Sentencia nº 139/1995 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 26 de Septiembre de 1995

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Ponente:Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
Fecha de Resolución:26 de Septiembre de 1995
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 83/1994
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Primera
RESUMEN

1. Nuestra Constitución configura determinados derechos fundamentales para ser ejercidos de forma individual; en cambio otros se consagran en el Texto constitucional a fin de ser ejercidos de forma colectiva. Si el objetivo y función de los derechos fundamentales es la protección del individuo, sea como tal individuo o sea en colectividad, es lógico que las organizaciones que las personas naturales crean para la protección de sus intereses sean titulares de derechos fundamentales, en tanto y en cuanto éstos sirvan para proteger los fines para los que han sido constituidas. En consecuencia, las personas colectivas no actúan, en estos casos, solo en defensa de un interés legítimo en el sentido del art. 162.1 b) de la C.E., sino como titulares de un derecho propio. Atribuir a las personas colectivas la titularidad de derechos fundamentales, y no un simple interés legítimo, supone crear una muralla de derechos frente a cualesquiera poderes de pretensiones invasoras, y supone, además, ampliar el círculo de la eficacia de los mismos, más allá del ámbito de lo privado y de lo subjetivo para ocupar un ámbito colectivo y social. Así se ha venido interpretando por este Tribunal, y es ejemplo reciente de esta construcción la STC 52/1995 por la que se reconoce a una empresa dedicada a la difusión de publicaciones, el derecho a expresar y difundir ideas, pensamientos y opiniones, consagrado en el art. 20.1 a) C.E. 2. Si el derecho a asociarse es un derecho constitucional y si los fines de la persona colectiva están protegidos constitucionalmente por el reconocimiento de la titularidad de aquellos derechos acordes con los mismos, resulta lógico que se les reconozca también... (ver resumen completo)

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y don Javier Delgado Barrio, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En el recurso de amparo núm. 83/94, promovido por «Ediciones Zeta, S.A.», don José Luis M. S. y don Basilio R. A. representados por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistidos por la Letrada doña Margarita Vázquez Domenech, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 1993, recaída en recurso de casación dimanante de autos seguidos en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre protección del derecho al honor y a la propia imagen. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

     1. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de enero de 1994, don Eduardo M. P. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de «Ediciones Zeta, S.A.», de don José Luis M. S. y de don Basilio R. A. interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 1993, recaída en recurso de casación dimanante de autos seguidos en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre protección del derecho al honor y a la propia imagen.

     2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:

     a) La revista «Interviú», en su número 611, de 27 de enero al 2 de febrero de 1988, en las páginas 22 a 28, publicó un reportaje, firmado por el periodista don José Luis M. titulado «Cesados fulminantemente altos responsables de la Guardia Civil de Tráfico por presunta corrupción. Cobraron ilegalmente más de 12.000.000 de pesetas». El reportaje denuncia la corrupción de algunos responsables de la Guardia Civil de Canarias y pasa a informar sobre una comisión especial de este Cuerpo, encabezada por el General Millán Herrador, formada para investigar las corruptelas denunciadas. Sigue el reportaje comentando el informe realizado por el Sr M. H. y, bajo el rótulo de «Empresas investigadas», es nombrada, entre otras, la compañía mercantil «Lopesan Asfaltos y Construcciones, S. A.». Finaliza el reportaje haciendo mención de la posibilidad de nuevos ceses y de una reestructuración total de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma Canaria, así como del posible inicio de «expedientes disciplinarios, la confiscación patrimonial de cuentas corrientes e inmuebles y la apertura de sumarios por la vía penal para miembros de la Guardia Civil y transportistas canarios, algunos de los cuales podrían dar con sus huesos en la cárcel».

     b) La compañía mercantil «Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.», interpuso demanda en procedimiento especial de protección jurisdiccional civil del derecho fundamental al honor contra los ahora recurrentes en amparo, recayendo su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Barcelona. La demandante entendía que en el mencionado artículo se le realizaban una serie de imputaciones absolutamente falsas que implicaban una intromisión ilegítima en sus derechos al honor y a la imagen. Los demandados se opusieron a la demanda alegando varias excepciones de forma y de fondo; en concreto, y entre las mismas, se alegó la falta de legitimación activa de la actora y la inadecuación del procedimiento, al entender que las personas jurídicas no tienen honor como derecho de la personalidad amparado en el art. 18 C.E. , sino que merecen protección por lo que establece el art. 38 del mismo texto. Por Sentencia de 16 de noviembre de 1989, se estimó en parte la demanda, considerando que el siguiente párrafo constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la empresa recurrente, al no haberse probado los hechos que en el mismo se relatan: «Entre las empresas investigadas por el General Millán Herrador están las constructoras "Lopesan, S.A." (...). Según las investigaciones del General Millán Herrador, sólo la empresa de "Lopesan, S. A." ha dejado de pagar multas por un valor superior a los 1.000.000.000 de pesetas. Informes confidenciales a los que ha tenido acceso "Interviú" señalan que "en cinco años no fue multado ni uno solo de los más de cien camiones de Lopesan ni en una sola ocasión". Pero en el caso de Lopesan las cosas pueden ir pronto a la vía penal e incluso puede solicitarse la cárcel para sus responsables, toda vez que han estado sobornando a la Guardia Civil para transitar sin permiso y sin tarjetas, para extraer arenas de las dunas y para encubrir todas las actividades ilegales, numerosas, en sus empresas.»

     En consecuencia, condenó a los demandados, primero, a publicar a su costa en la revista «Interviú», con caracteres tipográficos similares a los del artículo objeto del procedimiento, el texto de la Sentencia, comprendiendo como mínimo su encabezamiento, fundamentos jurídicos 6., 7. y 8., y el fallo; segundo, a abstenerse de repetir o volver a publicar las informaciones objeto de ese pleito; y tercero, a abonar a la actora solidariamente en concepto de indemnización por daños y perjuicios la suma de 2.000.000 de pesetas.

     c) La resolución anterior fue apelada ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Los recurrentes limitaron su alegato revocatorio en esta instancia a la impugnación de la legitimación activa de la actora, por entender que las personas jurídicas carecen de «honor» e «imagen», y a la veracidad de la información. En fecha 26 de octubre de 1990, la Sección Decimoquinta de la citada Audiencia dictó Sentencia en la que, por un lado, se razona extensamente sobre las distintas posiciones jurisprudenciales relativas a la posible titularidad del derecho al honor por parte de las personas jurídicas, concluyendo que nada obsta, desde un punto de vista constitucional, para que este derecho pueda proteger también a ese tipo específico de titulares; de otro lado, y en relación con la cuestión suscitada sobre el derecho a la «imagen», considera que su mención es, por parte de la representación de la demandante, incidental, pero que, aunque no lo hubiera sido, a diferencia de lo que ocurre con el honor, su titularidad no puede ser atribuida a las personas morales; por último, al examinar la veracidad de la información, la Sala asume el razonamiento de la Sentencia apelada en el sentido de no considerar probados los hechos que el artículo periodístico imputa a la empresa demandante. Por todo ello, se desestima el recurso y se confirma íntegramente la Sentencia anterior.

     d) Recurrida esta última resolución en casación, la Sala Primera del Tribunal Supremo, por Sentencia de 9 de diciembre de 1993, declaró no haber lugar al recurso, tras rechazar el único motivo que fundamentaba el mismo, al amparo del art. 1.692.5 de la L.E.C. , por infringir las anteriores resoluciones el art. 12.1 de la Ley 62/1978, en relación con el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

     3. Contra dicha Sentencia se interpone recurso de amparo, interesando su nulidad. En la demanda se aduce vulneración del art. 18.1 de la C.E. por parte las Sentencias recaídas en la vía judicial previa al amparo constitucional, por cuanto extienden a las personas jurídicas de base patrimonial el derecho fundamental al honor cuando, en relación a éstas, lo más adecuado es hablar en términos de dignidad, prestigio y crédito mercantil, que son bienes jurídicos protegibles, sin duda, jurisdiccionalmente, pero no identificables con el derecho al honor del art. 18.1 C.E. Ello lo avalan -se argumenta- tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional sobre el significado personalista del derecho al honor, deduciéndose del mismo que lo que se denomina la dimensión interna del honor falta en las personas jurídicas, por lo que el honor sólo es predicable de la persona individualmente considerada. Se manifiesta también que extender a las personas jurídicas el valor honor les permite, a través de un procedimiento privilegiado, solicitar una indemnización por daños y perjuicios, por lo que se pueden producir condenas sobre presuntos daños morales no demostrados, como sucede en el presente caso, en el que la misma Sentencia de instancia reconoce que, a falta de toda prueba sobre quebrantos económicos concretos, la indemnización se extenderá únicamente al daño moral genérico.

     En suma, se solicita se dicte Sentencia anulando la resolución impugnada y se otorgue el amparo solicitado, reconociendo expresamente la infracción del derecho al honor regulado en el art. 18.1 y la del art. 20.1 d) C.E.

     4. Mediante providencia de 24 de marzo de 1994, la Sección Segunda de este Tribunal acordó conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a los recurrentes, para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC , alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la posible existencia de falta de contenido constitucional de la demanda de amparo.

     5. Los recurrentes registraron su escrito, ante este Tribunal, el día 14 de abril de 1994. En el mismo se reiteran los argumentos vertidos en la demanda en cuanto a la falta de titularidad, por parte de las personas jurídicas, del derecho al honor; por ello, se insiste en el hecho de que, en la ponderación entre el derecho al honor y la libertad de información, ha decaído el primero de los derechos, permaneciendo sólo su derecho a la libertad de información. En consecuencia, se entiende que las resoluciones impugnadas...

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