ATC 210/2007, 16 de Abril de 2007

Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal

el 20 de mayo de 2005 la Procuradora doña ángeles Beatriz álvarez

Esteban, en nombre y representación de don José Cardador Santos,

asistido por el Letrado José Ferrándiz Ferrer, interpuso recurso

de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de marzo de 2005 dictada

en el recurso de suplicación núm. 560-2005, por considerar

que vulnera el derecho fundamental a una Sentencia motivada protegido por

el art. 24.1 CE.

Los hechos en que se fundamenta la pretensión de amparo son,

en síntesis, los siguientes:

1. Don José Cardador Santos interpuso demanda en reclamación

   de cantidad contra la empresa Flejes Industriales, S.A., y el Fogasa, que

   fue turnada al Juzgado de lo Social núm. 7 de Alicante, que incoó los

   autos núm. 492-2004 y dictó Sentencia el 22 de noviembre de

   2004 estimando en parte la demanda, condenando a la patronal demandada,

   por el accidente laboral acaecido el 16 de mayo de 2002, a satisfacer en

   concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma de

   34.719,00 euros, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial.

2. Dicha Sentencia fue recurrida en suplicación tanto por el trabajador

   como por la empresa condenada, siendo estimado el recurso de esta última

   por Sentencia de 22 de marzo de 2005 de la Sala de lo Social del Tribunal

   Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con la consiguiente desestimación

   de la demanda y absolución de la empresa. Sin realizar cambios en

   los hechos probados, que fueron aceptados por la empresa al no proponer

   su revisión, alcanza la conclusión de que el accidente de

   trabajo se produjo "por descuido del trabajador”, por lo que,

   al no haber la empresa infringido ninguna norma, no tiene ninguna responsabilidad.

   En concreto declara:

   recurre la empresa y alega infracción del art. 42 LPRL, sobre

   prevención de riesgos laborales y seguridad genérica en el

   trabajo y siendo además de aplicación los arts. 1902 y 1101

   CC, pero como además consta que el accidente se produjo cuando el

   actor, oficial de 1ª con antigüedad desde 14 de febrero de 1977,

   jefe de la línea de tubos, fue trasladado unos días antes

   a la línea de corte de bobinas de planchas de acero y el 16 de mayo

   de 2002 uno de los flejes de los rollos, que estaba mal colocado por el

   mismo, se salió y le golpeó el brazo izquierdo, produciéndole

   heridas, con resultado de anulación funcional de mano izquierda,

   sin que existiese infracción de medidas de seguridad por la empresa,

   pues esta Sala revocó el recargo del 30 % previamente, ni siquiera

   imprudencia de ningún tipo, sino que el accidente se produjo por

   descuido del trabajador, que no colocó bien el fleje, y que no debió colocarse

   debajo del fleje, por lo que no se ha infringido ninguna norma y ninguna

   responsabilidad incumbe a la empresa y se estima el motivo y el recurso

   y se revoca la Sentencia, esta Sala 25-3-03 y 4-5-04

La demanda de amparo de don José Cargador Santos denuncia la

vulneración del derecho fundamental a una Sentencia motivada protegido

por el art. 24 CE, así como la vulneración del derecho a la

integridad física del art. 15 CE.

Considera, en primer lugar, vulnerado el derecho a una tutela judicial

efectiva por parte de la Sentencia impugnada por irrazonabilidad e infracción

del deber de motivar las Sentencias. En concreto señala que la fundamentación

jurídica de la Sentencia de suplicación contiene una contradicción

interna entre los hechos probados y la fundamentación jurídica,

pues se argumenta que el accidente se produjo por la propia acción

del trabajador, en concreto “por descuido del trabajador”, lo

que se compadece mal con los hechos probados de los que se extrae claramente

que la falta de una adecuada formación por parte de la empresa fue

la única causa eficiente del accidente.

Del mismo modo se alega la vulneración del derecho a integridad

física (art. 15 CE) porque el accidente de trabajo se produjo como

consecuencia de la infracción por parte de la empresa del deber de

formar e informar a los trabajadores, siendo el deber de protección

de la integridad física una obligación empresarial.

Por providencia de 28 de septiembre de 2006 de la Sección Tercera

de este Tribunal se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal

un plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones

que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta

de contenido constitucional de la demanda —arts. 50.1 c)—.

