STC 41/1994, 15 de Febrero de 1994

Ponente:Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Fecha de Resolución:15 de Febrero de 1994
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Primera
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 2.321/1991
RESUMEN

1. Como reiteradamente ha afirmado este Tribunal, la cuestión de las costas procesales es una cuestión de mera legalidad, que carece en principio de relevancia constitucional (ATC 344/1992) [F.J. 2]. 2. No es ocioso recordar que el concepto de intromisión ilegítima en el derecho al honor, a que se refiere el art. 7.7 L.O. 1/1982, debe ser interpretado y aplicado de forma que respete el contenido esencial del derecho a difundir información. En función de ello, este Tribunal ha excluido el carácter ilegítimo de la divulgación de hechos concernientes a una persona que pudieran hacerla desmerecer en la opinión ajena cuando ello pueda entenderse ejercicio legítimo del derecho a difundir información, lo que exige la necesaria concurrencia en la noticia de unos requisitos esenciales: de una parte, el interés y la relevancia de la información divulgada (SSTC 107/1988, 171/1990, 214/1991, 40/1992 ó 85/1992, entre otras), como presupuesto de la misma idea de «noticia» y como indicio de la correspondencia de la información con un interés general en el conocimiento de los hechos sobre los que versa. De otra parte, la necesidad de que la información sea veraz (SSTC 171/1990, 15/1993 ó 178/1993, entre otras). Ahora bien, en la interpretación de esta exigencia que ha prevalecido en la jurisprudencia de este Tribunal, veracidad no equivale a realidad incontrovertible de los hechos. La veracidad de la información viene, así, a ser entendida como exigente al que la difunda de un deber de buscar la verdad. Una especial diligencia que asegura la seriedad del esfuerzo informativo, que no está constitucionalmente protegido para servir de vehículo a simples rumores, invenciones o insinuaciones (STC 219/1992, entre otras) [F.J. 3].

 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2.321/91 interpuesto por el Procurador don Nicolás Alvarez del Real, en representación de don Luis J. S. F. don Rubén D. N. G. y «La Voz de Asturias, S.A.», asistidos del Letrado don Gerardo Turiell de Castro, contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1991, en autos de recurso de casación núm. 232/89 sobre protección de derecho al honor. Han comparecido en las actuaciones, además del Ministerio Fiscal, el Procurador de los Tribunales don Luis Suárez Migoyo, asistido del Letrado don Ignacio Alvarez-Buylla Fernández, en representación de don Ricardo S. Z. Ha sido Ponente el Presidente del Tribunal don Miguel R. y B. quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 20 de noviembre de 1991, el Procurador de los Tribunales don Nicolás Alvarez del Real, en representación de don Luis J. S. F. don Rubén D. N. G. y «La Voz de Asturias, S.A.», interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada, el 30 de octubre de 1991, por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en autos núm. 323/89.

2. El recurso se basa en los siguientes hechos:

a) El Diario editado por la entidad demandante de amparo publicó, en sus ediciones de 8 y 15 de febrero de 1987, unas manifestaciones de don Javier C. F. como portavoz de un colectivo denominado «Todos a los Lagos», en las que aseguraba que determinados funcionarios de I.C.O.N.A. que prestaban servicios en el Parque Natural de Covadonga, no habían perseguido adecuadamente a los autores de la caza furtiva de un jabalí, participando incluso uno de ellos en el banquete que se organizó con el producto de esa cacería. Tales declaraciones se efectuaron en el marco de una polémica pública de carácter nacional, sobre si la vuelta ciclista a España debía contar con un final de etapa en los Lagos de Covadonga, como propugnaban los integrantes del colectivo antes citado, a pesar de la oposición de los responsables del Parque Nacional.

b) Las personas aludidas en las referidas declaraciones interpusieron demanda de tutela del derecho al honor, frente al autor de las declaraciones, y los ahora demandantes de amparo, que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Oviedo, basándose en que tal denuncia suponía una descalificación de quienes se oponían a las pretensiones del colectivo ciudadano. La Audiencia Territorial de Oviedo, en Sentencia de 8 de noviembre de 1988, revocó la anterior resolución en cuanto al profesional que firmó el reportaje y al propio medio informativo, por considerar que se limitaron a transmitir informaciones provinientes de otros, de forma que no debían asumir la responsabilidad íntegra por lo declarado, siendo absueltos de la obligación de abonar indemnización al demandante, aunque no de la obligación de publicar en el Diario el fallo de la Sentencia. En ambas resoluciones se sostuvo que las declaraciones efectuadas por el señor C. F. se basaban en imputaciones falsas.

