Sentencia nº 144/2011 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 26 de Septiembre de 2011

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Ponente:Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez
Fecha de Resolución:26 de Septiembre de 2011
Número de Recurso:4858-2009
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Segunda
RESUMEN

Recurso de amparo 4858-2009. Promovido por Mercantil Hostaler I, S.L., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó, en casación, su demanda frente a las resoluciones administrativas dictadas en ejecución de sendas sanciones impuestas en materia de denominaciones de origen.

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STC 144/2011

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Eugeni Gay Montalvo, Presidente, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4858-2009, promovido por la mercantil Hostaler I, S.L., (sucesora de la mercantil Faustino Rivero Ulecia, S.A.) representada por el Procurador de los Tribunales, don Juan Manuel Caloto Carpintero, y asistida por el Letrado don David del Pozo Ibáñez, contra la Sentencia de 18 de marzo de 2009 de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado frente a la Sentencia de 21 de noviembre de 2005 de la Audiencia Nacional, que había estimado el recurso frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, en relación a la providencia de apremio emitida por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES

  1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 25 de mayo de 2009 la demandante interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.

  2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:

  1. A la empresa demandante se le impusieron dos sanciones mediante resolución del Consejo de Ministros de 8 de junio de 1999, derivada de un expediente sancionador incoado por el consejo regulador de la denominación de origen calificada "Rioja".

    La primera sanción, tipificada en los arts. 30 y 34.1 c) de la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la que se concedió el carácter de "calificada" a la denominación de origen "Rioja" y se aprobaba su reglamento (Reglamento del "Rioja", en lo sucesivo), por expedición de vino cosecha de 1989 categoría crianza, con contraetiquetas o precintos de otra u otras cosechas. Este hecho se califica como una falta administrativa según los arts. 123.1 del estatuto de la Viña, 129.2 del Reglamento de la Viña y 49.1.3 del Reglamento del "Rioja"; en aplicación del art. 53.1.c del Reglamento del "Rioja" se impuso multa por el 1 por 100 del valor de las mercancías, en total 324,23 euros.

    La segunda sanción por utilización indebida de contraetiquetas y precintos, tipificada en el art. 29.2 del Reglamento del "Rioja", se castiga, según los arts. 51.1.6 de dicho Reglamento y 129 del estatuto de la Viña, 129.2 c) del Reglamento de la Viña, con multa de 20.000 pesetas al 200 por 100 del valor de la mercancía afectada, en concreto, 3.177.111,18 euros.

    El 9 de abril de 2002, el consejo regulador de la denominación de origen calificada "Rioja" emitió certificación de descubierto, en base a la que se dictó providencia de apremio de fecha 13 de junio de 2002, en la que reclamaba el pago del principal de las dos sanciones (3.177.435,42 euros), más el correspondiente recargo de apremio (635.487,08 euros), ascendiendo todo ello el importe de 3.812.922,50 euros.

  2. Con fecha 1 de diciembre de 2003 se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 11 de septiembre de 2003, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de Tribunal Económico-Administrativo Regional de La Rioja dictada con fecha 30 de diciembre de 2002, en la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo de la jefe regional de recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja (que a su vez desestimaba el recurso de reposición interpuesto frente a la providencia de apremio dictada en el curso del procedimiento ejecutivo seguido para hacer efectiva la sanción impuesta).

    En el referido recurso contencioso-administrativo que se tramitó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se anulara la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central dictada con fecha 11 de septiembre de 2003, así como cuantos actos subyacen en la misma, especialmente, la resolución de fecha 17 de julio de 2002 dictada por el jefe de la dependencia regional de recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja y la providencia de apremio de fecha 13 de junio de 2002, dirigida contra la mercantil Faustino Rivero Ulecia, S.A., -de la que es sucesora la recurrente-, por el concepto de multa por importe total de 3.812.922,50 euros, incluido principal y recargo de apremio; así como cuantos actos se hayan dictado o se dicten en su ejecución, habida cuenta de que el título ejecutivo (equivalente a la certificación de descubierto) que subyace en la misma ha sido dictado por órgano manifiestamente incompetente y, además, porque el acto que se pretende apremiar no es firme y consta acreditado que se ha solicitado al órgano jurisdiccional competente la suspensión de la ejecutividad del acto que subyace en el procedimiento de apremio.

    Durante la sustanciación del expresado recurso contencioso-administrativo y con posterioridad a la formalización del escrito de demanda -pero antes del trámite de conclusiones escritas- la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó, con fecha 10 de junio de 2004, Sentencia firme por la que se declaró la nulidad de pleno derecho de la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991 (Orden por la que se concedió el carácter de "calificada" a la denominación de origen "Rioja" y aprobó su reglamento). Este hecho fue puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional ya que el procedimiento de apremio administrativo que subyace en el acto recurrido en el mismo, estaba fundado en un acto administrativo sancionador impuesto en base a la citada Orden Ministerial, declarada nula de pleno derecho por la referida Sentencia del Tribunal Supremo.

  3. Realizados los correspondientes trámites legales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó la Sentencia de 21 de noviembre de 2005, estimando el recurso planteado.

    Recordaba la Audiencia Nacional que "la sanción origen de estas actuaciones ha sido impuesta con fundamento en el art. 51.1.6, de la Orden de 3 de abril de 1991, en cuya virtud se otorgó el carácter de calificada a la denominación de origen 'Rioja' y se aprobó su Reglamento y su Consejo regulador, refiriéndose dicho precepto a las infracciones por uso indebido de la denominación o por actos que puedan causarle perjuicio o desprestigio, entre las que señala en su núm. 6, por lo que interesa a los efectos del presente recurso, 'La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, precintas, etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propios de la denominación'. ... Y, en efecto, consta en los autos la ya citada Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 2004, ... , en cuya parte dispositiva, ciertamente, se declara que 'Estimamos en lo sustancial el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ..., contra la Orden de 3 de abril de 1991 y contra la resolución de 7 de enero de 1992 , anulando la citada Orden de 3 de abril de 1991 por falta de Dictamen del Consejo de Estado, y la resolución de 7 de enero de 1992, en cuanto se dicta en desarrollo de la Orden anulada ...'; lo que de entrada ya podría conducir a la estimación del recurso interpuesto, en cuanto que la sanción origen del mismo se fundamenta y deviene igualmente de tal Orden, anulada por falta del referido trámite esencial, constando en el expediente administrativo que el acto de liquidación y certificación de descubierto que sirve de fundamento a la providencia de apremio objeto del presente recurso está dictado por el consejo regulador de la citada denominación de origen, (folio 89 del expediente); habiéndose impuesto, por otro lado, la sanción gubernativa origen del procedimiento de apremio que ahora se combate, con fundamento en el art. 51.1.6 del Reglamento denominación de origen calificada 'Rioja', como se hace constar en la propia providencia de apremio y demás resoluciones administrativas objeto de impugnación."

    A continuación reproduce la Sentencia de la Audiencia Nacional, determinados pasajes de la STC 52/2003, de 17 de marzo, que considera aplicables al caso, para concluir con la estimación del recurso, declarando la nulidad no sólo de la providencia de apremio, sino también de todos los actos de los que traía causa.

  4. Recurrida en casación por el Abogado del Estado la Sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de marzo de 2009, estimó el recurso de casación interpuesto, en la que, reiterando lo dicho en ejecución de Sentencia anterior, señalaba que:

    "PRIMERO.- El artículo 73 de la Ley reguladora de esta jurisdicción recoge, adaptada al proceso contencioso-administrativo, la regla general, ya establecida en el art. 120 de la Ley de procedimiento administrativo de 1958, según la cual la anulación de una disposición general no afecta a la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la misma, criterio mantenido por la jurisprudencia, sentencias de 17 de julio de 2003 que cita las de 4 de julio de 2000, 17 de octubre de 1996, 7 de febrero de 1998 y 19 de julio de 1999, en el sentido de que en el recurso directo son nulos los actos dictados en aplicación de la disposición declarada nula, salvo los que hubieran devenido firmes, administrativa o jurisdiccionalmente,...

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