ATC 181/2007, 12 de Marzo de 2007

El 9 de enero de 2004 se registró en este Tribunal escrito firmado

por la representación procesal de los demandantes en cuyo nombre

interpone recurso de amparo contra la Sentencia 145/2003, de 3 de septiembre,

de la Audiencia Provincial de Logroño, que al resolver el recurso

de apelación de la acusación particular, revocó la

Sentencia absolutoria de instancia y les condenó a la pena de un

año de prisión e inhabilitación especial para el derecho

de sufragio pasivo durante ese mismo tiempo, tras considerarles autores

de un delito de estafa previsto y penado en el art. 251.1 del Código

Penal (rollo núm. 170-2003).

El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes que se resumen

en lo que concierne al objeto de la demanda:

1. Los recurrentes —dos cónyuges y su hija— comparecieron

   ante el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Logroño acusados, según

   la pretensión del Ministerio Fiscal, de haber cometido dos delitos

   de estafa de los previstos en el art. 251. 2 y 3 del Código Penal,

   pues la acusación particular consideró que los hechos imputados

   constituían un sólo delito de estafa. En síntesis,

   los acusadores aducían que conociendo la existencia de una deuda

   hipotecaria contraída con el denunciante y actuando con la finalidad

   de impedir su ejecución sobre una finca determinada y las edificaciones

   levantadas sobre la misma, lo que llevaría consigo la pérdida

   de su posesión, el Sr. Tejada Iñiguez había simulado

   un contrato de arrendamiento rústico sobre la finca con un tercero,

   el cual se aportó al proceso hipotecario para impedir que se entregara

   la posesión al ejecutante. Con esa misma intención el acusado

   habría dado instrucciones a su hija y esposa —coacusadas— para

   que formalizaran escritura pública de compraventa sobre parte de

   la finca hipotecada y, de esta forma, impedir la ejecución civil

   y mantener la posesión sobre la finca.

2. La Sentencia de instancia absolvió a los recurrentes al entender

   no acreditada más allá de toda duda razonable la coincidencia

   física entre las fincas y bienes inmuebles objeto de arrendamiento

   y compraventa y la que era objeto de ejecución hipotecaria.

3. La acusación particular recurrió en apelación.

   Su impugnación fue en parte estimada. La Sentencia de apelación

   condenó a los recurrentes, en los términos que han sido ya

   expuestos, a la pena de un año de prisión. En el relato de

   hechos probados declaró que el contrato privado de arrendamiento

   rústico que el demandante Sr. Tejada Iñiguez firmó con

   un tercero, dos meses después de que fuera presentada la demanda

   de ejecución hipotecaria, se refería en parte a la finca hipotecada

   y fue concertado con la finalidad de evitar que el ejecutante “obtuviera

   la posibilidad de ejercitar el pleno dominio, uso y disfrute de la finca

   hipotecada”, lo que se consiguió una vez fue aducido en el

   proceso dicho titulo de posesión. De igual modo se afirma que el

   contrato de compraventa firmado en escritura pública entre las demandantes

   de amparo Sras. Iñiguez Pascual y Tejada Iñiguez (madre e

   hija), lo fue sobre una finca que también coincidía en parte

   con la hipotecada, por lo que fue concertado con la finalidad palmaria de

   perjudicar a la sociedad ejecutante consiguiendo así evitar que “pudiera

   disfrutar de las propiedades adquiridas en el proceso de ejecución

   hipotecaria tras la celebración de la pública subasta”.

   Al justificar la condena por delito de estafa la Sentencia de apelación

   considera que el demandante de amparo dispuso de un bien inmueble que no

   le pertenecía en concepto de dueño ocultando al arrendatario

   la existencia de la hipoteca que pesaba sobre la misma (delito de estafa

   previsto en el art. 251.1 del Código Penal), de forma que gravó la

   finca hipotecada con un arrendamiento con ánimo de perjudicar a la

   sociedad ejecutante (FJ 3). Se entiende asimismo (FJ 4), que en el mismo

   delito habrían incurrido también las otras dos demandantes

   de amparo al concertar entre ellas contrato de compraventa sobre una finca,

   aduciendo su supuesta titularidad, cuando sabían que la finca en

   cuestión había sido adjudicada a la sociedad ejecutante en

   el proceso hipotecario.

