STC 63/2001, 17 de Marzo de 2001

Un delito de pertenencia a banda armada del art. 147 bis a) CP 1973, en relación con el art. 1.2.b) de la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre supuestos previstos en el art. 55.2 CE; equivalente a los arts. 1.1 y 2.c) y 7.1 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de banda armada; equivalente al art. 174.3 CP 1973, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo; equivalente a los arts. 515.2 y 516.1 y 2 CP 1995, considerando como más beneficiosa la primera calificación. Por el indicado delito solicitó para el demandante de amparo la pena de seis años y un día de prisión mayor y multa de 200.000 pesetas.

Un delito de detención ilegal previsto en los arts. 480 y 481 CP 1973, equivalente a los arts. 164 y 167 CP 1995, sancionándose conforme a este último, por el que solicitó una pena de diez años de prisión e inhabilitación por diez años.

4. En fecha 20 de noviembre de 1997 se dio traslado al demandante de amparo de los escritos de calificación y conclusiones de las representaciones de don Segundo M.S. y de la acción popular ejercitada por don José A. C.B. y otros ciudadanos, imputándole los mismos delitos que el Ministerio Fiscal. Por el delito de pertenencia a banda armada, la representación de don Segundo M.S. solicitó las penas de seis años y un día de prisión mayor y multa de 300.000 pesetas, y la representación de la mencionada acusación popular las de diez años de prisión mayor y multa de 500.000 pesetas. Por el delito de detención ilegal, ambas representaciones solicitaron una pena de diez años de prisión mayor y otra de inhabilitación por diez años, la primera de aquellas representaciones, y por doce años, la segunda.

   En fecha 17 de diciembre de 1997 se le notificó al demandante de amparo el escrito de calificación y conclusiones de la representación de la acusación popular ejercida por don Miguel L.A. y otros ciudadanos, imputándole los mismos delitos y solicitando por el de pertenencia a banda armada las penas de ocho años de prisión mayor y multa de 500.000 pesetas, y por el de detención ilegal las de diez años de prisión mayor y el mismo período de inhabilitación absoluta.

5. En fecha 22 de noviembre de 1997, la representación del demandante de amparo, dentro del plazo señalado en el art. 667 LECrim, presentó un escrito planteando como artículo de previo pronunciamiento la prescripción de los delitos de los que se le acusaba.

6. El día 6 de marzo de 1998 se celebró la vista oral de los artículos de previo pronunciamiento, en cuyo acto el demandante de amparo volvió a plantear la prescripción de dichos delitos.

   Respecto del delito de detención ilegal, que el Ministerio Fiscal le imputaba como coautor de un delito cometido por funcionario público del art. 167 CP 1995, en relación con el art. 164 del mismo texto legal, el demandante de amparo alegó, partiendo de la calificación que realizó el propio Ministerio Fiscal de identificar el delito de detención ilegal como un delito especial impropio y del consolidado criterio jurisprudencial de que en este tipo de delitos impropios el partícipe no cualificado debe de ser castigado por el delito básico, que podría ser enjuiciado, al no ostentar la condición de funcionario, por un presunto delito de detención ilegal del art. 164 CP 1995, que tipifica el delito común de detención ilegal, pero no del art. 167 del mismo texto legal, que prevé un tipo cualificado por la condición de funcionario del sujeto que realiza la acción básica descrita en el art. 164, como pretendían el Ministerio Fiscal y las acusaciones para evitar la prescripción del delito aplicando la doctrina jurisprudencial de los delitos propios a los impropios. De modo que, atendiendo a la pena establecida en el art. 164 CP 1995 y a lo dispuesto en sus arts. 130 y 131, la acción penal habría prescrito por el transcurso del tiempo.

7. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por Auto de 9 de marzo de 1998, sin entrar a analizar las alegaciones del demandante de amparo y de los demás acusados, desestimó las prescripciones invocadas "al no existir ahora claridad al respecto, sin poder razonar más", no exteriorizando argumentación alguna que desvirtuara las alegaciones efectuadas, ni los datos o circunstancias que se podían aportar en el acto del juicio respecto a la prescripción de los delitos que no hubiesen sido ya aportados durante la instrucción y la vista celebrada para los artículos de previo pronunciamiento.

8. El demandante de amparo, llegado el momento de los informes finales, reiteró las alegaciones que había formulado en el acto de la vista para los artículos de previo pronunciamiento sobre la prescripción del delito de detención ilegal.

   3. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 29 de julio de 1998, condenó al demandante de amparo, como coautor de un delito de detención ilegal del art. 164 CP 1995, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a las penas de siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como a abonar en concepto de responsabilidad civil a don Segundo M.S., por partes iguales con el resto de los otros seis condenados por delito de detención ilegal, la cantidad de veinticinco millones de pesetas, respondiendo subsidiariamente por las cuotas de los demás autores en caso de insolvencia de todos estos, y al pago de parte de las costas procesales.

1. En la mencionada Sentencia, a los efectos que a este recurso de amparo interesa, se contiene el siguiente relato de hechos probados:

   "En efecto, desde las nueve de la noche aproximadamente (del día 4 de diciembre de 1983), y para seguir el desenlace de la operación, estaban reunidos en Bilbao, en el despacho del Jefe Superior de Policía, Sr. A., éste, S. y P., y allí sobre las 9:30 horas se recibió la mencionada llamada de D. Rafael V. que recogió P. y éste pasó a S., por medio de la cual el Director de la Seguridad del Estado hizo saber al Gobernador Civil de Vizcaya que había habido un error en la persona secuestrada porque no lo había sido L.G., sino un señor llamado Segundo M., según le habían comunicado de Francia ... En ese momento entre P., A. y S. se plantea la duda de qué hacer con la persona secuestrada, llama entonces S. a G.D. diciéndole lo que había ocurrido, éste se presenta enseguida en el despacho de A. y allí se delibera sobre lo que es más conveniente, resolviendo los tres allí presentes (P. entraba y salía de su despacho al de A. cuando sus superiores le requerían), es decir, S., G.D. y A., que lo más conveniente era quedarse con D. Segundo M. y llevarlo a la cabaña que tenían preparada para L., porque así podrían presionar a las Autoridades Francesas, en concreto para conseguir la liberación de los Policías Españoles que aún permanecían presos en Francia desde el 18 de octubre, cuando trataron de detener a L.G., como ya se ha dicho. Para ello estiman necesaria la autorización de Madrid, que obtienen mediante una conversación telefónica de S. con B.. Durante esa noche y en todo el tiempo que duró el secuestro el Gobernador Civil de Vizcaya habló con frecuencia con los señores V. y B. que de este modo participaban en las decisiones y seguían las incidencias del caso" [hecho probado sexto].

   "En la misma fecha del 6 de diciembre, A. recibió de manos de S. un papel que había sido redactado entre el propio S. y Ricardo G.D., en el que éste escribió de su puño y letra lo siguiente: `Escuche, le hablo del secuestro de Segundo M.. Está secuestrado por sus relaciones con ETA Militar, ocultando terroristas y por participar en el cobro del impuesto revolucionario. Como éste irán desapareciendo todos. Repetir y `«Clic»¿. A tal texto, después de la palabra todos, añadió el propio S. dos palabras: `los implicados¿ ... El Gobernador Civil dio tal papel escrito a A., para que uno de los secuestradores lo tradujera al francés y su contenido se trasmitiera por teléfono a algún medio de comunicación, lo que hizo Talbi en los términos expuestos, quedándose A. con el original del mencionado documento que conservó muchos años hasta que lo entregó al Juzgado Central de Instrucción núm. 5 en el transcurso de su declaración de 16 de diciembre de 1994" (hecho probado undécimo).

