos

   gastos.

3. En Sentencia de 22 de octubre de 2002, el Juzgado de Primera Instancia

   e Instrucción número 1 de Majadahonda, estimó parcialmente

   la demanda interpuesta por la Asociación y condenó, al hoy

   demandante de amparo y su cónyuge, a pagar la deuda pendiente con

   la Asociación, si bien sólo en la medida en que esa deuda

   respondiera a gastos afectos a elementos comunes de la urbanización.

   Ordena entonces deducir de la deuda reclamada la parte proporcional correspondiente

   a los gastos del club social, transporte privado y festejos, pues los considera

   elementos no comunes.

   El órgano judicial considera probado que entre los fines de la Asociación

   se halla la conservación de los elementos comunes de la urbanización,

   pero igualmente considera probado que la Asociación, con sus cuotas,

   hace frente a otros gastos sociales afectos a elementos no comunes (el club

   social, el transporte privado y los festejos). No considera probados otros

   gastos sociales no afectos a elementos comunes. Sobre dicha base declara,

   por un lado, que los demandados están obligados a contribuir a los

   gastos comunes de la urbanización, con fundamento en los arts. 392

   y ss del Código Civil —normas generales de Comunidad de bienes—,

   sin que la no pertenencia a la Asociación les exima del cumplimiento

   de sus obligaciones en su condición de titulares del inmueble sito

   en la urbanización y, en segundo lugar, que los demandados no pueden

   ser obligados a ser socios de la Asociación, pues ello sería

   contrario a la libertad de asociación del art.22 CE. Consecuencia

   de esto último, es que no pueden ser obligados a sufragar gastos

   sociales no afectos a elementos comunes.

4. La Asociación recurrió en apelación ante la Audiencia

   Provincial de Madrid (rec. de apelación núm. 273-2003) la

   Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.

   1 de Majadahonda, alegando error en la apreciación y valoración

   de la prueba, pues, a juicio de la Asociación demandante, el servicio

   de transporte, el club social y los festejos, sí son elementos comunes.

5. El 15 de junio de 2004, la Sala Décima de la Audiencia Provincial

   de Madrid, dicta sentencia estimatoria y condena a los demandados al pago

   del total de la deuda reclamada por la Asociación demandante.

   La Sentencia confirma parcialmente lo dictado en instancia: uno, la obligación

   de los demandados de contribuir a los gastos comunes de la urbanización,

   sin que la no pertenencia a la misma les exima del cumplimiento de sus obligaciones

   en su condición de titulares del inmueble sito en la urbanización;

   dos, los demandados no pueden ser obligados a ser socios de la Asociación,

   por ser ello contrario a la libertad de asociación del art.22 CE

   y, en consecuencia, no están vinculados a los gastos sociales no

   afectos a elementos comunes.

   Sin embargo, en contra del órgano de instancia, el órgano

   de apelación no cree que haya sido probado por el entonces demandado

   el carácter de elementos no comunes del club social, los festejos

   y el transporte privado. En consecuencia, considera que la parte demandada

   no ha acreditado, como le correspondería —conforme al art.

   217.3 LEC—, que las cuotas reclamadas por la parte actora se destinan —siquiera

   parcialmente— al sostenimiento de elementos no comunes a los propietarios

   de la urbanización. A juicio del órgano judicial, los demandados

   se han limitando a afirmar la existencia de gastos que consideran no obligatorios

   para los propietarios y designar algunos, sin aportar mayor justificación

   que sus propias manifestaciones.

En la demanda de amparo, el recurrente imputa a la última resolución

judicial vulneración de la libertad de asociación (art. 22

CE), por obligarle al pago de cuotas de una Asociación a la que no

pertenece, de la que no es socio. También le imputa vulneración

de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en la medida en

que le atribuye la carga de la prueba, a saber, exigiéndole demostrar

que la deuda reclamada no se destinaba en su totalidad a gastos afectos

a elementos comunes. A juicio del demandante de amparo, la carga de la prueba

correspondería a la propia Asociación reclamante, es decir,

de la parte actora que alegó la pretensión, no a él,

entonces demandado. Aduce también falta de motivación suficiente

de la resolución impugnada.

Por providencia de 28 de marzo de 2006 este Tribunal abrió el

trámite previsto en el apartado 3 del art. 50 LOTC, concediendo al

solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días

para que formularan, con las aportaciones documentales que procedieran,

las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia

manifiesta de contenido constitucional de la demanda —art. 50.1.c)

LOTC—.

Por escrito de 19 de abril de 2006, el Procurador de los Tribunales

don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación

de don Paulino García Díez, presenta las alegaciones pertinentes.

Contrariamente a lo ocurrido en la demanda de amparo, cuya queja es fundamentalmente

la vulneración del art. 24 CE, las alegaciones posteriores se centran

más en la presunta vulneración de la libertad de asociación

(art. 22 CE). En todo caso, las alegaciones giran en torno a los mismos

argumentos que la demanda original.

Por su parte, el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión

del recurso de amparo por falta manifiesta de contenido constitucional (art.

50.1.c) LOTC), pues, a su juicio, la Resolución impugnada explicita

con claridad las razones en las que se fundamenta y que le llevan a exigir

al demandante de amparo los pagos de los que le había liberado la

Sentencia de instancia.

El demandante de amparo pretende que este Tribunal anule la Sentencia

el 15 de junio de 2004 de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condena

al pago del total de la deuda reclamada por la Asociación de propietarios

de chalets y parcelas Molino de la Hoz, urbanización en la que tiene

un chalet en propiedad la parte actora. Imputa a dicha resolución

judicial vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

y de la libertad de asociación (art. 22 CE).

Centrándonos primero en la queja relativa a la libertad de asociación,

el demandante aduce que la resolución judicial impugnada vulnera

el art. 22 CE por obligarle al pago de la totalidad de la cantidad reclamada

por la Asociación, cuando lo cierto es que tal cantidad tiene su

causa en las cuotas de la susodicha, a la que no pertenece y de la que no

es socio. A juicio de la parte recurrente, el derecho de asociación

del art. 22.1 de la Constitución incluye también la manifestación

o vertiente negativa de tal derecho fundamental como derecho a no asociarse.

Ciertamente, este Tribunal ya ha afirmado que el derecho de asociación

reconocido a todos en el art. 22 de la Constitución comprende no

sólo el derecho a asociarse, sino también, en su faceta negativa,

el derecho a no asociarse (SSTC 5/1981, 45/1982 y 67/1985). Por otra parte,

no hay duda de que, por su forma de constitución e inscripción

y por su objeto social, tal y como se define en los Estatutos, la Asociación

de propietarios de chalets y parcelas Molino de la Hoz, es una entidad asociativa

stricto sensu, a la que alcanza por entero el art. 22 de la Constitución.

Ello significa, no sólo que la parte actora tiene derecho -derivado

de ese precepto constitucional- a no pertenecer a la mencionada Asociación,

sino también que, por tratarse de un derecho fundamental de carácter

irrenunciable, cualquier cláusula obligacional que lo desconozca

es nula y carece de eficacia por infracción del art. 22 de la Constitución

(art. 1.255 del Código Civil). En efecto, tal derecho fundamental

no puede quedar condicionado o impedido por cargas reales o personales de

ningún tipo, sin perjuicio, claro está, de las consecuencias

que en el ámbito meramente contractual pueda tener la libre decisión

personal de integrarse o no en una determinada Asociación, o la de

dejar de pertenecer a ella.

Pero también hemos afirmado (STC 183/1989 de 3 de noviembre), que

una cosa es la obligación contractual de darse de alta y de permanecer

en una asociación y otra muy distinta la de asumir ciertas cargas

económicas en favor de una Asociación constituida, se pertenezca

o no a ella. Es del todo claro que esta última obligación,

ninguna relación guarda con el derecho constitucional de asociación,

pues es sólo una obligación civil constituida entre personas

distintas, que no trae causa ni depende de la existencia de un vínculo

asociativo entre las mismas. En consecuencia, el derecho de la parte demandante

a no pertenecer a la Asociación de propietarios de chalets y parcelas

Molino de la Hoz, no le exime del cumplimiento de las obligaciones contractuales

de naturaleza patrimonial que hubiera asumido con dicha Asociación,

en su condición de titular de un inmueble sito en la urbanización,

siempre que tal cumplimiento no implique la pertenencia o integración

en la misma como socios (STC 183/1989 de 3 de noviembre, FJ 3). En definitiva,

la vulneración alegada no se puede pues acoger, pues la deuda reclamada

no tiene su causa y justificación en su pertenencia a la Asociación,

sino en su condición de titular de un inmueble sito en la urbanización,

obligación de la que no quedan eximidos por la no pertenencia a la

Asociación.

Alega igualmente vulneración de la tutela judicial efectiva (art.

