STC 204/2012, 12 de Noviembre de 2012

STC 204/2012

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3142-2011, promovido por don Jesús Flores Quintero, representado por el Procurador de los Tribunales don Celso de la Cruz Ortega y asistido por el Abogado don César Pinto Cañón, contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid dictado el 24 de enero de 2011 en la pieza de medidas cautelares del procedimiento abreviado núm. 812-2010 y contra el Auto de 28 de marzo de 2011 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquél. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer de este Tribunal.I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 30 de mayo de 2011, el Procurador de los Tribunales don Celso de la Cruz Ortega, actuando en nombre y representación de don Jesús Flores Quintero, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones dictadas por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid, que por Auto de 24 de enero de 2011 no admite a trámite un recurso de apelación y por Auto de 28 de marzo de 2011 declara no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones.

   Para determinar si los Autos recurridos inciden en la vulneración del contenido constitucional del art. 24.1 CE, procede partir del análisis de los siguientes hechos en los que tiene su origen el presente recurso y que son relevantes para su resolución:

   1. Mediante resolución de 19 de marzo de 2008, el Delegado del Gobierno en Asturias acordó la expulsión del territorio nacional de don Jesús Flores Quintero, con la prohibición de entrada en España por un período de cinco años, como responsable de una infracción prevista en el art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

   2. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2010 don Jesús Flores Quintero fue detenido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Jaén en funciones de guardia, que por Auto de 19 de noviembre de 2010 autorizó su ingreso por un plazo de sesenta días en un centro de internamiento para extranjeros, a fin de tramitar la ejecución de la resolución de expulsión antes mencionada. El señor Flores Quintero solicitó la designación de Abogado del turno de oficio y el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.

   3. El 4 de diciembre de 2010 el Colegio de Abogados de Madrid hizo la designación de Letrado del turno de oficio y el recurrente en amparo formalizó demanda contra la resolución de expulsión, al tiempo que interesó, como medida cautelarísima urgente, su suspensión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid, que mediante Auto de 9 de diciembre de 2010 denegó la medida cautelarísima interesada. Al pie de la resolución se hacía constar:

      Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante escrito razonado, que deberá contener las alegaciones en que se fundamente, y que deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su notificación.

      Será necesario para la admisión de dicho recurso la consignación del depósito de 50 Euros que exige la Disposición Adicional 15a de la Ley Orgánica del Poder Judicial (introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre), en la cuenta de consignaciones de este Juzgado núm. 3943 de BANESTO, a menos que el recurrente acredite con la aportación de la resolución correspondiente que tiene concedido el beneficio de justicia gratuita.

   4. En escrito de 27 de diciembre de 2010 don Jesús Flores interpuso recurso de apelación contra el referido Auto y en un otrosí adujo tener solicitado el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita sin que la comisión de asistencia jurídica gratuita hubiera resuelto aún. A este escrito se adjuntó copia del certificado del director del centro de internamiento en el que se hacía constar la solicitud de Abogado de oficio, la comunicación de la designación y nota informativa de que hasta ese momento no se tenía constancia de la resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita.

   5. Por diligencia de ordenación de 10 de enero de 2011 se requirió al recurrente para que en el plazo de dos días aportara resguardo de la consignación del depósito y, en caso de estar exento por habérsele reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la correspondiente resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita.

   6. Mediante escrito de 20 de enero de 2011 la parte recurrente puso de manifiesto ante el Juzgado que carecía de medios económicos, que se hallaba privado de libertad y que estaba en trámite su solicitud de asistencia jurídica gratuita. También aportó certificado de la comisión de asistencia jurídica gratuita en la que se consignaba que la solicitud se encontraba tramitándose de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la asistencia jurídica gratuita.

   7. Por Auto de 24 de enero de 2011 el Juzgado acordó denegar la admisión a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 9 de diciembre de 2010, al no haberse cumplido el requisito establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de haber constituido depósito dentro del plazo de dos días, ni haber presentado documento que acreditase el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.

   8. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, en su reunión del 14 de enero de 2011, acordó reconocer al recurrente el derecho a la asistencia jurídica gratuita, si bien su notificación fue posterior a que fuera inadmitido el recurso de apelación.

   9. En escrito de 1 de marzo de 2011 la parte recurrente formuló petición de nulidad del Auto de 24 de enero de 2011, aduciendo la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos (art. 24.1 CE) y por Auto de 28 de marzo de 2011, notificado el 12 de abril de 2011, el Juzgado acordó no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones, en los siguientes términos:

      [E]s lo cierto que la obligada inadmisión del recurso de apelación sustentado contra el auto de denegación de medida cautelar urgente deriva de la no consignación en plazo por la parte del depósito para recurrir, sin que la posterior concesión del beneficio de justicia gratuita enerve lo anterior, ni pueda determinar la infracción constitucional que aduce la actora.

   10. Paralelamente a estos trámites procesales acordados en la pieza separada de medidas cautelares, en el procedimiento principal el Juzgado acordó mediante Auto de 13 de enero de 2011 inhibirse del conocimiento del recurso por entender que mismo correspondía a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Frente a esta resolución el actor interpuso recurso de apelación y posteriormente aportó la resolución en la que consta que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid en su reunión de 14 de enero de 2011 resolvió reconocerle este derecho. A la vista de lo cual el Juzgado acordó admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto, procediendo a su sustanciación.

2. Expuestos los antecedentes básicos de la cuestión planteada, en la demanda de amparo se sostiene que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos, porque incurren, al inadmitir la apelación, en irracionalidad en la interpretación y aplicación de la ley.

   La parte recurrente en amparo considera que se está ante un supuesto semejante, en lo esencial, al examinado en la STC 64/2010, de 18 de octubre, y se considera ilustrativo que si bien el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 9 de diciembre de 2010 dictado en la pieza separada cautelar no fue admitido a trámite, sin embargo sí lo fue el recurso de apelación formulado contra el posterior Auto de 13 de enero de 2011 recaído en las actuaciones principales, porque ya se disponía de la resolución que recogía el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

   Para la parte recurrente que invoca la STC 55/2008, de 14 de abril, FJ 2, el Auto de 24 de enero de 2011, por el que se acordó denegar la admisión a trámite el recurso de apelación contra la denegación de la medida cautelar, no contiene una mínima motivación con relación a las circunstancias concretas e individuales que concurrían en este caso y considera que el órgano judicial fundamenta su decisión en la mera trascripción literal de la disposición adicional decimoquinta LOPJ y añade que reiteró esta cuestión mediante un incidente de nulidad de actuaciones con expresa invocación del art. 24.1 CE y de doctrina constitucional, pero que el órgano judicial, mediante Auto de 28 de marzo de 2011, incurrió en un manifiesto error de derecho al examinar la cuestión sobre la base de la redacción del art. 241.1 LOPJ anterior a la modificación operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, y limitarse a afirmar, sin el mayor respaldo argumentativo, que no se había llevado a cabo la consignación en plazo del depósito para recurrir.

   Al tiempo que combate las resoluciones judiciales impugnadas, la parte recurrente en amparo expone los argumentos por los que considera que la disposición adicional decimoquinta LOPJ lesiona el art. 24.1 y 2 CE basándose en los siguientes criterios:

   1. El legislador, a través de la configuración de este depósito para recurrir, limita, desvirtúa o dificulta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues la consecuencia derivada de la falta de acreditación del cumplimiento de esta obligación es desproporcionada y consiste en la inadmisión del recurso.

   2. No se ha regulado un depósito para un supuesto concreto, como sucede en los casos citados en la STC 53/1983, de 20 de junio, y en el ATC 219/2002, de 6 de noviembre, sino un depósito de alcance genérico, y con un fin no sólo disuasorio sino también recaudatorio y sancionador.

   3. La regulación legal contiene disfunciones: así, el particular ha de constituirlo pero las Administraciones públicas no, no se fija su importe en función de la cuantía litigiosa, y la desestimación del recurso supone la pérdida automática del depósito, aunque la cuestión planteada fuese dudosa y en realidad, se está ante una especie de sanción anticipada por una conducta que se estima inapropiada —recurrir sin fundamento— para cuya imposición no se prevé la tramitación de un procedimiento contradictorio.

   4. Ciñéndose al ámbito contencioso-administrativo, la parte recurrente en amparo considera que carece de fundamento que para recurrir en apelación una sanción u obtener su suspensión cautelar se deba abonar un depósito, a diferencia del ámbito penal, pese a que en ambos casos se está ante el ejercicio del ius puniendi estatal.

   Una vez expuestos los motivos por los que considera que la disposición adicional decimoquinta LOPJ resulta inconstitucional, expone que si este Tribunal Constitucional comparte tal apreciación, eleve la cuestión al Pleno, de conformidad con lo previsto en los arts. 35 y ss. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y declare inconstitucional y nula la disposición, y, por consiguiente, los Autos de 24 de enero y 28 de marzo de 2011 que aplican este precepto. Alternativamente, pide que se estime el recurso de amparo, por la interpretación y aplicación de este precepto realizada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid y acuerde declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE) y le restablezca en su derecho y, a tal fin, declarare la nulidad de los mencionados Autos, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno.

3. Por providencia de 16 de abril de 2012, la Sala Primera del Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid para que remitiera testimonio del procedimiento abreviado núm. 812-2010, acordándose al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueran parte en el proceso judicial, para que pudieran comparecer en el proceso de amparo.

4. Por medio de escrito presentado el 23 de abril de 2012 el Abogado del Estado solicitó su personación en las actuaciones y mediante diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2012 se admitió la misma, al tiempo que se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro del plazo común de veinte días pudieran presentar alegaciones de conformidad con el art. 52.1 LOTC.

5. En este recurso han formulado alegaciones las siguientes partes:

   1. El Abogado del Estado, en escrito de 5 de junio de 2012, comienza señalando que la demanda debe inadmitirse por no haberse agotado debidamente la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo [art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC], por dos razones: En primer lugar, porque el Auto que inadmitió a trámite el recurso de apelación contra la denegación de la medida cautelarísima debió ser recurrido en queja y reconoce el Abogado del Estado que en el propio Auto se indicaba su carácter irrecurrible, pero añade que tal información era notoriamente errónea a la vista de los arts. 457.4 y 494 de la Ley de enjuiciamiento civil, así como del art. 85.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), sin que dicho error exima a la parte de la obligación de agotar debidamente la vía judicial, más aún cuando dispone de asistencia letrada. En segundo lugar, según el Abogado del Estado, cuando se formuló la apelación, la parte recurrente en amparo había solicitado, pero no obtenido aún, el beneficio de asistencia jurídica gratuita y su petición podía tanto ser estimada y quedar eximido del depósito, como ser desestimada y resultar así obligado a constituirlo. Puesto que la diligencia de ordenación de 10 de enero de 2011, notificada el 18 de enero, le conminó a subsanar en el plazo de dos días la falta de constitución del depósito, debió recurrir en reposición la mencionada diligencia de ordenación, y aunque no llevaba pie de recurso, el demandante estaba asistido de Abogado y el régimen de su impugnación no reviste ninguna dificultad, por lo que el escrito que presentó el 20 de enero de 2011 no es un recurso de reposición sino una solicitud al Juzgado para que inaplicara la disposición adicional decimoquinta LOPJ y admitiera la apelación sin constituir depósito, cuando no constaba aún que gozara de la exención.

      Examinando el fondo del asunto, el Abogado del Estado sostiene que no se ha violado el art. 24.1 CE, pues siendo cierto que el Juzgado incurrió en error al rechazar la solicitud de nulidad de actuaciones citando el art. 241.1 LOPJ en la redacción precedente a la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, sin embargo el error carece de trascendencia, pues el Auto de 28 de marzo de 2011, denegatorio de la nulidad, examina y rechaza las violaciones jurídico-fundamentales alegadas por el actor, sin que la transcripción errónea de una redacción derogada haya tenido la más mínima trascendencia para el razonamiento con que se motiva la decisión.

      Por último, sobre la pretendida inconstitucionalidad de la disposición adicional decimoquinta LOPJ, señala el Abogado del Estado que este Tribunal ha tenido ocasión de apreciar que el requisito del depósito previo para recurrir no contradice el espíritu del art. 24.1 CE y se justifica por su doble finalidad de evitar el planteamiento de recursos meramente dilatorios y, en algunos supuestos, asegurar el posterior cumplimiento de la resolución que se pretende impugnar (SSTC 46/1983, de 27 de mayo; 78/1983, de 4 de octubre; 20/1984, de 13 de febrero; y 16/1986, de 3 de febrero, entre otras), por lo que rechaza las objeciones que la demanda de amparo realiza a la constitucionalidad de la disposición adicional decimoquinta LOPJ.

      El Abogado del Estado solicita la inadmisión del recurso de amparo o, subsidiariamente, su desestimación y, en defecto de ello, si se otorgara el amparo, que se deniegue el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimoquinta LOPJ.

   2. El 11 de junio de 2012 presentó su escrito de alegaciones el recurrente, ratificándose en las expuestas en la demanda de amparo, si bien añadiendo la posible inconstitucionalidad de la disposición adicional decimoquinta LOPJ, en relación con el depósito en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, resultando que frente a la obligación de abonarlo por parte de los ciudadanos, tanto personas físicas como jurídicas, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos y el Ministerio Fiscal quedan exentos de constituir el depósito, dando lugar a un desequilibrio entre las partes.

   3. El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones mediante escrito presentado el 15 de junio de 2012, en el que sostiene que procede otorgar el amparo al demandante por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.

      Con carácter previo, y toda vez que el recurrente plantea diversas consideraciones en relación con la constitucionalidad de la disposición adicional decimoquinta LOPJ, el Ministerio Fiscal subraya que este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los depósitos como requisito para la interposición de un recurso, que en el presente caso también concurren, pues la finalidad legítima, conforme a la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2009, de 23 de noviembre, es disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso, y los ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita.

      El Ministerio Fiscal concreta las siguientes conclusiones: