ATC 125/2018, 28 de Noviembre de 2018

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional - Pleno
RESUMEN


Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1902-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.

 
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Pleno. Auto 125/2018, de 28 de noviembre de 2018. . Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1902-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

Antecedentes

  1. . El 10 de abril de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo por el que se remite testimonio de las actuaciones formalizadas en el procedimiento abreviado núm. 368-2015, y del Auto de fecha 16 de febrero de 2018, por el que el Magistrado Juez de lo Penal acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal (CP), por “posible vulneración del principio de legalidad penal, o su interpretación integradora, como presunción de puesta en peligro cuando quien maneja el vehículo a motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad, a resolver caso a caso en legalidad ordinaria”.

  2. Son hechos y antecedentes procesales relevantes para la resolución de este proceso constitucional, los siguientes:

    1. El 4 de abril de 2014 agentes de la Guardia Civil de Seseña (Toledo) que estaban realizando servicio de seguridad ciudadana en un punto de verificación de personas y vehículos en la CM-4010 (Toledo), identifican como conductor de un vehículo Hyundai Atos a don José Fernández Lozano, verificando posteriormente la existencia de requisitoria previa contra él por la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico. Constatan asimismo que el conductor no posee ningún tipo de carnet de conducir.

      Una vez recibido el atestado de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Illescas abre diligencias urgentes de juicio rápido núm. 15-2014, contra don D. José Fernández Lozano, acordando al tiempo la práctica de las diligencias de investigación que consideró necesarias para esclarecer la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tal conducta. Mediante Auto de 7 de abril de 2014, se decide continuar el procedimiento como diligencias previas de procedimiento abreviado (núm. 730-2014), según lo dispuesto en el artículo 798.2 regla 2 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). En otro Auto fechado el mismo día 7 de abril de 2014, se decreta la detención y presentación del imputado ante el juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no se presenta. Tras la detención que se producirá unos días después, un Auto de 18 de junio de 2014 decreta la libertad provisional del imputado, una vez se le toma declaración. Mediante Auto de 15 de julio de 2014 se decreta la continuación de la tramitación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado núm. 65-2014.

    2. El 24 de octubre de 2014, a petición del Ministerio Fiscal, el Juez acordó la apertura del juicio oral tras haber sido formulado escrito de acusación en el que imputaba al conductor la comisión de un delito contra la seguridad vial previsto y penado en el artículo 384.2 CP, como consecuencia de haber sido sorprendido conduciendo sin haber obtenido nunca permiso para conducir vehículos a motor o ciclomotor. Formulado escrito de defensa, las actuaciones fueron remitidas y recibidas por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo (procedimiento abreviado núm. 368-2015) el 26 de enero de 2016. El Juzgado declaró pertinentes las pruebas propuestas y fijó la fecha de celebración del juicio oral para el 26 de julio de 2017.

      No habiéndose podido notificar personalmente al acusado la fecha de celebración del juicio oral, mediante Auto de 26 de julio de 2017, se adopta como medida cautelar su detención y presentación ante el Juzgado, detención esta que se producirá el 31 de agosto de 2018. La Letrada de la Administración de Justicia, a través de diligencia de ordenación fechada el 31 de agosto de 2017, fija nueva fecha del juicio oral para el 16 de enero de 2018.

    3. El 26 de enero de 2018, una vez celebrado el juicio oral en el que el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación antes expresada, el Juez de lo Penal dictó providencia en la que acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y la defensa del acusado para formular alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal, en cuanto coexisten en el ordenamiento jurídico “conductas en el ámbito de la circulación vial que son sancionadas por (la) legislación administrativa y por la legislación penal sin que el legislador haya establecido una nítida separación, sin desplazamiento del orden penal por su previsión administrativa ni al contrario”.

      La defensa del acusado mostró su conformidad con el planteamiento de la cuestión anunciada.

      El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el día 12 de febrero de 2018, considerando improcedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Su argumentación puso de relieve que, después de haber aplicado durante años —desde 2012— el precepto cuestionado en un determinado sentido, propugnando una solución absolutoria, el Juez plantea ahora la duda de constitucionalidad una vez el Tribunal Supremo, a instancias del Ministerio Fiscal, ha dictado varias sentencias durante el año 2017 fijando una interpretación del precepto penal cuestionado distinta de la propugnada por el Juez de lo Penal y la Audiencia Provincial de Toledo. En ellas, valorándolo como un delito de riesgo abstracto, no exige la inferencia de que en cada caso analizado se hubiera producido un peligro concreto para la seguridad vial para entender subsumida la conducta en el precepto penal. Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal “considera improcedente que el Juez promueva la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 384.2 del Código Penal por haberlo aplicado dictando numerosas sentencias anteriormente, sin haber albergado dudas, hasta ahora, de su constitucionalidad. Porque las sentencias absolutorias dictadas por el Juez fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Toledo, Tribunal que no ha discutido la constitucionalidad de tal precepto legal. Y porque el Tribunal Supremo tampoco apreció síntomas de inconstitucional del artículo, al resolver los recursos de casación”.

      La defensa del acusado se mostró conforme con la necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad.

    4. El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo, por Auto de 16 de febrero de 2018, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25 CE), ya que el precepto penal cuestionado puede vulnerar la obligación de taxatividad al admitir interpretaciones diversas que ponen en cuestión la seguridad jurídica de los conductores.

      Según expone, el supuesto déficit de taxatividad no deriva en sí mismo de la propia dicción del precepto cuestionado, sino de su necesaria puesta en relación con la coexistente previsión normativa, como infracción administrativa muy grave, de la conducta consistente en “conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente” [artículo 77 k) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que ha sustituido, con la misma dicción al artículo 65.5 k) del Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se aprobó el texto articulado sobre la misma materia].

      Para el promotor de la cuestión —que sigue en su razonamiento el criterio expresado por el acuerdo no jurisdiccional de 15 de enero de 2013, de la Audiencia Provincial de Toledo, aplicado en las Sentencias 10/2013, 13/2013 y 28/2013 de dicho órgano judicial, así como en otras sentencias absolutorias que, desde entonces, lo toman en consideración—, la interpretación sistemática y lógica del artículo 77, letra k) del Real Decreto Legislativo 6/2015 y del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, permiten concluir que tienen como presupuesto fáctico de aplicación la misma conducta. A partir de esta conclusión, entiende que, para que el sistema sancionador penal y administrativo tenga coherencia, ha de interpretarse que para poder considerar constitutiva de delito la conducta descrita en la norma penal cuestionada, es preciso que “en la acción sea de apreciar un elemento más de peligrosidad, de afectación del bien jurídico protegido, de culpabilidad, de desvalor de acción o de desvalor del resultado, que la requerida para imponer la sanción administrativa”, de forma que “solo podrá hablarse del delito del artículo 384 del Código penal cuando el riesgo generado por el hecho de conducir sin permiso sea superior al que se produce por el solo hecho de hacerlo; dicho de otro modo, en general el conducir un vehículo de motor careciendo de permiso de conducir o de licencia será infracción administrativa y sólo cuando se demuestre, por las circunstancias concretas de los hechos, que ese riesgo es superior al que trata de proteger la norma administrativa podrá hablarse de delito. Es obvio que no es posible hacer un elenco o catálogo de supuestos, que siempre tendrán un carácter relativo, pero entendemos que con las bases establecidas será suficiente como para poder diferenciar en qué ocasiones los hechos han de merecer el reproche del derecho penal”.

  3. La Sección Segunda del Pleno de este Tribunal, por providencia de 18 de septiembre de 2018, a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuere notoriamente infundada.

  4. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de octubre de 2018, solicitando la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad por entender que la misma es notoriamente infundada.

    Comienza su informe exponiendo los antecedentes y el iter procesal previo del que trae causa la presente cuestión. Expone que nada puede objetarse en relación con el rango legal de la disposición cuestionada, el cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 35.2 LOTC, existiendo correspondencia entre el precepto legal cuestionado y los preceptos constitucionales afectados e identificados en la providencia de apertura del trámite de audiencia. Añade, que tampoco es posible efectuar objeción alguna al juicio de aplicabilidad y relevancia puesto que la acusación pública se efectúa definitivamente por el tipo del inciso segundo del apartado segundo del artículo 384 CP y no cabe discutir que en el presente caso se da la circunstancia de que el precepto indicado es relevante por cuanto no cabe duda que de su validez constitucional depende entonces el fallo. En relación con la formulación del denominado “juicio de relevancia”, indica que se efectúa correctamente en el fundamento de Derecho 6 del Auto de planteamiento al justificar suficientemente cómo la decisión del proceso depende de la validez de la norma dada la calificación de los hechos por el Ministerio Fiscal.

    En cuanto al fondo indica que el criterio de la Fiscalía General del Estado, favorable al entendimiento de la cuestión como notoriamente infundada por absoluta falta de fundamento de las dudas formuladas por el órgano proponente, ya fue anticipado en un caso sustancialmente idéntico, en las alegaciones formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6104-2017 y así fue acogido por el Pleno del Tribunal Constitucional en su Auto núm. 67/2018, de 20 de junio, posteriormente reiterado en los AATC 80/2018 y 81/2018 , de 17 de julio, por lo que basta remitirse a la fundamentación jurídica contenida en los fundamentos 4 a 6 del referido ATC 67/2018 .

    En efecto, sostiene que, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6104-2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, tras exponer la doctrina constitucional aplicable sobre el principio de legalidad y el mandato de taxatividad, en el fundamento jurídico 4 del referido ATC 67/2018 , aborda el planteamiento del mismo órgano aquí proponente y plenamente coincidente con el ahora enjuiciado, significando básicamente dos razones que abundan en la carencia de total fundamento de las dudas que suscita el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo: (i) que las conductas a que se refieren el precepto penal y el administrativo sancionador son distintas; (ii) y que existe una interpretación regular y estable de la jurisprudencia aplicativa que permite despejar cualquier duda interpretativa.

    Concluye señalando, que por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional consideró que la duda planteada carece notoriamente de fundamento, lo que justificó su inadmisión. Y la misma decisión merece la presente cuestión dada la identidad existente con la planteada en la cuestión de inconstitucionalidad registrada con el número 6104-2017.

Fundamentos jurídicos

Único. La presente cuestión de inconstitucionalidad es sustancialmente coincidente con la cuestión núm. 6104-2017, planteada también por el Juzgado de lo Penal núm.1 de Toledo respecto del mismo precepto legal y con idéntica fundamentación, como pone de manifiesto en su informe el Fiscal General del Estado. Esa cuestión fue inadmitida por ATC 67/2018 , de 20 de junio, por ser notoriamente infundada (art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Fiscal General del Estado interesa la inadmisión de la presente cuestión por los mismos motivos que llevaron a este Tribunal a inadmitir la cuestión núm. 6104-2017. Pues bien, una vez constatado que la fundamentación de la cuestión es idéntica en ambos casos, procede remitirse en su integridad, excusando repeticiones innecesarias, a lo razonado en los fundamentos jurídicos 4 a 6 del ATC 67/2018 y en consecuencia inadmitir también la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.