ATC 34/1990, 25 de Enero de 1990
| Fecha de Resolución | 25 de Enero de 1990 |
| Emisor | Tribunal Constitucional - Pleno |
| ECLI | ES:TC:1990:34A |
| Número de Recurso | 2573/1989 |
Extracto:
Suspensión de la ejecución del acto que origina el amparo: Sentencia contencioso-administrativa: procedencia limitada. Elecciones: mandamiento judicial de convocatoria de nuevas elecciones.
Preámbulo:
El Pleno del Tribunal Constitucional, en su reunión del día de hoy, y en el asunto de referencia, ha acordado dictar el siguienteAUTO
Antecedentes:
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En la providencia de admisión de 23 de diciembre de 1989 referida al recurso de amparo 2573/89 se acordó abrir pieza separada de suspensión. Abierta ésta, por providencia de la misma fecha la Sección Primera acordó oír al recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días sobre la suspensión solicitada. En providencia de 16 de enero de 1990 la Sección Primera del Pleno acordó oír sobre la suspensión por plazo común de tres días a los Procuradores doña Isabel Cañedo Vega, y don Luis Alfaro Rodríguez, cada uno en la representación que ostenta, cn cuya virtud fueron tenidos por personados y parte a estos efectos.
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La representación de los demandantes de amparo había solicitado por otrosí de la demanda la suspensión fundándola en los siguientes términos. Este Tribunal ha concedido la suspensión siempre que de lo contrario se hubiese seguido la pérdida de la finalidad del amparo, pero también ha otorgado la llamada «suspensión facultativa» (ATC 36/1985) valorando todos los intereses en presencia. En la Sentencia impugnada hay dos pronunciamientos: uno el de la nulidad de la proclamación de electos, y otro el de nueva convocatoria. Pues bien: los recurrentes contraen su petición de suspensión sólo al segundo de ellos, pues sólo respecto a él se dan las circunstancias que justifican la suspensión y que consisten en que la ejecución ocasionaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, mientras que de la suspensión no se sigue perjuicio grave, siendo así, por el contrario, que la suspensión sí que evita perjuicios de muy difícil reparación en la práctica.
En el trámite abierto al respecto el Fiscal entiende que procede otorgar la suspensión que se solicita y se remite a las razones expuestas en relación con la misma Sentencia, allí y aquí impugnada, en el RA 2552/89.
En el mismo trámite el recurrente ratifica su petición y resume así reproduciéndolos literalmente los fundamentos aducidos al respecto en su demanda.
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En el trámite abierto por la providencia de 16 de enero la Procuradora doña Isabel Cañedo Vega, en representación de la coalición electoral Izquierda Unida y de don Pedro Antonio Ríos Martínez por escrito de 19 de enero de 1990 se opone a la suspensión solicitada. Entiende que no puede contemplarse una suspensión parcial, porque suspender la convocatoria sin producir la restitución de los diputados electos sería contradictorio. Por otra parte es evidente que la suspensión no es necesaria, porque dada la preferencia que se debe otorgar a este asunto y los plazos legales, es obvio que la resolución de este recurso se producirá antes de que se agote el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones.
El Procurador don Luis Alfaro Rodríguez en representación de la candidatura electoral del Partido Popular, por escrito de 19 de enero, expone y fundamenta su oposición a la suspensión solicitada. Sostiene que la suspensión «está contemplada para los actos de los poderes públicos, concepto éste en el que es ciertamente difícil encajar una sentencia». Entiende que sólo en «casos muy excepcionales» ha accedido el Tribunal a la suspensión, y ello teniendo en cuenta los intereses en presencia y no sólo los de los recurrentes. En todo caso hay que otorgar la presunción de legalidad a la Sentencia impugnada. «La suspensión de la Sentencia traería como consecuencia la actuación como diputados con carácter transitorio de los proclamados electos» con lo cual se asumiría un riesgo ciertamente grave para el caso de que no prospere el amparo. Lo cierto es que «la Región de Murcia no se encuentra representada en el Congreso», y esta carencia no se puede cubrir transitoriamente. Por todo ello «se hace necesario salir de esta situación a la máxima brevedad» para que se celebren las nuevas elecciones y pueda así «el pueblo de Murcia» tener sus legítimos representantes.
Fundamentos:
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Aunque no están formalmente acumulados los recursos 2552/89 y 2583/89 es conveniente utilizar en este Auto las alegaciones formuladas en ambos ya que en uno y otro se pide la suspensión de un mismo acto de los poderes públicos (en ambos casos la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 1 de diciembre de 1989), las partes son en ambos recursos las mismas (aunque cambie en alguna de ellas el título con el que comparecen en uno y otro proceso) y o bien se remiten en las alegaciones de un recurso a las formuladas en el otro, como hace el Ministerio Fiscal o la representación del PSOE, o presentan escritos idénticos en ambos recursos, como hacen los representantes de Izquierda Unida y del Partido Popular.
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La suspensión que se pide es la del pronunciamiento de la Sentencia impugnada referido a la convocatoria de nuevas elecciones en la circunscripción de Murcia para el Congreso de los Diputados. Así lo suplica y defiende sin duda la representación del PSOE en ambos casos; así hay que entenderlo en la demanda del RA 2552/89 puesto que sólo eso es lo expresamente argumentado y en ningún momento la representación del CDS y de don José Ramón Lasuén da a entender explícitamente sus argumentos en favor de la suspensión de la declaración de nulidad de la proclamación de diputados electos, y finalmente así lo han entendido el Ministerio Fiscal y la representación de Izquierda Unida. Restringida la petición de suspensión al mandamiento de convocar nuevas elecciones en el plazo de tres meses, pierden su sentido dialéctico los argumentos formulados por la representación del Partido Popular en su oposición a la suspensión, en cuanto que tratan de poner de relieve las grandes perturbaciones que se producirían con la recuperación de sus credenciales por los proclamados electos en el caso de que el amparo no prosperase, recuperación provisional que nadie ha pedido.
La petición de la suspensión así delimitada y su eventual concesión no implican, como arguye la representación de Izquierda Unida, ninguna contradicción, antes bien se trata de dos pronunciamientos separables y respecto a los cuales cabe pedir y en su caso conceder cosas diferentes. Es perfectamente lógico aislar el problema de la convocatoria dentro de plazo de nuevas elecciones, con independencia de que se haya o no solicitado la suspensión o la nulidad de lo ejecutado acerca de la nulidad de la proclamación; y no es innecesaria la petición tal como ha sido formulada y acotada, porque aun siendo este Tribunal consciente, como afirman las representaciones de Izquierda Unida y del Partido Popular, de la absoluta preferencia de estos recursos de amparo y del interés público en que la actual situación de cierta provisionalidad del resultado electoral se prolongue lo menos posible, no es imposible que las Sentencias que deben resolver los correspondientes recursos de amparo se dieran en fecha acaso posterior a la de la forzosa convocatoria electoral, y aun sin llegar a ese extremo puede parecer prudente a los recurrentes formular la petición que han postulado en evitación de agobios y de incertidumbre no convenientes.
Centrada así la petición de suspensión, y habida cuenta de que en modo alguno es ni contradictoria, ni innecesaria, procede ahora examinar si concurren razones suficientes para acordar o no la suspensión, bien entendido que cualquier pronunciamiento sobre lo que aquí se pide y resuelve no implica en modo alguno una anticipación del sentido de la futura resolución sobre el fondo; advertencia que este Tribunal incluye en muchos de sus Autos de suspensión, y que es tanto más oportuna en éste si tomamos en consideración la natural expectación suscitada por los recursos de amparo interpuestos contra la Sentencia de 1 de diciembre de 1989.
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Los recurrentes piden que declaremos nula la declaración judicial de nulidad de las elecciones celebradas en Murcia y, por lo mismo, piden que no se convoquen y celebren las elecciones que la Sentencia impugnada ordena convocar. Es este petitum de las demandas de amparo el que hemos de examinar si perdería su finalidad en el caso de que ahora denegáramos la suspensión y después se produjera una Sentencia estimatoria del amparo. Es claro que tal pérdida no se produciría si este Tribunal pronunciara su Sentencia sobre el fondo antes de agotado el plazo para convocar, y aun ello sólo en la hipótesis de que el Gobierno no convocara elecciones antes de que transcurriera íntegro el plazo de los tres meses fijado en la Sentencia. Pero ni podemos asegurar que la fecha de tal futura Sentencia vaya a ser con certeza anterior a la de agotamiento del plazo, ni jurídicamente es imposible la convocatoria anterior al transcurso de los tres meses. Ello nos obliga a plantearnos la hipótesis de si el amparo así acotado perdería su finalidad en el caso de que se dieran conjuntamente las dos posibilidades antes apuntadas, esto es, la denegación de la suspensión, y después el otorgamiento del amparo. Es innegable que si se convocaran y celebraran nuevas elecciones y después se concediera el amparo, se habrían producido daños o irreparables o de muy difícil reparación en la práctica. En primer lugar porque la nueva elección habría producido un resultado electoral expresivo de la voluntad popular en una consulta en principio arreglada a Derecho, pero que podría entrar en colisión con el resultado de la primera elección (la del 29 de octubre de 1989), válida en la hipótesis de una Sentencia estimatoria. En segundo término, porque los partidos contendientes, sus candidatos (fueran o no las mismas personas que lo fueron en octubre de 1989) y, sobre todo, los electores se verían obligados a celebrar unas elecciones atípicas, anómalas y sometidas a la incertidumbre de si su resultado valdría o no, provisionalidad que se vería despejada en uno u otro sentido solamente con nuestra Sentencia sobre el fondo. Este Tribunal, para otorgar la suspensión de una resolución impugnada ha tenido en cuenta no sólo la absoluta imposibilidad o pérdida del amparo solicitado, sino con mucha frecuencia la gravedad de los perjuicios derivados de la no suspensión en relación con el amparo impetrado. El respeto a la voluntad del pueblo soberano expresada en unas elecciones y asimismo el respeto a los derechos fundamentales ejercidos en una contienda electoral (derechos que serían tanto los del art. 23.2 como los del número primero del mismo artículo) obliga a no poner en riesgo la convocatoria, campaña y votación de unas elecciones en hipótesis innecesarias, pues siempre en hipótesis y sin cálculo alguno de probabilidades, cabe una Sentencia estimatoria del amparo.
Por otra parte es cierto que a pesar de todo ello una interpretación estricta del artículo 56 LOTC podría inducirnos a denegar la suspensión si de su concesión se siguieran perjuicios graves para el interés público, pero tales daños no se perciben, o al menos no con la misma entidad que los hasta aquí puestos de manifiesto. Es verdad que la presunción de legalidad, como dice la representación del Partido Popular, otorgable a la Sentencia, y el interés general en su cumplimiento conducen en principio a ver la suspensión en sí misma como un inconveniente, por lo que no es bueno que se retrase el cumplimiento de aquélla. Pero frente a tales efectos no deseables se presentan como más graves las perturbaciones derivadas de una convocatoria, unas elecciones y un resultado electoral en sí mismos envueltos en un manto de incertidumbre, de provisionalidad y de posible precariedad. La prudencia (y no la previsión o el cálculo de probabilidades del resultado sobre el fondo) conduce a que nos inclinemos en favor de la suspensión, esto es, en el lado de la mejor defensa de los intereses generales y de las menores perturbaciones.
En relación con los efectos de nuestra resolución conviene precisar que la suspensión de la convocatoria de elecciones y del plazo correspondiente debe ser entendida como interrupción del transcurso de tal plazo desde la fecha de este Auto hasta, en su caso, la de la Sentencia que ponga fin al recurso de amparo 2573/89, de tal manera que se reanudará el cómputo del plazo a partir de la fecha de la Sentencia, si ha lugar a ello. Todo lo cual es compatible con el máximo celo que este Tribunal está poniendo en que la tramitación y el fallo de este proceso constitucional se lleven a cabo dentro del más breve plazo posible.
Fallo:
En atención a todo lo expuesto el Pleno acuerda conceder la suspensión de la Sentencia de 1 de diciembre de 1989 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia exclusivamente en lo que concierne al transcurso del plazo de tres meses («...para que se vuelvan a convocar en el plazo de tres meses») plazo que queda interrumpido desde la fecha de este Auto hasta, en su caso, la de la Sentencia que ponga fin al presente recurso.Madrid, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa.
