STC 11/1991, 17 de Enero de 1991

1. El 19 de julio de 1990 se presentó en el Registro General de este Tribunal por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 46.1 b) de la LOTC, recurso de amparo contra el Auto dictado en apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres el 2 de julio de 1990 y el pronunciado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de dicha ciudad, con fecha del anterior día 4 de junio, por el que se acordó que el interno don Joaquín C. A. no reciba asistencia médica ni sea alimentado forzadamente hasta que pierda la conciencia o tome una decisión contraria a la actual, por considerar que dichas resoluciones vulneran el derecho fundamental a la vida, reconocido en el art. 15 de la Constitución.

2. Los hechos en los que se basa la demanda son los siguientes:

a) La dirección del Centro Penitenciario de Cáceres I solicitó del Juez de Vigilancia Penitenciaria de dicha ciudad autorización para alimentar forzadamente al interno del GRAPO, en situación de ayuno voluntario o huelga de hambre, don Joaquín C. A. por encontrarse su vida en grave peligro. Iniciado el expediente número 165/90, se acordó dar traslado del escrito al Fiscal para informe, que fue evacuado en dictamen de fecha 2 de junio de 1990, en el sentido de que procedía alimentar forzadamente al interno por cuanto que su vida corre un grave peligro, fundándose para ello en que el derecho a la vida, reconocido en el art. 15 de la Constitución, es un derecho superior a cualquier otro, absoluto, ilimitado y de especial protección, coexistiendo la obligación positiva del Estado de proteger la salud y la vida de todos los ciudadanos (art. 43 de la Constitución). El Fiscal, teniendo en cuenta el estado de salud de don Joaquín C. también solicitó del Juzgado su inmediato traslado al Hospital Provincial del INSALUD San Pedro de Alcántara.

b) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, con fecha 4 de junio de 1990, dictó Auto en el que acordó los pronunciamientos siguientes: 1.°) Respetar la libre y consciente voluntad del interno don Joaquín C. A. de no ser asistido médicamente ni alimentado forzadamente hasta que, perdida su consciencia o por tomar una decisión contraria a la actual, precise que se le presten los auxilios médicos necesarios para la salvaguarda de su integridad física y moral. 2.°) El inmediato traslado del interno al Hospital Provincial del INSALUD San Pedro de Alcántara, de Cáceres.

En los fundamentos de Derecho, el Juzgado muestra su disconformidad con el informe del Ministerio Fiscal, en cuanto éste reputa el derecho a la vida, consagrado en el art. 15 de la Constitución, de superior rango al de la dignidad personal, lo que estima erróneo por, entre otras, «la sencilla razón lógica y de Derecho natural -dice el Auto del Juez- de que el derecho a la vida contra la dignidad de la persona y frente al libre derecho del desarrollo de la personalidad resulta vacío y sin contenido». Entiende que «en un orden de prelación de valores ha de primar el derecho Fundamental de la dignidad frente al derecho a la vida».

c) Contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Fiscal interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Audiencia Provincial de Cáceres por Auto de 2 del siguiente mes de julio que confirmó el apelado. Salvo en lo relativo a acordar u ordenar el traslado de don Joaquín C. A. al Hospital Provincial, debiendo estarse a lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario.

El Fiscal, en el escrito de interposición del recurso de apelación, se remite a lo dicho en su informe anterior dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria en el que invoca el art. 15 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida como superior a cualquier otro, con cita de la STC 53/1985.

3. La demanda se formula por el Ministerio Fiscal atendiendo a los argumentos que a continuación se resumen.

Considera que los Autos impugnados vulneran el derecho a la vida e integridad física reconocidos por la Constitución. En efecto, el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral y el deber de la Administración Penitenciaria de protegerlo en relación a los internos en Centros Penitenciarios ha merecido especial atención por parte de este alto Tribunal en su reciente STC 120/1990. Aunque esta resolución tiene un planteamiento inverso al del presente recurso de amparo, porque allí (R.A. 443/90) la cuestión se suscitó en torno a si las resoluciones judiciales que autorizan a la Administración penitenciaria a dar asistencia médica obligatoria y a alimentar en contra de su voluntad a los internos en huelga de hambre, vulneran los derechos fundamentales que se citaban por los recurrentes y en particular el derecho consagrado en el art. 15 de la Constitución. Pero este diverso planteamiento -resolución que afirma el deber de la Administración Penitenciaria de alimentar y prestar asistencia médica obligatoria, frente a la resolución que niega a la administración esa asistencia obligatoria salvo en la fase terminal de falta de conciencia- no es óbice para que la doctrina elaborada por ese alto Tribunal sea de aplicación por igual, sin reserva de ninguna naturaleza, a los dos supuestos por entrar en juego en ambos casos el derecho a la vida y a la integridad física y moral reconocido en el art. 15 de la Constitución y el deber de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para proteger los bienes inherentes a ese derecho fundamental frente a los ataques de terceros o de los propios titulares, como sucede en este caso.

Si, pues, la Administración Penitenciaria viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su autoridad (art. 3.4 Ley Orgánica General Penitenciaria; en adelante, L.O.G.P.), deber que tiene por finalidad proteger bienes constitucionalmente reconocidos como son la vida y la salud, es claro que el incumplimiento de esa obligación, en el caso al que se contrae el presente recurso de amparo, por impedírselo las resoluciones aquí impugnadas, estas inciden, vulnerándolos, en aquellos bienes consagrados en el art. 15 C.E., porque el ayuno voluntario prolongado puede generar, sin duda, graves daños a la salud física o moral de los internos en huelga de hambre y poner en peligro la vida humana. Por ello, en tales casos, dice la STC 120/1990, en su fundamento jurídico 8.°, «la asistencia médica obligatoria constituye un medio imprescindiblemente necesario para evitar la pérdida del bien de la vida de los internos que el Estado tiene obligación legal de proteger, acudiendo, en último término, a dicho medio coactivo, al menos si se trata de presos declarados en huelga de hambre reivindicativa cuya finalidad no es la pérdida de la vida». Además, no ha de olvidarse que la vida, en su dimensión objetiva, es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional y supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible (STC 53/1985).

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, prosigue el Ministerio Público, parte de la situación de conflicto que provoca el ayuno voluntario reivindicativo entre los derechos fundamentales de la dignidad de la persona y libre desarrollo de su personalidad y el derecho a la vida. Por su parte, el Auto de la Audiencia se funda -sobre el presupuesto de la libertad de autodecisión de la persona- en que la asistencia médica forzosa sólo podrá prestarse cuando el interno se coloque en situación de peligro de muerte, momento en el que debe prevalecer el derecho a la vida. Considera que la situación del interno don Joaquín C. no se encuentra en situación de peligro de muerte y por ello revoca el Auto del Juez en cuanto acordó el traslado del interno al Hospital Provincial y lo confirma en el pronunciamiento primero.

La argumentación de ambas resoluciones carece de toda consistencia desde la perspectiva constitucional, y es la que conduce a decisiones contrarias al derecho fundamental a la vida consagrado en el art. 15 C.E. Pretenden fundar sus decisiones en la libertad y la dignidad de la persona como valor superior del ordenamiento jurídico, la primera (art. 1.1), y como fundamento del orden político y la paz social, la segunda (art. 10.1). Parece que no tienen presente que la libertad es, si, un valor superior, pero sólo cuando se proyecte en derechos fundamentales. Tampoco tiene carácter autónomo, como derecho fundamental, la dignidad de la persona aunque ésta haya de reconocerse a toda persona cualquiera que sea su estatuto jurídico. El derecho a la vida, como derecho subjetivo de toda persona, no es un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte, ni la medida tendente a preservar la vida o la integridad física o moral, que con tal finalidad impone cierta restricción a la libertad de la persona, supone un atentado a su dignidad. En cambio, si vulnera el derecho fundamental a la vida la resolución del órgano judicial que, de cumplirse, menoscabaría ese derecho al poder generar una situación irreversible para la salud de la persona, como suelen ser, por lo general, las lesiones producidas cuando el que se halla en huelga de hambre o ayuno voluntario pierde la consciencia, que es el momento en el que se infiere de las resoluciones impugnadas se permitiría la asistencia médica y alimentaria forzosas.

Concluye, pues, el Ministerio Fiscal solicitando de este Tribunal que, previa la tramitación legal de esta demanda de amparo, se sirva dictar Sentencia conforme a lo prevenido en los arts. 80 y 86.1 de la LOTC y 372 de la L.E.C., por la que se acuerde:

«1) Reconocer el derecho fundamental a la vida a don Joaquín C. A.

2) Anular los Autos de la audiencia y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, aquí impugnados, como lesivos del derecho fundamental a la vida y retrotraer las actuaciones al momento en que por la Dirección del Centro Penitenciario de Cáceres I se presento el escrito al que se ha hecho referencia para que, tras los trámites legales, se dicte nueva resolución que esté en consonancia con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral.»

Igualmente, y en atención a que podrían derivarse daños irreparables, se insta la suspensión de los Autos recurridos.

4. Por providencia de la Sección Primera de 23 de julio siguiente se acordó:

«Primero.-Admitir a trámite el citado recurso.

1. El Fiscal ante este Tribunal, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 46.1 b) de la LOTC, interpone el presente recurso de amparo contra el Auto dictado en apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres el 2 de julio de 1990, y el pronunciado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de dicha ciudad el 4 de junio anterior, que fue confirmado parcialmente por aquél. Solicita la nulidad de las resoluciones impugnadas por que, a juicio del Ministerio Fiscal, impiden que la Administración Penitenciaria preste al recluso en huelga de hambre don Joaquín C. A. la asistencia sanitaria a que viene obligada conforme al art. 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante, L.O.G.P.), impedimento que por contrario al art. 15 de la Constitución -derecho a la vida- debe ser anulado por este Tribunal. Invoca a tal efecto la reciente STC 120/1990, que, aunque con un planteamiento inverso al que se hace en el presente recurso, «no es óbice para que la doctrina elaborada por ese alto Tribunal sea de aplicación por igual, sin reservas de ninguna naturaleza, a los dos supuestos por entrar en juego en ambos casos el derecho a la vida y a la integridad física y moral reconocido en el art. 15 de la Constitución y el deber de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para proteger los bienes inherentes a ese derecho fundamental frente a los ataques de terceros o de los propios titulares, como sucede en este caso» (F.J. 2 de la demanda).

En la providencia de admisión del recurso y a la vista del problema planteado del que, efectivamente, se había ocupado en días anteriores este Tribunal, se acordó «en uso del art. 84 de la LOTC poner de manifiesto al Ministerio Fiscal y a quienes comparezcan en el presente recurso de amparo la posible existencia de vulneración por parte de las resoluciones impugnadas del derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24 de la C.E.) por discordancia entre aquellas resoluciones y la Sentencia del Pleno de este Tribunal de 27 de junio de 1990 dictada en el recurso de amparo 443/90».

Personado el Abogado del Estado en el recurso por estar interesada en el mismo la Administración Pública (art. 52.1 de la LOTC), solicita que se «declaren nulas las resoluciones judiciales impugnadas» y se otorgue la pretensión de amparo impetrada por el Ministerio Fiscal, razonando que, aunque en sentido inverso al planteado en los recursos interpuestos por los reclusos en los casos resueltos por las SSTC 120/1990 y 137/1990, es aplicable la doctrina contenida en dichas Sentencias porque, en definitiva, la pretensión del Ministerio Público «está encaminada a que se reconozca a la Administración Penitenciaria el derecho a facilitar asistencia médica obligatoria al interno en huelga de hambre, así como a la alimentación forzosa del mismo».

