Sentencia nº 11/1981 de Tribunal Constitucional, Pleno, Abril 08, 1981

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Ponente:Don Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Fecha de Resolución:1981/04/08
Número de Recurso:Recurso de Inconstitucionalidad nº 192/1980
Emisor:Tribunal Constitucional - Pleno
RESUMEN

1. Los Jueces Ordinarios pueden no aplicar aquellas normas anteriores a la Constitución que consideren derogadas por ésta y pueden también plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 2. En el recurso de inconstitucionalidad es larga de los recurrentes el aportar argumentación consistente, y el Tribunal Constitucional puede optar entre rechazar la acción en aquello en que se encuentre insuficientemente fundada o examinar el fondo del asunto si encuentra razones para ello. 3. El objeto del proceso Constitucional no es la norma, sino la Ley, y para decidir acerca de la legitimidad de ésta no es preciso enjuiciar los criterios de aplicación del Derecho. 4. La reserva de Ley no tiene carácter retroactivo. 5. Del hecho de que el legislador no derogue una normativa anterior no puede deducirse que la haya asumido como propia. 6. La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio para que dentro de él quepan opciones política de muy diferente signo. 7. Corresponde... (ver resumen completo)

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El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero del Corral, don Plácido Fernández Viagas y don Antonio Truyol Serra, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En el recurso de inconstitucionalidad promovido por don Nicolás R. U. y cincuenta y un diputados más, representados por el Comisionado don José V. S. contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo de dicho año, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo en el que ha comparecido el Gobierno, representado por el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Luis D. P. y P. L..

Antecedentes

     1. El día 14 de octubre de 1980, don José V. S., que actuaba como Comisionado de don Nicolás R. U. y de cincuenta y un Diputados más, interpuso ante este Tribunal un recurso de inconstitucionalidad contra las normas contenidas en los Títulos I y II (arts. 1 al 26) y contra las Disposiciones Adicionales 1.ª y 4.ª del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo de dicho año.

     En el escrito de recurso se pedía a este Tribunal que, tras sustanciar el procedimiento legalmente establecido, dicte una Sentencia, en la que declare la inconstitucionalidad de las referidas disposiciones y en consecuencia la nulidad de las mismas, así como la de aquellas otras a las que el Tribunal considere oportuno extenderse por vía de conexión o de consecuencia.

     El escrito de don José V. S. contiene una serie de argumentos sobre la procedencia del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias anteriores a la Constitución y realiza una serie de alegaciones, en relación con la concreta inconstitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-Ley impugnado, que el recurrente articula diciendo que la configuración del derecho de huelga que resulta del Real Decreto-Ley 17/77, contradice la Constitución en los siguientes aspectos:

     1.º En cuanto a los sujetos del derecho a la huelga.-El art. 3.2 a) del Real Decreto-Ley impugnado faculta para acordar la declaración de huelga a los trabajadores a través de sus representantes y, cuando faculta directamente a los propios trabajadores, lo hace exigiendo que un 25 por 100 de la plantilla decida que se someta a votación el acuerdo. Al mismo tiempo limita el ámbito de la huelga a un sólo centro de trabajo. Frente a ello, el art. 28.2 de la Constitución reconoce, sin limitaciones, ni restricciones de tipo subjetivo, el derecho a la huelga de los trabajadores.

     Además -según el recurrente-, el art. 10 del Decreto-Ley impugnado establece que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo o de la Autoridad gubernativa competente, dispone de poderes para interrumpir la huelga o para impedir a determinados trabajadores el ejercicio de su derecho a la misma. Esta regulación -dice el recurrente- no puede entenderse convalidada por lo dispuesto en el art. 28.2 de la Constitución , según el cual la Ley que regule el ejercicio de huelga establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y ello porque esos servicios esenciales para la comunidad, o bien están definidos dentro del marco constitucional por una Ley que al efecto se apruebe por las Cortes o sólo pueden deducirse de las restantes normas o derechos fundamentales que contiene la Constitución.

     Dice también el recurrente que el Real Decreto-Ley impugnado asimila de facto el derecho a la huelga a su ejercicio por parte de los trabajadores por cuenta ajena sometidos a una relación laboral en sentido técnico, toda vez que de las Disposiciones Adicionales 1.ª y 4.ª del mismo se deriva la exclusión de este tipo de derecho respecto del personal dependiente de establecimientos militares y de los funcionarios públicos cuando del texto de la Constitución no se puede deducir una prohibición genérica de este tipo.

     2.º En cuanto a las razones objetivas.-Las alegaciones que, dentro de este epígrafe, se realizan en el escrito del recurrente, son resumidamente las siguientes. El art. 11 del Real Decreto-Ley atacado declara ilegales una serie de huelgas que debe pensarse que están comprendidas en el derecho configurado por la Constitución. Así, considerar como único supuesto legítimo de huelga de solidaridad el que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan supone, en opinión del recurrente, una delimitación restrictiva y frontalmente contraria a la amplia definición constitucional. Igual ocurre con la expresión utilizada en el apartado a) del art. 11 -cualquiera otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados- cuya ambigüedad es radicalmente incompatible con el tenor literal del art. 28.2 de la Constitución . Por último, la conexión necesaria establecida por el art. 11 c) del Real Decreto-Ley impugnado entre convenio colectivo y huelga determina, dice el recurrente, un tipo de huelga denominado doctrinalmente como contractual, que es claramente restrictivo y cuya aceptación constituye una desvirtuación del contenido esencial del derecho reconocido en la Constitución.

     3.º En cuanto a las razones funcionales.-Según el recurrente, el art. 3.3 del Real Decreto-Ley de 1977 establece una serie de requisitos para la declaración de la huelga como son la comunicación, el plazo de preaviso, etc., que contrastan con la dicción del art. 28.2 de la Constitución y con el principio de autonomía colectiva, ya que en la formulación constitucional no se somete a ningún requisito funcional el ejercicio del derecho, de donde en afirmación del recurrente se deduce que tales requisitos habrán de ser únicamente los que se deriven del respeto a los otros derechos reconocidos en la Constitución.

     Se dice también en el escrito del recurrente que los núms. 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del art. 6, el art. 7 y el núm. 2.º del art. 8 introducen limitaciones funciona les en el derecho de huelga que contradicen la letra y el espíritu de la Constitución. No puede considerarse constitucional la facultad del empresario de designar los trabajadores que deben efectuar los servicios mínimos imprescindibles, ni la determinación de cuales sean estos. La definición, como una modalidad lícita de huelga, de la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores y el hecho de que en ningún caso se considere lícita la ocupación del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias es, según el recurrente, radicalmente anticonstitucional, así como el hecho de considerar ilícitas o abusivas determinadas modalidades de huelga, como las rotatorias o las de celo.

     La regulación que del comité de huelga se contiene en el art. 5 del Real Decreto-Ley impugnado es incompatible con el principio de autonomía, base esencial del derecho a la huelga.

     Finalmente, el art. 8, al permitir que los representantes legales de los trabajadores puedan, en convenio colectivo renunciar al derecho de huelga, es contrario, según palabras del recurrente, a la subjetividad personal que de la Constitución se deduce en relación con el mismo.

     4.º Inconstitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-Ley de 1977 que se refieren al cierre patronal.-Dice el recurrente que el Real Decreto-Ley de 1977 regula el cierre patronal como un derecho de los empresarios, aunque sometido a importantes limitaciones. En opinión del recurrente, del art. 37 de la Constitución no puede derivar la legitimidad del derecho al cierre patronal. Según su criterio, cualquier sistema constitucional que declare la huelga como derecho implica el no reconocimiento del cierre patronal como tal derecho, sino únicamente como una manifestación de la libertad de los empresarios individualmente considerados y, en consecuencia, regulada por las normas comunes de cualquier régimen contractual privado. Dice el recurrente que la opinión contraria supondría afirmar que la Constitución ha reconocido no sólo el cierre patronal, sino otras formas de conflicto colectivo como el boicot y el sabotaje, siempre y cuando no entren en contradicción con derechos reconocidos en el nivel constitucional.

     5.º Inconstitucionalidad de los preceptos del Real Decreto-Ley impugnado, relativos a los conflictos colectivos.-Aduce el recurrente que la norma contenida en el art. 3 del Real Decreto-Ley de 1977 contradice el contenido esencial del derecho de negociación colectiva consagrada en el art. 37 de la Constitución e integrado por el reconocimiento del principio de autotutela que excluye toda intervención de la Administración en esta materia. El procedimiento establecido en el Decreto-Ley supone una regulación basada en principios heteronómicos claramente opuestos al principio autonómico que inspira el reconocimiento constitucional del derecho.

     A este respecto, merecen especial consideración al recurrente los arts. 2 5 b) y 26 del Real Decreto-Ley impugnado que regulan los llamados laudos de obligado cumplimiento, a través de los cuales la autoridad laboral pone fin a un conflicto colectivo de intereses, de forma que es heteronómica y, por tanto, contraria a las previsiones del art. 37.2.

     2. El Tribunal Constitucional, con fecha 16 de octubre, acordó admitir a trámite el recurso, dar traslado del mismo al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, y al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia para que en el plazo de quince...

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