Por escrito registrado el 23 de octubre 2006 se formularon alegaciones

por parte del demandante de amparo, reiterando, en esencia, las alegaciones

ya formuladas en la demanda.

El 26 de octubre 2006 el Ministerio Fiscal registró escrito interesando

la inadmisión de la demanda de amparo por falta de contenido constitucional

y falta de invocación previa.

En relación con el derecho contenido en el art. 15 CE considera

que existe la causa de inadmisión de falta de invocación previa

en la vía judicial, y que, además, la queja se construye sobre

la desestimación de su pretensión y su entendimiento de lo

acaecido, que, sin embargo, ha sido desautorizado por la Sentencia que se

cuestiona. En todo caso considera que no ha sido vulnerado, pues la obligación

del deber de formar e informar a los trabajadores que tiene la empresa y

que impone el art. 19 ET y la LPRL como medio de garantizar la seguridad

e integridad física del trabajador, y que constituye uno de los elementos

que permite tutelar en el ámbito de las relaciones laborales el derecho

fundamental aludido, ha sido correctamente cumplido en la Sentencia impugnada,

pues “la indemnización a que fue condenada la empresa por el

Juzgado de lo Social núm. 7 reparaba dentro de lo posible el daño

causado, erigiéndose en la única satisfacción que puede

recibir el trabajador una vez que la empresa con su negligente actuación

le ha ocasionado la pérdida funcional de un miembro principal”.

En relación con la vulneración del derecho a motivar, que

también se considera infringido, considera que tampoco presenta contenido

constitucional. Antes de abordar la queja el Ministerio Público expone

que, a juicio del demandante de amparo, se habría vulnerado el procedimiento

lógico deductivo inherente a la motivación de las sentencias

por la contradicción existente entre los hechos probados y la fundamentación

jurídica, pues en la fundamentación jurídica de la

Sentencia cuestionada se argumenta que el accidente se produjo por la propia

acción del trabajador, en concreto “por descuido del trabajador,

quien no colocó bien el fleje, y que no debió colocarse debajo

del mismo, por lo que no se ha infringido ninguna norma y ninguna responsabilidad

incumbe a la empresa”, y dicha fundamentación no se compadece

con los hechos probados, de los que se extrae claramente que una falta de

adecuada formación por parte de la empresa constituyó la única

causa eficiente del accidente. En concreto, según el demandante de

amparo, han de tomarse en consideración los siguientes extremos;

que consta que en contra de su voluntad fuera trasladado a otro puesto de

trabajo cuyos cometidos no guardan paralelismo alguno con el suyo; que no

recibe por parte de la empresa ningún tipo de formación o

información de riesgos y peligros del nuevo puesto; que es en la

segunda o tercera jornada de trabajo cuando sufre un grave accidente que

no es debido al efecto alguno del propio fleje; que tras dicho accidente

es cuando la empresa empieza interesarse por formar a los trabajadores en

materia preventiva; que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.

2 de Alicante dictó Sentencia firme por la que, como consecuencia

de dicho accidente, se sancionó la empresa por falta de medidas de

seguridad. Todo ello constituye un relato fáctico del que no puede

colegirse que el accidente se produjo por descuido del trabajador. Ello

es así, argumenta, puesto que, si un trabajador no ha recibido la

necesaria e imprescindible formación para su nuevo puesto de trabajo,

el hecho de que sufra un accidente de trabajo en su segundo o tercer día

es causado lógicamente por la falta de formación e inexperiencia

en dicha labor, y no por un mero descuido, además la determinación

de la causa eficiente que provoca el accidente es una cuestión fáctica

que ya fue establecida en la Sentencia del Juzgado de lo social 7 de Alicante

y que no ha sido cuestionada en suplicación por el cauce de la revisión

de los hechos probados, por lo que dicha circunstancia fáctica no

puede ser modificada de oficio por el órgano judicial al resolver

el recurso de suplicación.

