ATC 249/2002, 29 de Noviembre de 2002

Fecha de Resolución:29 de Noviembre de 2002
Emisor:Tribunal Constitucional - Sección Primera
Número de Recurso:6820-2000
RESUMEN

Inadmite a trámite el recurso de amparo, promovido por don Julián Navarro Sánchez en pleito civil sobre impugnación de filiación

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Extracto:

Sentencia civil. Tutela judicial efectiva, derecho a la: acceso al proceso, respetado. Filiación: impugnación de la filiación matrimonial. Invocación del derecho vulnerado: falta.

Preámbulo:

AUTO

Antecedentes:

Antecedentes

  1. Por escrito registrado en este Tribunal el 26 de diciembre de 2000 don Julián Navarro Sánchez anunció su intención de interponer recurso de amparo y solicitó la designación de Abogado y Procurador de Turno de Oficio. Nombrados los correspondientes profesionales, el señor Navarro, por escrito de 4 de julio de 2001, representado por el Procurador don Roberto de Hoyos Mencía, formuló recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia de 30 de octubre de 2000, por la que se desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cartagena de 6 de julio de 1998, en juicio de menor cuantía 209/97 sobre impugnación de filiación.

  2. Sucintamente expuestos, la demanda de amparo trae causa de los siguientes hechos relevantes para decidir acerca de su admisión a trámite:

    a) Mediante Sentencia de 6 de julio de 1998 acuerda el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cartagena la desestimación de la demanda de impugnación de filiación respecto de la segunda hija del matrimonio del quejoso, interpuesta por él mismo.

    b) Contra esta resolución presentó apelación el ahora quejoso en amparo. Adujo defectos de forma en la tramitación del procedimiento, al no haberse practicado la prueba biológica, así como que había existido error en el cómputo del plazo establecido para impugnar la paternidad.

    c) El recurso de apelación fue desestimado íntegramente por Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Primera) de 30 de octubre de 2000, que confirmó la resolución de instancia.

  3. En la demanda de amparo se consignan los antecedentes de este tenor:

    El recurrente contrajo matrimonio el 31 de julio de 1987 y tuvo dos hijas, la segunda de las cuales, Sandra, nació el 15 de febrero de 1996 dentro del matrimonio y fue inscrita en el Registro Civil de Cartagena como hija del matrimonio, inscripción que reconoce haber hecho voluntaria y personalmente el hoy recurrente el 16 del mismo mes y año. Según éste, el 6 de enero de 1997, una persona le dijo que la segunda hija, Sandra, era fruto de una relación extraconyugal de la esposa del recurrente, a consecuencia de lo cual el matrimonio entra en crisis, llegando a separación de mutuo acuerdo (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 8 de Cartagena de 24 de marzo de 1997) en que se afirma que ambas hijas son habidas en el matrimonio y, en la que el recurrente contrae la obligación de pagar en concepto de contribución a las cargas del matrimonio y alimentos a las hijas, 15.000 pesetas al mes por cada hija. Teniendo el recurrente con posterioridad conocimiento de que la relación extraconyugal de su esposa era pública y notoria, llega a la convicción de que era posible que Sandra, la segunda hija del matrimonio, no fuera hija biológica suya e interpone demanda de impugnación de filiación el 24 de junio de 1997, alegando que según jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 30 de enero de 1993 y 2 de mayo de 1995) el plazo de caducidad para impugnación de la paternidad de las hijas habidas dentro del matrimonio, establecido en el art. 136 CC en relación con la presunción del art. 116 del propio Cuerpo legal, no es el de un año contado a partir del conocimiento del nacimiento o desde la inscripción para todos los casos, sino que para aquellos casos en que el padre tiene conocimiento de su no paternidad, la iniciación del cómputo ha de hacerse a partir de la fecha en que ha llegado a él dicho conocimiento, invocando el art. 39 CE.

    Con base en estos argumentos, se denuncian dos infracciones constitucionales:

    En primer lugar, se denuncia que las resoluciones recurridas vulneran los arts. 14 y 39.2 CE, pues, al ser dictadas conforme al art. 136 CC, irrogan una «clara discriminación» para los hijos matrimoniales en comparación con los hijos extramatrimoniales, en el supuesto de que el padre registral sea quien impugne su paternidad. En el primer caso hijos matrimoniales la filiación no puede ser puesta en duda pasado un año desde el conocimiento paterno de su nacimiento, «mientras que en el caso de los hijos extramatrimoniales su reconocimiento puede ser impugnado sólo después de transcurrido un año desde el vicio del consentimiento base del reconocimiento...(art. 141 del Código Civil), e incluso cabe impugnar la paternidad extramatrimonial dentro de los cuatro años desde el conocimiento del estado que se impugna en base a la realidad biológica». «Esto implica una clara discriminación en aplicación de la ley...».

    En segundo lugar, aduce vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, indefensión, violación del derecho al proceso y en general de las garantías del art. 24.1 CE, ya que al aplicar el art. 136 CC en un caso como éste, en que el padre conoce los hechos que le inducen a dudar de la paternidad un año después de conocer el nacimiento del hijo matrimonial, hay imposibilidad de ejercer el derecho al proceso.

    Se alega que pende ante este Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad 929/96, en torno al art. 136 CC.

  4. Mediante providencia de 20 de diciembre de 2001 se concedió, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, un plazo de diez días al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal para que formulara, con las aportaciones documentales procedentes, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].

  5. El escrito de alegaciones del demandante se presentó en el Registro General de este Tribunal el 11 de enero de 2002. En dicho escrito se señala que en las resoluciones recurridas no se entra en el fondo por estimarse la excepción de caducidad de la acción y que aunque es cierto que este Tribunal Constitucional entiende que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface no solamente con una sentencia sobre el fondo, sino también con la apreciación de una excepción procesal estimada de forma razonable y debidamente razonada, en este caso no puede desconocerse, a efectos de la admisión de la demanda, que actualmente pende una cuestión de inconstitucionalidad por oposición entre el art. 136 CC y los arts. 14 y 24.1 CE y que en dicha cuestión el Fiscal General del Estado interesó la declaración de inconstitucionalidad del mencionado artículo.

  6. Con fecha 14 de enero de 2002 el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en el que expone su parecer contrario a la admisión del presente recurso de amparo. Tras una sucinta relación de los antecedentes, recordando la distinción entre «acción sostenible» y «recurso admisible», se expresan las razones en las que basa dicha opinión.

    En lo relativo a la pretendida vulneración del art. 14 CE, sostiene, en primer lugar, que no se ha cumplido el requisito de la invocación en el proceso. Además, sostiene que si por cualquier circunstancia se entendiera cumplido el requisito de la invocación, tampoco se plantea de modo constitucionalmente correcto el juicio de igualdad, ya que el término de comparación y el comparado aparecen de modo difuso en la demanda de amparo, al mezclarse supuestos distintos. No se distingue con nitidez las acciones que se comparan que no suponen discriminación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales ni son los mismos demandantes y requisitos, en los supuestos que se ofrecen. Entiende que es totalmente inidónea la comparación entre las acciones del art. 136 y art. 140 CC. Esta última aunque no se cita textualmente es aludida cuando se habla del plazo de cuatro años, solamente contemplado en tal artículo acción incomparable con la de este pleito en cuanto compete al hijo en posesión de estado o a sus herederos. La distinta legitimación justifica un distinto plazo, más amplio, para accionar cuando se ejerce por las personas más directamente afectadas por la filiación pendiente. Por lo demás, el cómputo del dies a quo distinto entre acción de impugnación de la filiación que lo es desde la inscripción en el Registro civil y desde el conocimiento del vicio del consentimiento en el art. 141 del Código civil, puede obedecer, no a una discriminación de los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales, que, además, no tiene por qué resultar peyorativa como dice el demandante, sino al reforzamiento que se quiere dar a la declaración libremente prestada excluyendo los vicios frente a los supuestos del art. 136 que no exigen tal declaración expresa.

    En lo relativo a la eventual lesión del art. 24.1 CE comienza el Fiscal recordando que es constante jurisprudencia de este Tribunal sobre las excepciones en general y sobre la apreciación de la caducidad que el derecho a la tutela judicial efectiva queda colmado cuando no se entra en el fondo de la pretensión por la apreciación de aquella cuando el razonamiento sobre su concurrencia no pueda tildarse de arbitrario o incurso en un error patente o lesionador de otro derecho fundamental (SSTC 9/1992 y 89/1999, entre otras muchas). Sin embargo lo que aquí se podría plantear no es tanto, según el Fiscal, la aplicación razonada de la excepción, sino si el art. aplicado cuya constitucionalidad se ha cuestionado, aunque pendiente de Sentencia (CI 4197/94), no debió ser aplicado o debió haberlo sido de una forma mas flexible entendiendo no caducada la acción y permitiendo la resolución de la pretensión de fondo que no era otra que la determinación de la filiación de la menor.

