ATC 673/1987, 3 de Junio de 1987

Fecha de Resolución: 3 de Junio de 1987
Emisor:Tribunal Constitucional - Sección Tercera
Número de Recurso:933/1986
RESUMEN

Recurso de amparo

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Extracto:

Inadmisión. Imputabilidad directa de la violación a acción u omisión del órgano judicial: inexistencia. Abogado: inhabilitación posterior a actuación profesional. Contenido constitucional de la demanda: carencia.

Preámbulo:

En el asunto de referencia la Sección ha acordado dictar el siguienteAUTO

Antecedentes:

Antecedentes

  1. Don Thierry García, el 6 de agosto de 1986, presentó escrito interesando nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio y se tuviera «por solicitado recurso de amparo» contra Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 24 de junio de 1986, por el que se desestimaba recurso de súplica interpuesto contra anterior Auto dictado por la Sección Tercera de la misma Sala el 28 de mayo del mismo año, que acordó acceder a la ampliación de la extradición formulada por la Embajada de Francia mediante Nota verbal 568/85 respecto al ciudadano francés Baroudi Bacha, para ser juzgado por los delitos de homicidio y robo a que se referían los mandamientos de detención de 19 de enero de 1983 del Juzgado de Instrucción de Toulouse, y las Sentencias de 16 de abril de 1985 y 23 de julio de 1985 del Tribunal de Apelación de dicha ciudad y de la Sala de Casación de lo Criminal de París.

  2. Efectuados los nombramientos interesados, por sucesivas providencias de 15 de octubre y 17 de diciembre de 1986, se otorgó plazo de veinte y diez días, respectivamente, para que el Procurador y Letrado formularan la correspondiente demanda con los requisitos del art. 49 de la LOTC. El trámite se avacuó por escrito presentado el 28 de enero de 1987 bajo la dirección letrada del Abogado don Mario Norberto Silva Arriola, actuando con venia otorgada por el designado en el turno de oficio, don Félix Angel Bellón Muñoz.

    En la demanda se relatan en síntesis los siguientes hechos:

    1. El promovente del amparo, detenido en España con base en la solicitud de extradición efectuada por Francia en relación con Baroudi Bacha, fue sometido a dos expedientes de extradición de los que, en los correspondientes rollos núms. 71 /85 y 1/86, conoció la Sección Tercera de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

    2. El recurrente manifestó llamarse Thierry García y no Baroudi Bacha, aportando al Letrado que entonces se hallaba a cargo de su defensa y que había designado particularmente, don José Emilio Rodríguez-Menéndez, los necesarios elementos para probar su identidad.

    3. El citado Letrado don José Emilio Rodríguez-Menéndez fue suspendido en el ejercicio de su profesión por un período de dos años y nueve meses en el mes de junio de 1986, en virtud de decisión del Consejo General de la Abogacía (notificada a los órganos jurisdiccionales de Madrid por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 17 de julio de 1986), que hizo extensible a todo el Estado la medida adoptada por el Colegio de Abogados de Vizcaya, por la acumulación de varios expedientes disciplinarios sobre su actuación profesional, y por el Colegio de Abogados de Cantabria. Acuerdos sancionadores que, pese a ser recurridos ante la Administración corporativa y la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Bilbao, no habían sido suspendidos en su ejecutividad.

    4. «A través de doña Carmen Centelles Figueres, que actuó como denunciante», el promovente del amparo formuló denuncia contra su Letrado, don José Emilio Rodríguez-Menéndez, en escrito presentado el 23 de julio de 1986 en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, núm. 20, de Madrid, poniendo de manifiesto las irregularidades cometidas en su defensa, sin que obtuvieran respuesta alguna.

    5. El mismo planteamiento de las deficiencias de su defensa, realizada por un profesional suspendido, se hizo en otro escrito similar. Y la propia Audiencia, debidamente notificada de la inhabilitación del Letrado antes de que el recurrente tuviera conocimiento de ella, nada hizo para regularizar su situación.

    6. Se invoca en la demanda vulneración del art. 24.1 y 2 de la Constitución y se interesa la nulidad de todos los actos celebrados desde la designación e intervención del Letrado don José Emilio Rodríguez-Menéndez y por ende la celebración de nuevos juicios para debatir la extradición solicitada. Igualmente la suspensión de la ejecución de la extradición concedida a Francia «que momentáneamente se encuentra de hecho suspendida por existir dos procesos pendientes en España» contra el recurrente en amparo (diligencias previas 2.381/85 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián y 110/85 del Juzgado de San Feliú de Guixols). Por medio de otrosí interesa también del Tribunal Constitucional el recibimiento a prueba de las actuaciones.

  3. Por providencia de 11 de febrero de 1987, la Sección tuvo por formalizada la demanda e hizo saber al Procurador del recurrente la posible concurrencia en la misma de los siguientes motivos de inadmisión:

    1) Extemporaneidad de la demanda, al no haberse acreditado la fecha de notificación de la resolución recurrida en amparo, según dispone el art. 50.1 a), en conexión con el 44.2, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

    2) No haberse invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello [art. 44.1 c) de la LOTC].

    3) Carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional [art. 50.2 b) de la LOTC].

    Por lo que, en virtud de lo dispuesto en el art. 50 de la citada Ley Orgánica, se concedió al recurrente y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días, a fin de que dentro del mismo formulasen las alegaciones que estimaren pertinentes. Y en cuanto a la suspensión solicitada en el suplico del escrito de demanda y el recibimiento del recurso a prueba, interesado en el otrosí, se acordó una vez se decida sobre la admisión a trámite del recurso, se acordará lo procedente.

    4) El Ministerio Fiscal, por escrito presentado el 23 de febrero de 1987, solicitó la inadmisión de la demanda por concurrir las tres causas de inadmisión señaladas en la providencia de 11 de febrero de 1987: extemporaneidad en la presentación de la demanda, porque los Autos recurridos son de 21 y 24 de junio de 1986 y la demanda se presentó el 6 de agosto siguiente; no invocación en el proceso del derecho constitucional supuestamente vulnerado, conforme resulta de la documentación aportada; y falta de contenido constitucional de la demanda porque la verdadera personalidad del recurrente estuvo acreditada en el proceso según resulta de la simple lectura de las resoluciones impugnadas.

  4. La representación del recurrente, evacuado el traslado por escrito presentado en el Tribunal el 6 de marzo de 1987, alegó que los defectos señalados en la providencia de 11 de febrero de 1987, sobre extemporaneidad en la presentación de la demanda y no invocación ante la Audiencia Nacional del derecho fundamental vulnerado, eran imputables al Letrado que, estando suspendido para el ejercicio profesional, le había asistido con las irregularidades y negligencias que ponía de relieve en su demanda y que le había producido la indefensión que denunciaba con cita del art. 24 de la Constitución, por cuya razón tenía contenido constitucional el problema planteado. Solicitó por todo ello la admisión a trámite de la demanda y que se dictara Sentencia de conformidad con el suplico de la misma, reiterando su petición de que se suspendiera la ejecución de la resolución recurrida y el recibimiento a prueba de este recurso de amparo.

    Fundamentos:

Fundamentos jurídicos

Unico. Todas las infracciones que denuncia el recurrente con base en el artículo 24.1 y 2 de la Constitución son imputables, según sus escritos, al Letrado que, libremente designado por él, le asistió en el proceso: a dicho Letrado se debe que la documentación que le entregó para demostrar su verdadera personalidad no surtiera los correspondientes efectos. Y a él se debe también el retraso en el planteamiento de este recurso de amparo, puesto que no se notificaron a su esposa las resoluciones recurridas hasta el 18 de julio de 1986 (según aparece manuscrito en el Auto de 28 de mayo anterior que acompaña con su escrito de alegaciones). Expone el recurrente que dicho Letrado había sido suspendido en el ejercicio de la profesión en el mes de junio de 1986 y así lo notificó el 17 de julio siguiente el Consejo General de la Abogacía a todos los órganos judiciales, con base en ello y por entender que son nulas todas las actuaciones judiciales practicadas con la asistencia de dicho Letrado, interpone el presente recurso de amparo en el que insiste sobre la falta de identificación de su personalidad y las irregularidades derivadas de estar asistido por un Letrado suspendido en el ejercicio de la profesión.

De este planteamiento que hace el propio recurrente, resultan de aplicación al caso las causas de inadmisión de que fue advertido por la providencia de 11 de febrero de 1987. Con arreglo al art. 44.1 b) de la LOTC, cuando el amparo se interponga contra resoluciones judiciales, la violación de los derechos constitucionales denunciados ha de ser imputable «de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquéllas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional».

Ninguna de las infracciones que denuncia son imputables a la Audiencia Nacional, sino -caso de haberse cometido- al Letrado libremente designado por el recurrente que no se hallaba suspendido para actuar ante la misma hasta el 17 de julio de 1986 y los Autos recurridos son de fecha 28 de mayo y 24 de junio de 1986. Actuó, pues, su Letrado durante el proceso debidamente habilitado, puesto que la inhabilitación que le atribuye el recurrente fue posterior a su actuación profesional en defensa del mismo; de ahí que su demanda incida en los motivos de inadmisión de que fue advertido: extemporaneidad en la presentación de la demanda [art. 50.1 a) de la LOTC], porque el plazo que determina el art. 44.2 de la LOTC ha de contarse desde la notificación de la Sentencia -que no acredita el recurrente- y no desde el tardío conocimiento de las resoluciones por su esposa; porque tampoco justifica la invocación del derecho vulnerado [art. 50.1 b), en relación con 44.1 c), de la citada Ley] ante la Audiencia Nacional en su recurso de súplica resuelto por el Auto recurrido de fecha 24 de junio de 1986; y, finalmente, porque las resoluciones recurridas estiman identificada la personalidad del recurrente, en cuyo hecho no puede entrar este Tribunal por ser de la competencia (art. 117.3 de la Constitución) de los órganos judiciales, concurriendo también la causa de inadmisión prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC.

Fallo:

En razón de todo lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de estas actuaciones.Madrid, a tres de junio de mil novecientos ochenta y siete.