Sentencia nº 107/1992 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 1 de Julio de 1992

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Ponente:Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Fecha de Resolución: 1 de Julio de 1992
Número de Recurso:Recurso de Amparo nº 1.293/1990
Emisor:Tribunal Constitucional - Sala Segunda
RESUMEN

1. La ejecución de Sentencias es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula de Estado social y democrático de Derecho, que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no sólo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado, según se desprende del art. 117.3 de la Constitución [F.J. 2]. 2. Tratándose de un derecho de configuración legal, el legislador puede establecer límites al pleno acceso a la ejecución de las Sentencias, siempre que los mismos sean razonables y proporcionales respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución; consecuentemente, cabe que un Tribunal adopte una decisión de inejecución de una Sentencia, siempre que... (ver resumen completo)

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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Rubio Llorente, Presidente en funciones, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don José Gabaldón López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En el recurso de amparo núm. 1.293/90, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez, en nombre y representación de doña Diana G. A. asistida del Letrado don José Manuel López López, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de febrero de 1990 [recurso núm. 18.773/90 (3.109/89)], dictada en ejecución de Sentencia en procedimiento sobre despido. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y, como demandada, la República de Sudáfrica, representada por el Procurador de los Tribunales don Alfonso Gil Meléndez y asistida del Letrado don León Barriola Urriticoechea. Ha sido Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

     1. Por escrito registrado en este Tribunal el 24 de mayo de 1990, doña María J. G. D. Procuradora de los Tribunales, y de doña Diana G. A. interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de febrero de 1990, resolutoria del recurso de suplicación [núm. 18.773/90 (3.109/89)], promovido por la República de Sudáfrica, contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid, de fecha 21 de marzo de 1988, dictado en ejecución de la Sentencia de ese Juzgado de 1 de junio de 1987, resultante del procedimiento sobre despido núm. 1.245/85.

     2. La demanda se fundamenta en los siguientes antecedentes:

     a) La hoy recurrente, de nacionalidad norteamericana, prestaba desde el 5 de abril de 1983 sus servicios como Secretaria bilingüe, en virtud de contrato de trabajo, en la Embajada de la República de Sudáfrica en Madrid. Despedida con efectos desde el 30 de septiembre de 1985, interpuso demanda por despido contra la República de Sudáfrica que fue tramitada bajo el núm. 1.245/85, ante la entonces Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid, la cual dictó Sentencia de 26 de noviembre de 1985, declarando la inmunidad de jurisdicción de la demandada, estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la contraparte y absolviéndola en la instancia.

     b) Promovido recurso de casación (núm. 308/86) contra dicha Sentencia por la demandante de amparo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó Sentencia estimatoria de 1 de diciembre de 1986 en la que se declaró la competencia de la jurisdicción española para conocer de la pretensión deducida por la actora y se acordó la devolución de los autos a la Magistratura de procedencia para que el Magistrado se pronunciara sobre el fondo del asunto con libertad de criterio, previniéndole de que en el caso de que la Sentencia dictada fuera condenatoria, cumpliera, antes de ejecutarla, con lo establecido en el art. 7 del Real Decreto 1.654/1980, de 11 de junio. Específicamente disponía la Sentencia de 1 de diciembre de 1986 que, de pronunciarse Sentencia condenatoria por la Magistratura de origen, ante la posibilidad de la existencia de una inmunidad en la ejecución, procedía que el Magistrado de instancia, antes de ordenar cualquier medida concreta de ejecución forzosa, recabara, exponiendo las modalidades de ejecución que la parte sugiriera, informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1.654/1980, para que en la referida ejecución se observaran los acuerdos bilaterales y usos o prácticas internacionales vigentes sobre el particular; y a los efectos de la posible existencia de reciprocidad, se dirigiera al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, por conducto del Consejo General del Poder Judicial, conforme establece el art. 278.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

     c) La Magistratura dictó nueva Sentencia de 1 de junio de 1987, estimatoria de la demanda, declarando nulo el despido y condenando a la República de Sudáfrica a la inmediata readmisión de la trabajadora, con abono de los salarios de tramitación. Al no proceder la demandada a la readmisión, la recurrente solicitó la ejecución del fallo de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 209 y sigs. de la Ley de Procedimiento Laboral . Una vez celebrada la comparecencia prevista en el art. 210 de la L.P.L. , la Magistratura de Trabajo dictó Auto de 23 de julio de 1987 por el que se resolvía el contrato de trabajo y se condenaba a la República de Sudáfrica a pagar a la demandante la cantidad de 758.206 pesetas en concepto de indemnización y a hacer efectivos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la del citado Auto.

