ATC 458/2004, 16 de Noviembre de 2004
| Ponente | Excms. Srs. Casas Baamonde, Jiménez Sánchez, Conde Martín de Hijas, Delgado Barrio, Pérez Vera, García-Calvo y Montiel, Gay Montalvo, Rodríguez-Zapata Pérez, Rodríguez Arribas, Sala Sánchez, Aragón Reyes y Pérez Tremps |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Constitucional - Pleno |
| ECLI | ES:TC:2004:458A |
| Número de Recurso | 5781-2003 |
A U T O
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Mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de septiembre de 2003, el Abogado del Estado en la representación que ostenta del Gobierno de la Nación, promovió conflicto positivo de competencia contra los artículos 3.1.c) y 5.3 del Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003, de 10 de junio, de regulación de las oficinas de la Generalidad de Cataluña en el exterior.
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La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de octubre de 2003, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, de conformidad con lo establecido en el art. 82.2 LOTC, al Gobierno de la Generalidad de Cataluña por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días, pudiera personarse en el procedimiento y formular alegaciones; tener por invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del conflicto; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos; así como, finalmente, publicar la incoación del conflicto y la suspensión acordada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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El Letrado de la Generalidad de Cataluña, mediante escrito registrado el 14 de noviembre de 2003, se personó en el procedimiento y formuló alegaciones, interesando se inadmitiera el presente conflicto y se declarara que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña.
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La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de febrero de 2004, próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 161.2 de la Constitución desde que se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, acordó oír a las partes personadas Abogacía del Estado y representación procesal de la Generalidad de Cataluña- para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideraran conveniente sobre el levantamiento o mantenimiento de la mencionada suspensión.
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El Abogado del Estado mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de febrero de 2004, formuló alegaciones, en solicitud del mantenimiento de la suspensión. El Abogado de la Generalidad, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 17 de febrero de 2004, solicitó el levantamiento de la suspensión de los preceptos que son objeto del presente conflicto positivo de competencias. El Pleno de este Tribunal mediante Auto de 10 de marzo de 2004 acordó mantener la suspensión de la vigencia del art. 3.1.c) y levantar la suspensión respecto del art. 5.3, ambos del Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003, de 10 de junio, de regulación de las oficinas de la Generalidad de Cataluña en el exterior.
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Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de septiembre de 2004, el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno, debidamente autorizado, manifiesta que desiste del presente conflicto competencial (arts. 80 y 86 LOTC), suplicando en dicho escrito que se acuerde tener por desistido al Gobierno de la Nación. La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de septiembre de 2004, acordó incorporar a los autos el anterior escrito del Abogado del Estado y oír a la representación procesal del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, para que, en plazo que no excediera de diez días, alegase lo que estimare procedente en relación con la solicitud de desistimiento del presente procedimiento.
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Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 2004, la representación procesal del Gobierno de la Generalidad de Cataluña manifestó su conformidad con la finalización del presente procedimiento.
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El desistimiento aparece contemplado como modo de terminación de los procesos constitucionales en el art. 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo art. 80 remite, a su vez, a la Ley de enjuiciamiento civil para la regulación con carácter supletorio de este acto procesal (arts. 19.1 y 20.2 LEC), que puede ser parcial, cuando afecta a alguna de las pretensiones en caso de pluralidad del objeto, y total, cuando se refiere a todas o a la única pretensión (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 1; 237/1992, de 15 de diciembre; AATC 33/1993, de 26 de enero; 173/1997, de 20 de mayo). Así pues, en virtud de los citados preceptos puede estimarse como forma admitida para poner fin a un conflicto positivo de competencia, total o parcialmente, la manifestación de la voluntad de desistir, siempre que, según reiterada doctrina de este Tribunal, no se opongan las demás partes personadas a través de un motivo declarado válido por este Tribunal, ni se advierta interés constitucional que aconseje la prosecución del proceso hasta su finalización por Sentencia (AATC, por todos, 33/1993, de 26 de enero; 173/1997, de 20 de mayo; 190/1997, de 3 de junio; 179/1998, de 21 de julio; 265/1999, de 10 de noviembre; 129/2002, de 16 de julio; 43/2004, de 10 de febrero; 234/2004, de 7 de junio).
El Abogado del Estado, debidamente autorizado, según certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado al efecto, de 27 de agosto de 2004, pide que se le tenga por desistido del presente conflicto positivo de competencia promovido en relación con los artículos 3.1.c) y 5.3 del Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003, de 10 de junio, de regulación de las oficinas de la Generalidad de Cataluña en el exterior.
La representación procesal del Gobierno de la Generalidad de Cataluña no se opone al desistimiento formulado, sin que se advierta interés constitucional que aconseje la prosecución del conflicto hasta su finalización por sentencia.
Por lo expuesto, el Pleno
Tener por desistido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, del conflicto positivo de competencia promovido en relación con los artículos 3.1.c) y 5.3 del Decreto de la Generalidad de Cataluña 156/2003, de 10 de junio, de regulación de las oficinas de la Generalidad de Cataluña en el exterior, y declarar extinguido el proceso.
Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil cuatro