Según se aduce en la demanda, la Sentencia impugnada habría

incurrido en la vulneración de los siguientes derechos fundamentales:

1. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público

   con todas las garantías, por infracción de los principios

   de inmediación y contradicción, por haber sido revocada en

   apelación una Sentencia absolutoria sin haber oído de nuevo

   a los acusados y los testigos. Para el recurrente esta nueva audiencia es

   una exigencia constitucional y así deriva de la doctrina sentada

   en la STC 167/2002, y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos

   Humanos que en ella se cita. El órgano de apelación habría

   valorado toda la prueba practicada en la instancia y, a partir de ella,

   ha modificado el juicio fáctico y el de culpabilidad sin respetar

   las garantías del proceso.

2. Incongruencia “extra petita” vulneradora del derecho a la

   tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías

   por cuanto, sin que en su recurso lo solicitara la acusación particular

   apelante, se ha modificado el relato de hechos probados. Según se

   afirma, la apelante únicamente promovió una distinta valoración

   jurídica de los hechos.

3. Derecho a la tutela judicial efectiva (principios de audiencia bilateral

   y contradicción) por cuanto se ha declarado la nulidad del contrato

   de compraventa de 24 de febrero de 1988, así como las subsiguientes

   inscripciones registrales —que incluyen nuevas transmisiones a terceros—,

   sin que la titular registral afectada por dicha nulidad, que no fue acusada,

   haya participado en la causa penal, por lo que perdió su derecho

   sin ser oída ni tener posibilidad de defenderse.

4. Derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto garantiza una resolución

   fundada en Derecho. Se denuncia la ausencia de motivación tanto respecto

   al cambio de calificación jurídica operado en la Sentencia

   de apelación (art. 321.1 Código Penal), en relación

   con la pretensión acusatoria (art. 321.2 y 3 Código Penal)

   como en lo relativo a la imposición a los demandantes de las costas

   de la acusación particular.

5. Derecho a la presunción de inocencia, en tanto la condena se

   basa en pruebas practicadas sin las debidas garantías y no expresa

   motivadamente en qué pruebas se basa para revocar la Sentencia absolutoria

   de instancia.

El pasado 27 de mayo de 2004, la Sección Cuarta (Sala Segunda)

de este Tribunal acordó, de conformidad con lo previsto en el núm.

3 del art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder

al demandante y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días

para formular las alegaciones que estimaran pertinentes en relación

con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda

(art. 50.1.c) LOTC).

El Ministerio Fiscal, en escrito que tuvo entrada en este Tribunal el

18 de junio de 2004, interesó la inadmisión a trámite

de la demanda por entender que carece manifiestamente de contenido constitucional.

En su opinión, la resolución impugnada ha basado su nueva

valoración fáctica en pruebas documentales que recogen los

distintos negocios jurídicos celebrados por los acusados (así se

deduce de la Sentencia impugnada, y se confirma expresamente en el Auto

de 10 de diciembre de 2003 que rechaza la solicitud de nulidad de las actuaciones),

por lo que es conforme con la doctrina constitucional aducida para justificar

la pretensión de amparo. En su opinión la Sentencia cuestionada

mantiene correlación con la pretensión revocatoria planteada

en el recurso de apelación en la que se solicitó la condena,

de los acusados por un delito de estafa. Tampoco sería lesiva de

derecho fundamental alguno la decisión de calificar penalmente la

conducta imputada conforme al art. 251.1 Código Penal pese a que

la pretensión acusatoria lo fuera conforme a los núms. 2 y

3 de dicho precepto, pues el hecho punible no fue alterado ni los demandantes

hacen referencia a ningún elemento del mismo que no pudieran rebatir.

Entiende también que los demandados carecen de legitimación

para plantear la queja referida a la extensión a terceros de los

efectos de la Sentencia, pues no alegan un derecho propio sino ajeno. Desde

la perspectiva del derecho a obtener una resolución motivada, no

aprecia las vulneraciones aducidas, a la vista del contenido de los fundamentos

jurídicos tercero y cuarto de la Sentencia impugnada que explican

la decisión de condena y su nueva calificación jurídica.

La misma conclusión se mantiene respecto a la condena al pago de

las costas de la acusación particular, que deriva de la ley, dado

el fallo condenatorio impugnado obtenido en segunda instancia, precisamente,

a través del recurso de apelación de la acusación.

Lo expuesto lleva consigo que carezca también de contenido la queja

que denuncia haberse desconocido el derecho a la presunción de inocencia

de los demandantes, pues está conectada con la supuesta vulneración

de las garantías del proceso que no se aprecia.

En escrito presentado el 21 de junio de 2004 el recurrente reitera los

argumentos expresados en la demanda, señalando que el Tribunal de

apelación, sin oír a los acusados, conoció de cuestiones

de hecho y de Derecho y se pronunció, en su conjunto, sobre su culpabilidad,

por lo que no podía dictar Sentencia condenatoria obviando la obligación

de audiencia señalada. Pone de manifiesto, de nuevo, que la decisión

de condena ha supuesto una nueva valoración de la prueba practicada,

ha alterado la calificación jurídica de los hechos sin motivación

y, por ello, ha desconocido la presunción de inocencia de los demandantes.

en apoyo de sus alegaciones aporta diversos documentos referidos a las actuaciones

procesales realizadas en la fase judicial previa.

Consideran los recurrentes que su condena como autores de un delito

de estafa consistente en enajenar, gravar o arrendar a otro en perjuicio

de éste o de tercero una cosa mueble o inmueble, atribuyéndose

falsamente una facultad de disposición de la que se carece, bien

por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado (art. 251.1

Código Penal), ha vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela

judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción

de inocencia, causando, además, indefensión. Afirma la demanda

que sin pruebas de cargo válidas, sin motivación suficiente

y con infracción de las garantías de inmediación, contradicción

y audiencia bilateral, la Sala de apelación ha revocado una Sentencia

absolutoria previa, ha alterado los hechos probados y se ha apartado indebidamente

de la calificación jurídica que sustentó la pretensión

acusatoria.

Para facilitar la comprensión y el análisis de las alegaciones

que fundamentan la demanda de amparo conviene, a la vista de los hechos

de los que trae causa, tal y como han sido delimitados en el proceso penal

previo, tener presente la justificación judicial de la condena impugnada.

Según consta en la resolución impugnada (FJ 3), la identidad

de las fincas hipotecada, arrendada y objeto de compraventa es evidente

y deriva no sólo de su descripción en las escrituras y contratos

en que se plasmaron dichos negocios jurídicos, sino del hecho cierto

de que el proceso de ejecución quedó afectado cuando en él

se personó el arrendatario haciendo valer su derecho de posesión.

La finalidad fraudulenta de tales contratos, protagonizados por los demandantes

de amparo, se hace derivar no sólo de que quien enajenó y

arrendó en cada caso no era titular de los bienes, sino de la secuencia

temporal en que dichos negocios jurídicos se produjeron, siempre

al hilo de la evolución del proceso hipotecario, y del precio mismo

de la compraventa, que se califica como irrisorio en el tráfico mercantil

de esta clase de fincas, atendida su superficie.

Así planteadas y descritas, las quejas carecen manifiestamente

de relevancia constitucional, como ya anticipamos en la providencia de 27

de mayo de 2004 que puso de manifiesto a las partes la eventual concurrencia

de esta causa de inadmisión (art. 50.1 c] LOTC).

Si bien desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 9 y 10, hemos

reconocido límites constitucionales a la posibilidad de revisión

fáctica en apelación de las Sentencias absolutorias, tales

límites no son absolutos pues derivan de la necesidad de respetar

las garantías de publicidad, inmediación y contradicción

en la valoración de las pruebas. Se trata de exigencias aplicables

al juicio de apelación penal en tanto que su configuración

legal —art. 795 LECrim.— atribuye plena jurisdicción

al Tribunal ad quem, con la posibilidad de revisar y corregir la valoración

de la prueba llevada a cabo por el Juez a quo y de modificar los hechos

probados. Como con detalle se resume en la STC 170/2005, de 20 de junio,

FJ 2, en tales supuestos y por las citadas razones, el órgano de

apelación no puede operar una modificación de los hechos probados

que conduzca a la condena del acusado después de realizar una diferente

valoración de la credibilidad de los testimonios -de los acusados

o los testigos- en la que se fundamenta la modificación del relato

de hechos probados y la conclusión condenatoria, si tal modificación

no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos

en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción

(SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2;

200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002,

de 9 de diciembre, F J 8; 47/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 189/2003, de

27 de octubre, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero,

FJ 4; 40/2004, de 22 de marzo, FFJJ 5 y 6; 111/2005, de 9 de mayo, FFJJ

1 y 2).

Por tanto, las limitaciones de revisión fáctica no son extensibles

a cualquier actividad probatoria, pues “existen otras pruebas, y en

concreto la documental, cuya valoración sí es posible en segunda

instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal, porque,

dada su naturaleza, no precisan de inmediación” (SSTC 198/2002,

de 28 de octubre, FJ 5; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 119/2005, de

9 de mayo, FJ 2; AATC 220/1999, de 20 de septiembre, FJ 3; 80/2003, de 10

de marzo, FJ 1 y STC 170/2005).

Como ha señalado el Ministerio Fiscal la decisión de condena

adoptada en apelación se basa en una nueva valoración fáctica

realizada a partir de la prueba documental que consta en las actuaciones.

El juzgador de instancia consideró no probada la identidad entre

los inmuebles hipotecados y los que fueron objeto de los negocios jurídicos

que, tras la apelación, se han considerado fraudulentos. El órgano

de apelación aprecia dicha identidad física valorando la descripción

que de los mismos se hace en los contratos impugnados, los planos que se

acompañaron a los contratos y la incidencia que dichos actos de enajenación

o gravamen provocaron en el proceso civil hipotecario de ejecución,

cuyos efectos, se afirma, se pretendían evitar. No hay por tanto

una valoración en conjunto de la prueba practicada, ni una distinta

opinión judicial sobre la credibilidad de pruebas testimoniales o

personales que precisaran de inmediación o contradicción.

La aplicación de las anteriores consideraciones al presente supuesto

justifica la desestimación de la queja analizada por cuanto, como

se ha expuesto, para justificar la condena no se han valorado indebidamente

pruebas testimoniales precisadas de inmediación y contradicción,

ya que las inferencias sobre la culpabilidad se han declarado a partir de

datos objetivos que constan en la prueba documental aportada al proceso.

Como ya señalamos en la STC 170/2005, de 20 de junio, FJ 3, es posible

llegar a distinta conclusión probatoria al revisar una Sentencia

de instancia si la misma se construye a partir de indicios (hechos-base),

que sean datos objetivos ya declarados probados en la Sentencia que se corrige.

Rechazada así la supuesta vulneración del derecho a un proceso

con todas las garantías, queda sin contenido también la queja

que, en distinto motivo, denunciaba el desconocimiento de la presunción

de inocencia de los recurrentes, pues no apoyándose la condena en

pruebas obtenidas sin las debidas garantías, la denuncia carece de

fundamento.

Según se dice en la demanda, la Sentencia cuestionada habría

incurrido en incongruencia “extra petita”, vulnerando así el

derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con

todas las garantías por cuanto, sin que la acusación particular

lo solicitara en su recurso de apelación, ha sido modificado el relato

de hechos probados de la Sentencia de instancia. Para resolver la cuestión

planteada debemos partir de que este Tribunal ha venido afirmando, en una

reiterada y consolidada doctrina, que el derecho a la tutela judicial efectiva

sin indefensión (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos

judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente

con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación

del proceso (SSTC 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 6; y 264/2005, de 24

de octubre, FJ 2 y 278/2006 de 25 de septiembre, FJ 2).

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales,

y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982,

de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación

entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado

sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar

más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que

hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente,

que no hubiera sido pretendida. Siendo ello así la incongruencia

procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada

incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar “cuando

el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones

sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa

interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación

tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los

razonamientos contenidos en la resolución” (SSTC 202/1998,

de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/2006, de 27

de marzo, FJ 5). En contraste, la denominada incongruencia extra petitum,

que se alega en este caso, se produce, cuando el pronunciamiento judicial

recae “sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en

el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad

de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados

con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio

de contradicción” (SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2;

124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8). Por último,

la denominada incongruencia por error acontece cuando se dan al unísono

las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto,

de supuestos “en los que, por el error de cualquier género

sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión

formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente

se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal

planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta” (SSTC

369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3;

y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5).

La aplicación de nuestra doctrina al caso enjuiciado permite apreciar

la falta de relevancia constitucional de la queja. En su recurso de apelación

la acusación particular puso de manifiesto una serie de hechos que

consideró probados que, en su opinión, permitían dar

por desvirtuada la presunción de inocencia de los acusados porque

ponían de relieve tanto la identidad de las fincas objeto de compraventa,

arrendamiento e hipoteca, como la realización de maniobras fraudulentas

protagonizadas por los acusados para impedir la efectividad del procedimiento

de ejecución hipotecaria instado por la actora civil. Tomando como

base dichas alegaciones, solicitó en su recurso la revocación

de la Sentencia absolutoria de instancia y su sustitución por otra

que condenase a los acusados como autores de sendos delitos de estafa. Resulta

evidente que con tal impugnación se cuestionaba la valoración

de la prueba, y se proponía un relato alternativo de los hechos probados

y una conclusión jurídico penal opuesta a la absolución

decretada en la instancia. En tal medida los demandantes no han visto impedida

la posibilidad de efectuar las alegaciones que han considerado oportunas

en relación con tal pretensión, siendo la Sentencia cuestionada

congruente en este sentido con la pretensión de condena.

Se quejan los demandantes del cambio de calificación jurídica

operado en la segunda instancia. Resulta evidente que el mismo operó sobre

los mismos hechos que habían sido objeto de debate (la hipoteca inicial

de la finca y los posteriores arrendamiento y compraventa, así como

la finalidad perseguida con dichos negocios jurídicos), y los mismos

títulos jurídicos de imputación (el ánimo fraudulento

de impedir que el ejecutante hipotecario pudiera entrar en posesión

del bien hipotecado). Dadas estas circunstancias, la supuesta lesión

del art. 24 CE, anudada a la de los principios acusatorio y de contradicción,

que fundamenta la pretensión de amparo expuesta en la demanda, carece

manifiestamente de contenido constitucional, como señala el Ministerio

Fiscal, ya que los demandantes de amparo no han sido condenados por cosa

distinta de la que se les acusaba y de la que, por ello, pudieron defenderse

en la instancia y al impugnar el recurso de apelación.

Como hemos recordado en la STC 143/2001, de 18 de junio, la posibilidad

de contradicción es una de las reglas esenciales del desarrollo del

proceso (SSTC 41/1997, de 10 de marzo; 218/1997, de 4 de diciembre, 138/1999,

de 22 de julio, y 91/2000, de 4 de mayo), sin cuya concurrencia la idea

de juicio justo es una simple quimera. Es indudable que el derecho a ser

informado de la acusación forma parte de las garantías que

derivan del alegado “principio acusatorio”, en virtud del cual

es constitucionalmente exigido que nadie sea condenado si no se ha formulado

contra el una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse

de manera contradictoria —STC 53/1987, de 7 de mayo, FJ 2—.

Por ello hemos reiterado que el Tribunal penal ha de pronunciarse siempre

dentro de los términos del debate, de forma que exista correlación

entre la acusación y el fallo (SSTC 11/1992, de 27 de enero, FJ 3.;

95/1995, de 19 de junio, FJ 2.; 36/1996, de 11 de marzo, FJ 4., 225/1997,

de 15 de diciembre, FJ 3., 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 13; 4/2002,

de 14 de enero, FJ 3 y, más recientemente, STC 71/2005, de 4 de abril,

FJ 3 y ss).

Pero la correlación entre acusación y fallo constitucionalmente

exigible no es la identidad formal que se propone en la demanda pues, como

en la última de las Sentencias citadas tuvimos ocasión de

señalar, “ .[l]a sujeción de la condena finalmente impuesta

a la acusación formulada no es tan estricta como para impedir al órgano

judicial modificar la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito

de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio,

de manera que no se produce infracción constitucional alguna cuando

el Juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a como venían

siéndolo, siempre y cuando ello no suponga la introducción

de un elemento o dato nuevo al que, dado su lógico desconocimiento,

no hubiera podido referirse la parte para contradecirlo en su caso (SSTC

104/1986, de 17 de julio, FJ 4; 10/1988, de 1 de febrero, FJ 2; 225/1997,

de 15 de diciembre, FJ 3; y 4/2002, de 14 de enero, FJ 3). Por lo que aquí interesa,

la doctrina expuesta significa que, en apelación, la única

posibilidad de que el órgano judicial se aparte de las calificaciones

de los hechos propuestas por la acusación precisa del cumplimiento

previo de dos condiciones: a) que exista identidad del hecho punible, de

forma que el mismo hecho señalado por la acusación, debatido

en el juicio contradictorio y declarado probado en la Sentencia dictada

en instancia, constituya el soporte fáctico de la nueva calificación;

y b) que pueda considerarse que existe homogeneidad entre el delito por

el que se dictó Sentencia condenatoria en instancia y el delito por

el que se ha condenado en apelación (SSTC 12/1981, de 10 de abril,

FJ 5; 95/1995, de 19 de junio, FJ 3.a; 225/1997, de 15 de diciembre, FJ

3; 4/2002, de 14 de enero, FJ 3)”.

En el aspecto fáctico, la primera de las condiciones concurre en

el caso presente pues el órgano de apelación ratificó y

mantuvo el relato de hechos probados de la instancia a excepción

del dato que era objeto de controversia: si los negocios jurídicos

cuestionados se referían o afectaban a lasmismas fincas e inmuebles

afectados por la hipoteca. Y en cuanto a las exigencias constitucionales

de correlación entre la calificación jurídica de la

acusación y la del fallo, también se colman pues se constata

una analogía entre los elementos esenciales de los tipos delictivos

puestos en relación, de tal manera que la acusación por el

delito de estafa formulada en la instancia y en el recurso de apelación

posibilitó en sí misma la defensa en relación con el

tipo de injusto por el que fueron condenados los recurrentes. No es precisa

por tanto, una homogeneidad material de los títulos en los que se

encuadra penalmente cada tipo delictivo, sino que basta con constatar, como

aquí ocurre, que estando contenidos todos los elementos esenciales

del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no

haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya

podido defenderse” (ATC 244/1995 FJ 2).

La misma suerte han de correr las quejas que denuncian insuficiente

motivación de la decisión de condena, incluida en ella el

pago de las costas de la acusación particular, así como indefensión

por la supuesta extensión a terceros a de los efectos de la Sentencia.

1. Sobre la relevancia constitucional de las decisiones de condena al pago

   de las costas procesales se ha pronunciado este Tribunal en diversas ocasiones,

   tal y como en la demanda se anticipa. Como criterio general, hemos reiterado

   que la cuestión relativa a la imposición de las costas procesales,

   pese a que pueda afectar en algún supuesto al derecho de éstas

   a acceder a la jurisdicción (STC 206/1987, FJ 5 y ATC 171/1986, FJ

   3), o determinar que la contraparte pueda resultar arbitrariamente privada

   del abono de los honorarios y derechos devengados al defender ante los Tribunales

   sus derechos e intereses legítimos, dañados o desconocidos

   por la parte que actúe ante los Tribunales de manera infundada, temeraria

   o de mala fe (SSTC 131/1986, FJ 3 y 147/1989, FJ 5), es un problema de legalidad

   ordinaria sin relevancia constitucional, cuyo enjuiciamiento corresponde

   en exclusiva a los Tribunales ordinarios (SSTC 131/1986, de 29 de octubre,

   FJ 3; 230/1988, de 1 de diciembre, FJ 1; 134/1990, de 19 de julio, FJ 5;

   190/1993, de 14 de junio, FJ 4; 41/1994, de 15 de febrero, FJ 2; 46/1995,

   de 14 de febrero, FJ 3; 8/1999, de 8 de febrero, FJ 1; 191/2001, de 1 de

   octubre, FJ 6; y 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17). Como consecuencia

   de ello, la decisión acerca de la imposición de las costas

   del proceso no implica, en principio, lesión alguna del derecho a

   la tutela judicial efectiva, sino ejercicio propio de la función

   que el órgano judicial tiene encomendada en el art. 117.3 CE. (STC

   170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17; y ATC 416/2003, de 15 de diciembre,

   FJ 2). Ahora bien, esa competencia de los órganos de la jurisdicción

   ordinaria para decidir sobre la imposición de las costas del proceso

   no priva a este Tribunal Constitucional de la competencia para enjuiciar,

   a través del procedimiento de amparo, si la decisión judicial

   ha podido suponer la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva

   cuando la resolución judicial incurra en error patente, arbitrariedad,

   manifiesta irrazonabilidad o, en su caso, si resulta inmotivada (STC 170/2002,

   de 30 de septiembre, FJ 17; y ATC 416/2003, de 15 de diciembre, FJ 2).