24 CE) por falta de motivación suficiente de la resolución

impugnada, error en la valoración de la prueba y en la adjudicación

de la carga de la prueba. Mientras el órgano de instancia estimó parcialmente

la demanda interpuesta por la Asociación y condenó al hoy

demandante de amparo y su cónyuge a pagar la deuda pendiente con

la misma, si bien, deduciendo de la deuda la parte proporcional correspondiente

a los gastos del club social, transporte privado y festejos; el órgano

de apelación estimó que no se había probado por el

entonces demandado —conforme al art. 217.3 Ley de enjuiciamiento civil— el

carácter de elementos no comunes del club social, los festejos y

el transporte privado. El recurrente en amparo aduce que la carga de la

prueba de que parte del pago reclamado corresponde a gastos afectos a elementos

comunes de la urbanización no era suya, sino de la propia Asociación

reclamante, es decir, de la parte actora que alegó la pretensión.

En realidad, en el presente caso nos encontramos ante una discrepancia

con la valoración de la prueba realizada por el órgano judicial,

debiéndose reiterar, una vez más, la carencia de competencia

del Tribunal Constitucional para proceder a una nueva valoración

de los hechos, conforme a lo dispuesto en los arts. 117 CE y 44.1 b) LOTC

(STC 8/2003, de 20 de enero, FJ 9), no correspondiéndole la revisión

de la valoración del material probatorio efectuada por los Tribunales

ordinarios, sino sólo llevar a cabo una supervisión externa

de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con

el relato fáctico resultante, pues, en rigor, la función de

este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino ese

control externo del razonamiento lógico seguido para llegar hasta él

(así, SSTC 131/2003, de 30 de junio, FJ 7; 122/2003, de 17 de junio,

FJ 4; y 97/2003, de 2 de junio, FJ 16).

En este sentido, hay que añadir que la queja del recurrente no pone

de manifiesto una real falta de motivación de la decisión

judicial impugnada sino su disconformidad con el criterio de la Sentencia

recurrida, en relación con a quien le corresponde la carga de la

prueba en este proceso civil. Lo cierto es que dicho criterio fue adoptado

por el órgano judicial de manera razonada y no manifiestamente errónea

o arbitraria, en el ejercicio de la competencia que sólo a él

corresponde (art. 117 CE) y que no puede ser cuestionado por este Tribunal

que, como venimos señalando de manera reiterada, no constituye una

tercera instancia revisora o casacional del grado de acierto de las resoluciones

judiciales, ni puede indicar la interpretación que haya de darse

a la legalidad ordinaria (por todas, SSTC 165/1999, de 27 de enero, FJ 6;

198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 170/2202, de 30 de septiembre, FJ 17). En

efecto, a juicio del órgano de apelación el supuesto encaja

en el apartado 3 del art. 217 LEC, que invierte la regla general de la carga

de la prueba en el derecho de obligaciones y establece que corresponde al

demandado probar los hechos que enerven la eficacia jurídica de los

constitutivos de la demanda. Para la Sala, si el demandado sostenía

no ser integrante de la Asociación pero admitía su obligación

en relación con los gastos destinados a elementos comunes, debería

haber demostrado que las cuotas se destinaban, si bien parcialmente, a gastos

de elementos no comunes de la urbanización que no tenían que

soportar los propietarios no socios. Al no haber alegado el demandado más

prueba que sus propias manifestaciones, el órgano judicial estima

que no ha desvirtuado los alegatos de la parte actora.

Así las cosas, desde la consideración del derecho fundamental

a la tutela judicial efectiva, debemos concluir que la demandante de amparo

ha obtenido una respuesta que satisface dicho derecho, por más que

haya sido contrario a sus pretensiones. Este Tribunal, ya ha afirmado en

muchas ocasiones, que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

no garantiza un pronunciamiento acorde con las pretensiones de la parte,

sino una resolución fundada en Derecho (SSTC 10/2000, de 17 de enero,

FJ 2; 88/ 2004, de 10 de mayo, FJ 5) y que la simple discrepancia con la

interpretación razonada que de la legalidad ordinaria realizan los

Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial, no tiene cabida en

el marco objetivo del recurso de amparo, por no implicar dicha discrepancia,

por si sola, la vulneración de ningún derecho fundamental

(STC 44/1998, de 24 de febrero, FJ 2; AATC 208/1984 y 116/1995).

Por lo expuesto, la Sección

A C U E R D A

Inadmitir el presente recurso de amparo, por concurrir la causa prevista

en el art. 50.1.c) LOTC y el archivo de actuaciones

Madrid, a doce de marzo de dos mil siete