ATC 102/2011, 5 de Julio de 2011
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 2011 |
| Emisor | Tribunal Constitucional - Pleno |
| ECLI | ES:TC:2011:102A |
| Número de Recurso | 8941-2010 |
AUTO ANTECEDENTES
-
El 28 de diciembre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, acompañado de un testimonio del procedimiento núm. 141-2010 (al que se acumularon los núms. 156-2010 y 165-2010) del que forma parte el Auto de 1 de diciembre de 2010, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2010, en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, por posible vulneración de los arts. 7, 28.1 y 37.1 CE; y sobre la disposición adicional novena del citado Real Decreto-ley 8/2010, por posible vulneración del art. 14 CE.
-
Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
-
La Federación de servicios de la Unión General de Trabajadores presentó el día 30 de julio de 2010 demanda de conflicto colectivo contra la agencia pública empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en la que solicitaba, además de una petición de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad sobre diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2010, que se dictara Sentencia declarando el derecho de los trabajadores de RTVA sujetos al VIII convenio colectivo a percibir íntegramente las tablas salariales de 2009 incrementadas un 0,3 por 100, o subsidiariamente las retribuciones que venían percibiendo hasta 31 de diciembre de 2009 (demandaregistrada con el núm. 141-2010).
-
La Federación de servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras presentó el 7 de septiembre de 2010 demanda de conflicto colectivo contra la agencia pública empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), en la que solicitaba que se dictara Sentencia declarando que, en función de lo prevenido en el convenio colectivo, las retribuciones a percibir por los trabajadores de RTVA en los meses de junio de 2010 y sucesivos han de ser las mismas que venían percibiendo hasta entonces, dejando sin efecto las reducciones retributivas efectuadas por la empresa y retrotrayendo la situación al momento previo (demanda registrada con el núm. 156-2010).
-
El comité intercentros de Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., el 20 de septiembre de 2010 presentó demanda de conflicto colectivo contra la agencia pública empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., solicitando que se dictase Sentencia declarando que la actuación de las demandadas consistente en reducir un 5 por 100los salarios de los trabajadores que en junio de 2010 estaban adscritos a RTVA, con efecto permanente en las futuras nóminas, es una actuación contraria a Derecho, y, por tanto, debe ser anulada, condenando a las codemandadas solidariamente a estar y pasar por tal declaración y a cuanto de ello se derive, especialmente a que repongan a los trabajadores afectados no solo en el nivel salarial previsto por el convenio colectivo aplicable, sino también a que abonen a los trabajadores afectados las cantidades indebidamente detraídas de sus nóminas durante el tiempo de la resolución de la litis (demanda registrada con el núm. 165-2010).
-
Por Auto de 19 de octubre de 2010 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acordó acumular al procedimiento núm. 141-2010 las demandas registradas bajo los núms. 156-2010 y 165-2010.
-
Concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, la Sala dictó providencia el 5 de noviembre de 2010 por la que, en cumplimiento del art. 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo común e improrrogable de diez días para que alegasen lo que a su derecho conviniera sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la nueva redacción de los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2010, realizada por el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, al que su disposición final segunda reconoce carácter de básico, en la medida en que dicha condición causó, a su vez, la modificación del art. 14 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la versión dada por el artículo único, cuarto del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, ya que podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, regulado en los arts. 7 y 28.1 CE, en relación con el derecho de negociación colectiva (art. 37.1 CE); así como sobre la disposición adicional novena del mismo Real Decreto-ley 8/2010, a la que su disposición final segunda concede también carácter básico, puesto que dicho precepto causó, a su vez, la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, que podría afectar al contenido esencial del derecho de igualdad (art. 14 CE), en tanto que excluye de dicha reducción al personal laboral no directivo de las sociedades del sector público andaluz, entre ellas las sociedades codemandadas, salvo que por negociación colectiva las partes decidieran su aplicación.
-
La Federación de servicios ala ciudadanía de Comisiones Obreras, la Federación estatal de servicios de la Unión General de Trabajadores y el Comité Intercentros de Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., se mostraron partidarios del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, oponiéndose en cambio el Ministerio Fiscal y la agencia pública empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A.
-
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó el Auto de 1 de diciembre de 2010 por el que se acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional para que "resuelva si la redacción de los artículos 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, promovida por el art. 1 del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con la versión dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, a los artículos 10,2 y 14 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Andalucía para 2010, ha vulnerado o no al contenido esencial del derecho de libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28.1 CE, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37.1 CE"; así como para que "resuelva si la Disposición Adicional 9ª del RDL 8/2010, de 20 de mayo, en relación con la Disposición Adicional 2ª del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, han vulnerado o no el derecho de igualdad, contenido en el artículo 14 CE".
-
-
El mencionado Auto de 1 de diciembre de 2010 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente, y de forma resumida, se indican.
En primer lugar, afirma la Sala la relevancia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad para resolver el litigio planteado, pues, acreditado que RTVA y sus sociedades filiales abonaronlos salarios pactados convencionalmente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010 y el Decreto-ley 2/2010, se hace evidente que es la nueva redacción de los preceptos cuestionados el obstáculo que impide el mantenimiento de las retribuciones pactadas en el VIII convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, así como los incrementos retributivos, pactados en su anexo I.
Tras ello, comienza la Sala su análisis sobre la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 86.1 CE para la validez de los decretos-leyes, afirmando no tener dudas acerca de que la intervención del Gobierno estuvo causada por una extraordinaria y urgente necesidad. Pero en relación con el requisito negativo, consistente en que no podrá afectarse al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, la Sala considera que se dejó sin efecto lo pactado en convenio estatutario, vaciando de contenido su fuerza vinculante, lo que supuso una clara afectación de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva.
A continuación, precisa la Sala que su duda de constitucionalidad se plantea en relación con el personal laboral -y no con los funcionarios públicos- exponiendo las razones que le llevan a considerar que aunque funcionarios y personal laboral están sometidos a los incrementos de la masa salarial establecidos anualmente en la ley de presupuestos generales del Estado, una vez concluidos los acuerdos que determinan los límites presupuestarios para cada año, para el personal laboral tendrán la consideración y efectos previstos en el art. 83 de la Ley del estatuto de los trabajadores, que son los propios de los convenios colectivos, de manera que una vez aprobada la ley de presupuestos generales del Estado, los convenios colectivos que se concluyan conforme a la misma, una vez aprobados por la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), obligan a la Administración y a su personal laboral durante todo el tiempo de su vigencia, siendo inaplicable lo dispuesto en el art. 38.10 de la Ley del estatuto básico del empleado público(LEEP), así como la cláusula rebus sic stantibus, a diferencia de lo que acontece con el personal funcionario.
Tras exponer la doctrina constitucional sobre el derecho a la negociación colectiva como parte integrante del contenido esencial del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional, la Sala de lo Social insiste en que no considera constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia mediante un decreto-ley, aunque concurra la nota positiva exigida por el art. 86.1 CE, puesto que la suspensión, modificación o supresión del convenio afecta al contenido esencial de los derechos fundamentales de negociación colectiva y libertad sindical, lo cual está vedado por la Constitución, sin perjuicio de que podría haberse salvado constitucionalmente dicha limitación si se hubiera activado el procedimiento previsto en el art. 86.3 CE, procediendo las Cortes a tramitarlo como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.
En segundo lugar, expone el órgano judicial que una vez acreditado que la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, excluyó aplicar las deducciones retributivas establecidas en su artículo primero al personal laboral no directivo de RENFE, ADIF y AENA, mientras que la disposición adicional segunda del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, excluyó las deducciones retributivas al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, salvo que decidieran su aplicación mediante negociación colectiva, debe despejarse si dicho trato diferenciado, al carecer de la más mínima justificación, ha podido vulnerar el derecho de igualdad (art. 14 CE).
-
Mediante providencia de 15 de febrero de 2011 la Sección Primera de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el art. 35.2 LOTC y por si fuese notoriamente infundada.
-
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 23 de marzo de 2011, en el que considera que, efectivamente, la cuestión de inconstitucionalidad es inadmisible por falta de cumplimiento de los requisitos procesales y por ser notoriamente infundada.
En relación con el primero de los aspectos señalados, rechaza el Fiscal General que el órgano proponente haya cumplido de manera correcta el trámite de audiencia regulado en el art. 35.2 LOTC, dado que todas las dudas de constitucionalidad recogidas en el Auto se centran en la vulneración del art. 86.1 CE, precepto que no fue mencionado en la providencia de 5 de noviembre de 2010.
En segundo lugar, cuestiona también el Fiscal General la justificación del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, por entender que esta norma, al contemplar a un colectivo de trabajadores distinto al de los demandantes en el proceso subyacente, no resulta aplicable al caso.
Analizando ya, en tercer lugar, la duda de constitucionalidad relativa a la posible vulneración del derecho a la libertad sindical (arts. 7 y 28.1 CE), en relación con el derecho de negociación colectiva (art. 37.1 CE), el Fiscal General, tras referirse a la normativa aplicable a la negociación colectiva en el ámbito laboral y funcionarial, entre la que se destaca por él la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, señala que en esta materia no hay auténtica negociación colectiva sino legislación negociada; y que, siendo ello así, mal puede afirmarse que el Real Decreto-ley 8/2010 haya podido afectar al régimen general o a algún elemento esencial del derecho de negociación colectiva del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas al fijar sus retribuciones mediante una reforma de la ley de presupuestos. Por otra parte, tampoco cabe aceptar, a juicio del Fiscal General del Estado, que el Real Decreto-ley 8/2010 haya restringido el derecho a la negociación colectiva al haber desconocido la fuerza vinculante de los convenios colectivos, porque el principio de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 CE impide que los acuerdos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas determinaciones contenidas en una norma con rango de ley; y, en segundo lugar y principalmente, porque dicha modificación está prevista en el art. 38.10 LEEP, que considera de aplicación al personal laboral; el cual prevé para los funcionarios públicos que, en situaciones excepcionales y por causa de grave interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, pueda suspenderse o modificarse el acuerdo alcanzado en materia retributiva.
Finalmente, por lo que se refiere a la duda relativa a la vulneración del art. 14 CE por la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en concordancia con la cual se dictó la disposición adicional segunda del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, señala el Fiscal General que la Sala que formula la cuestión de inconstitucionalidad parte de una defectuosa comprensión de la normativa objeto de examen, puesto que en el caso del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se consigue el mismo ahorro en las partidas presupuestarias que en el correspondiente al resto del personal del sector público andaluz
-
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en relación con la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, a los arts. 10.2 y 14 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010; así como sobre la disposición adicional novena del mismo Real Decreto-ley, en relación con la disposición adicional segunda del Decreto-ley 2/2010 citado. Y lo hace en iguales términos que aquéllos que ya han dado lugar a un pronunciamiento de inadmisión por parte de este Tribunal en el reciente ATC 85/2011, de 7 de junio.
Tal y como resulta de la fundamentación del Auto de planteamiento de la cuestión, la primera duda de constitucionalidad del órgano promotor se ciñe a los arts. 22.Dos.B.4 y 25.Dos.B de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en cuanto disponen, respectivamente, una minoración de la masa salarial del personal laboral del sector público, en general, y del sector público estatal, en particular, del 5 por 100 de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación, con efectos desde el 1 de junio de 2010. El órgano judicial considera, en síntesis, que los preceptos cuestionados vulneran el art. 86.1 CE, al transgredir el límite material que para los decretos-leyes dispone el citado precepto constitucional, de no afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, entendiendo que, en el presente caso, al afectar a la intangibilidad y a la fuerza vinculante de un convenio colectivo en vigor, los preceptos cuestionados han incidido directamente en el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), que forma parte también del contenido de derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE).
Pues bien, más allá de la defectuosa forma en que el órgano judicial cumplimentó el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ex art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC: siendo trasladable cuanto se indicó en el ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 3), es lo cierto que la cuestión planteada resulta notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC), pues "como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida" puesto que "en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario". En consecuencia, "los preceptos legales cuestionados no suponen una 'afectación' en el sentido constitucional del término, del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, en cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales, por lo que no han franqueado el límite material que al decreto-ley impone el art. 86.1 CE de no afectar a los derechos, deberes y libertades del título I CE" (ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 8).
-
En segundo lugar, en cuanto a la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo,en relación con la disposición adicional segundadel Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, la cuestión de inconstitucionalidad resulta inadmisible, dada la falta de aplicabilidad y relevancia del precepto, de cuya validez no depende la decisión del proceso a quo (art. 35.1 LOTC).
En efecto, la referida disposición adicional novena excepciona de la mencionada reducción salarial al personal no directivo de las sociedades mercantiles que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinados a cubrir déficit de explotación y al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación. Por tanto, "en la hipótesis en que fuera considerada inconstitucional por quiebra del principio de igualdad la disposición cuestionada, la consecuencia no sería la extensión del régimen que el órgano judicial califica de más beneficioso para el resto de las entidades públicas empresariales, sino la nulidad de esa disposición que excepciona la aplicación de aquella regla general" (ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 5).
Por todo lo expuesto, el Pleno
Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Madrid, a cinco de julio de dos mil once.
