ATC 257/2007, 23 de Mayo de 2007

Con fecha 8 de enero de 2007 se registró en este Tribunal escrito

del Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Canarias al que se adjuntaba testimonio del rollo de suplicación

núm. 447-2006 y Auto de 11 de octubre de 2006, por el que se acuerda

plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con

la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990,

de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (en

la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social), y con los artículos

III, VI y VII del Acuerdo sobre anseñanza y asuntos culturales, suscrito

el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratificado

por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracción

de los arts. 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2, 24.1, 28.2 y 103.3 de la Constitución.

Del conjunto de las actuaciones remitidas por el órgano judicial

proponente resulta que los hechos que dan lugar al planteamiento de la cuestión

son, sucintamente expuestos, los que siguen:

1. Don Martín Domingo Suárez Quesada había venido

   prestando servicios como profesor de religión y moral católicas

   desde el 14 de octubre de 1993, siendo miembro del Secretariado General

   de la Federación Nacional de Profesores de Religión de la

   Confederación Canaria de Trabajadores.

2. Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Las Palmas de

   Gran Canaria de 31 de enero de 2005 se declaró la nulidad del despido

   del Sr. Suárez Quesada por vulneración del derecho de libertad

   sindical, condenando a la Comunidad Autónoma a la readmisión

   del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. Además,

   la Sentencia condenaba a la Comunidad Autónoma a abonar al actor

   la suma de 3.005,07 € en concepto de indemnización por daños

   y perjuicios.

3. Interpuesta por el profesor demanda de tutela de derechos fundamentales

   contra el Obispado, el Juzgado de lo Social núm. 7 de Las Palmas

   de Gran Canaria dictó Sentencia de 22 de noviembre de 2005 estimando

   la demanda. En el Auto de planteamiento de la presente cuestión no

   se da cuenta del contenido ni de los antecedentes de dicha Sentencia, de

   la que tampoco se adjunta testimonio. En todo caso, contra la misma interpuso

   recurso de suplicación el Obispado de Canarias, que dio lugar al

   rollo núm. 447-2006, en el que se acuerda plantear esta cuestión

   de inconstitucionalidad.

4. Aún cuando no se hace constar en el Auto de planteamiento, la

   Sala que eleva la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el

   art. 35.2 LOTC, dictó providencia de 27 de julio de 2006 por la que

   requirió a las partes para que alegaran lo que estimasen conveniente

   en relación con la pertinencia de cuestionar la constitucionalidad

   de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990,

   de 3 de octubre, de ordenación general del sistema Educativo (en

   la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas

   fiscales, administrativas y del orden social), y de los arts. III y IV del

   Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito con la Santa

   Sede el 3 de enero de 1979. En dicho proveído se señalaban

   como supuestamente conculcados los arts. 9, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27 y

   103.3 de la Constitución.

5. Entre las actuaciones remitidas por la Sala figuran las alegaciones

   ex art. 35.2 LOTC evacuadas por la representación del Sr. Suárez

   Quesada, por la Comunidad Autónoma canaria y por el Obispado de Canarias.

   Mientras el primero interesa el planteamiento de la cuestión y la

   Comunidad Autónoma se opone a ello, el Obispado denuncia que la cuestión

   debatida en el proceso a quo no tiene que ver con la duda de constitucionalidad

   suscitada por la Sala, pues lo discutido es si el Obispo había lesionado

   el derecho al honor del Sr. Suárez Quesada con el contenido de la

   carta dirigida a los padres de los alumnos.

Mediante Auto de 11 de octubre de 2006, la Sala acordó plantear

cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición

adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

ordenación general del sistema educativo (en la redacción

dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas

y del orden social), y con los arts. III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza

y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español

y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por

posible infracción de los arts. 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2, 24.1,

28.2 y 103.3 de la Constitución.

El Auto de la Sala reproduce el contenido de un anterior Auto dictado en

el recurso de suplicación 419-2002, en el que la Sala había

ya planteado en otro supuesto similar cuestión de inconstitucionalidad

ya admitida a trámite, añadiendo la argumentación relativa

a la posible vulneración por las disposiciones cuestionadas de los

arts. 20.1 y 28.2 CE, a los que no se aludía en el Auto de planteamiento

de aquella cuestión anterior.

Tras exponer con detalle los avatares de la evolución del régimen

normativo de la enseñanza de la religión católica en

los centros públicos (FJ 1) y la disciplina canónica observada

por la Iglesia en materia docente (FJ 2), el órgano judicial advierte

de que “no es objeto de esta cuestión la constitucionalidad

de la inserción de la religión y moral católica en

el itinerario educativo de la enseñanza reglada (…). El objeto

de la cuestión (…) se limita a dos opciones normativas que

constituyen un mero instrumento contingente de dicha enseñanza y

que son, en primer lugar, el que se haya acudido a contratos de naturaleza

laboral para cumplir la función de enseñar de la Iglesia y,

en segundo lugar, que, además, los correspondientes trabajadores

sean contratados por las Administraciones Públicas, configurando,

en definitiva, supuestos de empleo público. Ambas opciones imponen

determinadas exigencias desde el punto de vista de la constitucionalidad

que parecen difícilmente compatibles con la regulación específica

de los profesores de religión católica resultante de la normativa

vigente] y, en concreto, con la inmunidad frente al Derecho de las decisiones

sobre la contratación y renovación de los profesores adoptadas

por el Obispado y, en segundo lugar, con el condicionamiento del acceso

y mantenimiento de empleos públicos a criterios de índole

religiosa y confesional” (FJ 3).

A juicio de la Sala, la Declaración eclesiástica de idoneidad

(DEI) necesaria para la contratación de los profesores de religión

no puede concederse o denegarse sin otra referencia que la propia del Derecho

canónico, sino que debe ser compatible con los derechos fundamentales

del trabajador, en cuyo respeto ha de encontrar un límite insuperable.

Sin embargo, del art. III del Acuerdo con la Santa Sede sobre educación

y asuntos culturales se desprende que la decisión eclesiástica

sobre el particular únicamente debe ajustarse a la normativa canónica

y que, además, el Estado no puede oponer a ello ninguna norma interna,

ni someterla a control judicial, so pena de infringir el Derecho internacional.

Tal situación sería, para el órgano judicial, radicalmente

contraria a la Constitución.

La Sala cuestiona asimismo la constitucionalidad de la condición

de empleo público atribuida a los puestos de trabajo de los profesores

de religión católica y resultante de la disposición

adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE), en la redacción

dada por la Ley 50/1998, en conjunción con los arts. III, VI y VII

del Acuerdo con la Santa Sede. Para la Sala, de esa conjunción se

deriva que el acceso a empleos públicos y su mantenimiento sean determinados

exclusivamente por un sujeto ajeno a la Administración Pública

(el Obispado) y sometido únicamente a un Derecho externo e indisponible

por los órganos judiciales nacionales (el Derecho canónico).

Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría del

Pleno de este Tribunal Constitucional de 11 de enero de 2007 se requirió a

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para

que, de conformidad con el art. 36 LOTC, remitiera testimonio de las actuaciones

correspondientes al recurso de suplicación núm. 447-2006,

así como de la providencia dictada por la Sala ex art. 35.2 LOTC,

acreditando su notificación a todas las partes y al Ministerio Fiscal,

con remisión del escrito de alegaciones presentado por este último.

Los testimonios interesados se registraron en el Tribunal el 26 de enero

de 2007. Figura entre ellos copia de una providencia de la Sala, de fecha

12 de enero de 2007, por la que, una vez verificado que la providencia dictada

en su día ex art. 35.2 LOTC no le había sido notificada al

Ministerio Fiscal, se acuerda darle “traslado de la misma y una vez

transcurrido el plazo [,] con alegaciones o no [,] remítase al Tribunal

Constitucional para su resolución”.

El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal se presentó en el órgano

a quo el 16 de enero de 2007 y en él se consideró pertinente

el planteamiento de la cuestión.

Mediante providencia de 27 de febrero de 2007 la Sección Segunda

de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1

LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez

días alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad

de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación

con la posible falta de las condiciones procesales para su admisión.

Mediante escrito registrado el día 20 de marzo de 2007 el Fiscal

General del Estado evacuó el trámite conferido interesando

la desestimación de la cuestión. Tras exponer los antecedentes

de la misma y poner de relieve que es idéntica a otras planteadas

con anterioridad por la misma Sala, a una de las cuales se remite en todo

al Auto de planteamiento de la cuestión, recuerda el Fiscal que,

con posterioridad al planteamiento de la cuestión, el Tribunal ha

dictado la STC 38/2007, de 15 de febrero, que resuelve la cuestión

de inconstitucionalidad 4831/2002, por lo que interesa que se dicte Sentencia

desestimando la presente cuestión en los términos acordados

en la citada STC 38/2007.

1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

cuestiona en este procedimiento la constitucionalidad de varias normas.

De un lado, tres preceptos incluidos en el Acuerdo entre el Estado Español

y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero

de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979 (BOE núm.

300, de 15 de diciembre), y cuyo tenor es el que sigue:

Artículo III

En los niveles educativos a los que se refiere el artículo

anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas

que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica

entre aquéllas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta

enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano

comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas

competentes para dicha enseñanza.

En los centros públicos de Educación Preescolar, de Educación

General Básica y de Formación Profesional de primer grado,

la designación, en la forma antes señalada, recaerá con

preferencia en los profesores de EGB que así lo soliciten.

Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.

Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos,

del Claustro de Profesores de los respectivos Centros

.

Artículo VI

A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar

los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica,

así como proponer los libros de texto y material didáctico

relativos a dicha enseñanza y formación.

La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado,

en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por

que esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente,

quedando sometido el profesorado de religión al régimen general

disciplinario de los Centros

.

Artículo VII

La situación económica de los Profesores de religión

católica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan

a los Cuerpos docentes del Estado, se concertará entre la Administración

Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea

de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo

.

De otro lado, se cuestiona la disposición adicional segunda de la

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general

del sistema educativo, en la redacción dada a la misma por el art.

93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas

y del orden social, que establece lo siguiente:

La enseñanza de la religión se ajustará a lo

establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito

entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto

en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas.

A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluirá la

religión como área o materia en los niveles educativos que

corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de

carácter voluntario para los alumnos.

Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes,

impartan enseñanzas de religión en los centros públicos

en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente

Ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de

duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo

completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones

que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos,

debiendo alcanzarse la equiparación retributiva en cuatro ejercicios

presupuestarios a partir de 1999

.

Conforme a lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC, este Tribunal puede rechazar

en trámite de admisión y mediante Auto aquellas cuestiones

de inconstitucionalidad que adolezcan de la falta de los necesarios requisitos

procesales o que fueren notoriamente infundadas.

En este sentido, hemos señalado que: A) Las exigencias de naturaleza

procesal, en primer lugar, impuestas por “el art. 35.2 LOTC, en desarrollo

de lo dispuesto en el art. 163 CE, tienden a evitar que la cuestión

de inconstitucionalidad se convierta en un medio de impugnación directa

y abstracta de la validez de la Ley, garantizando, al propio tiempo, que

su uso sirva a la finalidad de conciliar la doble obligación que

recae sobre los órganos judiciales de actuar sometidos a la Ley y

a la Constitución (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1). Se trata con

ello de impedir que esta vía procesal resulte desvirtuada por un

uso no acomodado a su naturaleza y finalidad propias” (ATC 188/2003,

de 3 de junio, FJ 1). B) El concepto de “cuestión notoriamente

infundada”, en segundo lugar, “encierra un cierto grado de indefinición

que se traduce procesalmente en otorgar a este Tribunal un margen de apreciación

a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones

de inconstitucionalidad” (AATC 389/1990, de 29 de octubre, FJ 1; 165/2001,

de 19 de junio, FJ 2), existiendo supuestos en los que “un examen

preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la

falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique,

necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación

o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales

casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime

si su admisión pudiera provocar efectos no deseables como la paralización

de múltiples procesos en los que resulte aplicable la norma cuestionada

(AATC 389/1990, de 29 de octubre, FJ 1; 134/1995, de 9 de mayo, FJ 2; 380/1996,

de 17 de diciembre, FJ 2; 229/1999, de 28 de septiembre, FJ 2; 119/2000,

de 10 de mayo, FJ 2; 311/2000, de 19 de diciembre, FJ 3; 46/2001, de 27

de febrero, FJ 2, y 47/2001, de 27 de febrero, FJ 3)” (ATC 165/2001,

de 19 de junio, FJ 2).

Pues bien, el análisis de la cuestión de inconstitucionalidad

pone de manifiesto que en la misma concurren ambos motivos de inadmisión,

dado que la misma no satisface las exigencias que para su promoción

se derivan de los arts. 163 CE y 35 a 37 LOTC y resulta, además,

notoriamente infundada.

1. Según reconoce la propia Sala en su providencia de 12 de enero

   de 2007, de la providencia dictada ex art. 35.2 LOTC el 27 de julio de 2006

   no se dio traslado al Ministerio Fiscal sino hasta el día 12 de enero

   de 2007, esto es, varios meses después del Auto de planteamiento

   de la cuestión (de 11 de octubre de 2006) y sin que la Sala, a la

   vista de las alegaciones del Ministerio Público evacuadas el 16 de

   enero de 2007, haya dictado nuevo Auto de planteamiento. De manera que la

   cuestión se ha elevado a este Tribunal sin tener a la vista las alegaciones

   de una de las partes en el proceso.

   Por lo demás, en el repetido Auto ni siquiera se hace constar la

   apertura del trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC, ni se da cuenta

   de las alegaciones presentadas por las demás partes procesales que,

   no obstante, obran en las actuaciones.

   Finalmente, siempre en relación con el trámite de audiencia,

   se constata que en la providencia dictada al efecto no se aludió a

   dos de los preceptos legales finalmente cuestionados, arts. VI y VII del

   Acuerdo de 3 de enero de 1979, ni se invocó tampoco, como precepto

   supuestamente infringido, el art. 28.2 CE.

2. En segundo lugar, una de las disposiciones cuestionadas, la disposición

   adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, no puede ser una norma

   aplicable al caso y de cuya validez dependa la decisión del proceso

   a quo, toda vez que dicha disposición no se encontraba en vigor en

   la fecha en que se produjeron los hechos que dieron lugar al proceso, habiendo

   sido expresamente derogada, varios años antes, por la Ley Orgánica

   10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (disposición

   derogatoria única).

3. En tercer lugar, la Sala de lo Social no ha cumplido correctamente en

   el Auto de planteamiento de la cuestión el requisito previsto en

   el art. 35.2 LOTC, que exige al órgano judicial que especifique “en

   qué medida la decisión del proceso depende de la validez de

   la norma en cuestión”. Al reproducir íntegramente en

   el Auto el contenido de anteriores Autos a través de los cuales ha

   planteado diversas cuestiones de inconstitucionalidad ante este Tribunal

   en relación con los mismos preceptos, la Sala analiza la relevancia

   de la cuestión planteada con respecto a un proceso por despido que

   nada parece tener que ver con el que da origen a las presentes actuaciones,

   en las que, como puso de relieve el Obispado de Canarias en sus alegaciones

   ex art. 35.2 LOTC, lo que se discute es la existencia de una vulneración

   de derechos fundamentales del Sr. Suárez Quesada como consecuencia

   del contenido de una carta dirigida por el Obispado a los padres de los

   alumnos, y no una decisión relativa a la renovación o no del

   mismo como profesor de religión. Con ello la Sala omite cualquier

   consideración sobre la relevancia que, para la resolución

   del recurso de suplicación a ella sometido, posea la validez de la

   norma cuestionada, impidiendo así garantizar que su uso sirva a la

   finalidad prevista por la Constitución.

4. Finalmente, la cuestión planteada resulta notoriamente infundada.

   Como ha puesto de relieve el Fiscal General del Estado en sus alegaciones

   ex art. 37.1 LOTC, con posterioridad al planteamiento de la cuestión

   este Tribunal ha resuelto en su STC 38/2007, de 15 de febrero, la cuestión

   de inconstitucional núm. 4831-2002, planteada por la misma Sala de

   lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación

   con los mismos preceptos legales y en términos prácticamente

   idénticos a los de la presente cuestión. En el fallo de dicha

   Sentencia el Tribunal declaró inadmisible la cuestión respecto

   de los párrafos tercero y cuarto del art. III, el art. VI y el art.

   VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el

   3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, ratificado

   por instrumento de 4 de diciembre de 1979, así como respecto del

   párrafo primero de la disposición adicional segunda de la

   Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general

   del sistema educativo, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de

   30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,

   y desestimó la cuestión en todo lo demás (párrafos

   primero y segundo del art. III del Acuerdo y párrafo segundo de la

   disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990),

   por considerar que los preceptos legales cuestionados no vulneraban los

   arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constitución.

   Respecto a lo considerado en la STC 38/2007, la presente cuestión

   suscita únicamente dos problemas adicionales relevantes: de una parte,

   el ya analizado de la derogación de la disposición adicional

   segunda de la Ley Orgánica 1/1990; de otra, la necesidad de considerar

   la eventual vulneración por los preceptos legales cuestionados de

   los derechos a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y a la huelga

   (art. 28.1 CE), invocados por el órgano judicial en el Auto de planteamiento

   de ésta y no en el de aquélla.

   En relación con esto último, debemos partir de la consideración

   de que el Auto de planteamiento de la cuestión no argumenta la existencia

   de una incompatibilidad entre el contenido de las disposiciones legales

   cuestionadas y los señalados derechos fundamentales a la libertad

   de expresión (art. 20.1 CE) y a la huelga (art. 28.2 CE), sino que

   parece vincular tal vulneración a la pretendida inmunidad frente

   al Estado de la decisión eclesiástica, que impediría

   la tutela judicial de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados

   por la misma.

   Pues bien, hemos declarado en nuestra Sentencia 38/2007, de 15 de febrero,

   FJ 7, que “ni el art. III del Acuerdo sobre la enseñanza y

   asuntos culturales suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español

   y la Santa Sede, ni el párrafo segundo de la disposición adicional

   segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, excluyen el control

   jurisdiccional de las decisiones de contratación de los profesores

   de religión ni vulneran, por tanto, el derecho a la tutela judicial

   efectiva del art. 24.1 CE”, así como que “en el ejercicio

   de este control los órganos judiciales y, en su caso, este Tribunal

   Constitucional habrán de encontrar criterios practicables que permitan

   conciliar en el caso concreto las exigencias de la libertad religiosa (individual

   y colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protección

   jurisdiccional de los derechos fundamentales y laborales de los profesores”,

   dado que “por más que haya de respetarse la libertad de criterio

   de las confesiones a la hora de establecer los contenidos de las enseñanzas

   religiosas y los criterios con arreglo a los cuales determinen la concurrencia

   de la cualificación necesaria para la contratación de una

   persona como profesor de su doctrina, tal libertad no es en modo alguno

   absoluta, como tampoco lo son los derechos reconocidos en el art. 16 CE

   ni en ningún otro precepto de la Constitución, pues en todo

   caso han de operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional

   de valores y principios cifrado en la cláusula del orden público

   constitucional”.

   En consecuencia, en lo que respecta al control de constitucionalidad que

   delimita el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad

   no podemos sino descartar que las disposiciones legales cuestionadas vulneren

   los invocados arts. 20.1 y 28.2 CE, sin perjuicio de las consideraciones

   que, en su caso, proceda efectuar en el ámbito del control concreto

   de los actos de aplicación de estas disposiciones legales y de su

   conformidad con los derechos fundamentales, que corresponde, según

   hemos señalado, a los órganos judiciales y, en su caso, a

   este Tribunal Constitucional en el marco del recurso de amparo (STC 38/2007,

   de 15 de febrero, FJ 14).

   Por todo lo cual, tras haberse dictado la STC 38/2007 la presente cuestión

   de inconstitucionalidad resulta notoriamente infundada.

   A C U E R D A

   Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad

   núm. 163-2007, presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior

   de Justicia de Canarias en el recurso de suplicación núm.

   447-2006.

   Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil siete.