ATC 382/2007, 8 de Octubre de 2007

El día 29 de mayo de 2006 tuvo entrada en el Registro General

de este Tribunal el recurso de amparo presentado por el Procurador de los

Tribunales don Roberto Sanchidrián Rodríguez, en nombre y

representación de don C.A.,

contra el Auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de

fecha 16 de marzo de 2006, que declara no haber lugar a la admisión

del recurso de casación núm. 2085-2005 interpuesto contra

la Sentencia condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia Provincial

de Las Palmas de Gran Canaria, de 20 de junio de 2005 (rollo núm.

31-2005).

Los hechos que han dado lugar al presente recurso de amparo, y que resultan

relevantes en este trámite de admisión, son los siguientes:

1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de

   Gran Canaria dictó Sentencia de 20 de julio de 2005 por la que condenaba

   al recurrente como autor de un delito contra la salud pública en

   la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, con la

   concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de

   nueve años de prisión, multa de treinta mil euros, a la accesoria

   de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante

   el tiempo de la condena, así como al pago de la mitad de las costas.

   En esta resolución se contienen los siguientes hechos probados:

   Primero. En fecha 24 de febrero de 2004 el acusado Edwin David

   Gómez Castaño, nacido el día 10 de febrero de 1982

   y sin antecedentes penales, fue detenido por funcionarios de la Guardia

   Civil en el muelle de Corralejo cuando procedente de Lanzarote llevaba oculto

   en el vehículo que conducía 999 gramos de cocaína con

   riqueza del 38,5% y valor en el mercado de 30.000 euros, que con el propósito

   de ser distribuida en Fuerteventura aguardaba para recibirle el también

   acusado C.A. , nacido el día

   30 de junio de 1973 y anteriormente condenado por sentencia de fecha 4 de

   diciembre de 2002 por delito contra la salud pública.

   Segundo. Facilitada la información de eso último por el mencionado

   Edwin, previa la correspondiente autorización judicial, fue sustituida

   la droga por sustancia inocua, que recibió, desconociendo el cambio,

   el citado C.A., en su domicilio

   de Puerto del Rosario, al que se le detuvo poco después, ocupándosele

   1.906,3 euros, producto de su ilícita actividad.

   Con base en estos hechos probados, la Sala a quo condenó al ahora

   demandante de amparo de conformidad con lo relatado en el fundamento de

   derecho sexto de la indicada Sentencia. En dicho fundamento se afirma lo

   siguiente: “[…] siendo de destacar al respecto por un lado el

   testimonio del coacusado Edwin David reconociendo que la cocaína

   que traía era para ser entregada al otro, y por otro lo declarado

   por los Funcionarios policiales intervinientes que depusieron confirmando

   cuantos datos les dio el anterior permitiendo la identificación primero

   y la posterior detención después tras recibir el paquete con

   la droga que el mismo esperaba para su posterior distribución y beneficios

   consiguientes, sin que pueda ello entenderse desvirtuado por la negativa

   que expresó ese segundo acusado declarando estar a esas horas en

   el trabajo, ya que además de ser manifestaciones evidentemente exculpatorias

   están en contradicción con los mencionados testimonios del

   coacusado y de los funcionarios, aparte de que el compañero de trabajo

   que también declaró sólo aludió a probabilidades.”

2. El condenado interpuso recurso de casación alegando, entre otros

   motivos, la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción

   de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las

   garantías del que conoció la Sala de lo Penal del Tribunal

   Supremo. El Alto Tribunal declaró no haber lugar a la admisión

   del referido recurso mediante Auto de 16 de marzo de 2006.

   En lo que ahora interesa, la Sala ad quem desestimó la vulneración

   de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la

   tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías con

   base en la motivación contenida en el razonamiento jurídico

   primero, letra C, núms.. 1 y 2: “[…] Se consideran como

   principales pruebas e indicios incriminatorios, recogidos por la sentencia

   del Tribunal de instancia, los siguientes: 1) Declaración del coimputado

   Edwin David que afirma que la droga que traía iba a ser entregada

   al recurrente. 2) Declaración de los agentes de los funcionarios

   policiales que, una vez autorizada la entrega controlada del paquete, confirmaron

   los datos que fueron dados por Edwin David, respecto a la identidad de la

   persona a quien había entregado el paquete, siendo ésta el

   recurrente. 3) Análisis pericial toxicológico de la sustancia

   que contenía el paquete que resultó ser cocaína con

   un peso de 999 gr y una pureza de 38,5 % […] El recurrente ha sostenido

   que él no era el destinatario del paquete entregado por Edwin David.

   No obstante, éste lo reconoce como la persona a quien entregó el

   paquete. Dicho dato se ve corroborado por la declaración de los agentes

   que seguían la operación, que identifican al recurrente como

   la persona con quien contactó Edwin David. No se ha vulnerado el

   derecho a un proceso con todas las garantías puesto que la identificación

   del recurrente como destinatario del paquete se realizó no sólo

   por el coimputado sino también por los agentes actuantes (así lo

   indica el agente núm. …) que lo señalan como la persona

   con la que el recurrente previamente había mantenido una conversación

   antes de ir al domicilio en dónde se procedió a la entrega

   definitiva del paquete.”

El condenado interpuso recurso de amparo contra las antes referidas

resoluciones judiciales por considerar que vulneran sus derechos fundamentales

a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial

efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a un proceso

con todas las garantías. También denuncia la existencia de

incongruencia omisiva cometida tanto por el Tribunal Supremo como por la

Sala a quo, al no haber respondido todos los puntos objeto de la acusación

y defensa. En definitiva, el actor considera que no ha existido prueba de

cargo constitucionalmente válida como para enervar su derecho a la

presunción de inocencia.

Por diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2006, el Secretario

de esta Sección acordó dirigir atenta comunicación

a la Audiencia Provincial de Gran Canarias, Sección Primera, para

que remitiera copia adverada de las actuaciones a la mayor brevedad posible.

Dichas actuaciones fueron remitidas a este Tribunal con fecha de registro

de 12 de diciembre de 2006.

Por providencia de 25 de mayo de 2007, la Sección Tercera de

este Tribunal acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 50.3

LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común

de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales

que procedan, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación

con lo dispuesto en el art. 50.1 LOTC.

El demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones el

5 de julio de 2007, en el que, básicamente, reiteró las peticiones

ya señaladas en su escrito de demanda.

El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 3 de julio de 2007,

interesó la inadmisión del presente recurso. En relación

con el primer motivo, basado en la infracción del derecho a la presunción

de inocencia en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva,

el Fiscal comparte lo ya afirmado por la Sala a quo y por el Tribunal Supremo

al sostener la existencia de prueba de cargo constitucionalmente válida

para enervar la presunción de inocencia, pues la condena se ha basado

en la declaración incriminatoria de un coimputado y en los testimonios

de los policías que organizaron la operación de entrega vigilada

de la droga. Del mismo modo recuerda que las tachas realizadas por el recurrente

a la diligencia de reconocimiento fotográfico carecen de contenido

al haber identificado el coimputado al recurrente y, del mismo modo, porque

los agentes de la autoridad que declararon en calidad de testigo en el juicio

oral también identificaron al hoy recurrente en amparo como la persona

que acudió al lugar de la entrega de la sustancia intervenida. También

considera que las respuestas judiciales ahora cuestionadas acerca de la

valoración de la prueba presentada en descargo respetan el art. 24.1

CE, al exponer de manera fundada las razones por las cuales no la han tenido

en consideración. Por último, tampoco comparte la queja fundada

en incongruencia omisiva porque, en primer lugar, no ha agotado la vía

judicial mediante el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el

art. 241 LOPJ y, finalmente, porque las resoluciones judiciales impugnadas,

en especial el Auto de no admisión del recurso de casación,

se pronuncian expresamente sobre la materia, alcanzando la conclusión

de que, incluso admitiendo como cierta la documental aportada, ello no es óbice

para que el condenado fuera el receptor final o destinatario de la droga

que le fue ocupada al coimputado.

Tal y como ha quedado señalado en los antecedentes, en el presente

recurso de amparo se impugna la Sentencia dictada por la Sala de Las Palmas

que condenó al recurrente por la comisión de un delito contra

la salud pública a la pena de 9 años de prisión y multa

de 30.000 euros, y el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que declaró no

haber lugar a la admisión del recurso de casación.

Como hemos puesto de manifiesto en la providencia de 25 de mayo de 2005,

procede resolver acerca de la admisibilidad del presente recurso de amparo

por poder concurrir la causa consistente en la carencia manifiesta de contenido

constitucional (art. 50.1 c LOTC).

En relación con este motivo, el Ministerio Fiscal interesa la inadmisión

de la demanda al no haber existido vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados por el recurrente en el proceso penal en cuestión.

El demandante, en su escrito de alegaciones, sostiene, por el contrario,

que las resoluciones impugnadas cuya nulidad pretende han vulnerado sus

derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela

judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

Tras el examen de la demanda de amparo, de los escritos de alegaciones

presentados por el recurrente y por el Ministerio Fiscal, así como

de las actuaciones remitidas, este Tribunal coincide con el parecer del

Ministerio público y considera que el presente recurso de amparo

ha de inadmitirse por concurrir el óbice procesal consistente en

la manifiesta carencia de contenido que justifique una resolución

sobre el fondo del recurso (art. 50.1 c LOTC).

En relación con el motivo principal de la demanda basado en la lesión

del derecho a la presunción de inocencia en relación con la

tutela judicial efectiva (art. 24.2 y 1 CE, respectivamente), este Tribunal

ha reiterado que sólo le corresponde conocer en amparo de las posibles

vulneraciones de la presunción de inocencia cuando no exista una

actividad probatoria de cargo válida de la que, de modo no arbitrario,

pueda inferirse la culpabilidad, debiendo ser rechazadas todas aquellas

pretensiones que se limiten a cuestionar la valoración de la prueba

realizada por los órganos judiciales (cfr. la STC 57/2002, de 11

de marzo, FJ 2, entre otras muchas). Del mismo modo se ha reiterado en numerosas

resoluciones que la declaración incriminatoria del coacusado es una

prueba constitucionalmente legítima siempre y cuando se vea mínimamente

corroborada por algún hecho, dato o circunstancia externa, (SSTC

153/1997, de 29 de septiembre, FJ 6; 49/1998, de 2 de marzo, FJ 5; 115/1998,

de 1 de junio, FJ 5; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5; 57/2002, de 11 de marzo,

FJ 4; 207/2002, de 11 de noviembre, FJ 2; 65/2003, de 7 de abril, FJ 5;

55/2005, de 14 de marzo, FJ 1, y 1/2006, de 16 de enero, FJ 6). De otro

lado, y comoquiera que no es posible una fijación globalmente válida

de lo que ha de considerarse mínima corroboración, se deja

a la casuística la determinación de los supuestos en que puede

estimarse que aquélla existe, atendiendo, por tanto, a las circunstancias

concurrentes en cada caso concreto (SSTC 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5;

181/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 57/2002, de 11 de marzo, FJ 4; 207/2002,

de 11 de noviembre, FJ 2; 65/2003, de 7 de abril, FJ 5; 118/2004, de 12

de julio, FJ 2, y 1/2006, de 16 de enero, FJ 6), si bien, en sentido negativo,

hemos afirmado que los elementos de veracidad objetiva que puedan rodear

la declaración, tales como su coherencia interna o la inexistencia

de resentimiento, no constituyen factores externos de corroboración

(SSTC 190/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 118/2004, de 12 de julio, FJ 2;

y 55/2005, de 14 de marzo, FJ 1). Finalmente la corroboración ha

de estar referida necesariamente a la participación del acusado en

los hechos punibles que el Juzgador haya considerado probados (SSTC 181/2002,

de 14 de octubre, FJ 4; 118/2004, de 12 de julio, FJ 2; 55/2005, de 14 de

marzo, FJ 5; y 1/2006, de 16 de enero, FJ 6; 142/2006, de 8 de mayo, FJ

4).

En el presente caso, según se expone en la Sentencia de instancia

y en el Auto dictado en casación, los elementos probatorios que tuvo

en cuenta la Sala para establecer los hechos probados y la participación

en ellos del recurrente, fueron la declaración del coimputado, don

Edwin David Gómez Castaño, prestada en el juicio oral con

todas las garantías, quien reconoció que la droga que traía

era para ser entregada al ahora recurrente, y, como elementos externos de

corroboración, las declaraciones testificales prestadas por los funcionarios

policiales encargados de la operación de entrega controlada, quienes

identificaron al recurrente como la persona que acudió al lugar pactado

a la hora convenida para recibir la cocaína previamente intervenida

al coimputado, de modo que es indudable que concurre aquí la corroboración

mínima exigible para considerar enervada la presunción de

inocencia del demandante.

Del mismo modo, tampoco ha existido vulneración del derecho a un

proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) respecto del reconocimiento

fotográfico practicado por los agentes actuantes, así como

en las ruedas de reconocimiento. Es doctrina de este Tribunal sobre las

diligencias de reconocimiento fotográfico, que se trata de una diligencia

policial que no puede ser por sí mismo una prueba de cargo, es decir,

cuando carece de una posterior ratificación en el acto del juicio

oral (STC 80/1986, de 17 de junio, FJ 2; 323/1993, de 8 de noviembre, FFJJ

3 y 4; 36/1995, de 6 de febrero, FJ 4; 40/1997, de 27 de febrero, FFJJ 3

y 4; 172/1997, de 14 de octubre, FJ 5; 205/1998, de 26 de octubre, FJ 5

B). 3. A la luz de la anterior doctrina no puede otorgarse la razón

al demandante de amparo pues, como pone de manifiesto la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo en el Auto impugnado (razonamiento jurídico

primero, letra c, núm. 2), el recurrente no sólo fue identificado

por el coimputado en sede policial, sino también en el juicio oral

y, además, por “los agentes que seguían la operación,

que identificaron al recurrente como la persona con quien contactó Edwin

David (el antes citado coimputado) […] la identificación del

recurrente como destinatario del paquete se realizó no sólo

por el coimputado sino también por las agentes actuantes (así lo

indica el agente núm. …) que lo señalan como la persona

con la que el recurrente previamente había mantenido una conversación

antes de ir al domicilio en donde se procedió a la entrega definitiva

del paquete”.

Finalmente, la denuncia basada en la incongruencia omisiva tanto del Auto

dictado por el Alto Tribunal, como de la Sentencia de la Sala de Las Palmas,

al no resolver “todos los puntos que hayan sido objeto de acusación

y defensa, en cuanto ambos motivos están relacionados”, ha

de inadmitirse de plano por incumplir el presupuesto procesal previsto en

el art. 44.1 a) LOTC, al no haber agotado previamente la vía judicial

mediante el incidente excepcional de nulidad de actuaciones regulado en

el art. 241 LOPJ. Es doctrina reiterada de este Tribunal que el citado incidente

constituye “el remedio procesal idóneo” para obtener

la reparación de la incongruencia del fallo. En tales casos, antes

de acudir en amparo y con el fin de salvaguardar el principio de subsidiariedad,

debe solicitarse en la vía ordinaria el referido incidente de nulidad “sin

cuyo requisito la demanda de amparo devendrá inadmisible, conforme

a los arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC, por falta de agotamiento de todos los

recursos utilizables dentro de la vía judicial” (SSTC 228/2001,

de 26 de noviembre, FJ 3; 74/2003, de 23 de abril, FJ 2; 237/2006, de 17

de julio; entre otras muchas).

Por lo expuesto, la Sección

A C U E R D A

Inadmitir el recurso de amparo interpuesto por don C.A. en virtud de lo dispuesto en el art. 50.1 c) LOTC.

Madrid, a ocho de octubre de dos mil siete.