Sentencia nº 29/1995 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 6 de Febrero de 1995

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
Ponente:Don Pedro Cruz Villalón
Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 1995
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 2.699/1992
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Primera
RESUMEN

1. Con arreglo al entendimiento o interpretación del art. 24.2 C.E. que propicia el art. 6.3 c) C.E.D.H., el derecho a defenderse por sí mismo no se agota, aun comprendiéndolo en determinados supuestos, en su dimensión de derecho alternativo al derecho a la asistencia técnica, sino que posee siempre un contenido propio, relativamente autónomo, en cuanto expresión del carácter, en cierto modo, dual de la defensa penal, integrada normalmente por la concurrencia de dos sujetos procesales, el imputado y su Abogado defensor, con independencia ... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En el recurso de amparo núm. 2.699/92, interpuesto por don Carlos C. S. contra el Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, dictado el 14 de octubre de 1992, que desestimaba el recurso de queja interpuesto contra Autos del Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia en que se denegaba al hoy recurrente defenderse por sí mismo en el procedimiento abreviado núm. 20/92, seguido por delito de abandono de la prestación social sustitutoria. Ha comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón.

Antecedentes

     1. Por medio de escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 1992, doña Teresa C. R. Procuradora de los Tribunales y de don Carlos C. S. interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, de 14 de octubre de 1992, que desestimaba recurso de queja contra Autos del Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia, en que se denegaba al recurrente la autodefensa en el procedimiento abreviado núm. 20/92, sobre delito de abandono de la prestación social sustitutoria.

     2. La demanda de amparo se contrae, en síntesis, a los siguientes hechos:

     a) El Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia acordó la incoación de diligencias previas como consecuencia de una comparecencia el 4 de octubre de 1991 ante el Juzgado de Guardia por parte de don Carlos C. S. negándose a cumplir con la prestación social sustitutoria del servicio militar, como consecuencia de su declaración de objeción de conciencia. El Juzgado, por Auto de 4 de febrero de 1992, acordó abrir procedimiento abreviado. El Ministerio Fiscal interesó la apertura del juicio oral, entendiendo que los hechos podrían ser constitutivos de un delito del art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/1984.

     b) El 7 de abril de 1992 el Juzgado notificó ese escrito del Ministerio Fiscal al acusado emplazándole para que designara Abogado y Procurador. El 9 de abril de 1992 comparece el señor C. y designa como Letrado a don Virgilio L. y pide que le sea nombrado Procurador de oficio, lo que así hizo el Juzgado en la persona de don Francisco C. C.

     c) Con fecha 12 de mayo de 1992, se dictó providencia por el Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia, por la que se daba traslado a la defensa del inculpado, al efecto de presentar en el plazo de cinco días escrito de calificación, mostrando su conformidad o disconformidad con la acusación.

     Por escrito deducido por esa parte el 17 de junio de 1992, y sin entrar a cumplimentar el trámite conferido para presentar escrito de defensa, se procedió a solicitar que se reconociera al acusado el derecho a defenderse por sí mismo y que, previa ratificación del citado escrito por aquél, le fuera dado traslado, acto seguido, de las actuaciones, al efecto de que pudiera proponer las pruebas que considerara pertinentes para su defensa.

     d) En respuesta a dicho escrito se dictó por el Instructor el Auto, de fecha 18 de junio, por el cual, y sin resolver acerca de la petición deducida, se disponía remitir la causa a la Audiencia Provincial de Valencia, teniendo al inculpado por opuesto a la acusación.

     e) Contra dicho Auto se interpuso por la representación del inculpado recurso de reforma el 30 de junio de 1992, por «generar indefensión al no haber permitido a mi representado la posibilidad de realizar su autodefensa en los términos adecuados, por cuanto con la remisión sin más de los autos se obviaba el trámite de proposición de prueba». El citado recurso fue resuelto por Auto de fecha 31 de julio, en el sentido de declarar no haber lugar a lo solicitado por la defensa del inculpado en escrito de 17 de junio, con los fundamentos que constan en el mismo.

     f) Contra dicha resolución se interpuso recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Valencia, resuelto por Auto dictado por la Sección Quinta de dicha Audiencia Provincial, de fecha 14 de octubre de 1992, en los que se rechazaba la tesis del recurrente, y confirmando los Autos recurridos.

     3. La representación del recurrente estima que las resoluciones mencionadas vulneran el derecho a la defensa en su modalidad de «derecho a defenderse por sí mismo», reconocido, dice, en el art. 24.2 C.E. Alega al respecto que, en las sucesivas peticiones que han precedido a esta demanda ha razonado su derecho a defenderse por sí mismo de la acusación de haber cometido un delito relativo a la objeción de conciencia. Que dicho derecho es una posibilidad u opción en favor del sometido a un proceso penal, incluida en el derecho a la defensa que protege el art. 24.2 C.E. y el art. 6.3 c) C.E.D.H.

     Por otra parte, y rebatiendo los argumentos vertidos en los fundamentos de Derecho y razonamientos jurídicos de los Autos impugnados (significativamente los del Auto de la Audiencia Provincial), señala que, efectivamente, la autodefensa no es un derecho absoluto y sin límites, sino que, por el contrario la posibilidad de su ejercicio deberá ser valorada de forma casuística, argumento que no pugna con la pretensión de esta parte, sino que más bien encaja con la cuestión de fondo que en este proceso se ha venido planteando; es decir, la propia naturaleza del delito que se ha de enjuiciar (abandono de la prestación social sustitutoria), que lo hace especialmente idóneo para ejercitar la autodefensa y, es más, convierte en innecesarias las alegaciones defensivas de orden técnico-jurídico. En efecto, es prescindible la defensa técnica en los casos en que, como en el presente, la discusión se reduce a la expresión por el inculpado, y por nadie más que él, de las motivaciones éticas y de conciencia que le han conducido a tomar la decisión de desobediencia en que consiste el delito que se le imputa. No necesita en estos casos el inculpado intermediario entre él mismo y el órgano judicial; no existiendo, por lo demás, complejidad alguna en la discusión procesal, que se reduce a la constatación formal de la no presentación para el cumplimiento del servicio civil. No puede hablarse, pues, en este tipo de procesos, ni de falta de capacidad del inculpado que le reste posibilidades de defensa (la expresión de los motivos de conciencia es la única defensa), ni de complejidades procesales ni sustantivas que hagan imposible el ejercicio por el acusado de su derecho de defenderse por sí mismo.

     Por todo ello, solicita de este Tribunal que otorgue el amparo y anule los Autos impugnados. Por otrosí solicita la suspensión del curso del proceso.

     4. Por providencia de 25 de febrero de 1993, la Sección Segunda (Sala Primera) acordó admitir a trámite la demanda de amparo promovida por don Carlos C. S. sin perjuicio de lo que resultare de los antecedentes así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC , requerir al Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia y a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de dicha ciudad, para que en el término de diez días, remitieran, respectivamente, testimonio del procedimiento abreviado 20/92 y del recurso de queja 2.076/92; al propio tiempo se interesa el emplazamiento de cuantos han sido parte en el proceso judicial antecedente, excepto del recurrente de amparo, para que en el plazo de diez días comparezcan en el presente proceso constitucional. Asimismo, se acordó formar la oportuna pieza separada de suspensión.

     5. Por Auto de 22 de marzo de 1993 la Sección acordó suspender el curso del proceso, «debiendo quedar paralizado en el estado en que se encuentre el procedimiento, hasta que por esta Sala se resuelva el presente recurso de amparo».

     6. Por providencia de 17 de mayo de 1993, la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia y Juzgado de lo Penal núm. 4 de Valencia, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC , dar vista de las actuaciones recibidas y todas las demás actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a la Procuradora señora Castro Rodríguez,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS