STC 216/1998, 16 de Noviembre de 1998

Ponente:Don Rafael de Mendizábal Allende
Fecha de Resolución:16 de Noviembre de 1998
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Segunda
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 460/1994
RESUMEN

1. El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 196/1988). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983) [F.J. 2]. 2. El principio hermenéutico no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que sea una primera respuesta judicial a la pretensión, cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar si se configura como única o múltiple en las Leyes de enjuiciamiento a quienes se defiere constitucionalmente la regulación del sistema de recursos. Es distinto el tratamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías (SSTC 3/1983 y 294/1994) [F.J. 2]. 3. El recurso de casación para la unificación de doctrina, de naturaleza extraordinaria, se ordena para garantizar la unidad de la jurisprudencia con ocasión de pronunciamientos contradictorios con supuestos de hecho idénticos y la misma , para dar efectividad así al derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. Dado el perentorio plazo que se concede para preparar el recurso (diez días desde la notificación) y ante la eventualidad de que en ese plazo no pueda obtenerse y presentarse la certificación exigida, el propio precepto legal permite subsanar la falta en el plazo de diez días desde la presentación del escrito, salvo que quien pretenda recurrir acredite haber solicitado aquélla en tiempo oportuno, sin que, pese a ello, le haya sido expedida, en cuya hipótesis habrá de ser el Tribunal sentenciador quien la reclame de oficio.      En cualquier caso, se subsane la falta en el mencionado plazo de diez días o se acredite haber pedido en su momento la certificación, con el escrito de preparación debe presentarse copia simple del texto completo de las Sentencias que se dicen contradictorias con la impugnada. En tal coyuntura, este Tribunal Constitucional ha establecido en la reciente STC 162/1998: «la Ley ha querido que la aportación de certificación de las Sentencias contrarias se produzca precisamente en la fase de preparación de este recurso de casación para la unificación de doctrina, y no en un momento posterior, sin que en dicha previsión legal deba apreciarse un obstáculo desproporcionado en la configuración de los recursos legalmente previstos [F.J. 3].

 
CONTENIDO

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por don José Gabaldón López, Presidente; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 460/94, interpuesto por «Pesquerías Carral, S. L.», a quien representa el Procurador don Manuel Infante Sánchez y asiste la Letrada doña María del Pilar Carral López, contra el Auto que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó el 21 de diciembre de 1993, no admitiendo el recurso de casación para la unificación de doctrina deducido por la sociedad recurrente. Han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. La sociedad mercantil, en el escrito del recurso de amparo de que se hace mérito en el encabezamiento, nos dice que preparó recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó el 15 de abril de 1993, en el recurso 3/1.317/89, aportando con el escrito de preparación copia parcial de las Sentencias que prendía utilizar como término de comparación, así como de los escritos presentados el 27 de abril de 1993 en el Tribunal Supremo, en solicitud de la expedición y remisión de certificación de tales Sentencias. El Tribunal sentenciador, en providencia de 15 de mayo del mencionado año, tuvo por preparado el recurso y emplazó a las partes para ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días. Dicho Tribunal, en providencia de 30 de septiembre, concedió a las partes un plazo de diez días para que alegasen lo que tuvieren a bien sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso consistente en no haberse acompañado copia simple del texto completo de las Sentencias alegadas. Dentro del plazo en cuestión, «Pesquerías Carral, S. L.», facilitó al Alto Tribunal dicho texto íntegro, solicitando tuviera por subsanado el defecto e invocado al efecto el art. 24 C.E. La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el Auto que se recurre en amparo, resolvió no admitir el recurso por tratarse el defecto formal detectado de un defecto no subsanable.

La sociedad mercantil solicitante de amparo invoca en su demanda el art. 24.1 C.E., sostiene que en su Auto el Tribunal Supremo ha desconocido su derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión e interesa que sea dictada Sentencia en la que, otorgando el amparo que pide, sean declaradas la nulidad del Auto recurrido y la obligación de tener por admitido el recurso de casación para la unificación de doctrina que interpuso.

2. La Sección Tercera, en providencia de 4 de julio de 1994, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la sociedad demandante de amparo y al Fiscal el plazo común de diez días para que pudieran formular las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.

«Pesquerías Carral, S. L.», formuló sus alegaciones en escrito que presentó el 20 de julio, en el que manifiesta que en el Auto recurrido existe un exceso de formalismo digno de amparo constitucional. Si bien es cierto que con el escrito de preparación del recurso de casación no presentó el texto íntegro de las Sentencias en que pretendía fundamentar la pretensión casacional, no lo es menos que aportó el texto que tradicionalmente publican las colecciones jurisprudenciales. Tampoco puede olvidarse que, con posterioridad, facilitó las Sentencias en la integridad de su texto. De conformidad con el principio constitucional de efectiva tutela judicial, ese requisito formal, el de la necesidad de presentar con el escrito de preparación del recurso el texto íntegro de las Sentencias citadas como término de comparación, debe ser interpretado de forma que no obstaculice un pronunciamiento sobre el fondo, máxime si se tiene en cuenta que las Sentencias deben ser conocidas por el propio Tribunal Supremo. El propio Tribunal Supremo, en Sentencias de 20 de diciembre de 1982, 8 de febrero de 1984 y 1 de octubre de 1992, ha mantenido el carácter subsanable de la exigencia formal en cuestión, así como la necesidad de su interpretación flexible a la luz del art. 24 C.E.

Por su parte, el Fiscal, en escrito registrado el mismo día, abogó por la admisión a trámite del recurso por no resultar manifiesta la posible carencia de contenido constitucional de la demanda.

3. La ya citada Sección de este Tribunal, en providencia de 26 de septiembre, admitió a trámite la demanda, solicitando de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia la remisión de certificación o copia adverada de las actuaciones, y de la segunda el emplazamiento de quienes fueron parte en el proceso para que pudiera comparecer en este de amparo, si les conviniere.

4. La recurrente formuló alegaciones en escrito registrado el 16 de diciembre, en el que dio por reproducidos los argumentos que esgrimía en el recurso de amparo, y citando expresamente la STC 344/1993.

5. El Abogado del Estado, en escrito presentado el 14 de diciembre, razonó la denegación del amparo pedido en que no existió infracción del art. 24.1 C.E. sobre la base de la doctrina de las SSTC 199/1994, 255/1994 y 256/1994. En relación al caso, el requisito impuesto por el legislador en el art. 102 a) 4 L.J.C.A. no responde, a juicio del Abogado del Estado, al capricho o al designio de dificultar la preparación del recurso de casación para unificación de doctrina, sino que responde a un criterio racional que impone la exigencia de reclamar el texto completo y auténtico de las Sentencias contrarias, según está expuesto perfectamente en el Auto de inadmisión recurrido. No siendo admisible la extemporánea aportación de copias simples de los texto completos de algunas de las Sentencias alegadas con ocasión del trámite de audiencia concedido, pues si se le concedió plazo para ser oída sobre la causa de inadmisión, no podía pretender la recurrente que se le hubiera ofrecido la oportunidad de subsanar lo insubsanable.

6. El Fiscal, por su parte, abogó por la estimación del amparo, en escrito presentado el 20 de diciembre, puesto que, a su juicio, la mercantil actora viene a discrepar de la interpretación dada por el Tribunal Supremo al art. 102 a) L.J.C.A., que hace una interpretación excesiva de su tenor literal y obstativa para el ejercicio del derecho fundamental de acceso al recurso.

7. En providencia de 12 de noviembre se señaló para deliberación y votación de este recurso el siguiente día 16 de 1998.

II. Fundamentos jurídicos

1. La sociedad mercantil Pesquerías Carral nos pide amparo contra un Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que no admitió el recurso de casación para la unificación de doctrina preparado por aquél al abrigo del art. 102 a) L.J.C.A., según lo redactó la Ley 10/1992, de 30 de abril, por llegar a la conclusión de que no haber adjuntado al escrito de preparación del recurso la copia simple del texto completo de la Sentencia o Sentencias aducidas como contraditorias de la impugnada, era un defecto formal insubsanable. A su vez, la pretensión de la sociedad busca cobijo en el derecho a la tutela judicial efectiva sin tacha alguna de indefensión (art. 24.1 C.E.), apoyándola en el argumento de que una interpretación rigorista de tal exigencia procesal ha conducido al archivo de las actuaciones y a la pérdida del recurso.

2. Situados en el ámbito del derecho a la efectividad de la tutela judicial, desde la concepción genérica y global que parece la más indicada al caso, es claro que conlleva varias exigencias entrelazadas. La primera de ellas que la pretensión formulada ante el Juez competente al efecto reciba una respuesta no sólo en la primera instancia, sino también en los demás grados procesales, si los hubiere, sean ordinarios o extraordinarios, según hemos dicho en nuestra STC 37/1995, y también en otras muchas, en éstas o en otras palabras, que una vez diseñado el sistema de recursos por las leyes de enjuiciamiento de cada orden jurisdiccional, el derecho a su utilización pasa a formar parte del contenido de la tutela judicial, tal y como se regula en ellas y por tanto puede resultar menoscabada si se impide el acceso a las instancias supraordenadas arbitrariamente o con fundamento en un error material (SSTC 55/1993 y 28/1994). Tal respuesta, por otra parte, ha de recaer en principio sobre el aspecto sustantivo de la controversia, lo que en el lenguaje formal suele llamarse el fondo de la cuestión, aun cuando también puede consistir, según los casos, en una resolución sobre los aspectos extrínsecos o formales de la pretensión, como su admisibilidad o la extinción del proceso que impida llegar a ese fondo. Ahora bien, «esto sólo puede ocurrir cuando la inadmisión se funda en razones establecidas por el legislador, que deban al mismo tiempo considerarse como proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales pretenden atender» (STC 43/1985).

Por ello, el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 196/1988). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983). No se olviden al respecto los procesos en única instancia, muy frecuentes en el esquema de competencias de todos los Tribunales Supremos. Pues bien, en el diseño del sistema de recursos se utilizan variadas modalidades y diversos tipos, cuya consideración desde la perspectiva constitucional no puede ser la misma. Por una parte están los ordinarios, como la apelación, que implica, con el llamado efecto devolutivo, la asunción por el Juez ad quem o superior, de la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez de origen, a quo, no sólo por cuanto respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, dando lugar a un novum iuditium (STC 272/1994). Por otra parte, aparece en el siglo pasado la casación civil y penal, cuya sede se situó en el Tribunal Supremo, generalizándose para los demás órdenes jurisdiccionales una vez promulgada la Constitución, con la función de preservar la pureza de la ley para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación, donde tiene su origen la doctrina legal con valor complementario del ordenamiento jurídico (art. 1.6 C.C.).

Este recurso con fundamento en motivos tasados, numerus clausus, que sólo permite revisar la interpretación del Derecho, dejando intocados los hechos que dieron por ciertos los Jueces de la instancia, está clasificado entre los extraordinarios y, en consecuencia, su admisibilidad queda sometida no sólo a los requisitos meramente extrínsecos -tiempo y forma- y a los presupuestos comunes exigibles para el ordinario de apelación, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y viabilidad de la pretensión, cuyo régimen es más severo por su propia naturaleza.

Dicho esto, el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que sea una primera respuesta judicial a la pretensión, cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar si se configura como única o múltiple en las leyes de enjuiciamiento a quienes se defiere constitucionalmente la regulación del sistema de recursos. Es distinto el tratamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías (STC 3/1983 y 294/1994).

3. En este sentido, el recurso de casación para la unificación de doctrina, de naturaleza extraordinaria, se ordena para garantizar la unidad de la jurisprudencia con ocasión de pronunciamientos contradictorios con supuestos de hecho idénticos y la misma ratio decidendi, para dar efectividad así al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Su preparación, según el art. 102 a), apartado 4., de la L.J.C.A., se formaliza ante el Tribunal autor de la Sentencia que se trata de recurrir mediante un escrito reducido a fundamentar la infracción legal que se le achaca con relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, al que ha de acompañarse certificación de la Sentencia o Sentencias que se aducen como contrarias. Dado el perentorio plazo que se concede para preparar el recurso (diez días desde la notificación) y ante la eventualidad de que en ese plazo no pueda obtenerse y presentarse la certificación exigida, el propio precepto legal permite subsanar la falta en el plazo de diez días desde la presentación del escrito, salvo que quien pretenda recurrir acredite haber solicitado aquélla en tiempo oportuno, sin que, pese a ello, le haya sido expedida, en cuya hipótesis habrá de ser el Tribunal sentenciador quien la reclame de oficio.

En cualquier caso, se subsane la falta en el mencionado plazo de diez días o se acredite haber pedido en su momento la certificación, con el escrito de preparación debe presentarse copia simple del texto completo de las Sentencias que se dicen contradictorias con la impugnada. En tal coyuntura, este Tribunal Constitucional ha establecido en la reciente STC 162/1998: «la Ley ha querido que la aportación de certificación de las Sentencias contrarias se produzca precisamente en la fase de preparación de este recurso de casación para la unificación de doctrina, y no en un momento posterior, sin que en dicha previsión legal deba apreciarse un obstáculo desproporcionado en la configuración de los recursos legalmente previstos. De igual manera hemos dicho que la conclusión del Tribunal Supremo en cuya virtud el plazo para subsanar corre sin necesidad de requerimiento, por ser su destinatario directo el propio recurrente, podrá sin duda ser discutida en el específico ámbito de la legalidad procesal, pero no puede tenerse como una interpretación que quepa llegar a calificar de arbitraria, inmotivada, fundada en un error con relevancia constitucional o tomada de forma rigorista y manifiestamente desproporcionada entre la causa de inadmisión advertida y las consecuencias que se han seguido (STC 89/1998), únicos supuestos en los cuales se produciría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».

En tal sentido, hemos dicho también que no puede entenderse como interpretación «rigorista o manifiestamente desproporcionada» por cuanto «se proyecta, no sobre las exigencias de cumplimiento de un determinado requisito, sino sobre la configuración de la posibilidad de subsanación de un requisito, por tanto, previamente desatendido; el que, como consecuencia, de una determinada interpretación, dicha posibilidad de subsanación tenga un alcance menor al que pudiera resultar de otras interpretaciones perfectamente razonables y más favorables a la admisión del recurso, no nos sitúa ante una interpretación manifiestamente desproporcionada, en el sentido de que se encuentre ausente de toda relación de proporción entre la entidad del incumplimiento y la pérdida del recurso. Se trata, por el contrario, de un requisito dirigido a la adecuada ordenación del acceso al Tribunal Supremo, ajeno, por tanto, a una simple formalidad procesal, cuyo incumplimiento no pudiera verse sancionado con la inadmisión del recurso, que se incurra en una patente desproporción» (STC 162/1998).

En consecuencia, la decisión judicial es constitucionalmente admisible, cualquiera que fuese su grado de exactitud relativa respecto de la voluntad objetivada de la ley o la subjetiva del legislador y aún en la hipótesis de que no fuera la más adecuada para que el derecho fundamental se realice plenamente. No habiéndose cerrado la vía del recurso arbitrariamente o intuitu personae, queda en pie nuestra doctrina al respecto, en cuya virtud corresponde al Tribunal Supremo la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante él interpuestos.

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de amparo.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.