     d) Por escrito de 2 de septiembre de 1987, la representación procesal de la hoy recurrente solicitó a la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid que, dado que la demandada no estaba dispuesta a cumplir la condena, tratándose de un Estado soberano y de acuerdo con las orientaciones contenidas en la 1 de diciembre de 1986, se procediera antes de acordarse cualquier medida de ejecución forzosa a recabar los informes señalados en dicha Sentencia. A tales efectos, y dado que el Tribunal Supremo indicaba que la demandante sugiriera las modalidades de ejecución de la Sentencia que pudieran resultar posibles, ésta indicaba que consideraba posibles todas las existentes en Derecho, haciendo salvedad de aquéllas que pudiesen afectar al recinto de la propia Embajada de la República de Sudáfrica, que como tal enclave debe reputarse inmune, pero no así las cuentas corrientes que la República de Sudáfrica pueda tener en España y las transacciones de bienes o dinero que se lleven a efecto en nuestro territorio, bien por la demandada o por cualquiera de sus deudores.

     e) Por providencia de fecha 21 de septiembre de 1987, la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid resolvió que se recabara informe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de que se especificaran los acuerdos bilaterales existentes entre el Estado español y la República de Sudáfrica y los usos y prácticas internacionales vigentes, para poder instar la referida ejecución, participando que el trabajador exigía, como modalidad de ejecución, que se procediera contra las cuentas corrientes que pudiera tener en España la República de Sudáfrica, así como sobre las transacciones de dinero que se llevaran a efecto por la parte demandada o por alguno de sus deudores. Asimismo ordenaba que se dirigiera comunicación al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y por conducto del Consejo General del Poder Judicial, para que informara sobre la existencia de reciprocidad entre España y la República de Sudáfrica. Así, el 21 de septiembre de 1987, la Magistratura de Trabajo núm. 11 dirigió escritos al ilustrísimo señor J. . A. J. I. M. A. E., al excelentísimo señor M. J. y al excelentísimo señor P. C. G. P. J., en solicitud de la información referida.

     f) Por escrito de fecha 16 de septiembre de 1987, el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores envió el siguiente escrito a la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid: «La Embajada de la República de Sudáfrica en España ha solicitado la intervención de este Ministerio de Asuntos Exteriores con referencia a la Sentencia de esa Magistratura de Trabajo de fecha 23 de julio de 1987, en los autos sobre despido, procedimiento núm. 1.245/85. A estos efectos, este Ministerio tiene el honor de comunicar a Su Señoría que en virtud del cumplimiento del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961, la Embajada de Sudáfrica goza de inmunidad de jurisdicción e ineludiblemente de ejecución, ya que los actos realizados por la Embajada de Sudáfrica y enjuiciados en la Sentencia de 1 de junio de 1987 de esa Magistratura de Trabajo son de iure imperii al cumplirse los requisitos subjetivo y funcional, necesarios para que sea de aplicación la inmunidad de los Estados, por lo que, a juicio de este Ministerio, la Sentencia de 23 de julio de 1987 no puede ser ejecutada».

     Con fecha 25 de noviembre de 1987, el Secretario general del Consejo General del Poder Judicial adjuntó fotocopia compulsada de la Respuesta-Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, sobre la posible existencia de reciprocidad entre el Estado español y la República de Sudáfrica para la ejecución de Sentencia sobre despido contra la misma. Dicho informe era del siguiente tenor:

     «Con este motivo me permito informarle que, aunque una tendencia doctrinal entiende que la inmunidad de ejecución es un colorario de la inmunidad de jurisdicción, por lo que aquélla cuando no existe o se levanta, decae la segunda, es lo cierto que los instrumentos internacionales existentes continúan estableciendo una diferencia de tratamiento, de suerte que aunque pueda atenuarse la rigidez de la inmunidad de jurisdicción, sigue siendo absoluta la inmunidad de ejecución contra los Estados (véase, por ejemplo, relativo a Organizaciones Internacionales, el Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa y el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas).

     Aunque son instituciones diferentes, la inmunidad de los agentes diplomáticos y la inmunidad de los Estados, autorizada doctrina entiende que las normas referidas a aquéllos (Convenio de bienes sobre Relaciones Diplomáticas, en el que España es parte), agotan su eficacia en las personas, de suerte que cuando se produce una situación...

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