Pero el Ministerio Fiscal, tras reproducir el razonamiento de la Sentencia

de instancia estimando parcialmente la demanda, así como el fundamento

jurídico segundo de la dictada en suplicación por la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,

y recordar la doctrina constitucional sobre el derecho a una resolución

judicial motivada, concluye que no es la resolución impugnada arbitraria

ni irrazonable. Reconoce que el fundamento de derecho segundo de la Sentencia

cuestionada contiene ciertos defectos de redacción, tal vez debidos

a omisiones u errores de transcripción; así al principio,

cuando, tras recoger la alegación empresarial, seguidamente formula

de modo adversativo la causa del accidente, que ninguna contraposición

supone a lo anteriormente expuesto; o al final, cuando se añade tras

la decisión de revocación “esta Sala 25-3-03 y 4-5-04”,

lo que tal vez pudiera referirse a que tal sea el criterio de la Sala plasmado

en anteriores sentencias. Pero precisa que, además de que ello no

le merece reproche alguno al demandante, que no tilda de oscura e incompleta

a la resolución, sino que por el contrario le imputa una contradicción

entre lo acreditado y la fundamentación jurídica sobre cuya

comprensión nada aduce, ello no significa que la resolución

incurra en contradicción, arbitrariedad o irrazonabilidad, ni modifique

la causa eficiente que provocó el accidente. Considera que en ambas

resoluciones se parte de que el accidente se produjo porque uno de los flejes

se soltó porque había sido mal centrado por el ahora demandante,

y así figura como hecho probado, pero la de instancia considera que

hubo responsabilidad empresarial por no haber dado al trabajador formación

específica y información de los cometidos del nuevo trabajo,

pese al potencial lesivo resultante del mal centrado de los ejes de atadura,

mientras que, por el contrario, la Sentencia que se cuestiona, partiendo

de la no infracción de medidas de seguridad de la empresa en el concreto

accidente de que se trataba, como ya había resuelto en Sentencia

anterior, considera que no hubo imprudencia de ningún tipo por parte

empresarial y que aquel accidente había sido producido por una actuación

descuidada del propio trabajador.

No existiría contradicción alguna entre el factor acreditado

y la fundamentación jurídica, sino una distinta subsunción

jurídica de los hechos acreditados que se mantienen inalterados,

pues, mientras que para la Sentencia de instancia ciertos datos fácticos

acreditados constituían elementos a tener en cuenta a la hora de

analizar la responsabilidad empresarial, para la Sentencia de suplicación

eran otros los datos fácticos acreditados que debían ser tenidos

en cuenta y ello en modo alguno comporta la queja que se esgrime, dado que

la revisión de las subsunciones jurídicas efectuadas por las

sentencias de instancia es acorde con la naturaleza de las sentencias que

resuelven los recursos, y esa era la pretensión esgrimida por la

contraparte en el proceso.

La demanda denuncia la vulneración del derecho a la integridad

física del art. 15 CE, así como la del derecho a la tutela

judicial efectiva en su vertiente de motivación reconocido por el

art. 24.1 CE. Ambas vulneraciones se habrían producido como consecuencia

de una contradicción entre los hechos declarados probados y la fundamentación

jurídica que imputa el accidente de trabajo acaecido a un descuido

del trabajador, en lugar de reconocer, como se infiere de los hechos probados

según el demandante de amparo, que se produjo como consecuencia de

la infracción empresarial del deber de informar y formar a los trabajadores.

El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que no se produce ninguna

de las vulneraciones aducidas.

En primer lugar debe descartarse desde el inicio el examen de la vulneración

del derecho a la integridad física que se dice vulnerado (art. 15

CE), por cuanto no consta su invocación en la vía previa y

su fundamentación carece de los mínimos requisitos exigidos

para tal fin.

En efecto, además de que no consta la invocación en la vía

judicial previa de este concreto derecho fundamental, lo que sería

suficiente para inadmitir la queja [art. 50.1 a) LOTC], la demanda de amparo

se limita a considerar vulnerado dicho derecho con los mismos argumentos

que esgrime en relación con la otra vulneración denunciada

e imputando la supuesta infracción del art. 15 CE al hecho de que

el órgano judicial no considerara que el accidente fue consecuencia

de la infracción de las medidas a las que está obligado el

empleador. Con ello, en realidad, se limita a realizar una alegación

genérica desprovista de toda fundamentación jurídica

y sustento constitucional alguno, incumpliendo los requisitos mínimos

exigidos por el art. 49 LOTC y sin concretar en qué modo se ha vulnerado

el derecho y nuestra doctrina constitucional interpretándolo en este

concreto caso. Carga toda ella del recurrente, pues, como reiteradísimas

veces hemos afirmado, es al mismo a quien le corresponde proporcionar la

fundamentación que razonablemente es de esperar, habida cuenta de

que al Tribunal Constitucional no le corresponde reconstruir de oficio las

demandas ni suplir las razones de la parte cuando éstas no se aportan

en su recurso (por todas, STC 196/2006, de 3 de julio, FJ 3 y 16/2007, de

12 de febrero, FJ 1).

Y tampoco cabe acoger la segunda queja esgrimida por la demanda de amparo,

pues, como acertadamente pone de relieve el Ministerio Fiscal, pese a la

falta de claridad de la Sentencia recurrida, lo cierto es que no puede decirse

que incurra en la arbitrariedad o irrazonabilidad denunciada por el recurrente,

al no existir contradicción entre los hechos declarados probados

y la fundamentación jurídica, sino diferente valoración

y subsunción de los hechos en la norma jurídica.

El análisis de la cuestión exige recordar de modo previo

varios extremos. Así, el hecho de que la Sentencia de instancia contenga,

entre otros aducidos por el trabajador, los siguientes hechos probados,

que tampoco han sido modificados por la Sentencia de suplicación

impugnada:

Segundo. En contra de la voluntad del señor Cardador Santos,

por órdenes expresas […] fue trasladado de su puesto de trabajo

en la línea de tubos a un puesto de trabajo en la línea de

corte núm. 1 […].

Tercero. Don José Cardador Santos desde 1977 a 1989 se encargaba

del horno, y sólo excepcionalmente ayudaba en la línea de

corte núm. 1 […].

Quinto. El accidente se produce en la madrugada del día 16 de mayo

de 2002, al segundo o tercer día de cambio de puesto de trabajo,

en concreto a las 00. 30 horas cuando el trabajador realizaba turno de noche

se había procedido al corte de una bobina en rollos de

10 cm de anchura y se habían colocado los ejes en los distintos rollos

resultantes. Se habían trasladado también los rollos al madrino

auxiliar o brazo articulado y el trabajador demandante procedía a

efectuar el giro del brazo articulado a su posición inicial, y cuando

realizaba esta operación uno de los ejes de uno de los rollos se

salió, debido a que se encontraba mal centrado, quedando, por tanto,

el rollo suelto y al recuperar la elasticidad el extremo del mismo produjo

un efecto de disparo hacia arriba volteando en este movimiento en el brazo

izquierdo del trabajador, quien lo había elevado de gesto de autoprotección

del rostro, sufriendo lesiones […].

Noveno. Es un hecho no controvertido que el fleje se desprendió,

salió o se separó, dejando suelta la lámina de acero

que sujetaba, porque se encontraba mal colocado un mal centrado sobre la

superficie de 10 cm de ancho de la lámina del rollo, esto es, no

se trato ni de una rotura ni de un aflojamiento del fleje

Décimo. En materia de formación antes del accidente de trabajo

que nos ocupa, la empresa sólo acredita, en relación con una

plantilla de 82 trabajadores, una jornada de dos horas de formación

de primeros auxilios a la que asistieron siete personas (17 de abril de

2002) y una jornada (18 de enero de 2002), asimismo de dos horas de duración

sobre trabajos de altura, a la que concurrieron dos personas. El día

de autos la operación de centrar los flejes era realizada por detrás

por el operario accidentado, ayudando al Jefe de Máquinas Sr. Ais

Fernández que colocaba los flejes por delante; en cada jornada de

trabajo se generan o producen alrededor de cinco rollos

La Sentencia de instancia razona la estimación parcial de la demanda

en su fundamento de derecho cuarto del siguiente modo:

si tenemos en cuenta que el trabajador fue cambiado de puesto de

trabajo uno o dos días antes del evento dañoso, pese a su

oposición, que carecía de experiencia en el desempeño

de los cometidos propios del mismo, que ninguna semejanza o paralelismo

guardan con los propios del puesto de trabajo que venía desempeñando

desde 1989 en las líneas de fabricación de tubos Bonak, que

previamente a ello no recibió formación específica

ni información alguna al respecto, pese al potencial lesivo resultante

de un mal centrado de los ejes de atadura, operación de centrado

que acababa de realizar el día de autos, y que la lesión le

sobrevino al estar mal centrado uno de dichos flejes soltándose el

rollo al recuperar su elasticidad que le golpeó en el brazo izquierdo,

tenemos que la ausencia de específica formación se erigió en

la causa adecuada y eficiente del siniestro […]

.

Por su parte la Sentencia ahora impugnada, dictada en suplicación

por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, contiene el siguiente fundamento jurídico segundo:

recurre la empresa y alega infracción del art. 42 LPRL, sobre

prevención de riesgos laborales y seguridad genérica en el

trabajo y siendo además de aplicación los arts. 1902 y 1101

CC, pero como además consta que el accidente se produjo cuando el

actor, oficial de 1ª con antigüedad desde 14 de febrero de 1977,

jefe de la línea de tubos, fue trasladado unos días antes

a la línea de corte de bobinas de planchas de acero y el 16 de mayo

de 2002 uno de los flejes de los rollos, que estaba mal colocado por el

mismo, se salió y le golpeó el brazo izquierdo, produciéndole

heridas, con resultado de anulación funcional de mano izquierda,

sin que existiese infracción de medidas de seguridad por la empresa,

pues está Sala revocó el recargo del 30 % previamente, ni

siquiera imprudencia de ningún tipo, sino que el accidente se produjo

por descuido del trabajador, que no colocó bien el fleje, y que no

debió colocarse debajo del fleje, por lo que no se ha infringido

ninguna norma y ninguna responsabilidad incumbe a la empresa y se estima

el motivo y el recurso y se revoca la Sentencia, esta Sala 25-3-03 y 4-5-04

.

Excluida la concurrencia de la vulneración aducida por la actora,

debemos determinar a continuación si la decisión cuestionada

vulnera o no el art. 24.1 CE por carecer de una motivación suficiente

que permita conocer los criterios jurídicos sobre los que se basa.

El problema sería de motivación, pues, como establecieron,

entre otras, las SSTC 218/1992, de 1 de diciembre, FJ 4; 48/1993, de 8 de

febrero, FJ 5; 54/2000, de 28 de febrero, FJ 3; 261/2000, de 30 de octubre,

FJ 5; 42/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 29/2005, de 14 de febrero, FJ 4; 42/2005,

de 28 de febrero, FJ 4, o 69/2006, de 13 de marzo, FJ 2, la quiebra de concordancia

lógica entre los fundamentos de derecho o entre éstos y el

fallo de una resolución judicial, que sea entonces internamente contradictoria,

ocasiona un defecto de motivación y no de congruencia.

Así centrado el problema, debemos recordar que es doctrina reiterada

de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado

en el art. 24.1 CE comprende el derecho de los litigantes a obtener de los

Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho

sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso,

que puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se

aprecia razonadamente por el órgano judicial (por todas, SSTC 206/1999,

de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2, y 116/2001, de

21 de mayo, FJ 4).

En relación, más concretamente, con el requisito de la motivación

de las resoluciones judiciales recordábamos en la STC 118/2006, de

24 de abril, que el mismo “halla su fundamento en la necesidad de

conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y

de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos

judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite

contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa,

en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho

de defensa por parte de los justiciables, quienes sólo así pueden

conocer los criterios jurídicos en los que se fundamente la decisión

judicial, al mismo tiempo que actúa también como elemento

preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción

(STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4)”. Por lo demás la

exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales

no impone un razonamiento exhaustivo sobre todos los aspectos y perspectivas

suscitadas por las partes, pero sí requiere que se explicite su ratio

decidendi de tal forma que, pese a la parquedad o concentración del

razonamiento, se conozcan los motivos que justifican la decisión.

Finalmente también tenemos dicho que la suficiencia de la motivación

no puede determinarse apriorísticamente con criterios generales,

sino que ha de apreciarse en cada caso a la vista de las circunstancias

concurrentes (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3, y, 13/2000,

de 29 de mayo, FJ 4).

Proyectada la doctrina al caso ahora enjuiciado puede afirmarse que,

ciertamente, la Sentencia impugnada no es un ejemplo de corrección

gramatical e incurre en ciertas imprecisiones, pero de ella se infiere la

ratio decidendi y los razonamientos utilizados no pueden calificarse de

arbitrarios, entendidos como un actuar judicial sin razones formales ni

materiales y que resulta de una simple expresión de la voluntad (STC

51/1982, de 19 de julio, FJ 3; STC 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4),

ni puede calificarse de irrazonable, en el sentido de incursa en quiebras

lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden

considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (STC 214/1999, de

29 de noviembre, FJ 4; 164/2002, 17 de septiembre, FJ 4).

El conjunto de la queja se centra en entender que se ha vulnerado el procedimiento

lógico deductivo inherente a la motivación de las sentencias

por la contradicción existente entre los hechos probados y la fundamentación

jurídica, pues en la fundamentación jurídica de la

Sentencia cuestionada se argumenta que el accidente se produjo por la propia

acción del trabajador, en concreto “por descuido del trabajador,

quien no colocó bien el fleje, y que no debió colocarse debajo

del mismo, por lo que no se ha infringido ninguna norma y ninguna responsabilidad

incumbe a la empresa” y dicha fundamentación no se compadece

con los hechos probados, de los cuales se extrae claramente que una falta

de adecuada formación por parte de la empresa constituyó la única

causa eficiente del accidente. En concreto, según el demandante de

amparo, porque consta que en contra de su voluntad fue trasladado a otro

puesto de trabajo cuyos cometidos no guardaban paralelismo alguno con el

suyo, que no recibió ningún tipo de formación o información

de riesgos y peligros del nuevo puesto, que es a los dos días cuando

sufre el accidente que no es debido a defecto alguno del propio fleje, y

que sólo tras dicho accidente es cuando la empresa empieza interesarse

por formar a los trabajadores en materia preventiva, lo que impide entender

de modo lógico que el accidente se produjera por un descuido del

trabajador.

Pero, aun siendo cierto que no se modificaron los hechos probados, también

lo es que en ninguna de las Sentencias se ha modificado la causa eficiente

que provocó el accidente. En ambas resoluciones se parte de que el

accidente se produjo porque uno de los flejes se soltó porque había

sido mal centrado por el ahora demandante y así figura como hecho

probado —“uno de los rollos se salió, debido a que se

encontraba mal centrado” (HP 5º), “el fleje se desprendió,

salió o se separó, dejando suelta la lámina de acero

que sujetaba, porque se encontraba mal colocado un mal centrado sobre la

superficie de 10 cm de ancho de la lámina del rollo, esto es, no

se trató ni de una rotura ni de un aflojamiento del fleje” (HP

9º)—.

La Sentencia de instancia considera que hubo responsabilidad empresarial

por no haber dado al trabajador formación específica e información

de los cometidos del nuevo trabajo, pese al potencial lesivo resultante

del mal centrado de los ejes de atadura. La Sentencia de suplicación,

por el contrario, examina el problema teniendo en cuenta datos de la realidad

ya acaecidos, a modo de motivación por remisión (por todas,

308/2006, de 23 de octubre, FJ 6), en concreto, la inexistencia de infracción

de medidas de seguridad de la empresa en el concreto accidente de que se

trataba, cuestión ésta que la Sala había ya resuelto

en Sentencia anterior, y consideró que no hubo imprudencia de ningún

tipo por parte empresarial y que aquel accidente había sido producido

por una actuación descuidada del propio trabajador.

No existiría contradicción alguna entre los hechos acreditados

y la fundamentación jurídica, sino, como precisa el Ministerio

Público, una distinta subsunción jurídica de los hechos

acreditados que se mantienen inalterados, pues, mientras que para la Sentencia

de instancia ciertos datos fácticos acreditados constituían

elementos a tener en cuenta, a la hora de analizar la responsabilidad empresarial,

para la Sentencia de suplicación eran otros los datos fácticos,

también acreditados, los que debían ser tenidos en cuenta

y ello en modo alguno comporta la queja que se esgrime, dado que la revisión

de la subsunción jurídica efectuada por la Sentencia de instancia

es acorde con la naturaleza de la Sentencia que resuelve los recursos, y

esa era, precisamente, la pretensión esgrimida por la contraparte

en el proceso. La falta de calificación como accidente laboral, en

consecuencia, se presenta en el caso ahora enjuiciado como una simple discrepancia

con la interpretación razonada que de la legalidad ordinaria realizan

los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial, y, como hemos

reiterado, no tiene cabida en el marco objetivo del recurso de amparo, por

no implicar dicha discrepancia, por sí sola, la vulneración

de ningún derecho fundamental (STC 44/1998, de 24 de febrero, FJ

2; AATC 208/1984, 116/1995).

Por todo lo cual, la Sala

A C U E R D A

La inadmisión de la demanda de amparo presentada por don J.C..

Madrid, a dieciséis de abril de dos mil siete.