ATC 172/2004, 11 de Mayo de 2004

1. El día 14 de septiembre de 2001 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Logroño al que se acompaña, junto el testimonio del juicio de faltas núm. 267-2000, el Auto del referido Juzgado de 31 de julio de 2001 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado 2 del art. 1 y los apartados 1 y 7 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en la redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:

   1. Doña Julia Tubia Caño, de 74 años de edad, fue atropellada el día 15 de septiembre de 2000 por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la ciudad de Logroño. A raíz de las lesiones sufridas le fue practicada una intervención quirúrgica, estando ingresada en un centro hospitalario durante catorce días y precisando un total de ciento cincuenta y ocho días para la estabilización de sus lesiones, durante los cuales permaneció incapacitada para sus ocupaciones habituales. Constan como secuelas en el correspondiente informe forense: la implantación de una prótesis parcial de cadera izquierda; la presencia de cadera izquierda dolorosa; la limitación de la flexión de esta cadera cuya movilidad resulta dolorosa a partir de los 100º; la limitación a los 10º de la rotación interna de la extremidad inferior izquierda; y la existencia de una cicatriz de 21 centímetros de longitud en la referida cadera. Como resultado de estos daños precisa la utilización de bastón y de alza ortopédica, impidiéndole todo ello atender debidamente a un hijo de 42 años de edad, aquejado de una minusvalía psíquica reconocida del 76 por 100, que tiene a su cargo, y debiendo ser ayudada en esta tarea por una tercera persona cuyos servicios debe costear.

   2. Tras la correspondiente denuncia se incoaron diligencias penales por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Logroño por falta de imprudencia con lesiones.

   3. Concluso este procedimiento penal, y antes de dictar Sentencia, el titular del referido órgano judicial acordó por providencia de 31 de mayo de 2001 oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad “en relación con la obligatoriedad o no” del “Baremo introducido por la Ley 30/95, en materia de accidentes de circulación”. Y ello, “teniendo en cuenta que en el presente caso nos encontramos con un supuesto de culpa exclusiva del conductor causante del accidente y su aplicación en este caso podría dar lugar a desestimar de plano las reclamaciones de la actora relativas a la indemnización por lo que denomina circunstancias especiales (tener a su cargo el cuidado de un hijo deficiente mental), dado que como reconoce la propia solicitante no están contempladas en el baremo”. El órgano judicial centra sus dudas de constitucionalidad, en concreto, en la eventual incompatibilidad del apartado 2 del artículo 1 y de los apartados 1 y 7 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en adelante LRC), en la redacción dada a los mismos por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

   4. La representación procesal de la víctima consideró pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pero sólo si efectivamente el sistema de valoración contenido en la Ley 30/1995 “es interpretado como un sistema cerrado que no permite la aplicación a supuestos distintos de los contemplados en [el] propio sistema, ni siquiera analógicamente o por aplicación de otros principios generales de nuestro derecho”. Esta parte procesal había propuesto la aplicación analógica de factores de corrección previstos en la tabla II, para las indemnizaciones básicas por muerte, y en la tabla IV, para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, del anexo de la referida Ley, con el objeto de compensar las especiales circunstancias concurrentes en la recurrente, consistentes en la pérdida definitiva de la capacidad de la víctima para cuidar a su hijo con deficiencia mental. Considera por último esta parte que, incluso en el caso de que se plantee efectivamente la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial debería dictar Sentencia resolviendo el resto de las pretensiones formuladas que no tengan conexión con los preceptos impugnados.

   5. El Ministerio público considera, por su parte, que “no hay una norma que prohíba el resarcimiento de los daños y perjuicios que no están previstos en el Baremo de la Ley mediante la aplicación de las normas generales, atendiendo a un criterio de interpretación normativa que llegue a solventar la posible aplicación estricta del citado baremo en el caso de autos salvando su posible aplicación contraria a los principios constitucionales”.

   6. El titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Logroño decidió, a la vista de las alegaciones efectuadas, elevar a este Tribunal la presente cuestión de inconstitucionalidad mediante Auto de 31 de julio de 2001.

3. En el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad el órgano judicial proponente realiza, en síntesis, las consideraciones siguientes:

   1. El razonamiento del órgano judicial parte del recordatorio de que el asunto enjuiciado constituye “un supuesto de culpa exclusiva del conductor causante del daño”, sin que algunos de los perjuicios ocasionados a la víctima del accidente (la imposibilidad de cuidar a su hijo deficiente mental sin ayuda de una tercera persona) estén contemplados en el baremo establecido en la Ley 30/1995, por lo que no pueden ser indemnizados conforme al mismo. Y ello a pesar de que, “en materia de responsabilidad civil, concurren en este caso todos los requisitos de la acción contenida en el art. 1902 del Código civil, relativa a la culpa extracontractual o aquiliana, es decir, nos encontramos ante una acción culposa o imprudente del conductor del turismo, que efectivamente ha causado un daño, existiendo relación de causalidad entre el daño y la acción del conductor”.

   2. Sobre la base de estos presupuestos el órgano judicial aborda las dudas de constitucionalidad que “la aplicación del baremo” le suscita a la luz del caso concreto enjuiciado y de la jurisprudencia constitucional sobre la materia (SSTC 181/2000, 242/2000, 244/2000, 262/2000, 267/2000, 21/2001 y 37/2001), concluyendo que las expresiones “en todo caso”, “todos los daños” y “total indemnidad” contenidas, sucesivamente, en el apartado 2 del artículo 1 y en los apartados 1 y 7 del ordinal primero del anexo de la LRC son contrarias al principio de igualdad (art. 14 CE), al derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al principio de reserva de jurisdicción (art. 117.3 CE) y al principio de interdicción de la arbitrariedad “como necesaria concreción del valor superior de la justicia” (arts. 9.3 y 1.1 CE). En este orden de ideas considera, en concreto, que: 1º) “La expresión se cuantifican ‘en todo caso’ con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios, no permite al órgano judicial aplicar dicho Baremo con carácter orientativo en los casos de culpa exclusiva del conductor causante del daño, sino que determina la vinculación del órgano judicial al mismo, con lo que, teniendo en cuenta que para cualquier otro hecho generador de la culpa extracontractual se puede entrar a valorar y conceder indemnización por todos los perjuicios realmente producidos, es decir, se puede entrar a valorar cualquier concepto indemnizatorio reclamado, este sistema de valoración en los supuestos de culpa exclusiva del conductor conculca los principios de igualdad, tutela efectiva y potestad jurisdiccional e interdicción de la arbitrariedad, en base a las consideraciones expuestas”. Y 2º) “Las expresiones ‘todos los daños’ y ‘total indemnidad’ con las que se pretende que el Baremo repare todos los daños y perjuicios sufridos no permiten que el órgano judicial pueda, en base a su prudente arbitrio, determinar otros conceptos, excluir algunos de los contenidos en el Baremo y cuantificar los daños y perjuicios realmente sufridos por la víctima en supuestos como el presente de culpa exclusiva del conductor causante del daño”.

   3. En efecto, la aplicación del sistema de baremo a los supuestos de culpa exclusiva de una de las partes en materia de daños derivados de accidentes de tráfico, sostiene el órgano judicial, resulta, en primer lugar, contraria al art. 14 CE. Y es que, en la medida en que existe un sistema general de responsabilidad por culpa regulado en el art. 1902 del Código civil, no resulta razonable que una categoría de supuestos (los daños derivados de accidentes de tráfico culposos) se rija por “un sistema de valoración diferente a los demás, perjudicial para los lesionados y las víctimas de dicha imprudencia culposa, y que en nuestro caso no permite siquiera entrar a valorar un concepto como el objeto de esta cuestión, siendo que en cualquier otro caso de responsabilidad culposa podría perfectamente valorarse y en su caso concederse la oportuna indemnización” (FD 4).

