Sentencia nº 194/1993 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 14 de Junio de 1993

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Ponente:Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Fecha de Resolución:14 de Junio de 1993
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 2.778/1990
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Primera
RESUMEN

1. Tras reiterar doctrina de este Tribunal, según la cual la ejecución de las Sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, y recordar que no compete a este Tribunal precisar cuáles son las decisiones y medidas oportunas que hayan de adoptarse en cada caso por los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad de ejecución que como manifestación de la potestad jurisdiccional la Constitución les ha conferido en exclusiva en su art. 117.1, se afirma ahora que «sí le corresponde, en cambio, corregir y reparar... (ver resumen completo)

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Fernando García-Mon y GonzálezRegueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

SENTENCIA

Antecedentes

     1. El día 29 de noviembre de 1990, tiene entrada en el Registro de este Tribunal escrito en el que, la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de don Manuel C. M. y mil ciento veinticinco personas más, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 15 de Madrid, de 2 de abril de 1990, aclarado por el de 16 de abril de 1990, dictado en trámite de ejecución de Sentencia.

     2. La demanda se basa en los siguientes hechos:

     a) En septiembre del 1984, y tras realizarse la preceptiva conciliación sin avenencia, los recurrentes en amparo interpusieron demanda contra la «Compañía Telefónica de España S. A.», ahora denominada «Telefónica de España, S. A.», sobre reclamación de cantidad. El suplico de la demanda tenía una doble petición: a) El abono, como retribución mensual a partir del mes de agosto de 1984, de la retribución correspondiente a su categoría profesional (Encargados de equipo), incrementada con la diferencia existente entre la retribución asignada a dicha categoría profesional y la asignada a la categoría superior de «Operadores de sistemas», cuyas funciones entendían desarrollar, además de las propias de su categoría; y b) El abono cuantificado individualmente de las diferencias entre ambas categorías, correspondientes al año inmediatamente anterior a la fecha del inicio de su reclamación, es decir, entre el 24 de agosto de 1983 y el 24 de agosto de 1984.

     b) La Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 15 de Madrid de 2 de julio de 1986 estimó íntegramente la demanda, de suerte que se condenaba a la empresa a abonar las cantidades correspondientes al período 24 de agosto de 1983-24 de agosto de 1984 y a abonar la diferencia retributiva a partir de esta última fecha, mientras continuara la situación laboral de realización de funciones de distinta categoría.

     Recurrida esta Sentencia por la empresa, la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 3 de diciembre de 1988 desestimó el recurso, confirmando en todos sus extremos la Sentencia recurrida.

     c) A la vista de ello, los solicitantes de amparo instaron en enero de 1989 la ejecución de la Sentencia de instancia, confirmada por la del T.C.T. Se solicitaba de un lado, y al amparo del art. 921 de la L.E.C. , el embargo de los bienes de la empresa demandada para cubrir las cantidades líquidas recogidas en la primera parte del fallo de la Sentencia de instancia, correspondientes a las diferencias devengadas en el período mencionado; y de otro, y al amparo de los arts. 932 y ss. de la L.E.C. (ejecución de Sentencias condenatorias al pago de cantidad ilíquida), que el órgano judicial requiriera a la empresa condenada al objeto de que presentara la liquidación de las diferencias devengadas por cada demandante desde el 25 de agosto de 1984 hasta enero de 1989 (fecha en que se formulaba la solicitud de ejecución). El ya Juzgado de lo Social dictó providencia el 26 de enero de 1989 accediendo sustancialmente a lo anterior; providencia que fue recurrida en reposición por la empresa, oponiéndose a la ejecución de la segunda parte de futuro, que por si misma no sería susceptible de ejecución. El recurso fue desestimado por Auto del Juzgado de 20 de febrero de 1989. Contra este Auto la empresa demandada presentó escrito ante el Juzgado anunciando su propósito de entablar recurso de suplicación. Escrito que no fue admitido a trámite por providencia de 3 de marzo de 1989, por entender el Juzgado que el Auto no era recurrible. Contra esta providencia la empresa interpuso recurso de reposición y simultáneamente preparó recurso de queja. El Juzgado dictó Auto el 27 de marzo de 1989 por el que se desestimaba el recurso de reposición y ordenaba que se prepararan los oportunos testimonios para que la empresa interpusiera recurso de queja. Interpuesto éste, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Auto el 13 de octubre de 1989 desestimando el recurso de queja, declarando firmes la providencia y Auto impugnados.

     d) Notificado el Auto desestimatorio del recurso de queja, la empresa solicitó ampliación del plazo inicialmente concedido para aportar las diferencias salariales devengadas desde el 25 de agosto de 1984. Al no cumplir la empresa lo anterior, el Juzgado aceptó que fueran los trabajadores quienes aportaran la liquidación. Disconforme la empresa con la liquidación presentada y presentando correcciones a la misma (además de insistir en que la segunda parte de la Sentencia de instancia contenía una condena de futuro), y tras mostrar su conformidad los demandantes con las correcciones presentadas por la empresa, el Juzgado dictó Auto el 2 de abril de 1990, por el que se estimaba en parte la petición de ejecución formulada por los solicitantes de amparo en lo que se refiere a las diferencias devengadas desde el 24 de agosto de 1984 al 31 de enero de 1989, rechazando que se hubiera producido una condena de futuro. Este Auto fue aclarado, a solicitud de la parte actora, por otro posterior de 16 de abril de 1990, pero sólo para rectificar errores materiales.

     e) Contra el Auto de 2 de abril de 1990, aclarado por el posterior de 16 de abril, la empresa interpuso recurso de suplicación. El recurso fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid de 15 de octubre de 1990, revocando los Autos impugnados, desestimando la pretensión de ejecución por el período 24 de julio de 1984 en adelante.

     f) Contra esta Sentencia del T.S.J. de Madrid se interpone recurso de amparo, por presunta vulneración del art. 24.1 C.E. , con la suplica de que se declare su nulidad y se reponga el Auto del Juzgado de lo Social núm. 15 de Madrid de 2 de abril de 1990, aclarado por el de 16 de abril siguiente.

     3. La demanda formula las siguientes alegaciones:

     A) El art. 24.1 C.E. se habría vulnerado, en primer lugar, porque la Sentencia impugnada, dictada en trámite incidental para la determinación cuantitativa de condena líquida, inejecuta anteriores resoluciones firmes, títulos ejecutivos de la ejecución (Sentencias del Juzgado de lo Social de 2 de julio de 1986, confirmado por la del T.C.T. de 3 de diciembre de 1988, y el Auto del Juzgado de 20 de febrero de 1989, confirmado por el del T.S.J. de Madrid de 13 de octubre de 1989); lo que supone, a la vez, el desconocimiento de la propia función judicial de hacer efectivos los pronunciamientos previos, y la lesión del efecto de cosa juzgada inseparable de las resoluciones judiciales firmes, abriendo la vía a una revisión modificatoria no prevista en la ley.

     La Sentencia dictada inicialmente por la Magistratura de Trabajo núm. 15 de Madrid el 2 de julio de 1986 era una Sentencia de condena, y no declarativa y ni siquiera constitutiva. La Sentencia condenó al pago de cantidad líquida, para un período determinado, y al pago de cantidad ilíquida, que habría de determinarse en su momento. La oposición a esta Sentencia por parte de la empresa condenada se basó desde el primer momento en el argumento de que su fallo contenía una condena de futuro, por lo que era inejecutable, confundiendo así lo que es condena de futuro y condena de pago de cantidad ilíquida y, en su caso, condena de futuro con condena condicionada. El T.C.T., al resolver el recurso de suplicación, confirmó las dos condenas contenidas en la Sentencia de instancia. El T.C.T. afirma que las cantidades objeto de condena no fueron controvertidas en el acto del juicio, constituyendo una cuestión nueva que no podía ser planteada con éxito en un recurso extraordinario como es el de suplicación. El T.C.T. no entendió que la condena al pago de cantidad ilíquida fuese inadecuada, ni tampoco la empresa la combatió a través de alguno de los recursos que, en su caso, podía haber intentado (interés de la ley, revisión o el de amparo). Por el contrario, con su pasividad consintió que la Sentencia fuera firme (y por tanto la de instancia) y se convirtiera en título ejecutivo. Título no desmerecido por ser incompleto y tener que integrarse por el Auto judicial posterior que transformara en líquida la cantidad que antes no lo era. Respecto de la condena ilíquida, el momento ejecutivo se inicia con la actuación encaminada a determinar las cantidades individualizadas entre agosto de 1984 y enero de 1989. La solicitud de ejecución no fue combatida por la empresa por razones de incorrección en los criterios seguidos para transformar la condena ilíquida en condena líquida, sino con argumentos de fondo que insistían en la inadecuación de la condena y, por ello, cuestionaban la firmeza de las Sentencias originarias, poniendo en entredicho su valor de título ejecutivo y los efectos de cosa juzgada. Por tal razón, el Auto del Juzgado de 20 de febrero de 1989 requirió nuevamente de la empresa la presentación de liquidación de las diferencias devengadas entre agosto de 1984 y enero de 1989. Objetada de nuevo esta resolución con alegaciones que atentaban a la cosa juzgada de las Sentencias firmes preexistentes, el Auto de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, de 13 de octubre de 1989, desestimando el recurso de queja interpuesto por la empresa, confirmó la resolución impugnada. El T.S.J. considera adecuada la ejecución...

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