STC 19/1984, 10 de Febrero de 1984
| Ponente | Don Francisco Rubio Llorente |
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 1984 |
| Emisor | Tribunal Constitucional - Sala Segunda |
| ECLI | ES:TC:1984:19 |
| Número de Recurso | Recurso de Amparo nº 298/1983 |
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo promovido por la entidad mercantil «Industrias Teluq, S. A.», representada por el Procurador don José G. M. y bajo la dirección del Abogado don Alberto A. C., sobre Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Barcelona, por falta de emplazamiento personal del recurrente en el procedimiento, y en el que han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Francisco R. L..
1. El pasado 5 de mayo, el Procurador don José G. M., en nombre y representación de Industrias Teluq, S. A., interpuso recurso de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, de fecha 17 de febrero de 1982, que adquirió firmeza al haber considerado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, mediante Auto de 6 de diciembre de 1982, desistido el recurso contra ella intentado. La Sentencia impugnada vino a anular los acuerdos (de 12 de marzo y 2 de noviembre de 1979) del Ayuntamiento de Santa María por los que se concedían a la Entidad hoy recurrente licencia de obras para ampliación de su industria, sita en el Camino Viejo de Sanfeloní.
La demanda de amparo pide que se declare la anulación de la Sentencia contra la que se dirige, retrotrayendo las actuaciones del recurso contencioso-administrativo al momento inmediatamente posterior al de su interposición para que se proceda a emplazar en él a «Industrias Teluq, S. A.».
Admitida a trámite la demanda por providencia de 25 de mayo de 1983 con la que se recababa de la Audiencia Territorial de Barcelona el envío de las actuaciones y el emplazamiento de cuantos hubieran sido parte, han comparecido en el recurso junto con la recurrente, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado cuyas alegaciones concurren ambas en la súplica de que se estime el recurso y se otorgue el amparo que se solicita.
2. Los hechos en los que se origina el presente recurso son los siguientes:
Previa la complementación de la totalidad de los trámites administrativos, la Entidad hoy recurrente obtuvo del Ayuntamiento de Santa María , en 12 de marzo de 1979, el permiso de obra para la ampliación de sus instalaciones. Abonados los derechos correspondientes, se procedió a la ejecución de las obras autorizadas.
Sin conocimiento alguno, según se afirma, de la Entidad mercantil beneficiaria de la licencia, el acuerdo municipal por el que ésta se concedía fue recurrido en reposición por doña Carmen P. P.. Denegada la reposición, de cuya existencia tampoco se dio conocimiento a «Industrias Teluq, S. A.», la señora P. P. promovió recurso contencioso-administrativo concluido por la Sentencia que ahora se impugna. La interposición del recurso fue anunciada en el «Boletín Oficial de la Provincia», pero no notificada directamente a la Entidad beneficiaria de la licencia concedida en el acuerdo contra el que dicho recurso se dirigía. Esta Entidad tuvo conocimiento de tal recurso sólo una vez firme la Sentencia, al recibir un escrito del Ayuntamiento de Santa María , de 6 de abril de 1983, mediante el que se ponía en su conocimiento el acuerdo de dicho Ayuntamiento de dar cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona.
3. Entiende la recurrente que la Sentencia impugnada viola los derechos que la Constitución le confiere, especialmente el derecho a la igualdad (art. 14 de la C.E.) y el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales... sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (art. 24.1 de la C.E.). Dicha Sentencia, en efecto, que anula un acuerdo administrativo del que resultaban para ella derechos concretos, ha sido dictada en un procedimiento en el que, no habiendo sido emplazada personalmente, no ha tenido oportunidad alguna de defenderse y ello aunque era palmario, como resultaba del examen del procedimiento administrativo, la existencia de un derecho en su favor que la facultaba para comparecer como codemandado en el recurso contencioso-administrativo. Cita a este respecto las Sentencias de este Tribunal de 31 de marzo de 1981 y 20 de octubre de 1982, con cuya doctrina considera incompatible la actuación de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en este caso.
El Ministerio Fiscal concurre, como antes se señala, en la petición de amparo, indicando que la Sentencia impugnada infringe el art. 24.1 de la C.E., pues la interpretación conforme con la Constitución del art. 64 de la L.J.C.A. obliga a emplazar personalmente a los titulares de derechos o incluso de intereses legítimos que deriven del acto atacado en el recurso contencioso-administrativo, cuando en el expediente administrativo previo aparezcan suficientemente identificados, circunstancias todas ellas que concurren sin duda en el presente caso. Cita la doctrina de este Tribunal en las Sentencias de 31 de marzo de 1981 y 20 de octubre de 1982; 23 de marzo de 1983 y 31 de mayo de 1983.
En el mismo sentido se manifiesta la Abogacía del Estado, precisando que el presente recurso ha de entenderse interpuesto al amparo del art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); que la falta de notificación a la hoy recurrente del recurso de reposición contra el acuerdo municipal carece de trascendencia a los efectos del presente recurso y que no se percibe cual pueda ser la violación del principio de igualdad que señala la recurrente, aunque sí es clara la vulneración del derecho a la defensa de los derechos e intereses legítimos, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal en las Sentencias que mencionan, coincidentes con las señaladas por el Ministerio Fiscal.
4. Mediante providencia del pasado 11 de enero, se señaló para deliberación y votación del presente recurso el día primero de febrero, quedando concluida la misma el siguiente día 8.
Unico. La narración de los hechos establecida por la recurrente y no contradicha por ninguno de los comparecidos en el recurso, evidencia que, derivándose para ella la titularidad de un derecho del acuerdo municipal impugnado en la vía contencioso-administrativa, la existencia de esta impugnación no le fue notificada de manera personal y directa, por lo que no pudo comparecer en el momento oportuno en el correspondiente recurso para hacer en él la defensa de su derecho.
De acuerdo con la doctrina establecida en nuestra Sentencia 9/1981, de 31 de marzo; 63/1982, de 20 de julio; 22/1983, de 23 de marzo, y 48/1983, de 24 de mayo, que es innecesario reiterar, la Sentencia que concluye un proceso así seguido vulnera el derecho constitucional a defenderse ante los órganos del Poder Judicial de quien, pudiendo y debiendo haber sido emplazo personalmente, no lo fue.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia:
1.° Declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona el 17 de febrero de 1982, señalada con el núm. 107 en el recurso contencioso-administrativo núm. 37/1980 y anular igualmente todas las actuaciones seguidas en dicho recurso a partir del momento de su interposición.
2.° Declarar el derecho de la recurrente a ser emplazada directa y personalmente para comparecer en dicho recurso en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
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