   Los demandantes de amparo entienden que en la Sentencia cuestionada se

   incumplió el deber de motivar el pronunciamiento sobre las costas

   procesales causadas por la acusación particular. Sin embargo, en

   relación con la motivación que debe acompañar a la

   adopción de pronunciamientos accesorios que pueden integrar el fallo

   de una Sentencia o la parte dispositiva de un Auto —como es el referido

   a las costas procesales—, hemos señalado en la reciente STC

   25/2006, de 30 de enero (FJ 2) que ha de distinguir aquellos casos en los

   que el sentido del pronunciamiento accesorio viene impuesto ope legis, de

   aquellos otros que son fruto de una decisión adoptada por el órgano

   judicial dentro del ámbito de arbitrio previsto por la norma pues,

   cuando el legislador acoge la regla victus victori o del vencimiento objetivo,

   sin prever excepciones, no existe un margen de apreciación para que

   el órgano judicial decida por sí sobre la imposición

   de las costas, sino que, por imperativo legal, la única decisión

   que puede adoptar es la que la norma contempla. En estos casos no existe

   un deber de motivación sobre la imposición de las costas procesales

   que vaya más allá de la motivación necesaria para estimar

   o desestimar las pretensiones que constituyan el objeto del concreto proceso,

   de cuyo resultado es consecuencia inescindible la decisión sobre

   las costas causadas, pues lo accesorio sigue a lo principal. Pues bien,

   el pronunciamiento judicial que impuso el abono de las costas de la acusación

   particular a los demandantes de amparo se produjo como consecuencia de la

   estimación del recurso de apelación de la acusación

   particular, que mantuvo y defendió con éxito en segunda instancia

   su pretensión de condena. Por ello, apareciendo además fundado

   en un precepto de Ley (arts. 123 y ss del Código Penal y arts. 239

   y ss LECrim), ha de entenderse motivado y no arbitrario.

2. En cuanto a la motivación de la decisión misma de condena,

   hemos hecho referencia antes a sus fundamentos fácticos y jurídicos,

   que aparecen recogidos en la Sentencia cuestionada (FFJJ 3 y 4), tanto en

   lo que se refiere a la prueba valorada y su contenido, como a la subsunción

   de la conducta en el tipo penal de estafa aplicado. En aplicación

   de reiterada jurisprudencia anterior, resumida en las recientes SSTC 149

   y 311/2005, la queja que aduce la vulneración del derecho a obtener

   una resolución fundada en Derecho no puede ser acogida por constatarse

   que el fundamento de la decisión no es la aplicación arbitraria

   de las normas penales que se han considerado adecuadas al caso, ni es consecuencia

   de un error fáctico patente, ni puede tacharse de arbitraria, manifiestamente

   irrazonada o irrazonable sino simple aplicación de la norma penal

   que considera fraudulenta la enajenación o el gravamen de un bien

   inmueble sin gozar de su titularidad para obtener un beneficio propio o

   ajeno (por todas, SSTC 174/1985, de 17 de diciembre; 63/1993, de 1 de marzo;

   244/1994, de 15 de septiembre; 81/1998, de 2 de abril; 57/2002, de 11 de

   marzo; y 213/2002, de 11 de noviembre).

3. Por último, los recurrentes aducen la supuesta indefensión

   que la Sentencia ocasionaría a terceros ajenos al proceso a los que,

   en posteriores transmisiones patrimoniales, se habría enajenando

   parte de la finca objeto del litigio. Resulta obvio que, con tal denuncia,

   los recurrentes aducen derechos fundamentales de terceros, para lo cual

   carecen de legitimación, por lo que la queja no puede ser abordada.

   Como hemos recordado en la STC 220/2006, de 3 de julio, los recurrentes

   carecen de legitimación para hacer valer en este proceso constitucional

   la pretendida conculcación de derechos fundamentales de terceros,

   respecto de los que no puede acreditar la concurrencia de un interés

   legítimo propio, habiendo afirmado este Tribunal en reiteradas ocasiones

   que el recurso de amparo no está previsto para la defensa de derechos

   fundamentales ajenos, sino de los propios (SSTC 141/1985, de 22 de octubre,

   FJ 1; 123/1989, de 6 de julio, FJ 1; 228/1997, de 16 de diciembre, FJ 3;

   69/2001, de 17 de marzo, FJ 24; ATC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ único).

   En consecuencia, por todo lo expuesto, y de conformidad con el artículo

   50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Sección

   A C U E R D A

   La inadmisión de la demanda de amparo y el archivo de las actuaciones.

   En Madrid, a doce de marzo de dos mil siete.