ATC 139/2011, 3 de Noviembre de 2011
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2011 |
| Emisor | Tribunal Constitucional - Sala Primera |
| ECLI | ES:TC:2011:139A |
| Número de Recurso | 5879-2011 |
AUTO ANTECEDENTES
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Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de octubre de 2011, la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero, en nombre y representación de la formación política Coalición Anticapitalista por la provincia de Valladolid interpuso recurso de amparo electoral contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid de 24 de octubre de 2011 y frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Valladolid de 28 de octubre de 2011, por la que se desestimó el recurso contencioso-electoral planteado frente a la mencionada resolución.
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Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:
La formación política Coalición Anticapitalista por la provincia de Valladolid interpuso recurso contencioso-electoral contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid de 24 de octubre de 2011 ("Boletín Oficial del Estado" de 25 de octubre), por la que se denegó la proclamación de las candidaturas de dicha coalición al Congreso de los Diputados y el Senado por la provincia Valladolid en las elecciones generales a celebrar el 20 de noviembre de 2011, al no haber cumplido dicho partido, que no obtuvo representación parlamentaria en las anteriores elecciones generales, el requisito establecido en el art. 169.3 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, -haber conseguido la firma de al menos el 0,1 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que el partido pretenda presentarse, en este caso la circunscripción de Valladolid-. La coalición acreditó 218 avales válidos (de los 250 presentados), frente a los 434 exigibles.
Interpuesto recurso contencioso-electoral frente a dicha resolución, fue desestimado por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Valladolid (procedimiento electoral núm. 3-2011) de 28 de octubre de 2011. Razonaba el órgano judicial en la Sentencia que la coalición demandante pretende plantear un recurso indirecto de inconstitucionalidad contra el art. 169.3 LOREG, pretensión que considera por completo ajena al objeto del recurso contencioso-electoral.
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Alega la formación política recurrente que las resoluciones impugnadas vulneran el pluralismo político (art. 1.1 CE) que expresan los partidos políticos (art. 6 CE), en relación con el derecho de asociación (art. 22 CE) y el derecho de participación política (art. 23.2 CE), y el mandato a los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan la participación política (art. 9.2 CE). La coalición recurrente argumenta que el requisito del art. 169.3 LOREG atenta contra la soberanía popular, y destruye la esencia democrática y el pluralismo político, al establecer un control preventivo de la voluntad popular que impide que puedan concurrir a un proceso electoral opciones ideológicas minoritarias. Además, aduce que la norma introduce un distinto tratamiento a los partidos que es desproporcionado y carece de justificación, ya que el referido requisito no se exige a los partidos con representación parlamentaria.
Aduce también la vulneración del derecho que consagra el art. 18.1 CE, argumentando que el requisito del art. 169.3 LOREG atenta contra el derecho a la intimidad de los avalistas, pues para avalar una candidatura se han de facilitar datos personales (nombre y apellidos, documento nacional de identidad y circunscripción electoral en la que se esté censado).
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El objeto de la presente resolución es determinar si la no proclamación de la candidatura del partido recurrente al no haberse adjuntado los avales exigidos por el art. 169.3 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG), en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, ha vulnerado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) y el derecho a la intimidad (art. 18 CE).
Para un adecuado examen de las alegaciones aducidas este recurso de amparo debe señalarse que las invocaciones al valor superior del pluralismo político (art. 1.1 CE), que expresan los partidos políticos (art. 6 CE), y el mandato de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden la participación política, aunque no son derechos susceptibles de amparo constitucional, dados los términos en los que han sido alegados en la demanda amparo, deben reconducirse al parámetro de control dispensado por la invocación del derecho fundamental previsto en el art. 23.2 CE. A la misma conclusión debe llegarse respecto de la alegación relativa al derecho de asociación (art. 22 CE).
Por otra parte, también debe señalarse que, aunque la demanda se dirige formalmente contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de no proclamación de la candidatura del partido recurrente y contra la resolución judicial que la ha confirmado, lo que se cuestiona es si el requisito legal impuesto por el art. 169.3 LOREG para la presentación de candidaturas por partidos políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación parlamentaria en la anterior convocatoria electoral resulta lesivo o no de los referidos derechos fundamentales, que es el real objeto de este recurso de amparo, con las limitaciones propias que impone este procedimiento.
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La cuestión de la eventual inconstitucionalidad de esta exigencia de avales ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal en STC 163/2011, de 2 de noviembre. En dicha Sentencia, se recuerdan las líneas esenciales de la doctrina constitucional sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), en el que se incluye el derecho a presentar candidaturas y a presentarse como candidato en las diversas convocatorias electorales si se cumplen los requisitos legalmente establecidos al efecto. Así, se pone de manifiesto que es un derecho que confiere al legislador un amplio margen para configurar el sistema electoral, con las limitaciones que imponen, por un lado, que el ejercicio de ese derecho se apliquen a todos los ciudadanos por igual, sin obstáculos para que se concurra en idénticas condiciones legales ni diferencias injustificadas o irrazonables en la aplicación de las condiciones legales, y, por otro, que se respete el contenido sustantivo propio que impone el concepto constitucional de representación política (FJ 3). En virtud de ello, se incide en la Sentencia en que, con independencia de que la exigencia de avales no esté expresamente prevista en la Constitución, su eventual contradicción con el art. 23.2 CE sólo dependerá de que se hayan sobrepasado las limitaciones impuestas al legislador respecto de su carácter no discriminatorio o contrario al principio de representación política, no convirtiendo este requisito en arbitrario el hecho de que el legislador no haya explicado de manera suficiente las razones de su decisión legislativa, lo que sólo puede concluirse de su contraste con el texto constitucional (FJ 4).
Igualmente, también se destaca en el fundamento jurídico 5 de la mencionada Sentencia que este Tribunal ha reiterado que la libertad de presentación de candidaturas por los partidos no es absoluta, pudiendo ser limitada por el legislador en atención a valores y bienes constitucionales protegidos, por lo que lo relevante para determinar la constitucionalidad de la exigencia de avales controvertida, como requisito limitativo a la presentación de candidaturas, es si tiene o no un fundamento constitucional que la justifique. A esos efectos, se recuerda que la exigencia de avales ni es inédita en los ordenamientos de países de nuestro entorno, ni tampoco en nuestro propio ordenamiento, en que se establece para las elecciones al Parlamento Europeo la necesidad de que los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores presenten la firma de 15.000 electores o la firma de cincuenta cargos electos (arts. 220.3 y 4 LOREG) y también en relación con las agrupaciones de electores, a las que se exige para las elección al Congreso de los Diputados y al Senado en el mismo art. 169.3 LOREG un porcentaje de firmas del 1 por 100, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión de 9 de mayo de 1994, caso J.A. Serqueda c. España, no consideró contrario al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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A partir de todo lo expuesto, en la citada STC 163/2011, de 2 de noviembre, este Tribunal ha concluido que la necesidad de obtención de avales establecida en el art. 169.3 LOREG no vulnera el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), ya que "constituye una limitación objetiva no carente de fundamento constitucional, pues obedece a la consecución de un valor o bien constitucionalmente protegido, como es el de la racionalización y perfeccionamiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, a través del cual se articula la representación política, cuyo adecuado funcionamiento puede verse efectivamente afectado por la excesiva proliferación de candidaturas carentes, por las razones que fueran, de respaldo o arraigo en el cuerpo electoral" (FJ 6). Del mismo modo, se señala que "el requisito establecido en el art. 169.3 LOREG, además de atender a la racionalización y perfeccionamiento del procedimiento electoral en lo que se refiere a los recursos públicos destinados a su celebración y a la complejidad de su organización, también podría favorecer la clarificación de la oferta electoral, mediante la exclusión de aquellas candidaturas que, en el momento de su presentación, no sean capaces de acreditar, con la firma de los electores, un mínimo respaldo o arraigo en la circunscripción en la que pretenden presentarse. Asimismo cabe pensar que el requisito en cuestión podría evitar la dispersión del voto entre opciones partidarias que son expresión de una misma orientación o corriente ideológica, al facilitar, mediante la referida exclusión de candidaturas que no alcancen ese mínimo arraigo en el cuerpo electoral, que las opciones partidarias con respaldo suficiente que sean expresión de orientaciones o corrientes ideológicas minoritarias puedan superar la barrera electoral que permite obtener representación parlamentaria (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5), lo que contribuye a preservar el valor constitucional del pluralismo político (art. 1.1 CE), del que los partidos políticos son expresión principalísima" (FJ 6).