   4. La vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y moral, en segundo término, tiene lugar porque el baremo “no permite indemnizar íntegramente los daños personales sufridos a las víctimas de accidentes de circulación”, sin que exista justificación legislativa alguna “que permita ponderar las razones por las que las víctimas de los accidentes de circulación por culpa exclusiva del conductor causante del daño deban ver reducidas sus indemnizaciones”, justificación que es particularmente relevante, además, en aquellos supuestos en los que “los bienes lesionados por el acto antijurídico son del máximo rango constitucional (ex art. 15 CE)” (FD 5).

   5. La utilización del sistema de baremo en supuestos de culpa exclusiva del conductor resulta contraria, en tercer lugar, a los arts. 24.1 y 117.3 CE, pues en casos como el ahora enjuiciado implica que “la petición de la perjudicada por el accidente decae necesariamente al no existir en el Baremo dicho concepto como indemnizable”, mientras que recurriendo, por el contrario, al sistema de responsabilidad previsto en el art. 1902 del Código civil podría “perfectamente entrar a valorarse un concepto indemnizatorio como el aquí reclamado”. Tal sistema, además, “puede causar indefensión a la víctima del accidente si en aplicación del Baremo se resolviera la improcedencia de practicar prueba respecto de aquellos conceptos no incluidos en el mismo, dado que dicha prueba sería superflua e inútil, porque aplicando el Baremo a estos casos la petición indemnizatoria por conceptos no incluidos en el mismo sería necesariamente rechazada sin ni siquiera entrar en el fondo de la misma” (FD 6).

   6. Por último el principio de “interdicción de la arbitrariedad como necesaria concreción del valor superior de la justicia” (art. 9.3, en relación con el art. 1.1, de la Constitución) quiebra en los supuestos de accidente de circulación ocasionados por la culpa exclusiva del conductor, pues “declarada judicialmente dicha culpa exclusiva debe permitirse al órgano judicial entrar a valorar la procedencia o no de esa reclamación indemnizatoria por un concepto no incluido en el Baremo, tanto por el aquí expuesto como por cualquier otro que pueda reclamarse en un caso análogo y que pudiera entrar a analizarse en cualquier otro caso de responsabilidad por culpa, que cumpla los requisitos del art. 1902 del Código Civil como aquí ocurre” (FJ 7).

4. Mediante providencia de 4 de junio de 2002 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegara lo que considerase conveniente acerca de la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, por si pudiera ser manifiesta y notoriamente infundada.

5. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones con fecha 24 de junio de 2002, interesando la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por las razones referidas a continuación:

   1. Considera el Fiscal General del Estado, como punto de partida, que, aun cuando el órgano judicial plantea de una manera específica la inconstitucionalidad del apartado 2 del artículo 1 y de los apartados 1 y 7 del ordinal primero del anexo de la LRC, “lo que se está realmente cuestionando es la totalidad de su regulación en los mismos términos en que ya se hizo por los jueces proponentes en las cuestiones que resolvió la STC 181/00 y relativa a los mismos artículos de la CE, es decir, el 14, el 15, el 24.1, el 117.3 y el 9.3 de la Constitución”.

   2. Partiendo de esta constatación previa, el Ministerio público descarta que se haya producido una vulneración de los preceptos constitucionales reseñados. En este sentido afirma, en primer lugar, que no se ha producido una lesión del principio de igualdad. Recuerda el Fiscal que “cuando el TC abordó la temática concerniente al art. 14 en el FJ 11 de la STC 181/00 ya dijo que de la Constitución no se deriva la necesidad de un tratamiento normativo uniforme de la responsabilidad extracontractual ni se prohíbe al legislador regular sus contenidos. Lo trascendente a efectos de igualdad es precisamente que dentro de los regímenes especiales que el Constituyente consiente y el legislador regula se aplique a todos por igual”. O, expresado en otros términos, “lo trascendente no es que haya un régimen diferente para los daños ocasionados por accidente de tráfico (circunstancia esta última que legitima la regulación separada) o por otra causa, sino que, dentro de cada régimen, se trate de modo igual a los sujetos afectados. En el Auto [de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad] se nota la ausencia, como en los anteriores que resolvió la STC 181/00, [de] un término válido de comparación que haga inconstitucional la norma”.

   El Fiscal rechaza también, en segundo lugar, la alegada vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y moral, señalando que lo que el órgano judicial “está realmente planteando es una revisión y una crítica no ya de la regulación legal sino de la propia STC 181/2000 que en su FJ 7, 8 y 9 se ocupó de la presunta oposición entre precepto de ley sustantiva y Ley constitucional, a cuyo dictado nos remitimos, dejando constancia únicamente de que el art. 15 de la CE sólo condiciona al legislador, como la Sentencia dice, a que se establezcan unas pautas indemnizatorias suficientes y respetuosas con la dignidad humana y que se atienda a la identidad de todo su ser, sin disponer exclusiones injustificadas”.

   No resulta tampoco aceptable, en tercer lugar, y siempre según el Ministerio Público, la aducida violación de los arts. 24.1 y 117.3 CE, relativos respectivamente al derecho a la tutela judicial efectiva y a la potestad de juzgar. En este orden de ideas, indica el Fiscal en su escrito de alegaciones que no se entiende por qué el órgano juzgador, a pesar de que reconoce que la STC 181/2000 ha confirmado la libertad del legislador para determinar la densidad normativa en una materia determinada, considera que “esta doctrina no debe ser aplicable en los supuestos de responsabilidad por culpa y sí en los restantes”. A ello debe añadirse que el Auto de planteamiento de la cuestión no contiene otra cosa que una mera “mención genérica a supuestos no contemplados en el baremo que no serían indemnizables sin concreción a supuestos concretos y específicos en que pudiera resentirse la tutela judicial efectiva o la potestad de juzgar. De esta forma el planteamiento de la oposición entre norma positiva y constitucional se plantea en términos teóricos e independientes de lo que se pretende resolver, presentándose así completamente difuminado el juicio de relevancia”.

   Debe descartarse también, por último, cualquier vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad y del valor superior justicia (arts. 9.3 y 1.1 CE). Entiende el Ministerio Fiscal en tal sentido que las razones esgrimidas por este Tribunal en el FJ 17 de la STC 181/2000 para declarar la inconstitucionalidad del factor de corrección previsto en la tabla V del anexo de la Ley 30/1995 “no son extrapolables al presente caso. Allí se trataba de una norma incluida en la Ley 30/95, mientras que en el presente caso se pretende la derogación de todo el sistema de baremación en supuestos de culpa exclusiva del conductor: se postula, en suma, la abolición de todo un sistema que ha sido declarado constitucional, incluso en supuestos que concurra culpa exclusiva de la víctima, siempre que no se refiera a la tabla V en el extremo concreto de la acreditación de los perjuicios económicos”. Debe precisarse, según el Fiscal, además, “que no puede ser tildada de arbitraria la instauración de un sistema de tasación de daños corporales y morales que no pretende sino igualar en su reparación económica a todas las víctimas de accidentes de tráfico frente a la notoria desigualdad que existía con anterioridad que creaba ominosas desigualdades entre núcleos de población, que vivían al albur de las decisiones subjetivas de los Tribunales sobre el montante de las indemnizaciones”.

1. El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Logroño ha decidido plantear en su Auto de 31 de julio de 2001 cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado 2 del artículo 1 y los apartados 1 y 7 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en adelante LRC), en la redacción dada a los mismos por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, por su eventual contradicción con los arts. 1.1, 9.3, 14, 15, 24.1 y 117.3 CE.

Los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona ante este Tribunal tienen el tenor siguiente:

1. “Artículo 1. De la responsabilidad civil.

   Apartado 2: Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente Ley”.

2. “Anexo. Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.