   "También ese mismo día 6 de diciembre (o quizás en fecha anterior) las personas que estaban planeando y dirigiendo desde Bilbao y Madrid el desarrollo del secuestro, es decir, B., V., S., A., P. y G.D., o alguno o algunos de ellos con el conocimiento de los demás, acordaron dar tal comunicado con el contenido siguiente: `si en el plazo de cuarenta y ocho horas no liberan a los cuatro Policías Españoles, ejecutarán a Segundo M., de 51 años, de Irún¿ ... Tal comunicado se transmitió en la tarde del referido día 6 por medio de una llamada telefónica a la Cruz Roja de San Sebastián y fue difundido por varios medios de comunicación ... No aparece probado que A. participara en la confección o transmisión de este último comunicado, pero sí que conoció su existencia, como tarde cuando la prensa lo publicó ... Lo que sí consta acreditado es que precisamente el día 8 de ese mismo mes, por la mañana, es decir, inmediatamente antes de transcurrir el plazo concedido de las 48 horas, fue cumplido lo exigido en dicho comunicado, quedando en libertad esos cuatro Policías Españoles que habían sido detenidos, como antes se ha dicho, cuando trataban de secuestrar a L.G. el 18 de octubre anterior, quienes inmediatamente regresaron a España" (hecho probado duodécimo).

2. En el apartado relativo al análisis de la prueba, la Sala examina la relativa al comunicado que por teléfono se trasmitió a la Cruz Roja de San Sebastián la tarde del día 6 de diciembre de 1983, sometiendo la liberación del secuestrado don Segundo M.S. a la condición de que en el plazo de cuarenta y ocho horas fueran puestos en libertad los cuatro policías españoles que permanecían detenidos en Francia desde el día 18 de octubre.

   Se afirma al respecto en la Sentencia que los Sres. S., G.D., A., P. y A. Fouce siempre reconocieron que tal comunicado existió, si bien en el juicio oral, salvo este último, que dijo que el comunicado lo dio el Sr. A. por instrucciones de los Sres. S.I. y V.F., los demás afirmaron "de modo tajante, que ninguno de los que habían participado en la detención de M. había tenido nada que ver con el referido mensaje, poniendo especial énfasis en que ni ellos ni sus superiores habían tenido participación alguna en el mismo..." A la Sala le "llama la atención tal énfasis en dichas manifestaciones por su contradicción con el hecho de que nada hubieran dicho sobre este extremo en sus anteriores declaraciones, tan repetidas a lo largo de la tramitación sumarial" y resalta en este punto la declaración sumarial del Sr. S. (folio 4779), que fue leída en el acto del juicio habida cuenta de la contradicción existente, prestada ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 el día 18 de julio de 1995, en la que dijo literalmente "También quiere reseñar que se dieron algunos otros comunicados como por ejemplo el que expresaba `si en el plazo de 48 horas no liberan a los cuatro Policías Españoles, ejecutarán a Segundo M., de 51 años, de Irún¿". "Ante tal lectura ¿continúa la Sentencia¿, D. Julián S. dio unas largas explicaciones ... que carecen de capacidad de convicción ante la claridad del texto de lo declarado a tal folio 4779 ... [y] aunque pudiera ser fruto de la casualidad, es lo cierto que unas horas antes de cumplirse el referido plazo de las 48 horas, en la mañana del día 8 de diciembre, esos cuatro Policías Españoles fueron puestos en libertad".

   A juicio de la Sala, "se aprovechó el secuestro de Segundo M. para poner el mencionado comunicado que, según las apariencias, fue singularmente eficaz: fue un modo de dar un contenido beneficioso, desde el punto de vista de los organizadores del secuestro, a una operación que había fracasado", lo que corrobora el comunicado último que se dejó en el bolsillo de la vestimenta que llevaba el Sr. M.S. cuando fue liberado.

   "Entendemos ¿concluye¿ que la contundente negativa, expresada por vez primera en el acto del juicio, relativa a la autoría del comunicado dado a la Cruz Roja de San Sebastián, a la que nos venimos refiriendo, ha sido fruto de un acuerdo de todos para que la falta de prueba de tal circunstancia pudiera llevar consigo una figura de delito más leve que pudiera haber prescrito ... En resumen, entendemos que ha quedado suficientemente justificada la afirmación, como hecho probado, de que fue alguno o algunos de los organizadores del hecho que nos ocupa, con el conocimiento de los demás, es decir, B., V., S., G.D., A. y P., quienes acordaron la realización del comunicado mencionado dado a través de la Cruz Roja, siendo irrelevante la prueba del dato preciso de la identidad de quién fuera el impulsor de la idea y de quién materialmente hiciera la llamada telefónica para su trasmisión".

3. En relación con el delito de detención ilegal por el que ha sido condenado el recurrente en amparo, en la Sentencia se hacen dos grupos de responsables, el primero de los cuales, en el que se encuentra éste, abarca a las personas "que estuvieron entre sí en contacto durante todo el tiempo que duró el secuestro y, por tanto no sólo tuvieron conocimiento de la existencia del comunicado trasmitido, por medio de la Cruz Roja, en la tarde del día 6 de diciembre de 1983, sino también de que tal comunicado, fue acordado por todos (salvo A. que lo conoció después) y dado por alguno de ellos, como ya se ha dicho". Aunque la Sala no estima acreditado quién trasmitió por teléfono el comunicado, "lo cierto es ¿afirma¿ que la publicación en la prensa y otros medios de difusión de la existencia y contenido de ese comunicado y los frecuentes contactos que S. mantenía con sus superiores en el Ministerio y con G.D. con el que le unía una particular amistad, así como los que, por otro lado, tenían entre sí A., P. y A., nos despejan cualquier duda que pudiera existir respecto de que todos ellos, vivamente interesados en el tema, tuvieron conocimiento de ese comunicado y de su autoría, y con dicho conocimiento continuaron participando, cada uno en su papel, en el secuestro durante siete días más, hasta que el 13 de diciembre los jefes políticos acordaron la liberación y dieron otro comunicado en el que realmente se viene a reconocer que el Gobierno Francés había cumplido la condición que se había puesto a la liberación de Segundo M. en esa comunicación telefónica anónima con Cruz Roja en la tarde del anterior día 6 y que era por esto precisamente por lo que procedieron a efectuar su liberación" (fundamento de Derecho vigesimocuarto).

   Por tales hechos se condena al recurrente en amparo como coautor de un delito de detención ilegal del art. 164 CP 1995 al no ostentar, a diferencia del resto de los procesados incluidos en este primer grupo de responsables, la condición de autoridad ni funcionario público (fundamento de Derecho vigesimoquinto).

   La Sala rechazó todas las solicitudes de prescripción de los delitos hechas por los diferentes acusados, entre ellos el demandante de amparo, al considerar que cuando se trata de delitos atribuidos a una colectividad de sujetos en la que hay una organización más o menos estructurada o jerarquizada, con unos miembros, los más bajos de la escala, que son los que realizan los actos materiales de ejecución del delito y que, por ello, más fácilmente pueden ser conocidos y condenados, y otros, los jefes o mandos intermedios de la colectividad, que actúan en la sombra dirigiendo, planificando y ordenando a los inferiores lo que ha de hacerse, "ya se dirige el procedimiento contra el culpable cuando la querella o la denuncia admitida a trámite o el procedimiento iniciado de oficio se dirige contra esa colectividad, aunque no exista designación nominal de los responsables criminales ni otra a través de la cual pudiera llegar a identificarse individualmente". En el presente supuesto, entiende que la querella presentada el 23 de abril de 1988, a la vista de los términos de la misma, interrumpió la posible prescripción de los delitos por los que han sido condenados no sólo los Sres. A. Fouce y Domínguez Martínez, nominalmente designados en la querella, "sino también contra todos los que luego fueron apareciendo a lo largo del procedimiento como partícipes, entre los que se encuentran quienes en la presente resolución son condenados, procedimiento que tuvo interrupciones en su trámite, pero sólo por unos meses, nunca por los plazos que la Ley señala para la prescripción de los delitos de malversación o de detención ilegal" (fundamento de Derecho vigesimoctavo).

   4. El Consejo de Ministros, en su sesión de 23 de diciembre de 1998, acordó indultar a don Ricardo G.D. los dos tercios de la pena privativa de libertad que le fue impuesta, quedando la de inhabilitación especial con la misma duración a condición de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo normal de cumplimiento de la condena.

   5. En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca la lesión de los principios de legalidad y de culpabilidad (art. 25.1 CE) y la de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE):

1. El demandante de amparo sustenta la vulneración de los principios de legalidad y de culpabilidad (art. 25.1 CE) en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconoce en la Sentencia que su propia jurisprudencia exige desde los años 1991 y 1992 para que un procedimiento se entienda dirigido contra un culpable que éste de algún modo aparezca determinado en su tramitación, bien por medio de su nombre y apellidos, bien de otro modo a través del cual pudiera llegar a conocerse su identidad; no obstante lo cual ha entendido que en el presente supuesto el escrito de querella presentado por la acusación particular [sic] el día 23 de abril de 1998 determinó la interrupción de la prescripción respecto a todos los procesados. Y ello pese a que dicha querella se dirigía nominalmente contra los Sres. A.F. y Domínguez Martínez, argumentando que también iba dirigida contra cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o responsables de instituciones que en el curso de la investigación apareciesen como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

   Una breve recapitulación de los hechos acaecidos permite apreciar que desde que el delito de detención ilegal, por el que ha sido condenado el demandante de amparo, terminó de cometerse ¿14 de diciembre de 1983, fecha en la que fue liberado don Segundo M.S.¿, hasta que se dirigió la primera acción contra él ¿17 de febrero de 1995, día en que se le tomó declaración como imputado y se acordó su prisión provisional sin fianza¿, había transcurrido un plazo superior a diez años, por lo que aquél, de conformidad con el art. 131 CP 1995, había prescrito.

   Es necesario determinar, por lo tanto, el momento en el que se interrumpió el plazo de prescripción. El art. 132 CP 1995 dispone al respecto que dicho plazo se interrumpe desde que o cuando el procedimiento se dirija contra el culpable. Como se reconoce en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tradicionalmente se había venido entendiendo que el procedimiento se dirige contra el culpable desde el momento en que se inicia para averiguar tanto el delito como la identidad del delincuente. No obstante, a partir de los años 1991 y 1992, como también se deja constancia en la mencionada Sentencia, se impuso otra exégesis de la norma más progresiva y acorde con el principio de legalidad, que exige "para que el procedimiento se entienda dirigido contra el culpable, que éste aparezca al menos determinado de alguna forma". En este sentido, a título de ejemplo, en la STS de 11 de noviembre de 1997 se declaró que "la jurisprudencia mantiene una posición intermedia; no basta con la apertura de un procedimiento destinado a la investigación ... pero tampoco es exigible que se dicte Auto de procesamiento o que se formalice judicialmente la imputación ..., siendo suficiente para entender interrumpida la prescripción ... que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito o delitos que son objeto del procedimiento, siendo equiparable a esta hipótesis los supuestos en los que la denuncia, querella o investigación se dirija contra personas que, aun cuando no estén identificadas nominalmente, aparezcan perfectamente definidas" (también, STS de 16 de diciembre de 1997).

   La Sentencia recurrida, al entender que el escrito de querella presentado por la acusación particular [sic] el día 23 de abril de 1988 motivó la interrupción de la prescripción, cuando dicha querella ni se dirigió contra el demandante de amparo ni éste aparece perfectamente definido en la misma, se opone a la línea jurisprudencial más extensa mantenida al respecto por la propia Sala (SSTS de 6 de julio de 1990; de 25 de enero de 1994; ATS de 19 de julio de 1997). Además, la fórmula contenida en el escrito de querella no cumple tampoco con las exigencias establecidas para que el procedimiento se considere dirigido contra el culpable, la cual ha sido calificada como insuficiente en otras resoluciones (STS de 6 de julio de 1990; ATS de 19 de julio de 1997), debiendo destacarse, también, en relación con dicha fórmula y con los términos en los que la misma está redactada, que la Sentencia condena a los procesados, entre ellos al demandante de amparo, no como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), sino como personas individuales, sin admitir el delito de pertenencia a banda armada, ni aplicar agravante alguna por actuación en grupo.

   Pero la Sentencia no sólo se aparta y se opone, en cuanto a la interrupción de la prescripción, a los precedentes jurisprudenciales, sino que incluso establece una excepción, al excluir la aplicación de esta línea jurisprudencial en los supuestos de delitos atribuidos a una colectividad de sujetos en los que hay una organización más o menos estructurada, incompatible con los principios de legalidad y culpabilidad (art. 25.1 CE), por carecer absolutamente de cobertura legal. El principio de legalidad penal garantiza, por un lado, el estricto sometimiento del Juez a la Ley penal, vedando todo margen de arbitrio o de discrecionalidad en su aplicación, así como una interpretación analógica de la misma; y, por otro lado, la seguridad del ciudadano en cuanto a la certeza de la Ley penal, cuya exigencia es inherente a dicho principio, de modo que le permita programar sus comportamientos a posibles condenas por actos no tipificados previamente (STC 133/1987, de 21 de julio). Pues bien, la Ley no establece excepción de ninguna clase para ninguna "colectividad", es más, el Derecho penal no conoce la responsabilidad colectiva, sino individual, de manera que el concepto de colectividad que se aplica por vez primera en la Sentencia y en la que se funda la excepción a los precedentes jurisprudenciales carece de contornos precisos para permitir una aplicación del mismo e incluso de norma legal al efecto, infringiéndose claramente el principio de legalidad. Aun en el caso de que el legislador hubiera admitido en el art. 132 CP vigente el concepto de "colectividad", renunciando al principio de responsabilidad individual, constituiría igualmente una infracción del principio de legalidad al no poder dictar normas penales de contenido indeterminado. En definitiva, la creación de la aludida excepción, no cubierta por la Ley, se opone frontalmente al principio de responsabilidad individual surgida del principio de culpabilidad y vulnera de modo irrefutable tanto estos dos principios como el de legalidad.

   Las anteriores consideraciones llevan a concluir que la interrupción de la prescripción para el demandante de amparo no se produjo el día 23 de abril de 1988, sino el día 17 de febrero de 1995, fecha en la que se le tomó declaración como imputado, por lo que, al haber transcurrido más de diez años, el delito de detención ilegal por el que fue condenado está prescrito.

2. El derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE) habría resultado vulnerado por la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al haber impedido al demandante de amparo ejercer el derecho de defensa en relación con la circunstancia o motivo que ha determinado la no interrupción de la prescripción del delito de detención ilegal.

   Se argumenta al respecto en la demanda de amparo que el recurrente ha sido condenado por un delito de detención ilegal del art. 164 CP 1995, al no poder aplicársele el art. 167 del mismo texto legal, por no ostentar la condición de funcionario público, pero que al estimarse como hecho cierto en la Sentencia la condición impuesta para la liberación de don Segundo M.S., la Sala entendió que el delito de detención ilegal no había prescrito porque la presentación de la querella en 1988 formalizada genéricamente por la representación de la acusación popular interrumpió el plazo de prescripción. Pues bien, siendo ésta la circunstancia que determinó la interrupción de la prescripción, no es del todo correcto que en el Auto de 9 de marzo de 1998, en el que se resuelven los artículos de previo pronunciamiento, se hayan desestimado los motivos de prescripción aducidos por los acusados, argumentando que "la claridad ahora no existe y ello nos obliga, sin poder razonar más al respecto, a rechazar en el presente trámite las prescripciones alegadas por los acusados", ya que en el momento de dictarse dicho Auto la Sala tenía todos los datos, suficientes y claros, para poder estimar o desestimar la prescripción, dada la fecha de presentación de la querella. Por lo tanto, en el momento de la resolución de las cuestiones previas la Sala ya conocía el motivo que iba a determinar la desestimación de la prescripción, sin que en la Sentencia se razone por qué no fueron resueltas las peticiones de prescripción al dictarse el Auto sobre los artículos de previo pronunciamiento.

   Pero lo relevante en este extremo es que los motivos por los que la Sala no ha estimado la prescripción del delito no fueron puestos de manifiesto por ninguna de las acusaciones, ni en la vista de los artículos de previo y especial pronunciamiento, ni en los informes finales, por lo que el demandante de amparo no ha podido ejercer en relación con los mismos el derecho de defensa, viéndose colocado, así, en una situación de indefensión, al no haber tenido la posibilidad de analizar ni debatir los motivos que se exponen en la Sentencia para desestimar la prescripción alegada. Tales motivos no pueden ser alterados por los órganos judiciales de forma que se configuren como una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto de debate procesal y sobre los que el demandante de amparo no ha tenido oportunidad de defenderse. En definitiva, en este supuesto, no sólo no se resolvió sobre la prescripción planteada en su momento, sino que al dictarse Sentencia ha sido desestimada por un motivo que era conocido por la Sala desde el inicio mismo de la causa y que no fue objeto de debate por ninguna de las partes.

3. El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) ha resultado lesionado, según el demandante de amparo, al ser condenado por un delito de detención ilegal del art. 164 CP 1995, cuando en realidad debió de aplicársele el art. 163 del mismo texto legal, ya que no resultó probado que fuera el autor del comunicado que una voz anónima trasmitió a la Cruz Roja de San Sebastián la tarde del día 6 de diciembre de 1983 en el que se condicionaba la liberación de don Segundo M.S. a que en el plazo de cuarenta y ocho horas fuesen puestos en libertad los policías españoles detenidos en Francia desde el día 18 de octubre de 1983.

   En el acto del juicio, el señor A.F. declaró que el comunicado en cuestión lo había confeccionado el Sr. A., en virtud de instrucciones de los Sres. S.I. y V.F.. Todos los procesados, entre ellos el demandante de amparo, han negado ser los autores de la llamada y han manifestado desconocer quién podría haberla efectuado. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado en la Sentencia que esa contundente negativa de los procesados ha sido fruto de un acuerdo para que la falta de prueba sobre dicha circunstancia pudiera llevar consigo la aplicación de una figura delictiva menos grave susceptible de haber prescrito, considerando irrelevante la prueba del dato preciso de la identidad de quién fue el impulsor de la idea y de quién materialmente efectuó la llamada telefónica para transmitir el comunicado.

   Para el demandante de amparo la argumentación de la Sentencia en este extremo resulta sorprendente y contradictoria. En primer lugar, porque, aunque se hubiera aplicado el delito de detención ilegal del art. 163 CP 1995, éste no habría prescrito, dado que la querella interpuesta en el año 1988 interrumpió el plazo de prescripción, de modo que se justifica la contundente negativa de los procesados, con base en la existencia de un acuerdo entre ellos, cuando la consecuencia que al mismo se anuda es imposible por la propia fundamentación de la Sentencia. En segundo lugar, porque, si esa negativa determinó una falta de prueba sobre la imposición de una condición para liberar a don Segundo M.S., la falta de prueba no puede convertirse, como ha ocurrido, en prueba por el mero hecho de que la negativa fuese fruto de un acuerdo. Y, en tercer lugar, porque la hipótesis de que los policías españoles fueron puestos en libertad por las autoridades francesas dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas impuesto en el comunicado, además de que no prueba quién o quiénes fueron los autores del mismo, es menos razonable que la hipótesis de que la libertad de aquéllos se produjo el día 8 de diciembre de 1983 porque el día anterior se reunió la Cámara de Apelación de Pau, que conocía del caso, para decidir sobre su situación. Además, si estuviera acreditada la relación de causalidad entre la amenaza del comunicado y la decisión de excarcelar a los policías, de esa coincidencia temporal no cabría deducir que el demandante de amparo tomara parte en la decisión de condicionar la liberación de don Segundo M.S..

   De tal modo, continúa, se atenta al derecho a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo al sustituir la prueba de la participación de cada uno de los acusados por una presunción de culpabilidad que se extiende a todos y de la que todos deben defenderse, demostrando que no han sido ellos, lo que supone invertir la carga de la prueba que corresponde e incumbe a las acusaciones (STC 128/1989, de 17 de julio). La responsabilidad penal es personal y no susceptible de transformarse en colectiva cuando no se puede identificar, y se tienen serias dudas sobre ello, a la persona responsable. Más concretamente, no existe prueba directa ni indirecta de que el demandante de amparo interviniera en la redacción del comunicado, existiendo, por el contrario, pruebas directas de que no intervino, y así se reconoce en la declaración de hechos probados de la Sentencia. En efecto, se declara en ésta que el demandante de amparo no planeó ni organizó la detención (hecho cuarto), así como, respecto a su intervención se dice que "En este momento ¿cuando se es consciente por parte de los Sres. S., A. y P. del error sufrido en cuanto a que la persona detenida no era el etarra Lujua Gorostiola¿, entre P., A. y S. se plantea la duda de qué hacer con la persona secuestrada, llama entonces S. a G.D. diciéndole lo que había ocurrido, éste se presenta enseguida en el despacho de A. y allí se delibera sobre lo que es más conveniente, resolviendo los tres allí presentes, es decir S., Damborenea y A., que lo más conveniente era quedarse con D. Segundo M. y llevarlo ...".

   Al demandante de amparo no se le propone la cuestión de si se lleva a cabo o no la operación, sino el modo de resolver el problema ya existente, dada la equivocación sufrida; el consejo que expuso fue el único que podía dar: la necesidad de mantener retenido a don Segundo M.S., pues, de lo contrario, la operación hubiera quedado al descubierto, después del intento fallido de la detención del Sr. L.G. por el que se encontraban detenidos en Francia cinco policías españoles, con el grave conflicto que ello hubiera supuesto. La razón de la redacción del primer comunicado por el demandante de amparo y el Sr. S. fue la de dar la impresión de que el secuestro no tenía en absoluto relación con el Gobierno español, para precisamente evitar una conexión más o menos cercana con aquel otro intento de detención fallido, y, redactado dicho comunicado, el demandante de amparo no tuvo ninguna relación con el hecho de la detención de don Segundo M.S., no siendo ni informado ni consultado en el momento de su liberación, como también se recoge en el Sentencia (hecho decimotercero). En consecuencia, si no intervino ni antes ni después de la noche de la detención de don Segundo M.S. es imposible que interviniera en la redacción del supuesto comunicado, por lo que, no habiéndose probado su autoría en relación con la llamada que se hizo el día 6 de diciembre de 1983 a la Cruz Roja de San Sebastián, amenazando con ejecutar a don Segundo M.S. si no se liberaba a los policías españoles detenidos en Francia, se debió de aplicar al demandante de amparo el art. 163, en vez del art. 164, del Código Penal de 1995 y, por tanto, una pena comprendida entre los cuatro y seis años de prisión.

4. Finalmente, bajo la invocación de nuevo del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el demandante de amparo considera que han sido vulnerados sus derechos constitucionales, al no habérsele aplicado la eximente completa de estado de necesidad (art. 20.2 CP), puesto que se reunían todos los requisitos exigidos para ello. Argumenta al respecto que es preciso retrotraerse a la situación anímica en que se encontraba la sociedad española a principios de los años ochenta derivada de la actividad terrorista de ETA y la nula colaboración del Estado francés que permitía que el sur de su territorio fuese la base de operaciones de la banda terrorista. Por ello era necesario instar o provocar la necesidad al Estado francés de entablar una colaboración necesaria con España para evitar la continua masacre de ETA. En definitiva, existía un estado de necesidad que afectaba a todo el pueblo español en este sentido.

   Concluye el escrito de demanda suplicando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia en la que se le otorgue el amparo solicitado y acuerde la prescripción del delito por el que ha sido condenado o, subsidiariamente, que declare al demandante de amparo como responsable de un delito de detención ilegal del art. 163 CP 1995, con la eximente completa de estado de necesidad o, en su caso, le sea aplicado como atenuante. Por otrosí, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, interesó la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

   6. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 10 de noviembre de 1998, de conformidad con lo establecido en el art. 222 LOPJ, en relación con el art. 80 LOTC, aceptó la abstención del Magistrado Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera para conocer de los recursos de amparo núms. 3721/98, 3865/98, 3835/98 y 3837/98, por aplicación del apartado 2 del art. 219 LOPJ.

   7. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 12 de noviembre de 1998, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no excediera de cuatro días, emplazase en las actuaciones correspondientes a la causa especial núm. 2530/95 a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el presente recurso de amparo.

   8. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 12 de noviembre de 1998, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaren pertinente sobre la suspensión solicitada. Por proveído de 13 de noviembre de 1999, se amplió en tres días más el plazo común inicialmente concedido para formular alegaciones.

      Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sala, por ATC 262/1998, de 26 de noviembre, denegó la suspensión solicitada por el recurrente en amparo de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 29 de julio de 1998, dictada en la causa especial núm. 2530/95.

      Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 24 de diciembre de 1998, el demandante de amparo, al haber visto rebajada a un tercio la pena privativa de libertad y accesorias legales impuestas por la Sentencia recurrida, como consecuencia del indulto concedido por el Gobierno en fecha 23 de diciembre de 1998, solicitó la suspensión de la ejecución de la Sentencia.

      La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 24 de diciembre de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el art. 57 LOTC, acordó conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal para que alegase lo que estimare oportuno.

      Evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite de alegaciones conferido, la Sala, por nuevo proveído de 28 de diciembre de 1998, acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación o fotocopia adverada de la comunicación relativa al indulto a don Ricardo G.D. y don Francisco A. Sánchez.

      Remitida la documentación solicitada, la Sala Primera de este Tribunal, por ATC 286/1998, de 29 de diciembre, acordó suspender la ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 29 de julio de 1998, en lo que se refiere a la pena de libertad y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuestas al demandante de amparo.

   9. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 14 de enero de 1999, acordó tener por recibidos los emplazamientos remitidos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y admitir la personación del Abogado del Estado y de los Procuradores doña Dolores Martín Cantón, don Jesús Álvaro Stampa Casas y don Tomás Alonso Ballesteros, en nombre y representación, respectivamente, de don Segundo M.S., don Julián S.I. y don Rafael V.F.. Asimismo, tuvo por personado al Procurador don José Manuel de D.A., en nombre y representación de don Miguel L.A., don Antonio A.P., don José L. Echaide Estebar, doña María A.A., don Miguel A. Pérez de Arenzana Sogorb, doña Begoña Galdeano Prieto, doña Claudia Salazar Ortega, doña Elena Bartolomé LLamazares, doña Felisa Ciuluaga Arrarte y doña María Brouard Aldamiz, exigiéndole que en el plazo de diez días acreditara su representación en escritura original de poder notarial y, respecto de los cinco últimos, su condición de parte en el proceso judicial antecedente, al no figurar en el folio sexto de la Sentencia del Tribunal Supremo. También se tuvo por personada a la Procuradora Sra. Rodríguez Pérez, en nombre y representación de José Alberto C.B. y otros, requiriéndole para que presentara, en el plazo de diez días, una relación numerada de todos y cada uno de sus representados.

      De otro lado, de conformidad con lo previsto en el art. 52 LOTC, se concedió un plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, dentro de dicho término, formulasen las alegaciones que estimaren pertinentes, dándoles vista de las actuaciones correspondientes a la causa especial 2530/95, las que, debido a su volumen, se les puso de manifiesto en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a cuyo fin se dirigió atenta comunicación a dicha Sala.

      Por posterior providencia de 8 de febrero de 1999, la Sala Primera de este Tribunal acordó tener por decaída a la Procuradora Sra. Rodríguez Pérez en su derecho a personarse en las presentes actuaciones, en nombre y representación de don José Alberto C.B. y otras personas, ejercientes de la acción popular ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado en la anterior providencia de 14 de enero de 1999; así como tener por decaído al Procurador Sr. D.A. en su derecho a personarse en nombre y representación de doña Begoña Galdeano Prieto, doña Claudia Salazar Ortega, doña Elena Bartolomé LLamazares, doña Felisa Ciuluaga Arrarte y doña María Brouard Aldamiz, al no haber acreditado su condición de parte conforme se le había requerido en la indicada providencia de 14 de enero pasado.

   10. La representación procesal de don Rafael V.F. en su escrito de personación manifestó su adhesión a la demanda de amparo, a excepción de las alegaciones efectuadas en la mismas respecto a la aplicación de la eximente de estado de necesidad.

   11. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 26 de enero de 1999, el Procurador de los Tribunales don Jesús Álvaro Stampa Casas, en nombre y representación de don Julián S.I., evacuó el trámite de alegaciones conferido por providencia de 14 de enero de 1999, adhiriéndose íntegramente a la demanda de amparo.

       Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal, de 30 de abril de 1999, se tuvo por personado y parte, en nombre y representación de don Julián S.I., al Procurador de los Tribunales don Jesús Iglesias Pérez, en sustitución del Procurador de los Tribunales don Jesús Álvaro Stampa Casas.

   12. La representación procesal de don Segundo M.S. presentó un escrito en el Registro General de este Tribunal, en fecha 28 de enero de 1999, en el que ponía en conocimiento de la Sala que su representado no tenía interés en seguir siendo parte en el presente recurso de amparo, por lo que solicitaba que se le tuviera por apartado del mismo y no se le notificasen las sucesivas actuaciones y resoluciones.

       La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de marzo de 1999, acordó tener por decaído como parte en las presentes actuaciones a don Segundo M.S..

   13. La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite conferido por la providencia de 14 de enero de 1999 mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 3 de febrero de 1999, en el que reiteró y dio por reproducidas las alegaciones expuestas en la demanda de amparo. A lo que añadió que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia dictada en fecha 3 de julio de 1998, pocos días antes de la recurrida en amparo, mantiene respecto al momento interruptivo de la prescripción que "no basta con la mera apertura de un procedimiento destinado a la investigación de un delito cuando este procedimiento se dirige contra personas indeterminadas o inconcretas o contra personas diferentes de quien interesa la prescripción", recogiendo, en definitiva, la doctrina seguida por la propia Sala en los Autos de 20 de noviembre (caso Filesa) y 19 de julio de 1997 y en las Sentencias de 25 de enero de 1994 (caso Ruano) y 30 de septiembre y 3 de octubre de 1997. De modo que la Sentencia impugnada en amparo respecto a la doctrina sobre la interrupción de la prescripción no sólo se separa de los precedentes expuestos, sino que además establece una excepción a su aplicabilidad, la cual resulta contraria a los principios de legalidad y culpabilidad reconocidos en la Constitución.

   14. El Abogado del Estado, mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de febrero de 1999, manifestó que no formularía alegaciones en el presente recurso de amparo.

   15. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido por la providencia de 14 de enero de 1999 mediante escrito registrado en fecha 10 de febrero de 1999, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:

1. Siguiendo en su examen el mismo orden de los motivos expuestos en la demanda de amparo, considera que debe de ser rechazada la denunciada vulneración del principio de legalidad penal que se imputa a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como consecuencia de no haber estimado la prescripción del delito de detención ilegal por el que ha sido condenado el recurrente en amparo.

   En relación con el principio de legalidad penal y su afectación al ámbito exclusivo de la interpretación y aplicación de las normas penales por parte de los órganos jurisdiccionales, este Tribunal Constitucional ha declarado en la STC 41/1998, de 24 de febrero, que cuando son dos las interpretaciones posibles en relación con los términos que aparecen recogidos en una norma penal, ninguna de ellas puede resultar contraria por ilógica o irrazonable con el derecho fundamental invocado, pues tal principio "no puede ser entendido en forma tan rigurosa que reduzca al Juez a ejecutor autómata de la Ley". "Cuál de las diversas interpretaciones posibles de la ley penal es la más correcta ¿se afirmó en la mencionada Sentencia¿ es una cuestión ajena al derecho fundamental a la legalidad que enuncia el art. 25.1 CE como derecho fundamental", pues "la facultad de interpretar y aplicar la ley penal, subsumiendo en las normas los hechos que se llevan a su conocimiento corresponde a los Tribunales de ese orden (art. 117.3 CE) y sólo dentro del mismo, a través de los recursos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece, puede buscarse la corrección de los defectos eventualmente producidos en tanto que éstos se reduzcan a errores en la interpretación de las leyes penales sustantivas, pues, de otro modo, si se aceptase la identificación que el recurrente nos propone entre infracción de ley e infracción constitucional, el recurso constitucional de amparo resultaría desnaturalizado para transformarse en un recurso universal de casación, violentado lo dispuesto en los arts. 53.2, 161.1.b) CE y 41 y 44 LOTC".

   A la luz de la doctrina constitucional expuesta hay que concluir, continúa el Ministerio Fiscal, que el recurrente en amparo fundamenta su queja exclusivamente en una cuestión de legalidad ordinaria, como es la de interpretar los términos del art. 132.2 del Código Penal vigente, que es el que regula la prescripción del delito y la interrupción del cómputo, sin que, como se apreciará después, los argumentos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo puedan reputarse como ilógicos o irracionales. En definitiva, ante dos interpretaciones posibles que la propia Sentencia impugnada reconoce como factibles en relación con el citado precepto legal, en concreto con su locución "la prescripción se interrumpirá ¿ cuando el procedimiento se dirija contra el culpable", la Sala, en ejercicio de su potestad exclusiva de interpretación y selección de las normas aplicables, ha escogido una de ellas, razonándolo convenientemente, por lo que el motivo de amparo no sobrepasa los límites de la legalidad ordinaria.

   A mayor abundamiento, todo la cuestión relativa a la estimación o desestimación de la prescripción como causa extintiva del delito es, también, en principio, una cuestión de mera legalidad. En este sentido se ha pronunciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional (SSTC 152/1987, 255/1988, 83/1989; ATC 396/1997), tanto desde la perspectiva del derecho a la legalidad sancionadora (STC 116/1997; ATC 275/1992), como desde la del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 157/1990; AATC 27/1983, 259/1988, 170/1990), como desde la del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (ATC 91/1995), como, incluso, desde la óptica del principio de igualdad (ATC 24/1995). Por consiguiente, la decisión tomada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de no reputar prescrito el delito de secuestro por el que resultó condenado el demandante de amparo responde a una potestad exclusiva del órgano jurisdiccional que llevó a efecto el enjuiciamiento de los hechos, sin que desde la perspectiva del derecho a la legalidad pueda reputarse infracción alguna del art. 25.1 CE.

   Finalmente, concluye en este punto, tampoco cabe apreciar, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, que la interpretación y aplicación que el órgano judicial ha hecho del art. 132.2 del Código Penal vigente al caso concreto obedezca a criterios absurdos o carentes de toda lógica, sino que deben considerarse lógicos y razonables. En relación con el delito por el que fue condenado el demandante de amparo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, después de hacerse eco de la dos direcciones jurisprudenciales, optó por aquélla que para el caso de autos consideró más acertada, agregando una serie de razonamientos por los cuales llega a dicha conclusión. Así, entiende que, tratándose de hechos de tanta complejidad como los que fueron enjuiciados, cometidos por una colectividad de sujetos en la que había una estructura más o menos organizada, resulta extremadamente difícil identificar inicialmente quiénes pudieran estar imputados en la causa, para lo que se había seguido, precisamente, la investigación. De ahí que considere que la mención genérica que se hacía en la querella a todas las demás personas que, además de los dos nominadas, pudieran ser partícipes de la organización GAL respecto a los hechos objeto de este procedimiento, constituye un elemento suficiente para llegar a la conclusión de que tal acto procesal de parte interrumpía la prescripción. Este hecho, acaecido antes del transcurso de los cinco años siguientes a las fechas en que fue secuestrado don Segundo M.S., se ha reputado por la Sala como suficiente para tener por interrumpida la prescripción del delito y, en consecuencia, poder ser perseguido el mismo. Pues bien, tal razonamiento no puede reputarse ilógico o arbitrario, habida cuenta, además, de que "la apreciación, en cada caso concreto, de la concurrencia o no de la prescripción como causa extintiva de la prescripción es una cuestión de mera legalidad que corresponde decidir a los Tribunales ordinarios y que carece de relevancia constitucional" (STC 157/1990).

2. Para el Ministerio Fiscal también debe de ser rechazado el segundo de los motivos en los que se funda la demanda de amparo, por haber desestimado el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 9 de marzo de 1998, sin razonamiento alguno, la alegada prescripción invocada por el recurrente en amparo como artículo de previo pronunciamiento y haber pospuesto dichos razonamientos a la Sentencia, lo que le habría generado una efectiva indefensión, toda vez que la ausencia de una doble instancia le ha impedido impugnarlos en un hipotético recurso que hubiera podido interponer contra la Sentencia definitiva.

   En relación con esta queja del demandante de amparo, el Ministerio Fiscal aborda en primer término la inexistencia en este supuesto de recurso, ordinario o extraordinario, al tratarse de una causa sustanciada y enjuiciada por el Tribunal Supremo. Recuerda al respecto que el Tribunal Constitucional ya señaló en el ATC 194/1989, de 17 de abril, que si bien en la jurisdicción penal cobra plena vigencia el principio de la doble instancia penal, recogido en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España y, por consiguiente, de aplicación en nuestro derecho interno ex art. 10.2 CE, el mismo no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes. A lo que se añade en el mencionado Auto que el art. 2.2 del Protocolo Adicional 7, aún no ratificado por España, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, dispone en relación con el principio de la doble instancia que "podrá ser objeto de excepciones ¿ cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por la jurisdicción más alta". De modo que, como se desprende de la mencionada resolución, confirmando precedente doctrina constitucional (SSTC 51/1985, 30/1986), no resulta vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia de la propia inexistencia legislativa de todo recurso en la vía judicial previa contra una Sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

   Establecida la anterior premisa, la infracción constitucional que denuncia el demandante de amparo debe de ser rechazada por cuanto ha podido invocar, y así lo ha hecho en sucesivas ocasiones y a lo largo de todo el procedimiento, la concurrencia de la prescripción del delito como causa extintiva de la responsabilidad penal (como artículo de previo pronunciamiento ¿art. 676 LECrim¿.; en los escritos de conclusiones provisionales; en la vista oral previa a la resolución de los artículos de previo pronunciamiento; y, finalmente, en el acto del juicio oral), habiendo obtenido del órgano judicial una resolución de fondo razonada y congruente con los términos de la cuestión planteada. En concreto, en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su fundamento de Derecho vigesimoctavo, se exponen de forma exhaustiva y detallada las razones que han llevado a rechazar la solicitud de prescripción del delito de secuestro por el que fue condenado el demandante de amparo, sin que tales razonamientos puedan ser considerados como arbitrarios, irrazonables o incursos en error patente.

3. En cuanto a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), la cuestión suscitada se centra en determinar si ésta opera sólo en los supuestos en los que la alternativa es la absolución o la condena, o si, por el contrario, incide también en aquellos casos de falta de prueba de cargo de un hecho determinante de la aplicación del tipo cualificado, lo que habría de conducir a la anulación del pronunciamiento judicial sobre el subtipo agravado, dejando presente únicamente la condena por el tipo básico. Pues bien, pese a la dicción literal del art. 24.2 CE, no debe excluirse, entiende el Ministerio Fiscal, que dicho precepto contemple también la posibilidad de la segunda de las alternativas expuestas, ya que, considerado aisladamente el tipo cualificado, la falta de prueba del hecho determinante del mismo da lugar a que no pueda ser condenado por tal delito, sin perjuicio de la aplicación del tipo básico si concurren los requisitos de éste. Este planteamiento se corresponde con una reiterada doctrina constitucional, según la cual son las acusaciones quienes han de probar los hechos constitutivos de la infracción penal, entre los que se encuentran lógicamente los que cualifican el subtipo agravado (SSTC 150/1987, 182/1989, 35/1995, 24/1997, entre otras; ATC 202/1993). Doctrina que es aplicable, en consecuencia, a los supuestos en los que, no probados los hechos constitutivos de un tipo delictivo más grave, la consecuencia lógica, desde el punto de vista judicial, sería, no la absolución total, sino la condena por el tipo básico o general.

   Lo que el recurrente en amparo cuestiona en este caso es la existencia de prueba alguna que le implique en una eventual participación en la redacción o difusión del comunicado escrito y difundido por una voz anónima en el que se supeditaba la liberación del secuestrado don Segundo M.S. a la correlativa puesta en libertad de cuatro policías españoles por las autoridades francesas.

   La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [subapartado B) del relato de hechos probados dedicados al análisis de la prueba] describe los elementos de prueba en los que apoya su convicción para afirmar la existencia del subtipo agravado, en primer lugar, y para incluir dentro de los coautores del mismo al demandante de amparo, en segundo lugar. En este sentido, la Sala considera probado (hecho undécimo del relato de hechos probados) que fue el demandante de amparo el que, de su puño y letra, redactó el comunicado escrito que fue posteriormente difundido y que guardó el Sr. A.F. en su poder hasta la entrega del mismo al titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 al prestar declaración como imputado el día 16 de diciembre de 1994. A esta determinación de los hechos probados llega la Sala después de haber sido practicada prueba pericial al respecto y de la documental (folio 4779) que contenía una declaración del Sr. S.I. que fue leída en el acto del juicio oral. Además, que el comunicado había sido redactado por el recurrente en amparo y el Sr. S.I. es reconocida incluso por aquél en la demanda de amparo, pues lo que niega es que hubiera sido él quien lo hubiera difundido a través de la llamada telefónica. En segundo término, la Sala también hace una exposición razonada de la eventual conexión que existió entre la puesta en libertad de los cuatro policías españoles por las autoridades francesas y la liberación de don Segundo M.S., apoyándose, no sólo en los acontecimientos que tuvieron lugar de la manera que se indica en el apartado de hechos probados, sino en el propio documento escrito que fue encontrado en el bolsillo de la vestimenta de éste en el momento de su liberación, en el que se aludía al gesto del Gobierno francés y a la liberación del secuestrado como prueba de buena voluntad por parte del grupo GAL, que apareció así por vez primera con las indicadas siglas.

   De lo expuesto se infiere que el motivo de amparo aducido carece de contenido constitucional, ya que el demandante apoya todo su alegato en una discusión que encaja dentro del parámetro de la valoración de la prueba más que en el de la presunción de inocencia, pues su fundamentación se sustenta en la valoración de la prueba hecha por la Sala y no en la inexistencia de prueba de cargo, que sí existió y que es puesta de manifiesto en la Sentencia impugnada.

4. Lo mismo cabe decir respecto a la inaplicación de una eximente completa o, en su defecto, incompleta de estado de necesidad. Además de no haber sido suscitada esta cuestión en la vía judicial previa, la misma no rebasa los límites de la legalidad ordinaria. Aun siendo la misma ajena a la competencia de este Tribunal Constitucional, puede añadirse que la situación de necesidad que se describe resulta difícilmente conciliable con una respuesta de ilegalidad que afecta a un bien jurídico tan trascendental como es el de la libertad personal. Desde luego ni el demandante de amparo se encontraba personalmente en una situación de peligro efectivo, real e inminente, ni tampoco la respuesta a ese supuesto mal amenazante resultó proporcionada. Por consiguiente, aun desde la perspectiva de la jurisdicción y legalidad ordinaria, el argumento esgrimido carece de la más mínima consistencia suasoria.

   El Ministerio Fiscal concluye su escrito solicitando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia denegando el amparo interesado.

   16. La representación procesal de la acusación popular ejercida por don Miguel L.A. y otros ciudadanos evacuó el trámite de alegaciones conferido por la providencia de 14 de enero de 1999 mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12 de febrero de 1999, que, en lo sustancial, a continuación se resume:

1. En relación con la denunciada vulneración de los principios de legalidad y culpabilidad y del derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con el tema de la prescripción suscitado, la referida representación procesal entiende, tras recordar que la aplicación de la prescripción sólo adquiere relevancia constitucional desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva cuando se incurra, en lo que ahora interesa, en error patente en la determinación del plazo o se apoye en un argumento arbitrario o absurdo (STC 207/1997), que lo que sencillamente se pretende en la demanda de amparo es discutir cuestiones de legalidad y combatir los criterios de interpretación de la Ley, tratando, en definitiva, que este Tribunal Constitucional realice una segunda valoración del tema en una especie de trámite casacional. Es evidente que la Sentencia impugnada no incurre ni en error patente en la determinación de los plazos, ni carece de razonamiento o argumentación, ni éstos pueden ser calificados de arbitrarios o absurdos. En ella se señalan los criterios por lo cuales se considera que no concurre la prescripción, se interpretan los dos Códigos Penales de posible aplicación, señalando los tipos y periodos de prescripción, y se fijan los plazos según las penas a imponer en cada caso. Cuestiones todas ellas de mera legalidad que el Tribunal Supremo resuelve con sus criterios y ajenas, por lo mismo, a la jurisdicción de este Tribunal.

   La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido evolucionando en este terreno desde una postura rígida, que entendía solamente interrumpida la prescripción cuando se dirigía el proceso directa y nominalmente contra el culpable, a una interpretación más flexible, que considera suficiente que se haya iniciado la persecución penal del hecho y se pueda entender orientada la investigación hacia personas determinadas, aun y cuando no se individualicen por no conocerse en ese momento quiénes son dentro de ese grupo fijado. En este caso, en la Sentencia se señala que ya en una querella interpuesta en el año 1988 se identificaba a una colectividad como sujeto del delito que se estaba investigando y explica, en la línea jurisprudencial expuesta, que ese culpable estaba determinado en la querella cuando se hacía referencia a dos policías y se citaba a otros funcionarios y a personas con responsabilidades que hubieran intervenido en las actividades del GAL y participado en el secuestro de don Segundo M.S.. Y tan precisa era la querella en esa supuesta indeterminación, que en estos momentos hay numerosos sumarios abiertos por causa de las actividades del GAL en los que están procesados o encausados, en varios, algunos de los que han recurrido en amparo la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo que la querella no podía determinar en su día se ha determinado en un espacio personal muy concreto, precisamente entre ese colectivo al que apuntaba dicha querella. Nada tiene que ver con ello el que la condena no se extienda al tipo penal de pertenencia o colaboración con banda armada, ya que precisamente por tal motivo se pueden seguir otros procedimientos, ni resulta de recibo el argumento de que no era compleja la investigación cuando se presentó la querella, pues dada la condición de las personas que intervinieron en los hechos investigados no era fácil en absoluto determinar e individualizar a los sujetos a perseguir. En todo caso, estamos ante una cuestión de legalidad ordinaria y la Sentencia en este extremo no es fruto de error alguno y su argumentación no puede calificarse de arbitraria o irrazonable.

   Se plantea también la posible existencia de un problema de sucesión de leyes, pero no es así, lo que ocurre sencillamente es que se aplican las normas vigentes en los dos Códigos Penales sucesivos a unos hechos determinados, con unas circunstancias concretas, cometidos por unas personas que reúnen determinadas condiciones. Aplicando uno u otro Código las penas que se contemplan remiten a una prescripción de quince años, por lo que es acertada la decisión de considerar enervada la prescripción por la querella presentada en el año 1988. Además, se pretende desligar los hechos del secuestro o detención ilegal de la condición de funcionario público de alguno de los acusados y luego condenados. Lo que resulta sorprendente, pues precisamente se han valido de esa condición para actuar sin traba alguna, para usar medios del Estado puestos a su disposición en su condición de funcionarios o calidad equiparada a esa cualificación y para emplear fondos asignados a la función pública.

2. Bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia se hace referencia al llamado comunicado difundido a la Cruz Roja, que determinó la existencia de una condición para la liberación de la persona secuestrada. La inexistencia del comunicado fue una tesis inicialmente sostenida en la vista oral, pero lo más curioso se produjo cuando testigos presentados por alguna defensa, en concreto alguno de los propios policías presos en Francia, reconocieron en la vista oral que dicho comunicado fue publicado por la prensa francesa y que ellos lo leyeron el día antes de ser liberados. Es un hecho objetivo que el secuestro se produjo, que el comunicado se emitió y que dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas que figuraba en el mismo los policías españoles fueron liberados. El resto de las cuestiones son especulaciones o valoraciones que se hicieron en la vista oral, pero en absoluto son argumentos para modificar el relato de hechos probados y menos la valoración de la prueba realizada por el Tribunal competente para ello.

   Después de una larga tramitación del procedimiento y llegados a la vista oral, todos los acusados, conscientes de la importancia que tenía la condición incluida en el rescate respecto al instituto de la prescripción, negaron la existencia del comunicado, su emisión, sus efectos y su virtualidad. Tal comportamiento denota un afán exculpatorio. En este tema el Tribunal pone en relación las declaraciones prestadas en la vista oral con las prestadas en el proceso. En el proceso, los Sres. A.F. y S.I., especialmente este último, se refirieron al comunicado y llegaron en su detalle a dar su texto literal y las circunstancias de su emisión. El hecho de que en la vista oral se hayan cambiado esas declaraciones denota que no querían ser condenados, pero en absoluto que pretendían perjudicar al recurrente o a cualquier otra persona y lo que acontece, como no podía ser de otra manera, es que la Sala estima que las explicaciones del día de la vista no eran creíbles y ante las declaraciones anteriores y las demás pruebas concordantes da como válida la versión sobre el comunicado que consta en la Sentencia.

   El recurrente en amparo participó en varios momentos en los hechos enjuiciados. Según su propia confesión, fue consultado sobre la conveniencia de actuar de forma ilegal y violenta en el sur de Francia; fue llamado la noche del secuestro y participó en las decisiones que allí se tomaron; fue consultado posteriormente a lo largo de los hechos. En consecuencia, vana es su pretensión de desligarse precisamente de un elemento como el comunicado que tiene especial importancia a la hora de valorar la concurrencia de un instituto como es el de la prescripción. Es partícipe de un hecho conjunto del que por supuesto no participa en todos sus actos, pues algunos son coetáneos y acontecieron en lugares diferentes incluso. Pero no se puede acoger a aquella parte de la trama que le conviene y no asumir aquella otra que no le interesa, máxime cuando su intervención no ha sido puntual o subsidiaria.

   Concluye su escrito solicitando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia desestimando la demanda de amparo.

   17. Por providencia de 27 de febrero de 2001, el Pleno del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 k) LOTC, a propuesta del Presidente, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo.

   18. El Pleno, por providencia de 28 de febrero de 2001, de conformidad con lo establecido en el art. 222 LOPJ, en relación con el art. 80 LOTC, aceptó la abstención del Magistrado Excmo. Sr. don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera para conocer de los recursos de amparo núms. 3805/98, 3836/98, 3860/98 y 3862/98, por aplicación del apartado 2 del art. 219 LOPJ, y acordó mantener la aceptada, en su día, en los recursos de amparo procedentes de la Sala Primera núms. 3721/98, 3835/98, 3837/98 y 3865/98.

   19. Por providencia de 14 de marzo de 20001, se señaló el siguiente día 16 de marzo para la deliberación y votación de la presente Sentencia.

   20. El día 16 de marzo de 2001, una vez iniciada la deliberación del Pleno y en el transcurso de la misma, el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende presentó un escrito dirigido al Presidente del Tribunal, del siguiente tenor: "Que desempeñó el cargo de Presidente de la Audiencia Nacional entre 1977 y 1986, durante cuyo período tuvo ocasión de conocer por razón del cargo a varios de quienes hoy piden amparo y entre junio de 1991 y junio de 1992 volvió a ocupar ese mismo puesto, teniendo allí como subordinado al Juez Central de Instrucción nº 5 don Baltasar Garzón Real, cuya actuación como instructor es objeto directo de impugnación en los recursos arriba mencionados. Las relaciones funcionales antedichas con las personas implicadas en estos asuntos puede empañar la imagen de imparcialidad sin sombra alguna que en cualquier sociedad democrática debe adornar a los jueces como su `segunda piel¿ y ello cualquiera que pudiera ser el sentido de mis opiniones y de mi voto. Por ello, y consciente también del valor paradigmático y testimonial del gesto, me veo en el deber de abstenerme de participar en la deliberación y votación de la Sentencia que pondrá fin a este recurso de amparo núm. 3721/98 interpuesto por el señor G.D. y solicito del Pleno que apruebe dicha abstención, teniéndome por separado del conocimiento del mismo". El Pleno, después de oído el parecer unánime de los Magistrados que lo componen, acordó no dar lugar a la abstención solicitada.