Es, pues, claro que, tanto para el Ministerio Fiscal como para el Abogado del Estado, el problema se suscita porque, en su criterio, las resoluciones impugnadas al no permitir a la Administración Penitenciaria prestar asistencia médica ni alimentación forzosa al interno en huelga de hambre «hasta que, perdida su consciencia o por tomar una decisión contraria a la actual, se le precise prestar los auxilios médicos necesarios para la salvaguardia de su integridad física y moral», infringen los arts. 15 y 24.1 de la Constitución y la doctrina de este Tribunal contenida en las SSTC 120/1990 y 137/1990.

Planteado así el problema debatido, es necesario analizar con carácter previo a cualquier otra consideración jurídica, la doctrina de las citadas Sentencias, no sólo para dejar claramente determinado su contenido y alcance, sino también porque, de no resultar en lo esencial incompatible o contradictoria dicha doctrina con lo razonado y decidido por las resoluciones impugnadas, decaerían las bases que sirven de sustento al amparo impetrado por el Ministerio Fiscal y, por tanto, el recurso mismo.

2. Ante todo, conviene recordar que por sus respectivas fechas no era posible pretender que las resoluciones impugnadas se adaptaran a la doctrina de este Tribunal de las SSTC 120/1990 y 137/1990, publicadas con posterioridad a dictarse aquellas resoluciones, toda vez que el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cáceres se dictó el 4 de junio de 1990 y el Auto de la Audiencia Provincial que lo confirmó en el extremo a que se contrae el recurso se pronunció el 4 de julio siguiente; mientras que las citadas Sentencias de este Tribunal se pronunciaron el 2 de julio de 1990 (STC 120/1990) y el 19 de julio siguiente (STC 137/1990) y ambas fueron publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio de 1990 (suplemento al núm. 181). Ahora bien, lo importante en orden a los derechos que se estiman vulnerados en el recurso, consiste en comprobar si en aquellas Sentencias de este Tribunal se hacen declaraciones sobre derechos fundamentales susceptibles de amparo o se contiene doctrina que, por afectar a preceptos o principios constitucionales, permitan apreciar en amparo constitucional las vulneraciones de los arts. 15 y 24.1 de la C.E. que se denuncian en los escritos del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.

Para ello hay que partir de que las SSTC 120/1990 y 137/1990 son desestimatorias de los recursos de amparo 443 y 397 de 1990, que interpusieron los reclusos en huelga de hambre y que, por tanto, no contienen ninguna de las declaraciones previstas en los apartados a), b) y c) del art. 55.1 de la LOTC ni en ellas se hace declaración de derecho fundamental alguno. Se limitan a confirmar, por no ser incompatibles con la Constitución, las resoluciones judiciales allí impugnadas y que son las siguientes:

En el recurso 443/90 (STC 120/1990), el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de febrero de 1990 que, revocando lo acordado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de no permitir la alimentación forzosa mientras los reclusos en huelga de hambre estuvieran conscientes y no cambiaran su decisión, declaró «el derecho-deber de la Administración Penitenciaria de suministrar asistencia médica, conforme a criterios de ciencia médica a aquellos reclusos en huelga de hambre una vez que la vida de éstos corra peligro, lo que se determinará previos los oportunos informes médicos, en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente determine, y sin que en ningún caso pueda suministrarse la alimentación por vía bucal en tanto persiste su estado de determinarse libre y conscientemente».

Y en el recurso 397/90 (STC 137/1990) se impugnaron los Autos de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 2 y 13 de febrero de 1990, que confirmaron en apelación y súplica, respectivamente, lo acordado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autorizando «el empleo de medios coercitivos estrictamente necesarios para que les sean realizadas las pruebas analíticas y el sometimiento al tratamiento médico subsiguiente a los internos... sin esperar a que se presente una situación que cause daño persistente a su integridad física».

