ATC 180/2007, 12 de Marzo de 2007

Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional

el día 4 de diciembre de 2003 el Procurador de los Tribunales don

Felipe de Juanas Blanco, en nombre y representación de don José Miguel

Gutiérrez Parera, formuló demanda de amparo contra la Sentencia

de la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de

Madrid de 30 de octubre de 2003, dictada en el rollo de apelación

335-2003, en el marco de un juicio de faltas seguido por lesiones.

La demanda de amparo trae causa de los siguientes hechos:

1. Con fecha 25 de junio de 2003 el Juzgado de Instrucción núm.

   14 de Madrid dictó Sentencia en el juicio de faltas núm. 189-2003,

   por la que se condenaba a don Edison Alfredo Rodríguez Tacuri y a

   don Luis Alfredo Rodríguez Tacuri como autores responsables de una

   falta contra el orden público del art. 634 del Código Penal,

   extendiéndose dicho pronunciamiento condenatorio respecto de este último

   también por una falta de lesiones del art. 617 del mismo texto legal.

   En la misma resolución se absolvía a los agentes de la Policía

   Municipal núm. 7402.0 y 7514.0 de la falta de lesiones que también

   se les imputaba.

   En la declaración de hechos probados se refleja que “el día

   8 de febrero del 2003 sobre las 21 horas cuando se encontraban los agentes

   de la Policía Municipal núm. 7402.0 y 7514.0 en la c/ Robles

   de esta villa, intentando identificar a los ocupantes de un vehículo

   en el que viajaban Edison Alfredo Rodríguez Tacuri y Luis Alfredo

   Rodríguez Tacuri, estos se negaron a identificarse, así como

   también Luis Alfredo golpeó al primero de los agentes citados

   causándole lesiones para cuya curación sólo precisó una

   primera asistencia. No ha quedado acreditado que los funcionarios policiales

   agredieron o amenazaron a Luis Alfredo o Edison Alfredo”.

   El Juzgado justificaba su decisión en el fundamento de derecho primero

   de su Sentencia en que le había ofrecido mas credibilidad frente

   a los otros implicados la declaración de los agentes, “coincidente

   con lo narrado en el atestado” y “refrendada por los dos testigos

   que comparecieron en el acto de la vista”.

2. Frente a la referida Sentencia se interpuso recurso de apelación

   por la representación legal de los dos condenados, interesando su

   absolución y la condena del funcionario policial núm. 7402.0

   por una falta de lesiones, don José Miguel Gutiérrez Parera,

   ahora demandante de amparo ante este Tribunal. La Sección Decimoséptima

   de la Audiencia Provincial de Madrid señaló celebración

   de vista en apelación, donde se oyó en declaración

   a los funcionarios policiales intervinientes. Seguidamente dictó Sentencia

   de 30 de octubre de 2003 por la que estimaba en parte el recurso presentado,

   condenando al expresado policía como autor de una falta de lesiones

   del art. 617 del Código Penal, manteniendo el fallo recurrido en

   todos los demás pronunciamientos.

   La Sentencia de apelación daba así por reproducidos los hechos

   probados de la Sentencia de instancia y añadía los siguientes: “Cuando

   el Policía Municipal con clave de identidad 7402.0 se encontraba

   en la sala de espera del Centro Asistencial del Ayuntamiento de Madrid correspondiente

   al Distrito de Vallecas, custodiando a Luis Alfredo Rodríguez Tacuri,

   propinó a este un puñetazo en la nariz, que le produjo una

   herida contusa con hematoma en el tabique nasal”.

   En contra de la valoración del Juez de Instrucción la Sala

   razonaba en el fundamento de derecho tercero de su resolución que, “examinando

   el informe de primera asistencia médica prestada a Luis Alfredo Rodríguez

   Tacuri se advierte que, junto con lesiones que pueden obedecer a hechos

   involuntarios (un exceso de presión de los grilletes) o a la violencia

   proporcionada a la necesidad de vencer la resistencia de un detenido (contusión

   con hematoma en muslo izquierdo), se deja constancia de otra —contusión

   con hematoma en tabique nasal— que, sin necesidad de especiales conocimientos

   médicos, no es compatible con la autolesión que describe el

   policía municipal (ni en el acto del juicio ni en sus manifestaciones

   en la vista del recurso de apelación) y sí con un puñetazo

   como el que refiere el lesionado”.

El recurrente atribuye la lesión del derecho a un proceso con

todas las garantías (art. 24.2 CE) a la Sentencia dictada por la

Audiencia Provincial, al haber corregido la valoración de la prueba

practicada en primera instancia, condenándole a él específicamente

por una falta de lesiones, llegando a tal conclusión divergente del

Juez de Instrucción sin respetar los principios de inmediación,

oralidad y contradicción, pues si bien se celebró vista en

apelación, ésta se limitó a la declaración de

los dos agentes del Cuerpo de la Policía Municipal intervinientes,

sin que el órgano judicial oyera personalmente el testimonio de los

otros dos ciudadanos implicados en el incidente ni el de los testigos comparecientes

al juicio oral, al parecer compañeros de los primeros. Como segundo

motivo se resalta en la demanda que la Sentencia del órgano de apelación

vulnera su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al

haber sido condenado como autor de la expresada falta de lesiones sin la

existencia de pruebas que pudieran considerarse “de cargo y obtenidas

con las debidas garantías”. En todo caso la Sala, además

de no haber oído en declaración a las personas antes mencionadas,

se basa para la condena en una serie de pruebas que “no tienen la

fehaciencia, énfasis o fuerza categórica” necesarias

para demostrar la autoría del recurrente. Por ello el demandante

aduce también la vulneración del derecho a un juez imparcial,

integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías (art.

24.2 CE), ya que el Tribunal, al condenarle en las expresadas circunstancias,

da la sensación que actúa movido por “una idea preconcebida” o “toma

de partido” con carácter previo.

Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia

de la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional de 26 de abril de 2005

se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección

Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid a fin de que se

remitiera a esta Sala certificación o fotocopia adverada correspondiente

al rollo de apelación núm. 335-2003.

Recibido dicho testimonio, por providencia de 23 de junio de 2005 la Sección

Tercera de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3

LOTC, acordó conceder un plazo común de diez días al

demandante de amparo y al Ministerio Fiscal para que formulen, con las aportaciones

documentales que procedan y con vista de las actuaciones recibidas en esta

Sala, las alegaciones que estimen pertinentes acerca de la concurrencia

de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) de la misma

Ley, consistente en la carencia manifiesta de contenido constitucional de

la demanda.

La presentación procesal del recurrente evacuó el trámite

de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 7 de junio

de 2005, en el que se dan por reproducidos los fundamentos de la impugnación

ya recogidos, interesándose por ello la admisión a trámite

del presente recurso de amparo.

Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día

8 de julio de 2005 el Ministerio Fiscal formuló alegaciones interesando

la inadmisión de la demanda por falta de contenido constitucional.

Así, respecto de la invocada lesión del derecho a un proceso

con todas las garantías, al no haberse respetado el principio de

inmediación, entiende que la Sala no habría incurrido en tal

tacha constitucional, pues “efectuó el correspondiente señalamiento,

practicándose nuevamente la prueba de interrogatorio de los dos policías

municipales”, “siendo precisamente el contenido de tales manifestaciones,

así como el documento en el que consta la naturaleza de la lesión,

los elementos que en la sentencia conjuntamente se valoran para llegar a

la conclusión de la autoría de la figura penal por parte del

condenado”. Como corolario de lo anterior deduce también el

Fiscal la no vulneración del derecho a la presunción de inocencia,

al existir en este caso prueba de cargo válidamente obtenida para

basar en ella la condena.

Es objeto de impugnación en este recurso de amparo la Sentencia

de la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de

Madrid de 30 de octubre de 2003, por la que se estima parcialmente el recurso

de apelación formulado contra Sentencia del Juzgado de Instrucción

núm. 14, condenando al demandante como autor de una falta de lesiones. éste

atribuye a dicha resolución judicial la vulneración del derecho

a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haber procedido

la Sala variar el fallo absolutorio anterior sin respetar en su valoración

los principios de inmediación y contradicción, así como

también de su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2

CE), ante la ausencia de prueba de cargo en que pueda sustentarse dicha

condena. Por otra parte aduce la falta de imparcialidad del órgano

judicial, que ha de analizarse asimismo dentro del derecho a un proceso

con todas las garantías (art. 24.2 CE), al entender que éste

ha actuado bajo “una idea preconcebida”.

Empezando por el primer motivo expuesto por el recurrente, debemos partir

de la doctrina constitucional iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre,

y luego reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre estas, las

recientes SSTC 24/2006, de 30 de enero y 75/2006, de 13 de marzo). Dicha

doctrina establece que el respeto a los principios de publicidad, inmediación

y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas

las garantías (art. 24.2 CE), impone inexorablemente que toda condena

se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial

haya examinado directa y personalmente en un debate público en el

que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando

la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo

de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas

para la valoración de pruebas personales de los que dependa la condena

o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración

de vista pública en la segunda instancia para que el órgano

judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo

e inmediato de dichas pruebas. Igualmente la constatación de la anterior

vulneración determina también la del derecho a la presunción

de inocencia si la eliminación de los aludidos medios de prueba indebidamente

valorados en la segunda instancia deja sin sustento el relato de los hechos

probados que soporta la declaración de culpabilidad.

A la luz de esta doctrina se aprecia que en el presente caso el Juzgado

de Instrucción núm. 14 de Madrid absolvió al recurrente

de la falta por la que también había sido acusado al “no

haber quedado acreditado que los funcionarios policiales agredieran o amenazan

a Luis Alfredo o Edison Alfredo”. La Sección Decimoséptima

de la Audiencia Provincial, por el contrario, dando por probado que el agente

7402.0, cuando se encontraba custodiando a Luis Alfredo Rodríguez

Tacuri en el Centro Asistencial, “le propinó un puñetazo

en la nariz”, condenó al mismo como autor de una falta de lesiones

del art. 617 del Código Penal. En consecuencia la Sentencia de apelación

no parte de los mismos hechos probados que la Sentencia dictada por el Juzgado

de Instrucción, cambiando la manifestación que éste

hacía en el sentido de que no se había acreditado que el funcionario

en cuestión hubiera sido protagonista de un acto de agresión

hacia el ciudadano. Para justificar este cambio la Sala celebró la

correspondiente vista en apelación, donde oyó el testimonio

de los funcionarios policiales implicados, efectuando una valoración

discrepante respecto del Juez de instancia, llegando a la convicción

de que el demandante de amparo había causado las lesiones que configuran

la expresada falta. Además el órgano de apelación aborda

una nueva valoración de la prueba documental, en particular un informe

de asistencia médica prestada a la víctima, donde se aprecia “una

contusión con hematoma en tabique nasal” “no compatible

con la autolesión”, que viene a corroborar la versión

sostenida por la Sala, habiendo afirmado este Tribunal que tal tipo de prueba

sí puede ser válidamente ponderada en segunda instancia sin

necesidad de reproducción del debate procesal, porque, dada su naturaleza,

no precisa de inmediación (por todas, STC 40/2004, de 22 de marzo,

FJ 5). Así las cosas se puede concluir que la Sentencia impugnada

no desconoció el derecho del demandante a un proceso con todas las

garantías ya que la Audiencia Provincial de Madrid condenó al

recurrente de amparo, tras revocar la Sentencia absolutoria dictada en primera

instancia y modificar el relato de hechos probados, sobre la base de una

nueva ponderación de pruebas personales practicadas en la vista de

apelación y a la vista de la documental médica unida a la

causa que se ajusta a las directrices constitucionales.

Respecto a la también alegada lesión del derecho a la

presunción de inocencia (art. 24.2 CE) conviene empezar recordando

que el carácter de un novum iudicium del recurso de apelación “conlleva

que el Juzgado ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso” en

idéntica situación que el Juez a quo, tanto por lo que respecta

a la subsunción de los hechos en la norma como para la determinación

de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo

así revisar y corregir la ponderación de la prueba llevada

a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999,

de 28 de junio, FFJJ 3 y 5). En el presente caso la convicción judicial

respecto de la culpabilidad del recurrente se ha formado por la Audiencia

Provincial, como hemos visto, sobre la base de una actividad probatoria

suficiente, es decir, por las declaraciones de los agentes de la Policía

Local corroboradas por la documental unida a la causa, que cabe lícitamente

valorar al haber sido percibidas con inmediación por el órgano

judicial. Por ello existió prueba válida de los hechos, que

tiene un indudable contenido incriminatorio de cargo, siendo así que,

además, la asociación entre esta prueba y el relato fáctico

que efectúa la resolución ahora impugnada es razonable y responde

a las reglas de la lógica y la experiencia, lo que se hace incompatible

con la afirmación del recurrente de que se ha vulnerado su derecho

a la presunción de inocencia. Mas allá de tal constatación,

no corresponde a la jurisdicción del Tribunal Constitucional atender

la pretensión de nueva valoración de la prueba, ni revisar

o sustituir a los órganos jurisdiccionales penales en la valoración

del significado y trascendencia de los distintos elementos probatorios sobre

los que se ha fundamentado la condena (entre otras muchas, SSTC 57/2002,

de 11 de marzo, FJ 2; 155/2002, de 22 de junio, FJ 7).

Por lo que se refiere al último motivo invocado por el recurrente

sobre la infracción de su derecho a un juez imparcial, como integrante

también del derecho fundamental a un proceso público con todas

las garantías (art. 24.2 CE), conviene empezar recordando que, según

doctrina de este Tribunal, la imparcialidad judicial se encuentra dirigida,

en efecto, a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero

ajeno a las partes y a los intereses en litigio, y que se someta exclusivamente

al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta obligación

de ser ajeno al litigio supone, desde la perspectiva propuesta en la demanda,

que el órgano judicial no puede asumir procesalmente funciones de

parte ni realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas

o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una

previa toma de posición anímica a su favor o en su contra

(STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2). Ahora bien, aun cuando es cierto que

en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que

está en juego es la confianza que en una sociedad democrática

los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos, no basta con que tales dudas

o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien las alega,

sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia

tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas

(SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre,

FJ 4).

Desde esta perspectiva conviene empezar afirmando que no se aporta en la

demanda dato significativo alguno del que pudiera deducirse la existencia

de una idea preconcebida por parte del órgano judicial acerca de

la culpabilidad del recurrente. Además, tras una lectura del acta

de la vista de apelación que obra unida al presente proceso constitucional,

tampoco se observa que el Magistrado designado para resolver el recurso

adoptara posiciones de auxilio a la acusación o hiciera preguntas

que no estuvieran directamente dirigidas a buscar la verdad material, sin

perjuicio de que no consta que el demandante hiciera durante el desarrollo

de dicha vista la oportuna protesta sobre la lesión que ahora invoca.

Por ello la denunciada vulneración de la imparcialidad judicial dirigida

al órgano de apelación carece también de todo soporte

desde la perspectiva constitucional, al no estar en modo alguno justificada,

no siendo en definitiva sino un argumento utilizado por el recurrente para

demostrar de nuevo su disconformidad con la valoración de prueba

practicada por la Sala.

Por lo expuesto, y de conformidad con el art. 50.1 c) de la Ley Orgánica

de este Tribunal Constitucional, la Sección

A C U E R D A

La inadmisión de la demanda de amparo y el archivo de las actuaciones.

Madrid, a doce de marzo de dos mil siete.