c) Recurrida en casación la resolución de la Audiencia Territorial, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó la Sentencia, hoy recurrida, con fecha 30 de octubre de 1991. En ella se casaba la de la Audiencia, considerándose que los hoy demandantes en amparo habían cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los recurrentes en la instancia. Entendía la Sala que el art. 7.7 de la L.O. 1/1982, al definir la que se consideraba intromisión ilegítima en el derecho al honor, refiriéndose a «la divulgación de la expresión o del hecho» atentatorios contra la buena fama, tipificaba con tal hecho ilegítimo a la divulgación «y no a la imputación privada que pueda hacerse sobre la misma materia; de ahí que el medio informativo sea siempre el instrumento difusor indispensable de la intromisión ilegítima que la ley protege, y como derivación la obligación ineludible del profesional del medio de investigar la veracidad de las imputaciones que lleguen a su conocimiento, antes de publicar noticias que, falseando la verdad, con ánimo o intención de desprestigiar a un tercero, puedan dañar su honor al ser difundidas imprudentemente». Asimismo, estimaba la Sala que no se trataba en este caso de un «reportaje neutral», pues la noticia a la que se refería sería «en su caso, la denunciada conducta irregular del recurrente, no la opinión personal que al señor C. le merezca la actitud del señor S.», todo ello para evitar que «(pudiera) eludirse la responsabilidad del medio de comunicación, y de los profesionales del medio, buscando el clásico testaferro a quien se le atribuirían aquellas manifestaciones de dudosa veracidad que se quisieran publicar».

3. Los recurrentes estimaban que la resolución recurrida vulneraba su derecho a difundir información, reconocido en el art. 20.1 d) C.E., ya que en los escritos que han dado origen a la sentencia impugnada se limitaban a transmitir una opinión ajena, individualizando perfectamente a sus autores y entrecomillándola, con lo que las expresiones que se han considerado injuriosas ni pertenecen a los autores del reportaje ni han sido hechas propias por el medio de difusión en las que fueron publicadas. La interpretación mantenida por la Sala Primera del Tribunal Supremo implicaría una responsabilidad objetiva de los medios de comunicación por cualquier declaración o debate público del que debieran dar cuenta, si quienes en ellos participan se han excedido en sus alegaciones, afectando a la honorabilidad de terceros.

Consideraban, asimismo, que se ha efectuado una interpretación excesiva de la efectividad del derecho al honor como límite de la libertad de expresión, comprimiendo injustificadamente el contenido de este último derecho e ignorando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Con todo lo cual se les ha denegado la efectiva tutela judicial que tenían derecho a esperar a tenor de lo dispuesto en el art. 24 C.E.

Por todo lo anterior solicitaban de este Tribunal que dictase Sentencia en la que se estimase el recurso, se declarase la nulidad de la resolución impugnada y se les declarase exentos de la obligación de indemnizar impuesta en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

4. El recurso de amparo fue admitido a trámite por providencia de fecha 8 de febrero de 1992, en la que se requirió el envío de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso de instancia.

5. Por escrito de fecha 16 de marzo de 1992 compareció don Ricardo S. Z. teniéndosele por personado mediante providencia de fecha 6 de abril de 1992, en la que, asimismo, se abría plazo común para efectuar sus alegaciones a las partes y al Ministerio Fiscal.

6. Por escrito de 30 de abril de 1992, los demandantes de amparo se reiteraron en las alegaciones ya efectuadas en el escrito de interposición del recurso de amparo.

7. Por escrito registrado con la misma fecha, la representación del señor S. Z. se oponía a la estimación del amparo, pues consideraba que la interpretación mantenida por el Tribunal Supremo de lo dispuesto en el art. 65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta era una cuestión de mera legalidad ordinaria. Aparte lo anterior, no se ha producido vulneración alguna del derecho de los demandantes a difundir información porque se ha hecho una correcta interpretación del sentido de los preceptos constitucionales enfrentados (el art. 20 y el 18 C.E.), ya que la verdadera noticia no era lo que el señor C. pensase sobre el señor S., sino la función que este cumplía como responsable del Parque Nacional. Eso era lo que hacía relevantes esas declaraciones, por ello no puede hablarse de un reportaje neutro.

8. Por escrito registrado ante este Tribunal el día 7 de mayo de 1992, el Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones. Recordaba el Ministerio Público la doctrina sentada por este Tribunal en sus SSTC 159/1986 y 105/1990, que declaraba legítimo ejercicio del derecho a difundir información los actos de los medios que se limitaban a reproducir comunicados o declaraciones ajenas. Tal doctrina, elaborada en relación con el ámbito penal, puede considerarse extensible el orden civil, de tal suerte que, ante un reportaje neutral, extender al medio la responsabilidad prevista en el art. 65.2 de la Ley de Prensa sería una restricción excesiva del derecho de difundir información.

Pero en este caso, no se trataría de un reportaje neutral, dados los titulares de la información (en el diario de 8 de febrero de 1987 se menciona «I.C.O.N.A. furtiva»), que podían dar a los lectores una impresión falsa, y faltando, por tanto, la diligencia exigible al medio de información de contrastar la veracidad de la noticia, al no haber contactado con los sujetos aludidos en la misma. La rectificación de la noticia -concluye el Ministerio Fiscal- hubiera sido una adecuada prueba de buena fe, que hubiera permitido al medio restaurar el daño hecho, pero los afectados por aquélla optaron por no utilizarla, recurriendo directamente a la vía civil. Así pues, dadas las características del caso, no cree el Ministerio Público que se haya vulnerado el derecho fundamental que los recurrentes invocan, interesando la desestimación del recurso de amparo.

9. Por providencia de 10 de febrero de 1994, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 siguiente, quedando conclusa el día de la fecha.

Fundamentos jurídicos

1. Se dirige el presente recurso contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que casa la Sentencia de la Audiencia Territorial y confirma la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declarando la existencia de una ilegítima intromisión en el honor del demandante y condena solidariamente a los demandados a abonarle un millón de pesetas como indemnización, así como a la publicación a su costa del pronunciamiento judicial en el periódico «La Voz de Asturias». Los recurrentes entienden que dicha condena lesiona su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a comunicar libremente información veraz, y solicitan por ello la nulidad de la Sentencia recurrida.

Hemos de examinar, pues, si la Sentencia impugnada, a la vista de los hechos en la misma establecidos, ha respetado los derechos fundamentales invocados en la demanda, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad e información reconocido en el art. 20 C.E.

2. En cuanto al primero, la pretensión constitucional que invoca el art. 24.1 C.E. en relación a la imposición de las costas de la apelación, ha de ser rechazada de plano por manifiestamente infundada. Como reiteradamente ha afirmado este Tribunal, la cuestión de las costas procesales es una cuestión de mera legalidad, que carece en principio de relevancia constitucional (ATC 344/1992). Por ello, hemos de concretar nuestro examen solo a la posible violación del derecho a la libertad de información por parte de la Sentencia del Tribunal Supremo.

3. No es ocioso recordar que el concepto de intromisión ilegítima en el derecho al honor, a que se refiere el art. 7.7 L.O. 1/1982, debe ser interpretado y aplicado de forma que respete el contenido esencial del derecho a difundir información. En función de ello, este Tribunal ha excluido el carácter ilegítimo de la divulgación de hechos concernientes a una persona que pudieran hacerla desmerecer en la opinión ajena cuando ello pueda entenderse ejercicio legítimo del derecho a difundir información, lo que exige la necesaria concurrencia en la noticia de unos requisitos esenciales:

De una parte, el interés y la relevancia de la información divulgada (SSTC 107/1988; 171/1990; 214/1991; 40/1992 ó 85/1992, entre otras), como presupuesto de la misma. idea de «noticia» y como indicio de la correspondencia de la información con un interés general en el conocimiento de los hechos sobre los que versa. No se ha planteado duda de que esta exigencia concurría en el presente caso y así lo han reconocido los órganos judiciales que no han negado la trascendencia pública de la noticia.

De otra parte, la necesidad de que la información sea veraz (SSTC 171/1990; 15/1993 o 178/1993, entre otras). Ahora bien, en la interpretación de esta exigencia que ha prevalecido en la jurisprudencia de este Tribunal, veracidad no equivale a realidad incontrovertible de los hechos. La veracidad de la información viene, así, a ser entendida como exigente al que la difunda de un deber de buscar la verdad. Una especial diligencia que asegura la seriedad del esfuerzo informativo, que no está constitucionalmente protegido para servir de vehículo a simples rumores, invenciones o insinuaciones (STC 219/1992, fundamento jurídico 5., entre otras).

Es en la veracidad de la noticia donde se centra el debate en este caso, y así se ha venido planteando, en efecto, desde la instancia.

4. La Sentencia impugnada estima el recurso de casación frente a la Sentencia absolutoria para los recurrentes de la Audiencia Territorial basándose en la falta de veracidad de las manifiestaciones realizadas por uno de los codemandados en nombre de un colectivo en las que se imputaba al actor, responsable de la conservación de un parque nacional, la caza furtiva de un jabalí, y que fueron publicadas en «La Voz de Asturias». Se afirma en la Sentencia que el medio informativo es siempre el instrumento difusor indispensable de la intromisión ilegítima que la ley protege y que el profesional tiene la obligación ineludible de investigar la veracidad de las imputaciones que lleguen a su conocimiento antes de publicar denuncias falsas que puedan dañar el honor de otras personas al ser difundidas imprudentemente. Por ello entiende que la condena civil debía alcanzar también a los profesionales que intervinieron en la divulgación difamatoria y al propio medio informativo.

En estos términos deberá enjuiciarse la corrección de la doctrina sentada por el Tribunal de procedencia confrontándola con el contenido esencial del derecho a la información, y en relación con la exigencia de veracidad de la noticia. A tal efecto se ha de tener en cuenta que las informaciones objeto de la reclamación civil resuelta por los órganos judiciales, contenían las declaraciones hechas por miembros concretos de un colectivo ciudadano, identificados como tales y transcritas literalmente, sin añadirse valoración o comentario alguno.

El problema se centra en decidir si la veracidad que exige el art. 20 C.E. se refiere al hecho mismo de las declaraciones o debe extenderse también al contenido mismo de estas. O, en otros términos, si la diligencia exigible a los profesionales de la prensa se extiende sólo a comprobar la certeza de que esas declaraciones sean realizadas efectivamente y por la persona a quien se imputan o si, además, alcanzan a comprobar si lo que el declarante afirma es o no cierto.

En este caso, en el que el carácter noticiable de la información no ha sido cuestionado, se discute más bien cual era el ámbito de la «noticia». Las declaraciones del portavoz de un colectivo ciudadano, implicado en una polémica que potencialmente interesa a todos, en un contexto de debate público, y en que formula determinadas acusaciones contra ciertos funcionarios del I.C.O.N.A., no cabe duda que han de calificarse por sí mismas como noticias. Ha de aceptarse también que el medio asuma una función de cauce para exteriorizar la discrepancia, cuando, como sucedió en el caso, el sujeto emisor de la noticia ha quedado adecuadamente identificado ante el propio medio y ante los lectores, de suerte que el Diario no ha hecho propia la información sino que meramente la transcribe. Se ha limitado a cumplir con su función de informar sobre esas acusaciones, poniendo en conocimiento de la opinión pública los términos de un debate en que aquélla se encontraba potencialmente interesada; no nos encontramos ante un reportaje que el medio haya hecho suyo, desmesurando el tratamiento de las referidas declaraciones y quebrando su neutralidad. Aunque un reportaje de contenido neutral pueda dejar de serlo, si se le otorga unas dimensiones informativas a través de las cuales el medio contradice de hecho la función de mero transmisor del mensaje, no es éste el caso en el presente supuesto ni ello se ha suscitado en la instancia ni debatido en el presente recurso de amparo, sin que pueda dársele el alcance que el Ministerio Fiscal pretende a la frase contenida en el sumario de la edición, referida además a un organismo público que no ha sido parte en el proceso de origen.

5. Centrado el debate en la actuación del medio -al no haberse cuestionado en este proceso que el autor de las declaraciones se hubiese extralimitado en el ejercicio de su derecho a difundir información- no puede ser equivalente la diligencia exigible en casos como el presente de información neutra de manifestaciones de otro, que la que se impone en la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia. Como ya se puso de manifiesto en la STC 336/1993 -bien que en otro contexto-, la diligencia mínima exigible al medio de comunicación le impone, por una parte, la identificación necesaria del sujeto que emite las opiniones o noticias, que de este modo quedan limitadas por la propia credibilidad de su autor. La exigencia del control de fundamento de la información proporcionada por sujetos externos provocaría una alteración de la función meramente informativa asumida por el medio, simplemente narrador de las declaraciones acusatorias, para asumir una labor censora o arbitral que no le es propia, máxime cuando el contenido de la noticia no supone una imputación de conductas desproporcionadamente graves en relación con la finalidad por ella perseguida.

Deslindado el campo de lo que es noticia, y dada la peculiaridad de la información transmitida, el mínimo de diligencia exigible ha de entenderse que abarca, además de a los extremos anteriores, a la entidad de la noticia valorada en relación con su conexión material con el objeto del debate público y a la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de los datos transmitidos, para evitar que el reportaje neutro sirve indebidamente de cobertura de meras suposiciones o rumores absolutamente injustificados para cualquier sujeto mínimamente atento.

Todas las circunstancias enunciadas, por su parte, concurrieron en el caso presente, en el que el autor de las declaraciones era portavoz de un colectivo ciudadano interesado en el uso deportivo del Parque Natural, en que no se han declarado existentes datos fácticos que pusiesen en duda la verosimilitud de la información y en que ésta se encontraba directamente relacionada con el objeto del debate (pues se vinculaba al respeto real por el entorno ecológico del Parque Natural).

6. Por otro lado, al tratarse de un reportaje en el que el medio se ha limitado a transcribir con fidelidad unas declaraciones externas a él, no es posible calificar al medio mismo de «autor de la noticia», de ahí que no sea posible en este caso, como se deduce del art. 9 L.O. 1/1982, de desarrollo del derecho al honor, e integrante del llamado «bloque de constitucionalidad», imputarle responsabilidades por la autoría de «noticias» que no le son atribuibles. Con independencia de la constitucionalidad del art. 65 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Prensa e Imprenta, que no ha sido aquí cuestionada, lo cierto es que la responsablidad solidaria allí prevista tiene como necesario presupuesto la imputación de la noticia difundida a los redactores de la misma, y de ahí al propio medio. No siendo así en este caso, no es constitucionalmente admisible que deriven consecuencias perjudiciales del ejercicio legítimo del derecho fundamental, cualesquiera que sea el ámbito del ordenamiento en que rigen o la naturaleza de aquéllas. Por eso, no cabe sino estar de acuerdo con el Ministerio Fiscal, cuando afirma que las consideraciones efectuadas con anterioridad por este Tribunal en relación con la responsabilidad penal (SSTC 159/1986 y 105/1990), resultan extensibles a la esfera civil en relación con el derecho reconocido en el art. 20 C.E.

7. Afirmar la legitimidad del ejercicio de la libertad de información por parte del medio periodístico no equivale en modo alguno a desvincularlo de todo requerimiento conectado al honor de los sujetos sobre los que aquélla versa. El respeto al honor, como derecho fundamental, impone al medio la específica obligación de permanecer accesible a la persona o personas afectadas por las manifestaciones presuntamente injuriosas, para que a su vez puedan hacer públicas las alegaciones que estimen convenientes para desmentir los hechos o para defender su buena fama, porque debe tenerse en cuenta que -en supuestos como el presente- el derecho al honor de un determinado sujeto no sólo le pone al abrigo de ataques ilegítimos, sino que también pone a su disposición métodos para garantizar su respeto (como los citados en el art. 9 L.O. 1/1982), pese a lo cual, no consta que el medio informativo se negase a rectificar la información, porque tal cosa ni siquiera le fue solicitada para paliar el daño que tales imputaciones pudieran causar a los sujetos potencialmente afectados.

Este dato, unido a todos los demás expuestos, evidencia que los demandantes no han ejercitado de forma abusiva ni ilegítima el derecho de difundir información veraz que les garantiza el art. 20.1 d) C.E., por lo que el amparo ha de ser estimado, con la consiguiente anulación de la Sentencia de casación en cuanto condena a los recurrentes.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de amparo y, en su virtud:

1. Declarar el derecho de los recurrentes a comunicar libremente información veraz.

2. Anular la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 1991 (recurso 232/89), en lo que se refiere a la condena de don Luis J. S. F. don Rubén D. N. G. y «La Voz de Asturias, S.A.».

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.