La fundamentación desestimatoria de los recursos de amparo y, por tanto, la confirmación de las resoluciones judiciales transcritas, podemos exponerla, siguiendo la STC 137/1990, que, a su vez se remite a la STC 120/1990, en los siguientes términos:

En primer lugar (fundamento jurídico 4.°), en la relación de sujeción especial que «se desprende directamente de la propia Constitución, cuyo art. 25.2, en atención al estado de reclusión en que se encuentran las personas que cumplen penas de privación de libertad, admite que los derechos constitucionales de estas personas puedan ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes y, entre ellas, las que se establezcan en la Ley Penitenciaria, que regula el estatuto especial de los recluidos en centros penitenciarios. Esta relación de especial sujeción, que debe ser siempre entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos fundamentales, cuya titularidad corresponde también a la población reclusa en los términos del art. 25.2 de la Constitución, origina un entramado de derechos y deberes recíprocos de la Administración y el recluido, entre los que destaca el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del segundo, valores que vienen constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se colocan en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, que podrían resultar contrarias a esos derechos si se tratara de ciudadanos libres o incluso de internos que se encuentren en situaciones distintas».

En segundo término se señala que «el derecho fundamental a la vida (fundamento jurídico 5.°), en cuanto derecho subjetivo, otorga a sus titulares, según señalamos en la citada STC 120/1990, la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad». De otra parte y como fundamento objetivo, el ordenamiento impone a los poderes públicos y en especial al legislador, «el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho (STC 53/1985)».

El derecho a la vida tiene, pues -se razona en ambas Sentencias-, un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. «Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el circulo de su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación de agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohibe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho» (STC 137/1990, fundamento jurídico 5.°).

Pero es que, además, como se señala en la STC 120/1990 (fundamento jurídico 7.°), «aunque se admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que, en el caso contemplado, se produce vulneración de ese pretendido derecho a disponer de la propia vida, puesto que el riesgo de perderla que han asumido no tiene por finalidad causarse la muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener incluso a expensas de su vida.»

En suma, de la doctrina contenida en las SSTC 120/1990 y 137/1990 se desprende que, como se señala en la primera de dichas Sentencias, «no es constitucionalmente exigible a la Administración Penitenciaria que se abstenga de prestar asistencia médica, que precisamente va dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el art. 15 de la C.E. protege» (fundamento jurídico 7.°). Pero esta protección que entraña necesariamente una restricción a la libertad, ha de realizarse mediante un ponderado juicio de proporcionalidad que, sin impedir los deberes de la Administración Penitenciaria a velar por la vida, integridad y salud de los internos (art. 3.4 de la L.O.G.P.), restrinja al mínimo los derechos fundamentales de quienes, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se han colocado, precisen de tal protección. No establecen, pues, dichas Sentencias un limite que rigurosamente haya de ser respetado en todo caso como una exigencia constitucional, sino una adecuada ponderación que con criterios médicos y jurídicos, ha de realizarse en cada supuesto por la Administración Penitenciaria y, en su caso por los órganos judiciales con competencia sobre esta materia. Y ese juicio de proporcionalidad está presente, como seguidamente veremos, en el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres, cuya decisión se basa precisamente en el estado clínico del recluso, según los criterios médicos tenidos en cuenta al tiempo de dictarse.

3. Corresponde ahora examinar la doctrina contenida en el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres de 2 de julio de 1990 por virtud de la cual confirmó el dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en su primer pronunciamiento relativo a que, respetando la libre y consciente voluntad del interno, la asistencia médica y la alimentación forzosa del mismo, «por ahora» habría de demorarse «hasta que perdida su consciencia o por tomar una decisión contraria a la actual se le precise prestar los auxilios médicos necesarios para la salvaguardia de su integridad física y moral».

Este pronunciamiento encuentra su apoyo en una doble argumentación: de carácter general la primera, relacionada con los derechos fundamentales a la vida y a la libertad ideológica (arts. 15 y 16 C.E.), y de su concreta aplicación al caso dadas las circunstancias en que, al tiempo de dictarse, se hallaba el interno.

En el primer aspecto el Auto recurrido dice en su fundamento quinto: Que la alimentación forzosa «encuentra su apoyo legal en la necesidad de preservar el bien de la vida humana, igualmente protegible por la Constitución Española»;que la «Administración Penitenciaria tiene el deber de velar por la integridad de los penados, lo que, a su vez, le permite poner limitaciones a los derechos fundamentales de los internos que se coloquen en un peligro de muerte», y que «hasta que la vida del huelguista no corra peligro grave debe prevalecer el derecho a que hace referencia el art. 15 de la Constitución, tal y como implícitamente reconoce el art. 10 de la Ley de Sanidad, pero desde el momento en que el huelguista se coloca en una situación de peligro de muerte, objetivamente evidenciable, debe prevalecer el derecho a la vida».

De la exposición de esta doctrina que, como vemos, no se aparta en lo esencial de la contenida en nuestras Sentencias sobre esta materia, pasa el Auto impugnado a examinar la situación del interno puesto que, en definitiva, «el problema suscitado en esta alzada se centra en determinar si el penado Joaquín Calero se encuentra o no en peligro de muerte objetivamente evidenciable». Y, a la vista de los informes médicos que en el Auto se reproducen («Joaquín Calero se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, con buena función cognoscitiva y volitiva junto a un cuadro de desnutrición...»), llega a la conclusión de que «por ahora Joaquín Calero no se encuentra en una situación de peligro de muerte, por lo que no procede de momento, en línea con lo expuesto anteriormente, su alimentación forzosa, sin perjuicio de lo que más adelante pudiera adoptarse, a la vista de su evolución clínica posterior, por cuya razón -añade el Auto- deberán extremarse los cuidados necesarios y los informes médicos oportunos que serán trasmitidos al interesado, a fin de que en cada momento pueda conocer su situación real y los peligros que para su vida pudieran derivarse de su continuación en la huelga de hambre, de suerte que si su estado se agravara deberá procederse conforme a lo establecido en el reglamento penitenciario.»

Pues bien, dado que, como no puede ser de otro modo, las decisiones y los fallos han de integrarse en los fundamentos que les sirven de base determinante o ratio decidendi para poder hablar con propiedad de una resolución judicial, resulta patente que, si bien se mantiene la decisión del Juez de Vigilancia, sólo se confirma por el momento y sin perjuicio de las medidas que más adelante pudieran adoptarse «a la vista de su evolución clínica posterior». Con toda claridad se exige, pues, un seguimiento médico del interno, a fin de que se le informe de su evolución y de los posibles peligros que para su vida se vayan generando. Y es más, la intervención forzosa de la Administración no se restringe ni limita, como se hacia por el Juez de Vigilancia, a que se llegue al estado de inconsciencia por parte del recluso, sino que, cuando el estado de salud del interno se agrave, «se procederá -como expresamente se ordena en el Auto- conforme a lo previsto en el Reglamento Penitenciario», es decir, a atenderlo debidamente, ya sea en el propio centro penitenciario o en un establecimiento hospitalario. Esta intervención no puede ser otra, naturalmente, que la administración de la terapéutica y alimentación adecuadas al caso y haciéndolo de forma coactiva si fuere necesario.

Tomadas estas prevenciones por el Auto recurrido, no puede tacharse a éste de contrario a las decisiones anteriores de este Tribunal ni, por tanto, al derecho a la vida. Así viene a reconocerlo el propio Abogado del Estado en sus alegaciones cuando dice que el referido Auto «parece admitir la licitud de la alimentación forzosa en caso de peligro de muerte objetivamente evidenciable que puede existir, como es notorio, mucho antes de que se produzca la perdida de consciencia». Pero aquellas prevenciones y esta diferencia notoria que, como hemos visto, resultan claramente de los razonamientos del Auto, no le parecen suficientes al Abogado del Estado y «para aclarar las ambigüedades y vacilaciones» de dichos razonamientos, prescinde de ellos en lugar de considerarlos complementarios y determinantes, como efectivamente lo son, de la parte dispositiva del Auto y, por tanto, excluyentes de las infracciones denunciadas. También el Ministerio Fiscal reconoce que el Auto de la Audiencia es menos concluyente que el dictado por el Juzgado de Vigilancia, toda vez que aquél admite que la alimentación forzosa «sólo actúa cuando el huelguista se coloca en situación de peligro de muerte, objetivamente evidenciable».

4. De lo expuesto se deduce sin necesidad de mayores precisiones, que la diferencia entre lo resuelto por el Auto impugnado en este recurso y los que fueron objeto de impugnación por los internos en ayuno voluntario en los procesos anteriores, no radica más que en algunos matices sobre el momento en que se permite la alimentación forzosa y la asistencia médica de los ayunantes. Y si se declaró compatible con la Constitución y con los derechos fundamentales entonces invocados que la alimentación forzosa tuviera lugar una vez que la vida de los reclusos en huelga de hambre corriera grave peligro, lo que se determinaría previo los oportunos informes médicos y en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria estableciera, no puede extraerse de esta declaración que la fijación del momento a partir del cual se permita la alimentación forzosa, haya de sujetarse necesariamente al mismo momento en todos los casos en que resulte aplicable el art. 3.4 de la L.O.G.P. Porque, en síntesis, lo que ahora se pide en este recurso de amparo, no es más que la anulación de unas resoluciones judiciales que difieren sólo parcialmente y en forma motivada del momento en que, a juicio de los órganos judiciales competentes, ha de procederse a la intervención sanitaria y alimentación coactiva por parte de la Administración Penitenciaria para asegurar el derecho a la vida del interno que se niega a ingerir alimentos. Y no es lo mismo, naturalmente, reconocer, como se hizo en las SSTC 120/1990 y 137/1990, que no es incompatible con la Constitución el derecho-deber que con base en el art. 3.4 de la L.O.G.P. ejerció en aquellos casos la Administración Penitenciaria que, elevando a rango constitucional las atribuciones que el citado precepto otorga a la Administración, convertirlos en derechos susceptibles de amparo constitucional. Y esta es, en definitiva, la posición que adopta el Ministerio Público en este recurso con base en el derecho a la vida de los reclusos que nadie ha debatido en las actuaciones judiciales precedentes ni, menos aún, resulta negado o exento de consideración por las resoluciones ahora impugnadas, según llegan a reconocer, como hemos visto, tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado, porque es el inminente o evidenciable peligro de muerte, lo que justifica, según unas y otras resoluciones, la intervención coactiva de la administración del centro penitenciario para prestar asistencia terapéutica y alimentaria a los reclusos en huelga de hambre.

Pues bien, establecer el momento y la forma en que haya de procederse de manera coactiva para evitar riesgos intolerables para la vida del interno, no es algo que corresponda hacer a este Tribunal, dado que ello supondría una clara injerencia en la competencia propia de la Administración Penitenciaria y, en su caso, de los órganos judiciales establecidos al efecto. Comprobado, como ocurre en este caso, que las resoluciones impugnadas y, especialmente, el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres, no impiden, como se pretende sostener en el recurso, que la Administración Penitenciaria cumpla lo dispuesto en el art. 3.4 de su Ley Orgánica, en orden a velar por la vida, integridad y salud de los enfermos, no es procedente anular dichas resoluciones por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados que, como se desprende de lo razonado, no se ha producido.

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por el Ministerio Fiscal contra el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres de 2 de julio de 1990, confirmatorio en parte del dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de aquella población de fecha 4 de junio de 1990.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno.