Sentencia nº 6/1997 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 13 de Enero de 1997

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Ponente:Don Carles Viver i Pi-Sunyer
Fecha de Resolución:13 de Enero de 1997
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 3.436/1994
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Segunda
RESUMEN

1. Este Tribunal tiene declarado que, a tenor de la Disposición transitoria segunda del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1979 -aplicable al presente caso, ya que se trataba de un proceso en curso al entrar en vigor el Acuerdo-, el régimen transitorio respecto de la eficacia civil de las Sentencias canónicas de nulidad matrimonial y su efecto constitutivo sobre el estado civil de los cónyuges, se producía con la mera anotación de la Sentencia canónica en el Registro Civil. Concretamente, en las SSTC 66/1982, 65/1985 y 209/1991 se afirmó, partiendo de que el derecho a la efectividad de la tutela judicial exige que el fallo judicial se cumpla, que «el proceso de reconocimiento de efectos civiles a las Sentencias y resoluciones de los Tribunales eclesiásticos que prevé el art. XXIV del Concordato [de 1953] es equiparable al de ejecución de una Sentencia o resolución judicial. Por ... (ver resumen completo)

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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don José Gabaldón López, Presidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En el recurso de amparo núm. 3.436/94, promovido por don Angel S. J. V. representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Rosa García González y asistido por el Letrado don Pedro Vallés Gómez, frente a la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santander, de 27 de septiembre de 1994, dictada en el rollo de apelación núm. 144/94 sobre la del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de los de Santander, de 23 de noviembre de 1993, en autos sobre divorcio núm. 578/92. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver i Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

     1. Con fecha 25 de octubre de 1994, tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la representación procesal de don Angel S. J. V. por medio del cual se presenta recurso de amparo frente a la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santander, de 27 de septiembre de 1994, dictada en apelación sobre juicio de divorcio.

     2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo, brevemente expuestos, son los siguientes:

     a) Habiendo contraído matrimonio canónico en 1953, en marzo de 1977 el hoy recurrente interpuso ante el Tribunal Eclesiástico correspondiente demanda de nulidad matrimonial, bajo la vigencia del Concordato de 1953 y la anterior redacción de los arts. 80 y 82 C.C. Estando todavía pendiente de conclusión el proceso eclesiástico, entraron en vigor el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre España y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, y la nueva redacción de los referidos preceptos del Código Civil , por Ley 30/1981, de 7 de julio. La nulidad del matrimonio canónico fue definitivamente acordada por Sentencia del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Oviedo de 14 de marzo de 1985. Instada su ejecución civil, el 11 de septiembre de 1985 se inscribe nota marginal en el Registro Civil en la que consta la nulidad acordada.

     b) Con posterioridad a dicha Sentencia y a su correspondiente anotación, la ex esposa del hoy recurrente demandó la indemnización prevista en el art. 98 C.C. -compensatoria al cónyuge de buena fe, si existió convivencia, de la nulidad matrimonial-; tal demanda fue definitivamente desestimada por Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 1992, revocatoria de la de apelación, en la que se dejó sentado que no se había producido la homologación civil de la Sentencia de nulidad canónica, requerida por el art. 80 C.C. en su nueva redacción (fundamento de derecho primero), lo que llevó a la desestimación de la demanda indemnizatoria. Este mismo resultado se alcanzaba, según la Sentencia referida, por concurrencia de buena fe en ambos cónyuges.

     c) Ulteriormente, la ex esposa del hoy recurrente planteó demanda de divorcio, que fue seguida ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Santander. Pese a la oposición del demandante de amparo -basada entre otros motivos en la existencia de cosa juzgada, por la eficacia civil de la nulidad canónica decretada en 1985-, la demanda fue estimada por Sentencia de 23 de noviembre de 1993, y definitivamente confirmada por la de la Audiencia de 27 de septiembre de 1994, objeto del presente proceso constitucional.

     En ambas Sentencias se afirma, en lo que aquí interesa y concordantemente con lo apreciado por la Sentencia de la Sala Primera Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 1992, antes citada, que ninguna de las partes había instado la homologación civil de la Sentencia canónica de nulidad, no bastando, conforme al régimen instaurado con la reforma del Código Civil de 1981 -y a diferencia de lo legalmente previsto con anterioridad-, la anotación de la Sentencia canónica en el Registro Civil. Por ello se entiende civilmente subsistente el matrimonio y procedente la demanda de divorcio. Ambas resoluciones acuerdan estimar la demanda, declarar disuelto el matrimonio y el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, atribuir el uso y disfrute de la vivienda a doña Olga M. G. así como una pensión compensatoria a cargo de don Angel S. J. V.

     3. Fundamenta su pretensión el demandante de amparo en la vulneración de los arts. 9 (seguridad jurídica) y 24 C.E. (derecho a la tutela judicial efectiva impartida por el Juez ordinario predeterminado por la ley). Aduce en este sentido que las resoluciones recurridas fueron dictadas por órganos incompetentes en cuanto, según el Derecho aplicable a los hechos en el momento relevante, la jurisdicción para conocer de la nulidad y de su ejecución era la canónica. Asimismo, entiende que el principio de seguridad jurídica fue vulnerado por cuanto la legislación a aplicar era la vigente con anterioridad a la reforma del Código Civil en 1981. Igualmente alega la vulneración de la cosa juzgada por la resolución canónica. Cita, por último, la doctrina sentada en las SSTC 62/1984, 158/1985 y 367/1993.

     4. Con fecha 15 de junio de 1995, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó conceder al recurrente y al Ministerio Fiscal plazo común de diez días para que formularan, conforme al art. 50.3 LOTC , cuantas alegaciones estimaran pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo.

     5. Sustanciado dicho trámite, en el que el Fiscal vino a sumarse a las alegaciones del recurrente en orden a la admisión a trámite de la demanda, la Sección Cuarta de este Tribunal, mediante providencia de 24 de julio de 1995, acordó admitir a trámite el recurso de que se trata y requerir de la Sección y Juzgado de referencia la remisión de testimonio de las actuaciones, interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos, con excepción del propio recurrente, hubieran sido parte en el procedimiento, para que pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.

     6. Mediante...

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