    Pues bien, entiende el Fiscal que la naturaleza de la cuestión de inconstitucionalidad implica un juicio general y abstracto que abarca la presunta oposición de una norma con rango legal con cualquiera otra de rango constitucional no necesariamente de un derecho fundamental, por lo que no es susceptible de transposición automática su doctrina a los recursos de amparo en trámite. Entiende el Ministerio Público que no existe contradicción entre el patrocinio de una inconstitucionalidad de un precepto que entiende que obstruye racionalmente el acceso al proceso desde un planteamiento abstracto y generalizador y su postura en un recurso de amparo que obliga desde una perspectiva concreta y atendiendo al supuesto analizado a sopesar las circunstancias específicas concurrentes. En este caso, del examen particularizado de las resoluciones recurridas se desprende que no se ha obstruido de modo irracional el acceso al proceso, sobre todo teniendo en cuenta, entre otros factores, que la acción pudo ser ejercitada dentro del plazo al tener el accionante dudas sobre su paternidad antes del transcurso del plazo de un año.

    Fundamentos:

Fundamentos jurídicos

  1. Son objeto de impugnación en este proceso constitucional las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cartagena de 6 de junio de 1998 y de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección Primera) de 30 de octubre de 2000, por las que se desestima por caducidad la acción de impugnación de filiación presentada por el ahora quejoso en amparo. Dichas resoluciones estimaban que, en aplicación del art. 136 CC, la acción de impugnación de filiación había caducado.

    Sostiene el demandante que las mencionadas resoluciones judiciales habrían vulnerado los arts. 14 y 39.2 CE, habiendo irrogado una discriminación para los hijos matrimoniales en relación con los extramatrimoniales, así como el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, ya que al aplicar el art. 136 CC en un caso como éste, en que el padre conoce los hechos que le inducen a dudar de la paternidad un año después del nacimiento del hijo matrimonial, hay imposibilidad de ejercer el derecho al proceso. Añade que pende ante este Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad 929/96, en torno al art. 136 CC.

  2. En cuanto a la vulneración de los arts. 14 y 39.2 CE, ha de señalarse ante todo que es claro que sólo la del primer precepto el art. 14 CE ha de ser tenida en cuenta a efectos del recurso de amparo constitucional, toda vez que dicho recurso solamente protege los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 CE y la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 CE (arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC y, por todas, STC 21/2002, de 28 de enero, FJ 2). Por lo demás, la afirmación del art. 39.2 de que los hijos son iguales ante la ley es una repetición de lo ya preceptuado en el art. 14 CE.

    Ello sentado, respecto de esta vulneración, debemos comenzar nuestro análisis, necesariamente, por el óbice formal planteado por el Ministerio Fiscal sobre la inobservancia del requisito de la invocación previa previsto en el art. 44.1 c) LOTC. Pues bien, debemos recordar que en reiteradas ocasiones hemos declarado que dicha invocación no constituye un requisito meramente formal o rutinario, sino que se articula en razón de una finalidad evidente, como es la garantía del principio de subsidiariedad en la actuación de este Tribunal en orden a restablecer las eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales (arts. 43.2 y 44.1 a LOTC). Dicha garantía preserva la prioridad de los órganos judiciales en el conocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales, y sólo es posible si el recurrente manifiesta expresamente ante los Tribunales la lesión de la que entiende está siendo objeto. Y, asimismo, hemos considerado como criterio el posibilitar una adecuada ponderación entre la exigencia de este requisito y el propio acceso al recurso de amparo, que se ha concretado en una interpretación flexible por parte del Tribunal sobre la forma y el tiempo en que deba entenderse hecha la invocación. Flexibilidad que, en lo que a la forma se refiere, se ha venido desarrollando con la exclusión de una versión puramente formalista y gratuitamente restrictiva de su cumplimiento, a favor de una lectura acorde con las finalidades que la invocación cubre.

    En tal sentido, este Tribunal ha declarado que no es exigible la cita del precepto constitucional concreto que se estima vulnerado, ni tampoco la reproducción de su nomen iuris o calificación jurídica de la norma fundamental vulnerada, sino que lo realmente relevante para entender hecha la invocación es haberla planteado en términos tales que pueda identificarse como descripción de la violación de un derecho fundamental y permita por tanto al órgano judicial, conocida por manifestada la relevancia constitucional de la eventual lesión, pronunciarse respecto a su restablecimiento. En definitiva, basta para considerar cumplido el requisito con que de las alegaciones del recurrente pueda inferirse la lesión del derecho fundamental que luego se intente invocar en el recurso de amparo (STC 142/2000, de 29 de mayo, FJ 2), siempre que la queja haya quedado acotada en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre la misma (SSTC 75/1998, de 25 de abril, FJ 5; 29/1996, de 26 de febrero, FJ 2; 146/1998, de 30 de junio, FJ 4; 310/2000, de 28 de diciembre, FJ 2, y 14/2001, de 29 de enero, FJ 11, y 136/2002, de 3 de junio, FJ 2).

    Pues bien, en el presente caso, con relación a la vulneración del principio de igualdad, concurre una patente falta de invocación en el proceso, por lo que no aparece cumplido el requisito procesal del art. 44.1 c) LOTC. En efecto, habiéndose apreciado en la Sentencia de instancia la excepción de caducidad por el transcurso del plazo de un año del art. 136 CC, es en ese momento en el que, según el recurrente, se produjo la lesión del derecho de igualdad. Consecuentemente con ello, en el recurso de apelación interpuesto debió llamarse la atención a la Audiencia Provincial sobre ello para que reparara la vulneración. Sin embargo, como motivos del recurso, únicamente constan los defectos de forma en la tramitación del procedimiento y el error en el cómputo del plazo de caducidad. Ninguno de ambos tiene relación directa o indirecta con el principio de igualdad del art. 14 CE. La conclusión es que no se dio oportunidad al Tribunal de apelación para atender a tal objeto procesal, quedando imprejuzgada la presunta vulneración y dejándose incumplido el requisito susodicho, establecido en el art. 44.1 c) LOTC.

  3. La invocación del art. 24.1 obliga al examen particularizado de las resoluciones recurridas para comprobar si se ha obstruido de modo irracional el acceso al proceso y si en todo caso las respuestas obtenidas son aceptables desde la perspectiva de la tutela.

    Ha de señalarse que la Sentencia del Juzgado hace un estudio de la excepción contemplando su ratio legis que se corresponde con el respeto a la seguridad jurídica y a la paz de la familia, sea biológica o no, y al bien del menor afectado. De ahí que, al estudiar el caso concreto y no constando que la norma haya sido declarada inconstitucional y descartando el subjetivismo del criterio del conocimiento, proceda a aplicarla, teniendo en cuenta además que la acción pudo ser ejercida dentro del plazo al tener el accionante dudas sobre su paternidad antes del transcurso del plazo de un año.

    El recurrente reconoce que tuvo noticia de que la hija podía no ser suya el 6 de enero de 1997, esto es, antes de que transcurriera el año desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil (16 de febrero de 1996) con lo que el plazo de caducidad del art. 136.1 CC no produjo, en este caso, indefensión. Se tiene en cuenta, asimismo, el comportamiento ulterior del presunto padre, indicando que «el supuesto conocimiento de la inexactitud de la filiación se habría producido antes de que transcurriera el año desde la inscripción, no obstante lo cual el actor no sólo dejó transcurrir el plazo sin impugnar la paternidad sino que durante el mismo continuó comportándose como padre de la niña negociando, ratificando y cumpliendo un convenio en el que se establece un régimen de amplias relaciones con las dos hijas del matrimonio».

    La Audiencia Provincial, ratificando los argumentos del Juez, destaca el carácter objetivo del requisito del transcurso de un año desde la inscripción en el Registro Civil y el formulado con carácter negativo en el precepto (ignorancia del nacimiento) en una interpretación flexible, como se pide en la demanda de amparo. A estos efectos, en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia, se descarta en apoyo del desconocimiento la prueba notarial preconstituida y, como base afirmativa de la filiación, la asunción de su condición de padre en el convenio de separación: «El acta notarial de manifestaciones de hermano del ahora apelante, aparte de ser una prueba preconstituida como se razona por el juez a quo, constituye una simple manifestación diferencial sin aportar una prueba con la eficacia probatoria concluyente; y de otra, porque lo que sí consta acreditado, es que en la Sentencia de separación matrimonial dictada después de haber transcurrido un año desde la inscripción en el Registro Civil de la hija cuya filiación se impugna, se aprueba el referido convenio en el que claramente se asume sin ninguna duda la paternidad por parte del apelante».

    Con los datos antedichos y los razonamientos jurídicos expuestos, no cabe apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, careciendo por tanto de contenido constitucional la demanda.

    Fallo:

    Por todo ello, la Sección acuerda la inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.Madrid, veintinueve de noviembre de dos mil dos.