Igualmente, este Tribunal ha expuesto en dicha Sentencia que la situación de desigualdad por limitar la exigencia de avales a los partidos que no hubieran obtenido en la anterior convocatoria electoral representación parlamentaria "no está desprovista desde la perspectiva del art. 23.2 CE de una justificación objetiva y razonable, ya que la obtención de representación parlamentaria en la última convocatoria electoral acredita que los partidos políticos que la han alcanzado gozan o, al menos, han gozado, de un respaldo o arraigo en el cuerpo electoral con ocasión de la celebración de un proceso electoral del que carecen los partidos políticos que, habiéndose presentado al mismo proceso electoral, no han tenido representación y que se desconoce que tengan o puedan tener aquellos partidos políticos que no han concurrido a la anterior convocatoria electoral. Entre unos partidos políticos y otros existe, por tanto, un elemento diferenciador (haber obtenido o no representación en cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales) que, en atención a las finalidades legítimas a las que sirve el requisito del art. 169.3 LOREG, constituye una justificación objetiva y razonable del distinto trato que el legislador dispensa a uno y a otros en relación con dicho requisito" (FJ 7).
Además, también en dicha Sentencia este Tribunal ha descartado que este requisito legal de obtención de avales del 0,1 por 100 pueda ser considerado desproporcionado puesto en relación tanto con la exigencia del 1 por 100 de avales a las agrupaciones electorales para presentar candidaturas en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado (art. 169.3 LOREG) y en las elecciones municipales (art. 187.3 LOREG) como con la exigencia de 15.000 firmas a los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores para la presentación de candidaturas en las elecciones al Parlamento Europeo (art. 214 LOREG). Del mismo modo se descarta que concurra desproporción alguna de esta exigencia de avales puesta en relación con el plazo concedido por las juntas electorales, de conformidad con lo dispuesto en la instrucción 7/2011, de 15 de septiembre de la Junta Electoral Central, relativa al procedimiento de acreditación de firmas de apoyo de candidaturas, que se extiende desde la convocatoria electoral correspondiente hasta la finalización del plazo de presentación de candidaturas (apartado quinto) (FJ 7).
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Por último debe señalarse que la mencionada STC 163/2011, de 2 de noviembre, FJ 8, también se pronuncia sobre la eventual incidencia que tendría la exigencia de avales en el derecho a la intimidad de los avalistas o en su derecho a no declarar sobre su ideología y pone de manifiesto que, conforme a reiterada doctrina constitucional, entre los aspectos básicos de la vida privada protegidos por la intimidad, a la ideología y creencias, no se encuentran los datos referentes a la participación en la vida política, por ser una actividad cuya propia naturaleza se desarrolla en la esfera pública, con excepción del derecho de sufragio activo, dado el carácter secreto del voto (por todas, STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21).
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En atención a lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente recurso de amparo, tal como se ha expuesto más detalladamente en los antecedentes, se impugna el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra de no proclamar la candidatura de la coalición recurrente (y la Sentencia que confirmó su adecuación a Derecho), con fundamento en el incumplimiento de la exigencia de aportación de avales prevista en el art. 169.3 LOREG, y que dicho precepto no puede ser considerado lesivo de los arts. 18.1 y 23.2 CE, procede inadmitir la presente demanda de amparo electoral por inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo que, de acuerdo con el art. 43.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), es requisito para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela. En consecuencia, el presente recurso incurre en el supuesto de inadmisión previsto en el art. 50.1 a) en relación con el art. 43.1, ambos de la LOTC.
En virtud de todo lo expuesto, la Sala Primera del Tribunal Constitucional
Inadmitir el presente recurso de amparo.
Madrid, a tres de noviembre de dos mil once.
